Según se desprende de sus declaraciones en las redes sociales y lo que demuestra la trayectoria militante de la actual titular de la bancada kirchnerista en la Legislatura y entre las principales referencias de ese espacio político, también ex concejala platense y ex decana de Periodismo de la UNLP. “¿Quien financió a @mariuvidal? La gobernadora dice que es una denuncia kirchnerista. Lo es. También la denuncia un candidato radical, un dirigente del PRO y un sindicalista militante de Cambiemos. Los bonaerenses esperamos explicaciones serias”, estampó Florencia Saintout en su cuenta Twitter.
Asimismo, allí manifestó: “también se denuncian los aportantes truchos y las sospechas de lavado de dinero de la campaña de @mariuvidal. La gobernadora quiere nombrar como contadora general de la Provincia a María Fernanda Inza, tesorera del PRO y responsable de los aportes de campaña. La gobernadora @mariuvidal miente y lo sabe. Son públicos los testimonios de bonaerenses que no aportaron y figuran en documentos. Vidal tiene que dar explicaciones urgentes. Sin Tribunal de Cuentas ni oficina anticorrupción: quién controla su gestión?”.
En tanto, el escándalo crece: «El 100% de los aportes eran truchos». El ex candidato a Intendente de Ituzaingó por Cambiemos brindó detalles sobre el blanqueo millonario que organizó el PRO en la campaña presidencial 2015. Jorge Macri, Santilli, Vidal y Salvai como los organizadores del escándalo de los aportantes falsos.
“Osvaldo Marasco en 2015 disputo la intendencia de Ituzaingó por Cambiemos, aseguró que «el 100% de los aportes son truchos», en referencia al escándalo de los aportantes falsas de las campañas electorales realizadas por el oficialismo. ‘Lo mismo con las cenas, inventaban una cena de recaudación y decían que juntaban plata. Mentira, nadie hacía donaciones. La forma de blanquear la plata fue copiar las listas que mandamos a la junta electoral y ponerles montos de hasta 50 mil pesos’, dijo Marasco según consigna el sitio Diagonales, de La Plata
El ex candidato, quien abandono la Alianza gobernante el año pasado, indicó que el dinero “negro” del PRO lo manejaban el intendente de Vicente López, Jorge Macri, y Diego Santilli, en articulación con la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de campaña bonaerense, Federico Salvai
En ese sentido el empresario inmobiliario amplió: “Siempre estuvo Jorge Macri detrás de todo esto. La guita negra se manejaba en avenida Libertador 135 Vicente López en el complejo Al Rio. Ahí tienen un búnker, funciona una municipalidad paralela y hasta hay despacho de Vidal”.
Por último, brindó otro dato que complica aún más a la conducción del PRO, ya que aseguró que parte de los millones en negro que se utilizaron en la campaña“es de coimas que sacaron de la construcción de ese complejo Al Río. Ellos se quedaron con los pisos de arriba de una de las torres del complejo ese. Ahí se maneja todo lo negro”.
Según la investigación de Diagonales, la utilización de los datos personales de los candidatos fue la metodología que usó el PRO en 2015 para “blanquear” cerca de $ 40 millones que figuran como “aportes privados” de campaña en 81 municipios bonaerenses.
Esta información se complementa con las informaciones obtenidas por El Destape, donde el periodista Juan Amorín detectó en la campaña de 2017 más de 800 casos de aportes truchos, cuyas identidades pertenecen a beneficiarios de planes sociales de Anses.
La senadora kirchnerista anunicó este viernes en C5N que amplirá sui denuncia al respecto y en su cuenta en Twitter afirmó: «Vamos a ampliar la denuncia contra @mariuvidal y las autoridades del PRO bonaerense con los cientos de casos de presuntos aportantes falsos que están apareciendo. Es indignante cómo subestimaron a la gente con esta maniobra. Es gravísimo».
En Página 12 de este mismo viernes el colega Martín Granovsky publica una nota más que esclarecedora, que pasamos a reproducir.
