Panorama Político: El aumento de la deuda que grava la provincia de Buenos Aires y los miles de despedidos – atención: el día 24 de mayo se conoció en el decreto provincial que auspicia el retiro voluntario para los agentes estatales, jugada que apunta a eludir las responsabilidades previsionales- que se siguen sumando no son meros datos estadísticos para la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, sino que constituyen la base de las políticas represivas a cargo de las fuerzas de seguridad y contra los trabajadores y otros grupos sociales que, acorralados por la situación económica y social salen a las calles a decirle “basta” al ajuste del gobierno de Mauricio Macri-Vidal-Horacio Rodríguez Larreta, como tridente del poder de Cambiemos.
Por Carlos López / La Gendarmería opera como la principal guardia pretoriana de Cambiemos y la Policía Bonaerense y las policías locales en los municipios bonaerenses se encuentran al servicio del hostigamiento y la represión contra sectores que mantienen luchas sociales, principalmente de carácter laboral. Los gobiernos de Mauricio Macri y de Vidal aplican la receta de la derecha a rajatablas: ajuste, represión y cárcel con hacinamiento. El gobierno toma como un logro de gestión que hoy existan unas 42.000 personas privadas de su libertad en instalaciones bajo la guarda del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), metodologías de control que se profundizarán aún más con el retorno de las relaciones carnales con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La represión de las fuerzas de seguridad ordenada por Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires contra los trabajadores del Subte la semana pasada se sumó como un nuevo episodio de los que propio de la gestión gubernamental, subrayándose en la medida que se profundiza el deterioro del salario y la estampida de los precios se torna incontrolable: es muy difícil encontrar en la historia caso de gobiernos no represivos cuando el precio del pan se multiplica por 300 en 12 meses como acaba de suceder en Argentina.
Una decena de trabajadores y delegados fueron detenidos luego de ser atacados en respuesta a una medida de fuerza que se inició en diferentes líneas del subterráneo en rechazo a la insuficiente paritaria de aumento del 15% en tres cuotas que ya fue pactada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). En el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en conjunto con Metrovías viene desarrollando una enorme persecución contra el sindicalismo para impedir que se generen luchas en favor de los derechos de los trabajadores y que tuvo su mayor expresión en la represión que la Policía de la Ciudad encaró contra los trabajadores de las líneas E, H y Premetro nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp). Estas medidas fueron replicadas desde el gobierno con unas 114 suspensiones por la apertura de molinetes y luego, con la represión como última instancia de hostigamiento para impedir el derecho a huelga. Esta metodología de gestión es la misma que Mauricio Macri utiliza a nivel nacional y que puntualmente fue aplicada en reiterados casos desde diciembre de 2015 por la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.
El 31 de mayo del pasado año, Vidal anunció el fortalecimiento del aparato represivo policial en 190 puntos de la provincia de Buenos Aires, lo que incluyó el despliegue de 800 agentes de Infantería y Caballería en las calles para dar respuesta a diferentes protestas, cortes y huelgas que se realizan en distintos municipios y que tiene como principal objetivo frenar la avanzada de trabajadores y jóvenes que reclaman por el incumplimiento de sus derechos.
Pese a que la gobernadora junto al ministro Cristian Ritondo llama a esto un “plan integral de seguridad”, lo que realmente se logró en la provincia bonaerense es un aumento de la violencia policial en las calles, principalmente contra sectores que luchan por sus derechos.
Uno de los casos más polémicos de represión estatal se vivió precisamente antes de este anuncio a comienzos de mayo de 2017, cuando la policía de Vidal reprimió a estudiantes en la localidad de Berisso en un reclamo que se realizaba contra el intendente Jorge Nedela para solicitarle que ordene tareas de arreglos en la Escuela Media Nº 1 “Carlos Fuentealba”.
La Bonaerense tuvo ese día la orden de irrumpir en el colegio, amenazar con armas, golpear y tratar de detener a estudiantes secundarios. La movilización de estudiantes había comenzado luego de cansados de que la escuela se inunde cada vez que llueve y de estudiar con frío por falta de estufas y ventanas, entre otros problemas edilicios, el Centro de Estudiantes de la Media Nº 1 convocó a una asamblea y resolvió enviar una delegación para reclamar al intendente. La respuesta del Municipio en conjunto con la Provincia fue contundente. Tras los episodios, el titular del Centro de Estudiantes apuntó contra Cambiemos porque consideró que al gobierno “le molesta que nos manifestemos porque son antipueblo. Estamos viviendo en carne propia lo que muchos compañeros vivieron en otras épocas. Esto es lo más cercano a la dictadura. No queremos más represión”, cuestionó.
