Luego de abandonar el legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, al principio de su mandato, y luego de trabar todo intento de integración autonómica regional, el gobierno de Mauricio Macri da rienda suelta a un convenio con el gobierno estadounidense para instalar bases militares en puntos estratégicos del Sur. Estados Unidos, en las últimas semanas, realizó el primer desembarco de sus fuerzas militares con este objetivo sobre el territorio nacional y comenzó la construcción de las próximas bases en Ushuaia, Misiones y en el pozo petrolero de Vaca Muerta, en Neuquén, que será visitado en breve por el secretario de Energía estadounidense, Rick Perr, según se detalló en el resumen de la reunión preparatoria de los países que integran el G20. Lo mismo ocurre con el ingreso reciente de soldados israelíes que se mostraron caminando por las calles porteñas cerca de la Casa de Gobierno, la Plaza de Mayo y la sede central del Banco Nación.
Por Carlos López / La entrega de los intereses nacionales que habilita el macrismo no sólo alcanza a las cuestiones económicas sino que además abre las puertas para que, más que nunca, Estados Unidos, Israel y también Gran Bretaña protagonicen la inserción de fuerzas, armamento e inteligencia militar en suelo argentino, incluyendo a las Islas Malvinas y la Antártida.
Durante las últimas semanas diferentes usuarios de redes sociales compartieron imágenes en las que se visualiza en las calles de la Capital Federal a militares israelíes y estadounidenses. Los soldados estuvieron en las inmediaciones de la Casa de Gobierno de la Nación, en Plaza de Mayo y en el Banco de la Nación Argentina, Las tropas israelíes se desplazaban en un camión con el logo de las Fuerzas Especiales de ese país.
Esta intromisión de tropas extranjeras es parte de los acuerdo que Mauricio Macri llevó adelante con los mandatarios de ambos países invasores, violando la legislación argentina que indica específicamente que el ingreso de fuerzas armadas de otro país al territorio nacional debe ser autorizado por el Congreso Nacional.
Desde el comienzo de la gestión Cambiemos, el gobierno encaminó la política económica al servicios de los poderes económicos concentrados y la política internacional alineada a Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, lo que incluye el acceso permitido a las fuerzas militares de esos países y la compra de armamento y de software para ciber espionaje e interceptación de llamadas a los servicios de inteligencia.
Macri es la llave de ingreso para que Estados Unidos conforme una red de bases militares en el país que se sumen a las ya existentes en América Latina y que podrían ser para el gobierno de Donald Trump una salida facilista al fracaso que tuvieron antes en la guerra de Siria con los intentos de derrocar a Bashar al Assad, en busca de tener un control estratégico de zonas con riquezas naturales.
El avance de Estados Unidos sobre el territorio nacional no es algo novedoso, sino que comenzó antes de las últimas elecciones presidenciales y se confirmó cuando el 3 de agosto de 2016 el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, arribó a Buenos Aires en una visita express de sólo veinticuatro horas, para participar como enviado de (Barack) Obama para cerrar convenios comerciales y avanzar en otros para la instalación de bases norteamericanas en Argentina, a pesar de que las fuentes oficiales mantuvieron el encubrimiento de la visita en la planificación de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y la creación sí de un centro de ayuda humanitaria con presencia militar.
Ya en ese momento, el gobierno acordó la habilitación al país del norte para instalar bases en Tierra del Fuego y en Misiones, los extremos norte y sur del país, puntos estratégicos para el control de los recursos naturales argentinos.
Ante esa reunión cumbre, el politólogo y sociólogo argentino Atilio Boron había explicado en una entrevista con Diario Contexto que “normalmente, cuando Estados Unidos instala bases militares en otros países, por lo menos en la experiencia latinoamericana, lo hace bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo o incluso la ayuda humanitaria.
Por ejemplo, en Perú, la excusa fue combatir al narcotráfico, o la base Pedro Juan Caballero, que los norteamericanos tienen en Paraguay y que se supone que es de la DEA, sin embargo es una cobertura para la presencia militar norteamericana en la frontera con Brasil”, remarcó. A su vez, Boron había afirmado que “hay que fijarse lo que hicieron en México, un país que se ha transformado en un protectorado norteamericano. Autoridades policiales o civiles de Estados Unidos circulan armadas por el territorio mexicano gracias a un permiso especial que les dio (Enrique) Peña Nieto. La excusa como siempre es la lucha contra el narcotráfico. No hay nada nuevo, los norteamericanos tienen un libreto y lo aplican a rajatabla”, fustigó en aquel entonces cuando comenzaba a concretarse la intromisión militar en la Argentina.
Mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, festejó los acuerdos con el FBI y la DEA para “luchar” contra el narcotráfico, los Estados Unidos armaba un plan estratégico para instalar bases militares en la Triple Frontera con la intención de controlar el Acuífero Guaraní, que es uno de los bienes más preciados de la Argentina, compartido con Brasil y Paraguay. La famosa lucha contra los narcos en México y Colombia también fue utilizada como punta de lanza para aplicar los métodos de invasión conocidos y que el país que gobierna Donald Trump lleva adelante por todo lugar del mundo donde puedan conseguir el acceso a las tierras. Esto forma parte de una estrategia que con el advenimiento de gobiernos de derecha en América Latina se expandió a niveles alarmantes en la región sudamericana.
Además de la reciente instalación en la Argentina, los soldados norteamericanos ya cuentan con bases militares en Panamá, Colombia, Perú, México, Honduras, Paraguay, Brasil, Guyana, Aruba, Bahamas, El Salvador y Puerto Rico, siendo más alarmante aún que en muchos países las bases ya superan la decena. En la Argentina los avances fueron significativos en los últimos dos años con proyectos de instalación de bases en Ushuaia (con miras en los recursos de la Antártida), en Misiones por su cercanía con la Triple Frontera que cuenta con el tercer reservorio más importante de agua dulce potable del mundo, en Jujuy y Salta por la cercanía con la extracción de litio y una cuarta base militar que se pretende instalar con fondos del Comando Sur en cercanías del centro de extracción de petróleo denominado Vaca Muerta, en Neuquén, lo que le daría a Estados Unidos un control sobre el mayor yacimiento de la Argentina.
Ante las recientes e inquietantes imágenes de soldados extranjeros por las calles argentinas, los diputados nacionales Nilda Garré y Walter Correa, del bloque del Frente para la Victoria-Partido Justicialista (FpV-PJ), presentaron un Proyecto de Resolución para que el Poder Ejecutivo Nacional brinde explicaciones sobre la reciente presencia de efectivos de los ejércitos de Israel y Estados Unidos.
El proyecto solicita puntualmente “al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Defensa, que informe los motivos de la presencia de efectivos militares de Estados Unidos e Israel en nuestro país, a quienes se los vieron caminando por la zona de Plaza de Mayo entre el lunes 4 y el martes 5 de junio de 2018, saliendo e ingresando en la Casa Rosada y en la sede del Banco Nación. Existe -continúa el escrito- material fotográfico que da cuenta de la presencia de estas tropas, incluso de vehículos de tipo ‘unimog’ pertenecientes a las fuerzas especiales israelíes (IDF-Especial Forces)”, remarcan. En el texto, los diputados aseguran también que es imperioso saber “¿Quién autorizó el ingreso de estas tropas y en qué fecha?” y “¿qué funciones tienen asignadas en nuestro territorio nacional?”.
Para Patricia Bullrich, todo esto se trata de una gran lucha imaginaria contra el narcotráfico. En su último encuentro con el titular de DEA, Robert Pattinson, en febrero de este año, la ministra de la represión macrista confirmó el acuerdo para instalar en Misiones una base “task force” con la justificación de hacerlo para combatir al mercado ilegal de drogas. “Nos pedían que nosotros mandemos la droga a Estados Unidos para que ellos (los funcionarios de la DEA) pudieran analizar de dónde venía, pero esto sería un incordio porque nos obligaba a pedirle a cada juez que autorizara la salida del material incautado. Entonces, es mejor que nos envíen la tecnología a la Argentina, nos formen a la gente, y nosotros analizamos las sustancias”, explicó Bullrich luego del encuentro, orgullosa de entregar un punto estratégico de la soberanía nacional a las fuerzas especiales de los Estados Unidos.