Uno de los ídolos del macrismo, el español Mariano Rajoy, cayó por un caso de financiamiento ilegal de su Partido Popular. Pero como su jefe político Mauricio Macri, María Eugenia Vidal se mueve ligera, como si las complejidades del mundo no existieran. Si no hay cambios de último momento Vidal se apresta a designar como contadora general de la provincia de Buenos Aires a María Fernanda Inza, denunciada penalmente por su presunta participación en la recaudación irregular del PRO. Fue la tesorera de la campaña legislativa del 2017.
La gobernadora dio instrucciones a su bloque en el Senado bonaerense de que votase una terna que incluyera a Inza. El bloque cumplió con celo. Los votos le alcanzan. Sobre 46 senadores Cambiemos tiene 29, Unidad Ciudadana-Frente para la Victoria 11, cuatro son de PJ-Unidad y Renovación y dos del Frente Renovador. Los cuatro del PJ responden a los intendentes. Los peronistas votaron juntos.
La Contaduría, según reza su propia página web, tiene funciones de “asesoramiento, control interno, registro e información de la gestión económica financiera”. Inza ya es la mano de derecha de Vidal como secretaria de Legal y Técnica, un cargo que no requiere aprobación del Senado.
El periodista Juan Amorin escribió que Inza “es creadora de las afiliaciones y los aportes falsos de 850 personas pobres en 2017, y es quien designó a su tía de 84 años como responsable en 2015”.
En 2017 las listas fueron encabezadas por Esteban Bullrich y Gladys González para el Senado nacional y por Graciela Ocaña como diputada. Los tres callan sobre las denuncias. Confiaban en un blindaje eterno pero, dice Vox Dei, todo tiene un final. Ayer en General Villegas a Vidal no le quedó más remedio que afrontar una pregunta en público.
“Hay una situación que tiene que ver con los presuntos aportantes no reales de la campaña”, escuchó Vidal. Y respondió así: “Hicimos la rendición de fondos. No hay nada que ocultar. En estas denuncias que se hicieron sobre algunos aportantes pedimos una auditoría sobre esa rendición de fondos y nos presentamos a la Justicia. Es una denuncia del kirchnerismo pero no importa de dónde venga. Nos presentaremos. Presentaremos todos los papeles. Y, lo que es más importante, la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos tiene lagunas, tiene deficiencias. Por eso creemos que lo mejor es que haya una nueva ley que contemple que los aportes sean bancarizados. Así no queda ninguna duda sobre quién aportó o no aportó y quién firmó o no firmó un recibo”.
La senadora María Teresa García, presidenta del bloque de Unidad Ciudadana, la denunció por la supuesta comisión de los delitos de usurpación de identidad, falsificación de documentos, lavado de activos y violación del secreto y la privacidad. La denuncia abarca también a otros dirigentes del PRO bonaerense como el intendente de Vicente López y vice primero del PRO Jorge Macri, el intendente de Lanús y vice segundo Néstor Grindetti, el jefe de Gabinete y secretario general Federico Salvai y la contadora Inza como tesorera.
La demanda de García fue presentada el 4 de julio. Al día siguiente, el 5, Vidal anunció que postularía a Inza para un puesto que dura cuatro años, o sea que excede su mandato. A esa altura ya se conocía la salida del contador general Gastón Messineo.
El texto detalla que muchos de los aportantes son beneficiarios de planes sociales. “En su mayoría se trata de personas pobres que residen en el Conurbano Sur de la Provincia de Buenos Aires, muchas de ellas en la Villa Itatí del Municipio de Quilmes”. Según la senadora la difusión del tema está llevando a que cada vez se conozcan más casos de gente que figura en los listados “sin haber hecho ninguna contribución dineraria real”. El documento pide investigar si se utilizaron bases de datos de Anses y del Ministerio de Desarrollo Social. Otro punto a determinar es si se blanquearon “aportes de dinero cuyo origen no es conocido y podría provenir de actividades ilícitas o de personas físicas o jurídicas prohibidas en el artículo 15 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, como empresas concesionarias de servicios u obras públicas”.
Entre otras medidas de prueba, García solicita en el punto cuarto de su demanda una auditoría contable al PRO de Buenos Aires en los últimos ocho ejercicios económicos de su historia, desde el 3 de junio de 2010 hasta hoy.
