Más de 4.300 despedidos mensuales. El dato implica un aumento del 17 por ciento con respecto al mismo período del año pasado. Y preocupante es el diagnóstico de la UIA sobre la evolución del trabajo asalariado en los próximos meses: “El empleo industrial va a seguir cayendo”.
Un promedio de 4.368 trabajadores y trabajadoras por mes fueron despedidos o suspendidos por empresas públicas o privadas durante el primer semestre de 2018. El dato implica un aumento del 17 por ciento con respecto al mismo período del año pasado y surge de un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), titulado “Sin rebote en el empleo. Análisis de los despidos en 2018”. El mayor grupo afectado por las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri es el de los empleados estatales (46 por ciento del total) seguidos por los del sector industrial (38 por ciento). “La cantidad de despidos y suspensiones en la industria no se ha detenido desde la asunción de Cambiemos”, destaca la consultora que encabeza el economista Hernán Letcher, que contabiliza 76.359 desde noviembre de 2016 hasta fines de junio último. Así consigna el diario Página 12 este jueves.
Hasta el 30 de junio el CEPA contabilizó 26.206 despidos y suspensiones (a un promedio de 4368 por mes), que implican 3837 más que los del primer semestre de 2017. Los perjuicios a los trabajadores no discriminan entre sector público o privado. El 46% de los expulsados (12.191) son o eran empleados estatales: 7.635 bajo la órbita del Poder Ejecutivo y 4.556 pertenecientes a empresas de capital estatal. El grueso de los despidos se produjeron en los primeros dos meses del año. Dentro del universo de las empresas privadas, la rama industrial encabeza el listado de víctimas con 9.872 trabajadores (38% del total, incluidos 2.466 suspendidos), seguida por el sector de servicios con 3.593 afectados. El estudio permite observar una continuidad en el proceso de expulsión de obreros de la industria, con un promedio de 1.645 expulsados por mes. La suma total de despidos en la industria desde noviembre de 2015 asciende a 76.359 trabajadores, calcula el CEPA, cifra que se corresponde con los 74.320 que computó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) hasta abril último.
De los 26.206 afectados registrados por el CEPA, 13.924 casos corresponden a despidos, 3.529 a despidos derivados de cierres de empresas o plantas, 1.092 a retiros voluntarios, en tanto 3.179 fueron suspensiones, la mayoría en el sector industrial (2.458). En el segundo trimestre, destacan, uno de cada seis despidos se relacionaron con el cierre de plantas o empresas, porcentaje aún mayor (uno cada cuatro) en el caso de la industria.
“Si se consideran los diversos sectores de actividades, dentro de la industria el más perjudicado fue el sector textil (suspensiones en Alpargatas y Dass, despidos en Alpargatas, Karavell y Coteminas), seguido por alimentos y bebidas (sobresale el caso del ingenio San Isidro, de Salta, con 730 despidos, así como los de El Tabacal, Alijor/ La Salteña –300 expulsados en su planta de Garín–, Citrus Alem, La Campagnola y Villa del Sur) y el sector metalúrgico (despidos en Emepa, Epson, Stockl e Indequil). Luego aparecen el de autopartes (Itec de San Juan, 350 despidos, y Metalpar) y los frigoríficos (Beltrom, Pehuajó y BRF). En el ámbito de los servicios, el sector de comercio representa casi la mitad de los despedidos y suspendidos, a partir de los casos de los supermercados Disco, Jumbo, Carrefour y Coto, el Mercado Central y Winery. Luego aparecen salud, gastronómicos, estaciones de servicio, comercios mayoristas, seguridad, peajes, medicina y juegos”, comenta Página 12 y añade:
“En el sector público, la mayor cantidad despidos se registró en entes descentralizados como el Conicet, Vialidad, el INTI, Coros y Orquestas, y el Senasa, y en municipalidades como las de Tucumán, Morón, Quilmes, Tres de Febrero o La Plata. Dentro del Poder Ejecutivo, el grueso de los expulsados pertenecía a los ministerios de Agroindustria, de Desarrollo Social y de Economía. También se registran despidos en el gobierno bonaerense y en empresas de capital estatal como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Ferrobaires (más de 800 si se suman las sedes de Buenos Aires, Tandil, Bahía Blanca, Mar del Plata, Bragado y 25 de Mayo), Nucleoeléctrica Argentina, YPF, Fadea y FM”.
