“Murió ahogada el 1º de enero de 2016 en una casaquinta donde se desarrollaba un festejo no autorizado. Están acusados el dueño del lugar, dos empresarios y un relacionista público cercano a la gobernadora Vidal y al intendente platense”. Así da cuenta este martes el diario Página 12, en nota que pasamos a reproducir.
Por Carlos Rodríguez (*) Dos años y cuatro meses después, fue elevada a juicio oral la causa por la muerte de Yéssica Emilia Uscamayta Curi, la estudiante de periodismo de 26 años que se ahogó en una pileta, durante una fiesta de Año Nuevo que se realizó en forma ilegal. El juez platense Fernando Mateos avaló la acusación formulada por la fiscal Ana María Medina, quien calificó lo ocurrido como “desobediencia y homicidio simple” con dolo eventual. Los cuatro imputados son Carlos Bellone, propietario de la casaquinta donde se realizó el evento, los empresarios Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure, y el relacionista público Raúl “El Peque” García, cercano a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y al intendente de Cambiemos en La Plata, Julio Garro. Una testigo declaró en la causa que le hizo maniobras de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) a la víctima, que logró que expidiera “agua con bilis” y que tuvo que dejarla cuando “todavía tenía pulso” porque su tarea fue “interrumpida violentamente” por un hombre. Acto seguido, uno de los organizadores –sería Piedrabuena– le dijo “gracias por lo que hiciste” y le ofreció champagne. La testigo “lo miró, no le respondió nada y se fue” de la zona VIP, donde se produjo la muerte de Emilia.
Agostina De Cándido es la mujer que intentó salvarle la vida a la joven y al declarar en la causa, precisó que quien le ofreció una copa y le dio las gracias fue “un organizador de la fiesta que se presentó como Santiago” (así se llama Piedrabuena). La testigo sostuvo que en el momento de la tragedia “no escuchó en ningún momento llamar al guardavidas” y agregó que en la fiesta “no vio carpas con médicos, ni tampoco policías, ni tampoco a la famosa ambulancia” que según los organizadores, estaba estacionada en la puerta de acceso a la casaquinta de Melchor Romero.
Sobre el momento clave, cuando trató de salvar la vida de la joven, De Cándido relató que “luego de realizarle tareas de resucitación logró que la víctima expida agua con bilis por su boca y advirtió la presencia de pulso, pero su tarea fue interrumpida violentamente por un tercero que (la) continuó de forma errónea”. Luego vino “Santiago”, le dio las gracias y le ofreció una copa de champagne, que ella rechazó. En el texto de la elevación a juicio se recalcó que “los organizadores no desconocían la necesidad de la presencia de una ambulancia en un evento de estas características”, dado que concurrieron miles de personas. En las redes sociales se había anunciado que serían diez mil los asistentes. Emilia fue llevada en un taxi al Hospital de Melchor Romero.
En la acusación se sostuvo que los imputados sabían de antemano que sería “un evento masivo, con amplia concurrencia de jóvenes, expendio ilimitado de bebidas alcohólicas, posibilidad de uso de un espacio especialmente peligroso” como la pileta de natación. En ese marco, los organizadores desecharon la intervención de los organismos de control del municipio” que intentaron primero suspender la fiesta y luego impedir que continuara mediante la clausura del predio, sin contar con el apoyo de la Policía Bonaerense, cuyos agentes se retiraron del lugar luego de recibir el llamado de un superior, aspecto que no ha sido esclarecido por el momento en la investigación, aunque generó una renuncia y sospechas de negligencia o complicidad de parte de funcionarios de alto rango de la comuna platense (ver aparte).
La testigo De Cándido, que estaba con su novio, vio en la barra a Gastón Haramboure y se sorprendió porque el hombre estaba cumpliendo una condena, con prisión domiciliaria, por el homicidio del joven Juan Andrés Maldonado, en 2009, a la salida de un boliche en la localidad bonaerense de Berisso. De la prueba reunida surge que Raúl Ismael García firmó a las 16.05 del 31 de diciembre de 2015, horas antes del comienzo de la fiesta, “el acta municipal que ordenaba abstenerse de la realización del evento, identificándose como ‘responsable’” de la organización.
