Ese fue el análisis que realizó el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires al informar la semana pasada las últimas estadísticas sobre el delito, entre las que se destaca la suba de aquellos delitos denominados menores, como es el caso de los robos. El análisis de Julio Conte Grand dejó afuera una gran cantidad de variables que dan cuenta de que los ciudadanos bonaerenses no cuentan con ningún respaldo en materia de seguridad. Las denuncias por delitos aumentaron casi un 7% durante el año pasado en comparación con 2016 y la cantidad de robos también se supera todos los años, lo que para el funcionario macrista se justifica con una suba de los precios de la droga como consecuencia de los operativos antinarcóticos.
Por Carlos López / Es decir, el gobierno de María Eugenia Vidal quiere hacerle creer a los bonaerenses que los delincuentes roban más para drogarse más, y que en nada influyen las necesidades y la falta de oportunidades que se apoderan de los habitantes más empobrecidos, sobre todo en los municipios del Conurbano. El mundo de Vidal y compañía se parece cada vez más a un cuento de terror, mal contado, además.
Las estadísticas que dio a conocer esta semana el Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand, intentan asegurar que existe una caída del delito y una baja en los homicidios en la Provincia en referencia a estadísticas del pasado año y en comparación con el anterior. Según afirmó en conferencia de prensa el hombre formado por la organización de la ultraderecha católica Opus Dei, «hubo una reducción de 41.8% en homicidios en ocasión de robo», y en materia de delitos de homicidio doloso «se redujo un 9.4% respeto del 2016».
Asimismo el funcionario aseguró sin estadísticas claras que se redujo la venta de drogas por lo que festejó de manera irresponsable una supuesta caída del narcotráfico. Es que los datos utilizados por Conte Grand poco ayudan a tener una visión real de la situación que atraviesan los bonaerenses, no sólo porque son generalizadas sino también porque en algunos municipios principalmente del Conurbano Bonaerense durante los últimos meses se reclama a gritos la asistencia de la Provincia para hacer frente a las falencias en materia de seguridad, propias fuerzas policiales sin una sólida estructura de prevención y una situación de pobreza que históricamente en la Argentina generó más violencia.
La situación de permanentes robos y homicidios en la Provincia llevó a que intendentes peronistas encabezados por Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, y Verónica Magario, de La Matanza, encabezaran un fuerte pedido para generar una mesa de diálogo con la Provincia, y abordar la cuestión de la seguridad, ya que los municipios se ven desbordados.
Días antes que Conte Grand emita su versión, el diario La Nación publicaba las mismas estadísticas que confirman que los delitos denunciados en la provincia de Buenos Aires aumentaron un 6,9%, ya que se registraron 51.533 Instrucciones Penales Preparatorias más durante el pasado año en relación al 2016. Los departamentos judiciales con más causas son Lomas de Zamora, San Martín, San Isidro, La Plata, Morón y La Matanza. Pero la insólita explicación que Conte Grand encuentra para aquellos delitos que han aumentado (como los hurtos que pasaron de 45.636 a 51.730) es como consecuencia del aumento de los operativos contra las drogas, lo que produce que las sustancias aumenten su valor de mercado y suban de valor real en la compra y venta. Es decir que para la Provincia, la gente que roba más lo hace porque desea comprar droga, la cual aumentó su precio por los controles que el propio gobierno lleva adelante.
La parte que no dio a conocer Conte Grand es de la que no quiere hacerse responsable el gobierno. Según las mismas estadísticas que recogió la Procuración, en la provincia de Vidal asesinan a tres personas por día en promedio en casos de homicidios dolosos, es decir, con intención. Además, los robos a mano armada siguen siendo la primer preocupación social en el territorio bonaerense ya que ascienden a 160 casos por día, lo que sentencia en 2017 un 10% más que en 2016, cuando se registraron 142 casos por día, y un 17% más que en 2015, cuando eran 131 diarios.
Si este es el camino que celebra la Procuración, entonces el futuro de los bonaerenses parece más oscuro que ahora mismo. Esta realidad a la que llevó el macrismo es la que hizo que en un municipio como Quilmes las autoridades de la escuela N° 64 de Francisco Solano suspendieran las clases por falta de seguridad, donde asisten unos 320 alumnos que se quedaron sin acceso a la educación luego de que la institución recibiera siete robos de manera sistemática e incluso un intento de secuestro de una maestra. Misma decisión tomaron otras escuelas de Lomas de Zamora a fines de mayo pasado por los reiterados robos que sufría el personal y los alumnos al concurrir a clases, principalmente durante el turno noche. Entre éstos casos se encuentran la Escuela Superior Nº 67 de Villa Fiorito y la Escuela Nº 63 de Lomas de Zamora, situada en Campana 360, dos de las que reportaron asaltos a punta de pistolas.