Un día antes de este episodio en la localidad cercana a La Plata, se vivió otro hecho que involucró a la policía con estudiantes en el municipio de Banfield, donde policías armados entraron a la Escuela Normal Antonio Mentruyt (ENAM) para llevarse detenidos a dos estudiantes que se encontraban en el interior de la institución educativa. Lo peor de todo, fue que la policía disparó balas de goma hasta impactar a uno de los menores, todo esto frente a distintos grupos de estudiantes que se encontraban en el lugar. Los policías llegaron con patrullas sin patentes y se negaron a identificarse alegando haber “perdido las placas”, pero finalmente no pudieron llevarse detenidos a los jóvenes luego de la amplia intervención de estudiantes y docentes que repudiaron el accionar desmedido de la violencia policial. En el distrito días antes ya había registros de efectivos policiales que habían ingresado a establecimientos educativos sin permiso como ocurrió en los colegios Mariano Acosta, Mariano Moreno, la Escuela Técnica 27 y además, durante el escrutinio de las elecciones de Derecho en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, para amedrentar a los jóvenes en una política clara de frenar cualquier tipo de expresión que vaya en contra de los intereses del gobierno macrista.
El periodista Horacio Verbitzky en un análisis para Página/12 el 24 de julio del pasado año advertía sobre el avance de la represión contra los jóvenes en la provincia de Vidal, a partir del caso de exposición de un menor de 11 años conocido como ”El Polaquito” en un programa televisivo de Jorge Lanata.
El análisis remarca que “el 21 de mayo de 2013 el defensor oficial penal de jóvenes de La Plata, Julián Axat denunció a la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, que desde el 1º de agosto de 2012 hasta el 19 de mayo de 2013 habían sido asesinados seis chicos de entre 11 y 17 años, cuyos datos y detalles expone.
Axat señalaba que debido al fracaso de las medidas de protección pautadas por la propia justicia penal o civil o de familia estas son ‘historias de muerte anunciada’. En todos los casos habían sido detenidos en alguna seccional policial de La Plata, de donde fueron trasladados a los Servicios de Protección de Derechos de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, donde la atención fue precaria o nula. La mayoría de esos chicos habían denunciado persecuciones u hostigamientos policiales, en causas impulsadas por la defensoría, que no avanzaron. La propia policía actuó como instructora pese a que la Procuración General lo había prohibido y los policías imputados quedaron en libertad en cuanto formularon su descargo.
En 2011, el fiscal Rubén Sarlo había denunciado la existencia de grupos de vecinos o parapoliciales preparados para ‘eliminar elementos indeseables por mano propia’. La causa no tuvo el menor movimiento. Según Axat deberían investigarse los aspectos de relevancia institucional comunes a cada caso”.
Es así como finalmente Verbitzky analiza que “después de los crímenes, el bajo estándar investigativo, judicial y policial genera un efecto de impunidad. La investigación se delega en la propia policía sospechada de hostigamientos previos a esos chicos y el ministerio público y la justicia no realizan imputaciones y dan por válida la hipótesis policial, sin el menor criterio. Tampoco impulsan las denuncias por abandono de personas respecto del personal de minoridad encargado de las políticas sociales que no se realizaron en tales casos”.
Es decir que existen en la Justicia sobradas pruebas de que el delito encubierto por efectivos policiales y los abusos de los mismos contra jóvenes en situaciones vulnerables no es algo nuevo en la realidad de la provincia. Pero, ahora con Vidal, estos centros de operaciones del delito tienen un camino aún más allanado para volver a comandar las calles.
Al igual que sucedió en el Congreso de la Capital Federal, el 15 de diciembre pasado en el centro de La Plata también se llevó adelante una fuerte represión a mediados de ese mes, al mismo tiempo que los legisladores bonaerenses buscaban aprobar seis de los 11 proyectos que la gobernadora María Eugenia Vidal había girado a la Legislatura, entre los que se encontraba la reforma previsional para los trabajadores del Banco Provincia.
En ese entonces los bloques de Diputados y Senadores de Unidad Ciudadana-Fpv y PJ denunciaron que “los legisladores señalamos la responsabilidad de la gobernadora María Eugenia Vidal, quién pretendió sancionar un paquete de leyes de espaldas a la ciudadanía, sin debate ni análisis previo, provocando la protesta legítima de los trabajadores que fueron reprimidos de manera brutal por las fuerzas de seguridad. Le exigimos a la gobernadora Vidal y al presidente Macri que paren de reprimir, de perseguir a los opositores, de amedrentar a legisladores y de impulsar leyes de ajuste contra trabajadores y jubilados».
