Así se desprende de un informe aportado por la senadora chubutense Nancy González (FpV-PJ), según el cual la legalización del aborto implicaría una reducción del 43% de los recursos que actualmente destina el sistema de salud pública a atender complicaciones resultantes de abortos clandestinos.
El informe «El costo del aborto inseguro» revela que, «con la información oficial disponible es posible afirmar que la aprobación del proyecto de IVE implicaría una utilización más justa y eficiente del presupuesto de la salud pública», y afirman que el costo para el sistema se reduciría, como mínimo, un 43% si el aborto fuese legal, seguro y gratuito, y un 55% si además el Estado produjera Misoprostrol.
Conforme revelaron distintos medios en los últimas horas, entre ellos el sitio Tiempo Argentino, según un análisis de la Encuesta Permanente de Hogares y del Ministerio de Salud, del total de los abortos que se realizan en el país cada año (estimado en 450 mil), el 35% corresponde a personas gestantes sin cobertura y que, por lo tanto, recurren al sistema de salud pública cuando sufren complicaciones. Eso permite estimar un total de 157.500 interrupciones voluntarias de embarazos de las que se haría cargo el Estado.
En base a estadísticas de algunas ciudades y municipios (Rosario, San Martín y la Ciudad de Buenos Aires) y el conocimiento práctico de médicos y médicas que trabajan en instituciones de salud pública y aportaron su testimonio para el informe, se relevó que el 70% de las interrupciones legales de embarazos que se solicitaron por causales habilitadas fueron resueltas con medicamentos de forma ambulatoria, y otro 30% de los casos, con medicamentos más la técnica de aspiración manual endouterina (AMEU).
Al sumar los abortos que ya se practican y que por complicaciones terminan en el sistema de salud público, más los abortos no punibles tratados con distintos métodos, se estima que la práctica demanda como mínimo un total de 1077 millones de pesos, de los cuales un 79% corresponden a los costos de abortos clandestinos que requirieron internaciones en hospitales públicos.
“Desde el despacho de la senadora, explican que ‘aun subestimando los costos de las internaciones, la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo implicaría, como mínimo, una reducción del 43%’ respecto de lo que le cuesta hoy al sistema público solventar la atención posterior de las mujeres obligadas a abortar en condiciones no seguras. ‘Además, el Ministerio de Salud de la Nación paga por los comprimidos de Oxaprost (la marca comercial del misoprostol) el mismo precio de venta para el público en general. Si el Estado nacional lo produjera, podría reducir un 50% el costo que actualmente paga por esta droga al único laboratorio que monopoliza su producción y comercialización. En este caso, el costo hospitalario total se reduciría en un 55%’”, consigna el medio citado.
Ante la imposibilidad de calcular el costo de internación en hospitales públicos, se fijó un costo por hora laboral de 500 pesos para la atención de intervenciones ambulatorias en el caso de la AMEU, y un costo de internación de 3000 pesos por día para las pacientes que sufren complicaciones por abortos clandestinos. «Con estos montos intentamos demostrar que, aun subestimando los costos de las internaciones que podrían implicar cirugías, terapia intensiva y cuidados intensivos, los resultados son claros respecto de la conveniencia de garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito», concluyeron los responsables del informe.
Otro indicador que abona la necesidad de avanzar con una ley es que «desde la aplicación de los protocolos, ha descendido la cantidad de hospitalizaciones y cada vez más casos se resuelven de forma ambulatoria en el nivel de atención primaria (centros de salud) sin necesidad de acudir a hospitales. Esto demuestra que no sólo es más seguro y menos invasivo para las pacientes, sino también menos costoso para el sistema de salud», abundaron. En el caso de Rosario, el 71% de los casos hoy legales se resuelven sólo con medicamentos en los centros de atención primaria, según el sistema automatizado de Internación del Área de Estadísticas de esa ciudad.
«Es erróneo pensar que hoy el Estado no destina recursos a la atención de abortos y que pasaría a destinarlos si se aprobara la ley», destacan desde el despacho de la senadora chubutense. En efecto, más de 47 mil abortos inseguros provocan internaciones. Eso sin hablar de las 43 muertes por año que generan esas prácticas en la clandestinidad.
“La senadora Nancy González criticó a los sectores que se pronuncian en contra del derecho al aborto por supuestas cuestiones económicas. ‘Hablar de gasto cuando está en juego la vida de miles de mujeres me parece, por lo menos, despiadado y violento’, destaca el sitio Tiempo Argentino.