La mentira de la lucha contra el narcotráfico va de la mano con el discurso de enfrentar al terrorismo que mantiene el país del norte. En 2016, Argentina solicitó a los Estados Unidos el mayor requerimiento de armas desde la guerra de Malvinas, justamente con el pretexto del combate contra el terrorismo. En este sentido, en marzo del pasado año el portal El Destape dio a conocer el pedido estatal de adquisición armamentística a los Estados Unidos por valor de 2 mil millones de dólares, con el gravedad de que casi la mitad de ese dinero fue recortado de distintas aéreas de la propia Cartera. La nómina de compra que encomendó Macri iniciaba con aviones de caza, tanques de guerra y misiles de mediano y largo alcance, y continuó con helicópteros de diversos tipos como una docena del tipo Cobra AH1, 10 del modelo Chinook, 16 Black Hawk UH60 y unos 26 Bell 412.
También figuran en la solicitud de compra 12 aviones caza F-16, desarrollados por Estado Unidos como material exclusivo de exportación y de carácter supersónico. Los pedidos parecen ser para un país que se prepara para enfrentar alguna circunstancia bélica, a pesar de que el real peligro que corren los argentinos se encuentra bien dentro del seno del gobierno, con un equipo de gestión que hace mover a la economía a ritmos escandalosos, perjudicando la estabilidad de una gran mayoría de los argentinos.
En vísperas del ingreso de los soldados norteamericanos a suelo argentino, la integrante del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA), Elsa Bruzzone, explicó antes que desembarquen los soldados que “estos ejercicios son parte de los acuerdos de cooperación en Defensa y Seguridad firmados entre Macri y Obama, que habían quedado congelados cuando asumió Trump, pero que ahora fueron reactivados. Esos acuerdos tampoco pasaron por el Congreso, pero el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Pentágono sostienen que están válidos”, completó. Asimismo, Bruzzone afirmó que “esos acuerdos plantean la instalación de una base militar en Ushuaia, disfrazada como base científica, y tiene como objetivo la Antártida, que es la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo. Allí se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos e innumerables riquezas minerales. También se plantea la instalación de una base en la zona de la Triple Frontera, en Misiones, donde está el ya mencionado Acuífero Guaraní. Para ello se trata de utilizar la excusa de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, por eso inventaron que el ISIS y otros grupos terroristas estarían instalados en esa zona. Además, se habla de una posible base en Jujuy, en el límite con Bolivia y Chile. Esa zona es el corazón del litio”, confirmó la especialista.
De acuerdo a la documentación oficial, los ejercicios militares de EE.UU. en Argentina están contemplados en el ‘Programa de Ejercitaciones Combinadas’, en vigencia desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de 2018. El primero se refiere al “Cormorán”, en la Base Aeronaval Almirante Zar (Trelew, Chubut), Base Aeronaval Comandante Espora (Bahía Blanca, Buenos Aires) y en la “Zona Económica Exclusiva de la República Argentina”. A su vez, esta agencia replicó el pasado 25 de mayo que el diario Río Negro publicó que “una comitiva del gobierno de Estados Unidos arribó a Neuquén a bordo de un avión oficial del gobierno del país que preside Donald Trump.
Se trata de los técnicos que tendrán a su cargo la instalación de una millonaria base en la meseta capitalina que fue donada, bajo la figura de ayuda humanitaria, por un área militar norteamericana para el funcionamiento de Defensa Civil de la provincia. Es que tanto la sede chaqueña como la que se construirá en Neuquén fueron donadas por el US. Southern Command, es decir el Comando Sur de los Estados Unidos, un organismo militar que en su propia página web describe que “el Comando Sur de EE.UU. aprovecha las capacidades de respuesta rápida, la colaboración de naciones socias y la cooperación regional dentro de nuestra área de responsabilidad para apoyar los objetivos de seguridad nacional de los EE.UU., defender los acercamientos sureños de Estados Unidos y promover la seguridad y la estabilidad regional. Valuada en unos 200.000 dólares la obra consiste en la construcción de una nueva sede para Defensa Civil y un gran galpón de 600 metros cuadrados, que podrá funcionar como centro de evacuación ante eventuales catástrofes”.