Jonatan Emanuel Reyes, director de Inspecciones de Comercio e Industria del municipio, declaró que horas después, por denuncia de vecinos, tomó conocimiento de que se estaba trabajando para hacer la fiesta, a pesar de la prohibición, de manera que envío dos patrullas de inspectores, en distintos momentos, para ratificar que el festejo “no debía realizarse”. A las cuatro de la mañana del 1º de enero de 2016, con la fiesta en plena realización, el segundo grupo de inspectores fue al lugar con orden de clausurar la casaquinta y de desalojar el predio.
Reyes aseguró que “no se pudo desalojar debido a la gran cantidad de gente” y a la resistencia de un grupo de personas que “comenzaron a arrojar cosas a los fines de que se retiraran” los inspectores. Aunque no figura en el acta de elevación a juicio, en la causa consta que agentes de la Policía Bonaerense que debían garantizar la suspensión de la fiesta se retiraron del lugar sin cumplir su cometido luego de recibir una orden superior. Las otras dos actas igualmente incumplidas fueron firmadas por “El Peque” y por Bellone, propietario de la finca. Sobre García, los testigos dijeron que era el encargado del sector VIP, donde en algunos casos se cobraba un plus además de las entradas, que habían sido vendidas con anterioridad por un grupo de personas vinculadas a los cuatro organizadores.
El testigo Matías Beira dijo que el personal de seguridad “no se ocupaba de controlar el acceso a la pileta”, sino que les preocupaban “los que iban ingresando al sector VIP”. De hecho, los responsables de la seguridad estaban de espaldas a la pileta. Cristian Uscamayta, hermano de Emilia, estuvo unos quince minutos en la pileta, y cuando salió del agua quedaron allí unas quince personas, entre ellas la víctima, que estaba sentada en la parte baja porque no sabía nadar. Cristian sostuvo que “no había nadie como salvavidas, era un descontrol, la gente hacía lo que quería, se tiraban vestidos” a la piscina.
La acusación fiscal concluyó que los organizadores del evento “tenían conocimiento pleno de su dimensión y de las medidas de prevención y de seguridad omitidas, en especial la ausencia de servicios médicos en general y recaudos en la piscina utilizada por los asistentes”. Se dejó sentado la responsabilidad de los cuatro organizadores, como integrantes de una asociación que había sido notificada plenamente de la prohibición de realizar la fiesta que terminó en tragedia. Se recalcó que los cuatro, aunque no fueron notificados al mismo tiempo, sabían que “no contaban con la autorización municipal”.
La causa por la muerte de Emilia Uscamayta Curi fue investigada al principio por el fiscal Alvaro Garganta, quien se apartó del caso por pedido de la familia de la víctima a través del abogado querellante, Adrián Rodríguez Antinao. Desde ese enroque, la investigación de “homicidio culposo” pasó a “homicidio simple con dolo eventual”. Lo que no se logró, todavía, es avanzar sobre las razones por las cuales una orden de prohibición proveniente del municipio platense fue incumplida por el propio municipio. Siempre estuvo presente la sospecha de una coima que abrió puertas por encima de la oficina de Control municipal y que con ese guiño, los organizadores se sintieron impunes para seguir adelante.
El único que tuvo que dar un paso al costado fue el comisario retirado Daniel Piqué, quien el 30 de diciembre de 2016 tuvo que renunciar al cargo de Secretario de Seguridad de la comuna, cargo para el cual había sido designado por el intendente Julio Garro. Piqué fue imputado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”; hoy no está en el banquillo de los acusados. La Ley Orgánica de la Municipalidad dice que debe dejar su cargo todo funcionario involucrado en una causa judicial.
La imputación contra Piqué fue porque no tomó los recaudos necesarios para que los inspectores municipales cumplieran la orden de impedir la realización de la fiesta mediante el desalojo y la clausura de la casaquinta de Melchor Romero. Luego, los querellantes denunciaron al intendente Garro, porque se sospechaba que Piqué seguía en el municipio, en una función de menor exposición pública.
La querella, en su momento, también pidió que se imputara por incumplimiento de los deberes de funcionario público al jefe de la Policía Local comisario Sebastián Martínez Paz, porque está probado que hubo una orden para que en la noche del 31 de diciembre de 2015 se retirara el patrullero que había sido asignado para impedir el ingreso de los asistentes a la fiesta ilegal.
