Es la Provincia del ajuste y la corruptela de Mauricio Macri y de Cambiemos. La gobernadora María Eugenia Vidal enfrenta una semana de paros y deberá llamar a las paritarias docentes por orden de la justicia. Es que la difícil situación en sectores como la educación y la salud la pone a ante uno de los peores momentos políticos desde que comenzó su administración, la cual hasta ahora será más recordada por inaugurar más cárceles que Universidades. Sus gestos ensayados no pueden tapar que se trata de una gobernadora atrapada en las redes de la financiación ilegal de la política, la corrupción y la búsqueda de impunidad.
Por Carlos López / El destape de los afiliados truchos, la dudosa financiación de su vida política, sus dichos con desprecio por las grandes mayorías y los pobres en relación al acceso a la educación superior, la denuncia de aportes falsos e ilegales durante la campaña electoral y la crecida de la deuda bonaerense a más de un 40% desde que asumió preocupa cada día más a los bonaerenses, lo que ese expresa en la encuestas que Jaime Durán Barba le hace llegar a la Rosada, que indican caída sostenida en los indicadores de aceptación de la propia de gobernadora, de Macri y del alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta.
En la Legislatura, de la mano de la presidenta del bloque Unidad Ciudadana-FpV-PJ en la Cámara de Diputados de la Provincia, Florencia Saintout, la oposición espera avanzar con una sesión especial para declarar la emergencia educativa por la difícil situación que atraviesan los maestros en toda la provincia.
“La gobernadora miente y lo sabe. Son públicos los testimonios de bonaerenses que no aportaron y figuran en documentos. Vidal tiene que dar explicaciones urgentes. Sin Tribunal de Cuentas ni oficina anticorrupción: ¿quién controla su gestión?”, exige Saintout, ante las denuncias de aportantes truchos que complican a la gobernadora por la financiación que recibió su partido en la elección presidencial y que además fue respondida por Vidal con la designación como contadora general de la provincia a María Fernanda Inza, denunciada penalmente por su presunta participación en la recaudación irregular del PRO.
En medio de un país tormentoso, que espera una nueva visita del FMI para controlar los recortes, la provincia de Buenos Aires no puede escapar a la crisis que muestra índices económicos que aumentan negativamente todos los meses. La provincia de María Eugenia Vidal sufrió este mes un nuevo sacudón con la suba de precios y elevó su deuda a un 40,4%, lo que según el informe publicado esta semana por el Instituto para el Desarrollo Social y Económico de Buenos Aires (IDESBA), es producto de la duplicación de la deuda pública y la fuerte emisión de dólares que promovió en dos años y medio la gestión de Cambiemos en la provincia.
En cuanto a los datos estrictamente estadísticos, la deuda pública provincial se duplicó desde diciembre de 2015 cuando llegaba a 117.890 millones de pesos, a los ahora 245.971 millones de pesos. Esto se ve agravado por el efecto de la devaluación permanente que sufre el peso, ya que, como gran parte de la deuda de Vidal está expresada en moneda extranjera, la cifra alcanzaría los 345.323 millones de pesos si se toma el tipo de cambio actual del dólar.
La principal preocupación de los gremios y las organizaciones sociales de la Provincia es que Vidal no sólo endeuda a los bonaerenses, sino que además la deuda no se utiliza para generar consumo ni invertir en infraestructura o desarrollo productivo, sino que los recursos son destinados a la especulación financiera, luego de decidir tanto a nivel nacional como provincial que la inversión social para Cambiemos es sinónimo de déficit fiscal.
En este sentido, la economista del IDESBA, Paula Belloni, explicó que “el proceso de endeudamiento es un esquema de deuda-deuda, es decir que la Provincia bajo la gestión de Vidal ha tomado deuda para pagar más deuda e intereses”, y añadió que “emitir deuda en moneda extranjera trae el peligro de la pérdida de soberanía, porque nosotros no emitimos dólares y porque se renunció a la jurisdicción nacional de esa deuda tomada en moneda extranjera, por lo que cualquier conflicto que haya se va a dirimir en jurisdicción extranjera, como pasó durante el conflicto de los fondos buitre. (Vidal) está endeudando a la provincia en dólares, pero la provincia no gasta dólares, lo que necesita la provincia son pesos, pero lo hacen porque es lo que necesita la política económica del gobierno nacional”, finalizó.
Esa situación económica es la que pone a la Provincia en alerta hacia las próximas semanas y de cara al comienzo del segundo semestre del año en actividades como escuelas, médicos, judiciales y los trabajadores del Estado, todos sectores duramente golpeados por la política de ajuste de Cambiemos.