PáginaI12 pudo saber que el juzgado electoral no quiso recibir la denuncia alegando que ese día era tarde y que entonces recayó en el juzgado de turno, el número tres. Por el mismo tema La Alameda pidió una investigación judicial y el senador Gustavo Traverso también lo hizo en Junín. (Ver aparte en estas mismas páginas). La denuncia de La Alameda ya generó que el juez Sebastián Casanello cite a los primeros 50 testigos.
Traverso fue el encargado de cuestionar en el Senado la candidatura de Inza. “Nos preocupa que en la terna hay una persona que tiene responsabilidad en la rendición de cuentas del frente Cambiemos en Buenos Aires en 2015 y 2017”, dijo. Recordó que había una denuncia del candidato radical a intendente de Pehuajó, Jorge Mas. Mas, de Cambiemos, aseguró que figura como aportante de 50 mil pesos para la campaña presidencial de Macri pero que nunca los puso. “No sé por qué usaron mi nombre”, dijo.
“Ante la posibilidad de que la Justicia tome cartas en el asunto, cosa que debería hacer por la cantidad de testimonios, y ante la eventual inhabilitación para ejercer cargos públicos de entre seis meses y diez años, nos preocupa que forme parte de la terna”, argumentó Traverso.
De 47 años, Inza fue subsecretaria técnica de la Presidencia de la Nación y jefa de Gabinete de la Secretaría Legal y Técnica porteña, donde entre 2008 y 2011 ofició de directora general técnica y administrativa. En la universidad pasó por la subsecretaría académica de la Facultad de Ciencias Económicas.
El domingo último PáginaI12 publicó en exclusiva una nota con declaraciones de Roberto Daniel García, un concejal de Avellaneda que fue 14 años dirigente del PRO. Tras contar que en muchos casos dirigentes y concejales figuran como aportantes sin haberlo sido, definió García: “Esto es una estafa y es lavado de dinero”.
Por su parte, este sábado el sitio Contexto, de La Plata, publicó el siguiente informe:
Durante una rueda de prensa en la localidad de Trenque Lauquen, la gobernadora María Eugenia Vidal insistió el viernes con la explicación que brindó antes sobre los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y reiteró el pedido de que se haga una auditoría “para ver si definitivamente hay personas que no aportaron y que figuran como aportantes”.
El mismo día, una de las principales señaladas como responsables de la maniobra fraudulenta, María Fernanda Inza, que durante la campaña se desempeñó como tesorera del PRO, fue nombrada al frente de la Contaduría General de la Provincia a la espera de la decisión final del Senado bonaerense, donde el oficialismo tiene mayoría.
Tanto Inza como Vidal son las principales figuras junto con Jorge Macri, intendente de Vicente López, Néstor Grindetti, intendente de Lanús, y Federico Salvai, que aparecen en la denuncia penal presentada por la senadora de Unidad Ciudadana, María Teresa García en el marco de la investigación que inició el periodista Juan Amorín de El Destape.
La ahora contadora general de la provincia se desempeñaba como secretaria Legal y Técnica del gobierno de Vidal y ya había recibido cuestionamientos como durante las elecciones de 2015, cuando nombró a su tía de 84 años como responsable financiera del partido.
“María Eugenia Vidal es la presidenta del Pro de la provincia de Buenos Aires y María Fernanda Inza es la tesorera, son las dos responsables”, dijo García en declaraciones al canal C5N, donde ratificó la denuncia contra las máximas autoridades del PRO bonaerense y anunció que será ampliada con nuevos testimonios de vecinos e incluso candidatos de la propia fuerza oficialista que aparecían como aportantes y dijeron no haberlo hecho.
“La gobernadora debería responder si la denuncia sobre falsificación de documento público, usurpación de identidad y lavado de activos es cierta o no, porque semejante acusación que ha tomado estado público, merece una única respuesta. A esta altura María Eugenia Vidal debería poder decir si los hechos denunciados son ciertos o no lo son”, sostuvo.