Es que ese día de diciembre, y otros de tantas marchas que han organizado los trabajadores en tiempos macristas, los gremios CICOP, ATE, UDOCBA, SUTEBA y La Bancaria fueron los que sufrieron la arremetida policial con disparos de balas de goma y gases lacrimógenos para impedir la movilización a la Legislatura. En el temario de la sesión en el Senado provincial se discutía entre otros proyectos la prórroga de la ley de la emergencia en Seguridad y la reforma a la ley de Ministerios, que prevé la eliminación de 221 cargos políticos para lograr un supuesto ahorro de $600 millones.
Sin embargo, una vez más la represión de Vidal impidió que los reclamos se hagan en el contexto de una jornada pacífica, por lo que la titular del bloque de Unidad Ciudadana FpV en el Senado, Teresa García, apuntó al finalizar la jornada que «hacemos responsable a la gobernadora María Eugenia Vidal por la represión policial ejercida. Le exigimos a Vidal que dé explicaciones sobre este vergonzoso accionar represivo de las fuerzas de seguridad que deberían velar por la seguridad de los ciudadanos en lugar de atropellarlos con caballería, gases y balas de gomas como sucedió hoy en las calles de La Plata».
Situación similar es la que atravesaron este mes los trabajadores de Cresta Roja luego de ser reprimidos sobre la ruta 205, a la altura del cruce de Unión Ferroviaria, cuando la Gendarmería y la Infantería de la Bonaerense avanzaron contra la masiva protesta que los empleados encabezan en repudio del plan acordado entre el Gobierno y la empresa para reducir brutalmente la planta y cesantear a unos 800 operarios. Según lo expresado por el trabajador José Luis Leiva en declaraciones a Fm La Patriada, “Vidal nos dijo que nos iban a ayudar y después nos mandó a reprimir”. En las plantas de Cresta Roja en 2015 trabajaban alrededor de 3.000 personas y actualmente quedaban en actividad sólo unas 1.300, los cuales en su mayoría ya se encuentran en peligro de conservar su empleo por la nueva decisión de la empresa de cesantear a una gran cantidad de ellos.
La represión llegó el 16 de mayo pasado cuando alrededor de las 6 de la mañana un grupo de oficiales preparados para la acción avanzó contra el corte que los trabajadores montaron en la entrada de la Planta 1. Esta medida de fuerza buscaba defender los puestos de 500 personas que serán despedidas de la Planta 2 y de alrededor de 300 que pertenecen actualmente a la Planta 1. El acuerdo actual para llevar a la práctica esta acción de despidos es de carácter ilegal, ya que no sólo no fue aprobado por los gremios sino que además los trabajadores rechazaron algún acuerdo de retiro después de ser presionados a firmar sin éxito para la empresa. Más de 1000 efectivos de Gendarmería, con hidrantes, caballos, gases lacrimógenos y postas de goma, se encargó no solo de dispersar, sino de perseguir y amedrentar durante horas a los trabajadores que eran parte del acampe. El resultado de esta brutal represión fue la detención de dos empelados, liberados horas más tarde.
En febrero de este año, la represión también se hizo presente en el municipio de Morón, donde un grupo de trabajadores del Hospital Posadas fue amedrentado por un operativo de Gendarmería cuando quisieron cortar el Acceso Oeste, para reclamar la reincorporación de 122 despedidos, una lucha que aún mantienen desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) y la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP). La notificación de los despidos -política que el gobierno provincial despliega por todos los hospitales de la Provincia- llegó el lunes 15 de enero, de la mano de una resolución interna que advertía cuales iban a ser los contratos renovados y cuáles no. Entre los cesanteados hay 16 delegados sindicales y 50 enfermeros que habían sido incluidos en un amparo de la justicia de San Martín contra la flexibilización laboral del turno noche. Pero la metodología es siempre la misma, el gobierno de Vidal avisa de manera repentina los despidos injustificados y luego prepara a las fuerzas de seguridad para dar respuestas con represiones exprés que mantengan en calma a los trabajadores que se quedaron en la calle.
A nivel nacional, y si bien la protesta no salió reflejada en los medios hegemónicos, el pasado miércoles los docentes nucleados en CTERA realizaron un paro por 48 horas y se concentraron en las puertas del Cabildo para exigirle a Macri y a los gobernadores de todas las provincias la urgente reapertura de paritarias y la detención inmediata de los aparatos represivos para criminalizar la protesta social en distintos puntos del país. La secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, celebró que «construimos la Segunda Marcha Federal educativa que recorrió todo el país diciendo basta de ajuste, basta de hambre, basta de dejar a los maestros en la situación que hoy estamos viviendo. Porque la política educativa es ajuste, es represión, es enfrentar a los compañeros con la comunidad, es desprestigiar a la escuela pública. Nosotros pensamos todo lo contrario, queremos fortalecer la mejor educación pública y la reivindicamos».