El mismo matutino da cuenta de un análisis realizado desde la Unión Industrial Argentina (UIA). El Director Ejecutivo de la cámara empresaria, Diego Coatz, diagnosticó que la destrucción de empleo asalariado registrado se profundizará.
Enn Córdoba aseguró que los niveles de ocupación “van a seguir cayendo lentamente, no a la velocidad de hace un año pero no se va a recuperar”. Los datos del Ministerio de Trabajo muestran que, a partir de diciembre de 2015, la industria pasó a ser el sector que más empleo destruyó. Sobre 29 meses de gobierno de Mauricio Macri, el empleo en las fábricas cayó en 27. Durante los primeros cuatro meses de 2018, las actividades fabriles perdieron 10.300 puestos registrados que representa una caída de 0,9 puntos frente al mismo período del año pasado. Cuando se lo compara con la estructura laboral a fines del kirchnerismo, las cifras evidencian la pérdida acumulada de 73.800 puestos, o una caída total de 5,9 por ciento.
“Habrá una pérdida por goteo en unos sectores y en otros dejará de crecer”, consideró Coatz. “La actividad se va a resentir por tres o cuatro meses, lo que no puede saberse es cuánto”, expresó el especialista de la UIA ayer en Córdoba. Optimista, el economista consideró que “si se hacen tres o cuatro políticas para las pyme y para alentar el consumo, es probable que la recesión no sea tan grande”. El deterioro en la estructura laboral que ahora comenzó a ser reconocido por las cámaras industriales es complementado por un empeoramiento en la calidad de las ocupaciones y la sostenida contracción en la capacidad de compra de los salarios. La aceleración de la inflación, el salto en el tipo de cambio, los aumentos de tarifas y la imposición de techos para las paritarias impacta de lleno sobre el poder adquisitivo.
Por otra parte, añade Página 12 en su edición de este jueves, “desde el Cifra, que depende de la CTA, advierten que la evolución de las remuneraciones de los trabajadores del sector público registraba en abril de 2018 una contracción del 11,2 por ciento frente a los valores de noviembre de 2015. “En el marco del acuerdo con el FMI y la intención del gobierno de implementar un fuerte ajuste fiscal que sea en parte absorbido por las provincias, resulta importante la activación sindical para evitar la pérdida del poder adquisitivo de los estatales”, sostienen los investigadores. La caída es menor en el sector privado, donde la pérdida acumulada llega al 4,2 por ciento. No obstante, los investigadores del centro coordinado por la economista Mariana González y el sociólogo Pablo Manzanelli estima que la caída del poder adquisitivo entre los asalariados privados oscilará entre 4 y 12 por ciento al finalizar el año”.
Sin embargo, los ingresos que registran las mayores caídas son, según el Cifra-CTA, las jubilaciones y el salario mínimo vital y móvil (SMVM). La actualización de las prestaciones de la seguridad social a partir de la fórmula aprobada en diciembre pasado arroja una pérdida en la capacidad de compra de las jubilaciones que asciende hasta el 4,2 por ciento. “La fórmula no garantiza ni siquiera el mantenimiento del poder de compra de las jubilaciones”, cuestionan los investigadores en el informe sobre la situación del mercado de trabajo publicado ayer. La caída en la capacidad de compra de los haberes se conjuga con el desmantelamiento de las distintas prestaciones y beneficios ofrecidos por el PAMI.
“Las pérdidas de poder adquisitivo se vuelven dramáticas en el caso del salario mínimo, vital y móvil, ante la decisión que tuvo el gobierno en 2017 de fijar un aumento muy bajo por Decreto y romper la negociación en el ámbito del Consejo del Salario”, advierten desde el Cifra-CTA. Con la llegada del SMVM a los 10.000 pesos, la pérdida real interanual de ese piso legal de ingresos alcanza al 14,6 por ciento. “Resulta urgente que se convoque a la reunión del Consejo del Salario para proteger las remuneraciones de quienes menos ganan”, sostiene le documento.
En un mercado de trabajo donde la desocupación se mantiene en valores elevados desde 2016, el Cifra-CTA comenzó a observar el deterioro de otros indicadores. De acuerdo a los investigadores, el tiempo de búsqueda de empleo sin conseguirlo se incrementó entre los desocupados. Durante el primer trimestre del año, el 39,4 por ciento de quienes no tenían trabajo llevaban más de un año buscando. Esa proporción era 32,1 por ciento durante el mismo período de 2017.