Por otro lado, se refirió a las explicaciones que dio Vidal sobre las “lagunas” de la ley que regula el funcionamiento y financiamiento de los partidos políticos. García manifestó que eso no es cierto y que “la ley es muy clara y dice que los aportes que reciba una agrupación política deben realizarse mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o cualquier otro medio que permita la identificación fehaciente del donante”.
“Además de los delitos que denunciamos, lo que nos genera mucha tristeza es que han pisotado la dignidad de la gente porque los vecinos de Villa Itatí que se presentaron ante la justicia electoral quizás esta noche no tengan el dinero necesario para comprar una garrafa y sin embargo figuran en una lista de aportantes para una campaña política”, expresó la senadora.
La investigación que comenzó Amorín hace algunas semanas reveló el caso de cientos de personas que figuraban como aportantes a la campaña electoral de Cambiemos para las elecciones legislativas de 2017. Muchas de esas personas eran beneficiarios de programas de asistencia social y, consultados por el periodista, negaron haber realizado esos desembolsos en efectivo.
Más tarde la investigación fue ampliada y se encontraron casos incluso de candidatos que integraban las listas oficialistas que tampoco habían puesto dinero.
Uno de esos casos fue el de el ex candidato a intendente de Ituzaingó, Osvaldo Marasco, que el viernes apuntó directamente contra el primo del presidente de la Nación, Jorge Macri, y dijo que “no solo no hubo donaciones sino que se gastó plata negra”.
“El bunker de Vicente López es una municipalidad paralela que tiene Jorge Macri que es el que más manejaba esta plata”, dijo Marasco, y manifestó: “Cuando vimos las listas nos sentimos indignados, porque nadie ha aportado nada. Ni en mi caso que fui candidato intendente, ni los candidatos concejales y a consejeros escolares, nadie aportó ni un solo centavo”.
Paralelamente a la denuncia de García, Lucas Schaerer, de la fundación La Alameda, presentó otro pedido para que se investigue la financiación de la campaña electoral del PRO y la causa que instruye el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Stornelli ya cuenta con los primeros 50 testigos.
“La justicia avanza con la investigación sobre los aportantes truchos. Vidal es la presidenta de Cambiemos a nivel provincial. Tiene que ponerse a la cabeza de la investigación si no es cómplice”, consideró por su parte Florencia Saintout, la jefa del bloque de UC en Diputados.
En la campaña del año 2017 la alianza Cambiemos tuvo 4.800 aportantes particulares que contribuyeron con un total de $43.145.000, de los cuales $22.290.000 corresponden a la campaña del actual Senador Nacional Esteban Bullrich y $20.855.000 a la de la actual Diputada Nacional Graciela Ocaña. Lo llamativo de estos datos es que hay una gran cantidad de pequeños aportantes, cuyas contribuciones oscilan entre los $300 y $2000.
Del 18 de junio, cuando se difundió el primer informe de El Destape que daba cuenta de 205 de aportantes truchos, a la fecha de hoy, el portal ya refiere a 465 casos. A medida que la noticia tomó mayor espacio en los medios masivos y fundamentalmente en las redes sociales, se fueron conociendo más y más casos de personas que se encuentran en los listados de aportantes sin haber hecho ellos ninguna contribución dineraria real.
Para García, Este aumento de casos, por simple difusión de la aparente metodología fraudulenta en prensa y redes sociales, confirma la importancia de que se investigue en profundidad el alcance de esta operatoria con el fin de dilucidar si se violó la legislación mencionada.
El escándalo de los aportantes truchos de campaña ha golpeado a varios bastiones de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires y ha tensionado aún más la relación entre el PRO y la UCR, partido que se ha visto envuelto en la denuncia, de la que se enteraron por los medios. Tandil en un caso paradigmático: allí el intendente radical Miguel Lunghi ha quedado en medio de las sospechas y hasta referentes de Unidad Ciudadana aparecen dando dinero.
En la ciudad serrana, por ejemplo, el abogado Juan Claudio Morel, que encabezó la lista de candidatos a concejal por el PRO en las internas de 2015, aseguró que no colaboró con los 38 mil pesos que figuran como aporte para financiar la campaña de ese año. “Fue una sorpresa nada agradable”, le dijo a El Eco.