La CTERA exige que las autoridades de cada provincia vuelvan a convocar a una mesa técnica, salarial, reapertura de la paritaria nacional docente, discusión de la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Técnica Profesional, y de otros derechos y las mejoras en las condiciones de trabajo. Es por ello que la convocatoria finalizó en Plaza de Mayo junto a otras agrupaciones y sindicatos como la Federación de Docentes de las Universidades, CONADU y CONADUH, profesionales de la salud nucleados en CICOP, los judiciales bonaerenses de la AJB y la Asociación La Bancaria. Ante esta protesta el gobierno dio la única respuesta que ha respetado desde que asumió Macri en diciembre de 2015: cercar a los manifestantes con una gran cantidad de efectivos policiales y prepararlos para la acción en caso de ser necesaria una represión.
En la Capital Federal, el 1 de septiembre del pasado año la represión se hizo efectiva contra ciudadanos que marchaban pacíficamente en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Durante esa oscura jornada la Policía de la Ciudad de Horacio Larreta detuvo a unas 31 personas en las inmediaciones de Plaza de Mayo, entre los que se encontraban cuatro periodistas y reporteros gráficos que se encontraban trabajando en el lugar.
Uno de los relatos más escalofriantes del accionar intencional de las fuerzas de seguridad aquel día fue expresado por uno de los detenidos: “Yo salía del trabajo con la ropa que tengo ahora. No fui a tirar nada y nos imputaron que tiramos molotov, piedras; que tuvimos resistencia a la autoridad, nos trataron como chorros, como terroristas. Soy analista de seguridad informática. Trabajo en San Telmo, cuando salgo voy por Defensa hasta el subte A, ahí me encontré con los disturbios y la Policía empezó a levantar gente que no tenía nada que ver. Cuando estábamos arriba del camión, empezaron a preguntar nombre y apellido y decían: ‘Empiecen a contestar o van a estar desaparecidos también’”, relató un joven detenido esa noche. Del mismo modo, el periodista del canal Antena Negra, Juan Pablo Mourenza, detenido en la esquina de Avenida de Mayo y San José, afirmó que durante esa noche de septiembre “hemos escuchado cosas aberrantes. A compañeros les dijeron ‘cálmense si no quieren ser los próximos Santiago Maldonado’”, sostuvo. El encubrimiento y la proliferación del miedo son dos formas en las que las fuerzas de seguridad hoy actúan contra el pueblo por orden del ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich.
En algunos casos la violencia no llega a concretarse, pero lamentablemente una gran cantidad de huelgas de trabajadores por distintos puntos del país durante la gestión macrista han finalizado con represión y detenciones ilegales de personas que luchan por sus derechos, en un contexto de crisis económica y social inducida por el propio gobierno. Es así como casos de brutales represiones además de la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, también se vivieron en distintas provincias argentinas, siempre bajo la orden de los gobierno macrista. En Jujuy, a fines de diciembre del pasado año los trabajadores azucareros del Ingenio La Esperanza fueron reprimidos fuertemente por orden del gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, quien además emitió una orden de captura para los integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar (SOEA). Morales es uno de los gobernadores que ha utilizado en mayor medida la represión contra trabajadores y otros sectores sociales, principalmente a partir de su enfrentamiento y persecución con la agrupación barrial Túpac Amaru y la consecuente detención de la dirigente social de ese colectivo, Milagro Sala.
Más recientemente, el pasado 5 de abril, trabajadores estatales de Chubut fueron reprimidos por la Policía en Rawson con balas de goma, luego de una manifestación que dirigían a la Casa de Gobierno en reclamo contra el pago escalonado de salarios y las medidas de ajuste en el gasto público que lleva adelante el gobierno de Chubut. Según publicó el portal La Izquierda Diario ese mismo día, el secretario general de ATE en esa provincia, Guillermo Quiroga, alertó que “vimos que había una estrategia de empujarnos con los escudos y ahí pasa lo que ocurre cuando hay mucha gente. Empezaron a empujar y lo hacemos cargo al gobernador de Chubut porque no hay sueldos, no hay obra social, hay trabajadores despidos, gobiernan con decretos y se cagan en lo que dice la Legislatura y los trabajadores. Esta es la respuesta del gobierno que tenemos”. Ante el escenario de crisis y aumento de la pobreza, el gobierno responde con más control sobre los más necesitados y represión para los trabajadores, muchos de los cuales han perdido su estabilidad laboral producto de las decisiones económicas de los mismas autoridades que luego levantan el teléfono y piden represión del Ministerio de Seguridad para callar las acciones de la gestión macrista.