Ya en octubre del pasado año la Procuración General había informado cifras alarmantes sobre las estadísticas del delito, ya que durante el primer año de gestión macrista la cantidad de causas iniciadas en la provincia de Buenos Aires por drogas había crecido un 27,4%, por secuestros extorsivos un 25% y por abuso un 11%, y se mantenía una disminución de los homicidios en situación de robos. Es decir que la novedad que está última semana dio a conocer Conte Grand no es como intentan instalar desde el gobierno. En realidad, los delitos siguen aumentando a pasos alarmantes, con algunas bajas en índices particulares, pero que muy lejos están de traer tranquilidad a la sociedad en cuanto a algún tipo de avance en materia de seguridad.
Hace dos semanas, la propia gobernadora anunció la construcción de una cárcel para jóvenes que van de los 18 a 21 años, y al mismo tiempo impulsa una reforma sobre la Ley del Fuero Penal Juvenil para elevar de 12 a 18 horas el tiempo que tiene un juez para decidir sobre la situación de un joven detenido. Esta iniciativa obligó a los organismos de derechos humanos a oponerse contra la crueldad de Vidal, entre los que se destacó la denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) porque se “desconoce que los niños y jóvenes permanecen detenidos en comisarías, muchas veces con adultos durante todo este tiempo”, al tiempo que agregaron que “la modificación claramente vulnera la Convención de Derechos del Niño de jerarquía constitucional”.
Otros delitos significativos que mostraron en las últimas estadísticas índices más negativos en comparación con años anteriores son los delitos de género, algo que poco preocupa a Conte Grand, reconocido desde antes de su asunción como procurador por oponerse a que los delitos de violencia de género sean tratados de una manera especial. Si bien el gobierno hace hincapié en una reducción de los delitos graves, el propio Jefe de la Policía bonaerense, Fabián Perroni, a principios de mayo pasado habló sobre la ola de delitos que atraviesa al Conurbano, y explicó que en algunos municipios los robos aumentaron ante la “necesidad de comer”, lo que remarca el ya mencionado aumento de la pobreza que afecta a todo el país por las políticas del gobierno macrista pero que tiene su mayor profundidad en regiones sobrepobladas como el Conurbano Bonaerense. Perroni también había sostenido que “lo que es obvio es la violencia permanente y que es producto de la droga, no estoy diciendo nada nuevo”.
A su vez, en aquella entrevista con radio La Red, el oficial mayor había remarcado que “hay gente que delinque que es la primera vez que está pasando, que antes no lo hacía, pero por una necesidad más que de delinquir, la de un apremio económico, que es lo que está pasando”, y agregó que “el delito que menos está bajando es ese: el robo, el hurto, el asalto. El tema de la falta de inclusión hace que los lleve a esta situación, gente que obviamente no ha entrado nunca en el sistema del delito”, añadió.
En el mismo sentido se pronunció después el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, quien sostuvo que la mayoría de los delincuentes al ser detenidos hacen mención a la falta de oportunidades laborales y los problemas económicos, de la misma manera que le reclamó a los funcionarios de Cambiemos “no estigmatizar a los pobres. Si no, el pobre es un delincuente”. Es que justamente ubicar al pobre como el delincuente es el único camino viable que muestra el gobierno como salida a una falta de seguridad que en la Argentina es histórica y que por más que lo nieguen se encuentra estrechamente ligado a un aumento considerable de la pobreza como producto de las políticas de ajuste y recesión del macrismo.
El discurso y las acciones que puso en marcha la gobernadora María Eugenia Vidal tienen que ver con una metodología de represión y mano dura que jamás controlará el delito como tal. Mientras el gobierno envía a las fuerzas de seguridad a reprimir a docentes y trabajadores que reclaman por sus derechos, cientos de robos y situaciones violentas que ponen en riesgo la vida suceden en la provincia de Buenos Aires. La policía de Vidal apunta contra los sectores más postergados y principalmente menores de bajos recursos como los responsables de los delitos que ocurren en las calles, cuando en realidad el principal obstáculo para hacer frente al delito en la Argentina es la trama de complicidad que existe entre las fuerzas de seguridad, el poder político y los fiscales y jueces al servicio del mismo.