Al mismo tiempo que el Estado argentino encaraba la compra millonaria de armamento a Estados Unidos a comienzo de 2016, Macri enviaba a ese país una delegación del Ministerio de Defensa para promover “la cooperación y la definición de objetivos comunes en la región en materia de defensa y seguridad hemisférica”. Pero como recuerda un reciente artículo de esta agencia, en junio de ese año, Luiz Monis Bandeira, considerado uno de los mayores expertos en relaciones con el país norteamericano, dijo que Argentina y EE.UU. estaban negociando la construcción de bases norteamericanas en los puntos que ahora fueron detectados con ingresos de soldados norteamericanos. Es por ello que la exdiputada nacional de Proyecto Sur, Alcira Argumedo, reconocida por su fuerte postura en defensa de la soberanía nacional, alertó que lo que Bullrich llama cooperación es en realidad una “subordinación”. Es que según Argumedo, con estos acuerdos militares y de inteligencia se está haciendo “un cerco de seguridad sobre Argentina que es altamente peligroso” en nombre del narcotráfico y la amenaza del terrorismo “porque el problema es que EE.UU. calcula que dentro de 20 años va a tener un déficit de agua de 40%. El tema es controlar las áreas de agua dulce”, manifestó la exlegisladora.
Para lograr esta inserciòn Estados Unidos hace uso principalmente del denominado Comando Sur, organismo dependiente del Departamento de Defensa de ese país y autodefinido como un mando conjunto integrado por más de 1.200 efectivos militares y civiles en representación de la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea, los Marines, la Guardia Costera y varias agencias federales. Su propósito es encargarse de «proporcionar planificación de contingencia, operaciones, y cooperación en seguridad» para América Central, del Sur y el Caribe. También es responsable de «proteger los recursos militares de EE.UU. en estos lugares» y de asegurar la defensa del Canal de Panamá. El Almirante de la Armada Kurt W. Tidd, máxima autoridad del Comando Sur, testificó en febrero de este año ante un Comité de Servicios Armados del Parlamento norteamericano en el que evaluó los riesgos y desafíos que atraviesa la región de la cual es responsable y en la que piensan poner foco, América Latina. «Redes criminales y extremistas continúan amenazando la estabilidad regional y nuestra seguridad nacional. Sabemos de casos específicos de individuos que estuvieron involucrados en complots para atacar a nuestra madre patria y a nuestros socios. Afortunadamente, fueron detenidos, pero esto sigue siendo una preocupación significativa y persistente», explicó el responsable del Comando Sur, según indica la agencia de noticias RT. Este encubrimiento con base en la lucha contra el terrorismo es lo que le permite a los Estados Unidos disfrazar una inserción en la Argentina que pone en riesgo la soberanía nacional y los recursos que abundan en el norte y sur del país.
Lo cierto es que en mayo pasado el equipo del gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, recibió a la comitiva estadounidense de ingenieros, arquitectos y técnicos que retoman la construcción del “Centro de Operaciones de Emergencia“, la primera base norteamericana en suelo argentino cuyo costo asciende a 2 millones de dólares. El secretario de gobierno neuquino, Leonel Sacharry, intentó encubrir la primera construcción de bases norteamericanas explicando al portal El Disenso que “no se trata de una base militar, sino del programa de ayuda humanitaria para retomar la marcha de la obra que se suspendió en 2012 y que consiste en un depósito y un edificio de oficinas para la coordinación de Defensa Civil y otros organismos ante una emergencia”. Pero el plan militar ya está en marcha y es demasiado evidente como para ocultarlo.
El gobierno de Macri ahora mantendrá la postura de una cooperación mutua para enfrentar al terrorismo y combatir al narcotráfico, algo que no existirá jamás entre un gobierno estadounidense que está acostumbrado a sentar las reglas de juego en cada país que invade y un Estado argentino que no es capaz actualmente ni siquiera de mantener una estabilidad social ni económica de manera interna, lo que hace imposible pensar o al menos planificar que exista algún tipo de negociación bilateral, sino más bien se trata de un anunciado avance unilateral. A finales de 2016, el CEMIDA emitió un comunicado que alertaba que el convenio de Macri con los Estados Unidos para la instalación de bases militares permitirá a sus soldados conducir la seguridad interior del país. Hoy la amenaza se convirtió en realidad, otro gran avance de la derecha internacional con las facilidades que permite el gobierno macrista.