“Mi hermana figura como aportante de 10 mil pesos el 27 de septiembre de 2017 y nunca fue al banco en esa fecha”, explicó a Contexto la concejala tandilense de UC María Eugenia Poumé. “Todos saben que somos peronistas y esto en la gente está cansando mucho impacto”, señaló.
“Mi hermana va a hacer la presentación judicial y sé que muchas personas van a hacer lo mismo porque me están pidiendo el modelo”, detalló la edil. “Lo importante acá es saber de dónde salió el dinero. Con tanto aporte en efectivo hay que pensar que este dinero vino de un actividad ilegal”, agregó. “Usaron la confianza de la gente para acceder a todos los datos personales”, completó.
Junín, del Jefe Comunal macrista Pablo Petrecca, es otro de los lugares apuntados. Allí, el senador provincial de UC Gustavo Traverso radicó una presentación en la Fiscalía Federal “luego de conocerse el caso de un grupo de vecinos juninenses quienes a pesar de figurar en los listados de aportantes, aseguran no haber realizado ningún tipo de contribución partidaria”. El legislador reclamó que se cite a prestar declaración testimonial a, por lo menos, cinco personas.
General Villegas es otro de los puntos caóticos para el oficialismo. Allí, tierra del radical Eduardo Campana, Página 12 ventiló el caso de la docente Silvina Romero, quien en las elecciones primarias de 2015 se postuló para concejal en la interna abierta del PRO. Según los datos de la Cámara Nacional Electoral, puso $38 mil. “Se imaginarán que como docente estoy lejos de poder aportar ese dinero”, aclaró.
“Villegas es un lugar chico. Acá la gente te cruza en la calle y te pregunta ¿Realmente aportaste eso? Y tengo que explicar que no, que es verdaderamente imposible. Ni me pidieron que aportara, ni me pidieron que figurara. Simplemente tomaron mis datos y me pusieron ahí”, le respondió a la periodista Irina Hauser.
Otro caso Villeguense de trascendencia es del concejal de Cambiemos Martín Micucci, que figura con $38 mil. “Me voy a presentar en la investigación ya en curso. Pedí explicaciones a nivel local y provincial pero no me las dieron. Ahora voy a evaluar si sigo en Cambiemos”, adelantó Micucci a Contexto.
Otro caso en ese distrito del noroeste es el del exprecandidato a intendente en 2015 de la lista PRO pura Horacio Lorenzo, que figura con $50 mil que nunca autorizó. “Esto se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias. Acá se ha manchado gente. No sirve decir esto lo hacíamos todos”, completó en referencia a los dichos de María Eugenia Vidal, justamente en General Villegas, donde buscó echarle la culpa al kirchnerismo.
En General Belgrano, donde manda Osvaldo Dinápoli, el escenario es el mismo. Según los medios locales, serían $400 mil el monto de aportantes belgranenses. Según el portal Mirada Central, Patricia Arriondo ex candidata a concejal por la lista del PRO en General Belgrano durante la elección del 2015 y la vecina confirmó: “Yo nunca hice ningún aporte en ese año que dicen, trabajaba de empleada domestica, después me quede sin trabajo y hoy cuido a mis nietos”.
En La Plata, donde gobierna Julio Garro, Contexto pudo confirmar en una rápida barrida al menos dos casos. El primero es Santiago Lima, un médico que, si bien asegura haber votado a Cambiemos, no hizo ningún aporte económico a la campaña del 2017. “Estoy indignado con esto, confunden a los votantes, nos mintieron a todos”, denunció Lima cuando fue ubicado por este medio. Algo similar sucedió con su hermano, Mariano, que también confirmó no haber aportado nada, aunque prefirió no hacer declaraciones.
Si se toma en cuenta la investigación periodística ‘madre’, de Juan Amorín para El Destape, y los trabajos que se fueron sumando, hay irregularidades en más de 80 partidos. Ya hay tres causas abiertas en el fuero federal, en las cuales están involucradas Vidal y toda la dirigencia del PRO en la Provincia.