Pese los ánimos de crecimiento que Mauricio Macri y Marcos Peña intentan insuflar, el instituto Internacional de Finanzas (IIF, por sus siglas en inglés), entidad que agrupa y representa a los bancos más grandes del mundo, asegura que el endeudamiento argentino público y privado alcanza al 89% del PBI, lo que ubica a la Argentina como uno de los países emergentes con mayor inestabilidad frente al mercado financiero y con un alto riesgo de refinanciación de la deuda, es decir de default y bancarrota.
Los trabajadores de la salud se encuentran en una situación alarmante, luego de que no lograron ningún acercamiento al gobierno provincial para mejorar la oferta salarial de un 15% en tres cuotas, muy por debajo de la inflación actual y más aún de la proyectada a diciembre, que superaría los 30 puntos porcentuales. Por ello el viernes pasado desde la CICOP se determinó que se iniciarán medidas de fuerza contra la política salarial de Vidal, que perjudica a unos 13 mil médicos y profesionales de la salud de desempeño en 80 hospitales bonaerenses, municipales y otros centros de atención estatales. El paro se realizará en dos jornadas con medidas de fuerza que irán desde movilización hasta el cese de actividades durante el jueves 19 y el miércoles 25 de este mes.
Los docentes se sumarán a estas medidas ya que los gremios SUTEBA y UDOCBA proponen no iniciar las clases tras las vacaciones de invierno con un paro de tres días. Al mismo tiempo, este jueves pasado la Justicia le ordenó a Vidal que convoque a los docentes a negociar la paritaria a través del Tribunal de Trabajo N° 1 de La Plata, que respondió a un reclamo del Frente Gremial.
La última reunión paritaria que los docentes rechazaron tuvo lugar el pasado 20 de abril cuando la Provincia ofreció un 10% en el primer semestre con revisión en julio más 3 mil pesos de presentismo, también en los primeros seis meses. Tras el accionar de la Justicia la gobernadora no tuvo más salida que convocar oficialmente el viernes pasado a los docentes para el próximo lunes 23, aunque los abogados oficiales de la administración bonaerense presentaron una apelación al fallo del tribunal platense.
A su vez, los docentes encolumnados en SUTEBA reclaman que Vidal declare la “emergencia edilicia” por las malas condiciones en las que se encuentran más de 50 establecimientos educativos de la provincia, pedido que también llevarán a la reunión paritaria para pedirle explicaciones al ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny.
Con respecto a esta situación a nivel provincial, la presidenta del bloque Unidad Ciudadana-FpV-PJ en la Cámara de Diputados de la Provincia, Florencia Saintout, expresó esta semana pasada en su cuenta oficial de Facebook que “por primera vez en la historia argentina, María Eugenia Vidal cerró escuelas, no se llama a paritarias docentes, desfinancian universidades nacionales y la gobernadora dice que el pueblo no puede acceder la educación superior. Sin embargo, los nuevos egresados del plan Fines que hoy recibieron su diploma nos recuerdan que es posible un proyecto político donde se garantice el derecho a la educación pública. Celebramos el compromiso de los estudiantes y de los educadores populares que nos demuestran que educar es un acto profundo de amor”.
La ex decana de la Facultad de Periodismo en La Plata, también estuvo este sábado pasado en el programa La excepción a la regla de Radio Del Plata, donde analizó que “hasta hace un tiempo el blindaje mediático de Vidal era impresionante porque aparece en programas de televisión donde no habla de nada importante, y eso tiene que ver con una política que responde a la pauta más grande de la provincia de Buenos Aires en algunos medios”.
A su vez, Saintout denunció que con la administración de Vidal “la provincia de Buenos Aires ha tomado la deuda más impresionante de la historia, algo que no lo sabe mucha gente” y se refirió asimismo a la causa de los aportantes truchos de Cambiemos: “Hay una indignación porque no puede responder a esto y no hay ningún organismo de control en la provincia para que controle a Vidal que dice que igual hay que investigar, pero no hay nadie para investigar estas cosas”, analizó.
La gobernación de Vidal en la provincia de Buenos Aires se trata más bien de una oportunidad de Macri para acceder a recursos en conjunto, y es por ello que la gobernadora accedió a financiar a la Nación con la compra de 750 millones de dólares en Letras del Tesoro (Letes) suscriptas por la provincia de Buenos Aires, en el marco del desembolso de unos 82 mil millones de pesos para adquirir Lebacs y llevar a cabo otras inversiones financieras.
Mientras tanto, los docentes siguen reclamando ser escuchados tanto en la situación salarial como así también en las refacciones que se necesitan para los edificios educativos, razón por la cual el bloque de Diputados Unidad Ciudadana-FpV-PJ exige una sesión especial de urgencia en la Legislatura bonaerense para que el ministro Gabriel Sánchez Zinny se presente a dar explicaciones de los recortes educativos que afectan a millones de niños en las escuelas, impiden el acceso a la Universidad Pública a más alumnos y principalmente pone al sistema educativo provincial ante a uno de los peores momentos en inversión en la historia de la provincia, a pesar de que Sánchez Zinny se muestre en visitas a las escuelas como hizo esta semana pasada en San Isidro apadrinado por el intendente Gustavo Posse o en Olavarría, también recibido por el jefe municipal Ezequiel Galli, obviamente partidario del PRO.
Varios funcionarios de Cambiemos se vieron afectados recientemente por la denuncia periodística que derivó en el conocimiento público de los aportantes truchos que el PRO utilizó en la campaña electoral para ganar las elecciones presidenciales. Si bien la gobernadora sigue apuntando a que se trata de una denuncia “del kirchnerismo” y se niega a dar respuestas sobre el tema, lo cierto es que cada día aparecen nuevos arrepentidos que cuentan con detalles las maniobras que su partido desplegó.
El gobierno, antes de serlo, utilizó los nombres de beneficiarios de planes sociales para falsificar aportes a la campaña política de 2017 y afiliarlos al PRO. Uno de los hombres que no callaron este entramado fue el empresario y ex candidato del PRO en Ituzaingó, Osvaldo Marasco, quien en una entrevista con el portal Diagonales contó que hace tres años, se usaron los nombres de candidatos oficialistas para “blanquear” cerca de 40 millones de pesos como “aportes privados” en 81 municipios bonaerenses. “El 100% de los aportes son truchos. Lo mismo con las cenas: inventaban una ‘cena de recaudación’ y decían que juntaban plata. Mentira, nadie hacía donaciones. La forma de blanquear la plata fue copiar las listas que mandamos a la junta electoral y ponerles montos de hasta 50 mil pesos”, explicó Marasco.
La gobernadora como primera mandataria de la provincia más influyente del país debería dar respuestas a la ciudadanía ya que la investigación del periodista Juan Amorín demostró que el dinero de la financiación de la campaña electoral de Cambiemos era manejado por el intendente de Vicente López, Jorge Macri, y Diego Santilli, junto con la gobernadora Vidal y el jefe de campaña en la Provincia, Federico Salvai.
Vidal no podrá resistir por siempre negando una realidad que ya es conocida por el conjunto de la sociedad. Esta semana pasada Florencia Saintout cargó contra la gobernadora porque propuso “nombrar como contadora general de la Provincia a María Fernanda Inza, tesorera del PRO y responsable de los aportes de campaña. La gobernadora miente y lo sabe. Son públicos los testimonios de bonaerenses que no aportaron y figuran en documentos. Vidal tiene que dar explicaciones urgentes. Sin Tribunal de Cuentas ni oficina anticorrupción: ¿quién controla su gestión?”, cuestionó la diputada bonaerense que hoy se ubica como una de las principales referencias de la oposición para hacerle frente al ajuste macrista en la provincia de Buenos Aires.
Para esta semana o la siguiente en segunda instancia, el juez Sebastián Casanello tiene previsto llamar a declarar como testigos a algunos de los aportantes truchos. La Justicia cuenta ahora con el antecedente periodístico de que ya son más de 800 los casos confirmados, muchos de ellos beneficiarios de planes sociales o inscriptos en el monotributo social, por lo que no tenían patrimonio suficiente como para hacer una donación de ese calibre.
Además, la causa del fiscal Carlos Stornelli iniciada el 3 de julio podría ser el principio de una megacausa porque los casos de aportes truchos encaminan la investigación a un posible caso de delito de lavado de dinero, ya que el núcleo de la maniobra es la utilización de la identidad de al menos 467 personas, en su mayoría beneficiarias de planes sociales, para hacerlos aparecer como donantes, multiplicando una altísima suma para financiar el impulso de Vidal y otros candidatos macristas.
Es por ello que las próximas semanas serán complejas para el gobierno de la gobernadora porque deberá rendirle cuentas a la Justicia y deberá también escuchar a los trabajadores que siguen esperando un reconocimiento por el desfasaje salarial provocado por el aumento de precios y las políticas de ajuste que ejecuta el macrismo.
