Lo hace con la impunidad que le garantiza el presidente Mauricio Macri, quien puso al frente de esas operaciones a la ministra de Seguridad, Patrica Bullrich, de aceitados relaciones políticas, “técnicas” y comerciales con los servicios de inteligencia de y la industria bélica en Estados Unidos e Israel (circula desde hace días la versión de que la compra de lanchas militares a Tel Aviv se llevó a cabo con sobreprecios y que las mismas pudieron haber sido fabricadas en el país a u mucho menor costo).retomó la construcción de una base en Neuquén.
Según el diario Río Negro, en nota publicada a principios de mayo, “el proyecto (de una base en Nuequén) se autorizó en 2012 pero se frenó por la polémica desatada en Chaco donde se denunció que se trataba de bases militares”. Durante los primeros días de este mes, una comitiva norteamericana recorrió la zona donde se montará.
“Una comitiva del gobierno de Estados Unidos arribó a Neuquén a bordo de un avión oficial del gobierno del país que preside Donald Trump. Se trata de los técnicos que tendrán a su cargo la instalación de una millonaria base en la meseta capitalina que fue donada, bajo la figura de ayuda humanitaria, por un área militar norteamericana para el funcionamiento de Defensa Civil de la provincia. Se trata en realidad de la reanudación de una obra que fue autorizada en 2012 por el entonces gobernador Jorge Sapag, pero cuya ejecución se paralizó ni bien estaba comenzado, en 2013, como rápida respuesta al escándalo que se desató en Chaco, en donde hubo incluso manifestaciones en contra de la sede dado que se aseguró que se trataba de una base militar norteamericana. Es que tanto la sede chaqueña como la que se construirá en Neuquén fueron donadas por el US. Southern Command, es decir el Comando Sur de los Estados Unidos, un organismo militar que en su propia página web describe que “el Comando Sur de EE.UU. aprovecha las capacidades de respuesta rápida, la colaboración de naciones socias y la cooperación regional dentro de nuestra área de responsabilidad para apoyar los objetivos de seguridad nacional de los EE.UU., defender los acercamientos sureños de Estados Unidos y promover la seguridad y la estabilidad regional. Valuada en unos 200.000 dólares la obra consiste en la construcción de una nueva sede para Defensa Civil y un gran galpón de 600 metros cuadrados, que podrá funcionar como centro de evacuación ante eventuales catástrofes. Para esto cuenta con un área que podría destinarse a dormitorios, amplios baños, una cocina, una sala de cuidados médicos e incluso una sala para conferencias y un helipuerto. Al igual que la polémica base chaqueña autorizada por el entonces gobernador Jorge Capitanich, la sede neuquina ya tiene sus bases construidas sobre la Autovía Norte y a muy poca distancia del estratégico Aeropuerto Internacional de Neuquén”, consignaba el diario Río Negro.
El año pasado el entonces embajador interino de Estados Unidos en Argentina, Tom Cooney, recorrió Neuquén y ratificó las obras que desde el Comando Sur se están realizando, a la vez que destacó las importantes inversiones que empresas norteamericanas como Chevron y Exxon Mobil realizan en los hidrocarburos de Vaca Muerta, una temática por la que, casualmente, el gobernador Omar Gutiérrez en estuvo esta misma semana en Houston.
Neuquén ya cedió 200 hectáreas de su territorio a China para que instalara su polémica base especial que está operando. Con la misma intención autorizó al gobierno de Donald Trump para que construya una base que se presenta con fines humanitarios, pero que muchos entienden que se trata de un establecimiento militar.
Interesante resulta reproducir la nota que el diario digital mendocino MDZ publicó esta semana: “¿Cooperación o subordinación?: Argentina y la seguridad norteamericana. El Gobierno de Macri parece haberse alineado absolutamente a las prioridades en materia de seguridad y defensa que pretende Estados Unidos”.
A través de la cooperación con distintas agencias y estructuras gubernamentales norteamericanas, el Gobierno de Mauricio Macri parece haberse alineado a las prioridades en materia de seguridad y defensa de dicha potencia. Este fortalecimiento en las relaciones, no obstante, puede venir acompañado de preocupaciones e hipótesis de conflicto que no solo no pertenecen a la nación sudamericana, sino que podrían augurarle toda una nueva gama de problemas.
La llegada de Macri a la Presidencia de Argentina en 2015 trajo consigo un giro drástico en las relaciones con EE.UU. en relación a los 12 años anteriores, durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Desde la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2005, pasando por el ‘No al Alca’ (Área de Libre Comercio de las Américas) en el mismo año, hasta la posible incorporación de Argentina a los BRICS, la última década estuvo caracterizada por un enfriamiento en las relaciones entre el país sudamericano y EE.UU.
No obstante, en lo que podría interpretarse como un intento de reconquistar el ‘patio trasero’, EE.UU. vuelve a hacer foco en la Argentina a través de sus políticas y acuerdos de cooperación en el ámbito de la seguridad.
El Comando Sur de los EE.UU., dependiente del Departamento de Defensa, es un mando conjunto integrado por más de 1.200 efectivos militares y civiles en representación de la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea, los Marines, la Guardia Costera y varias agencias federales.
Su propósito es encargarse de «proporcionar planificación de contingencia, operaciones, y cooperación en seguridad» para América Central, del Sur y el Caribe. También es responsable de «proteger los recursos militares de EE.UU. en estos lugares» y de asegurar la defensa del Canal de Panamá.
El Almirante de la Armada Kurt W. Tidd, máxima autoridad del Comando Sur, testificó en febrero de este año ante un Comité de Servicios Armados del Senado en el que evaluó los riesgos y desafíos que atraviesa la región de la cual es responsable, es decir, Latinoamérica.
«Redes criminales y extremistas continúan amenazando la estabilidad regional y nuestra seguridad nacional. Sabemos de casos específicos de individuos que estuvieron involucrados en complots para atacar a nuestra madre patria y a nuestros socios. Afortunadamente, fueron detenidos, pero esto sigue siendo una preocupación significativa y persistente», explicó el responsable del Comando Sur.
Por otro lado, Tidd reafirmó los conceptos esbozados en la Estrategia de Defensa Nacional para el 2018, en los que se considera a Rusia, China e Irán como amenazas para la seguridad de su país, destacando la presencia de Hezbolá, a quien considera un ‘representante’ de Irán en la región.
«Hemos estado observando a Hezbolá por varias décadas, porque, como podrán reconocer, ha estado presente en el hemisferio por un tiempo ya, involucrados principalmente en actividades criminales que apoyan sus actividades terroristas en el exterior», sostuvo Tidd.
Así mismo, el Almirante destacó los roles de Brasil, Chile y México para combatir las ‘amenazas’ que atraviesa el hemisferio e hizo especial énfasis en la renovación de una vieja alianza: «Argentina ahora interviene con determinación y ha jugado un rol crítico».
Si se tiene en cuenta que una semana antes de estas declaraciones la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, afirmó que se establecerá una ‘task force’ de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la provincia de Misiones; o que el país acaba de asumir la Presidencia del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), las palabras de apoyo del Comandante Tidd al Gobierno argentino cobran mucho sentido.
En mayo de 2016, según informó La Nación, Macri envió a EE.UU. una delegación del Ministerio de Defensa para promover «la cooperación y la definición de objetivos comunes en la región en materia de defensa y seguridad hemisférica».
En el marco de la visita, el viceministro de Defensa en aquel entonces, Ángel Tello, expresó respecto al restablecimiento de las relaciones entre ambos países: «También es posible avanzar en la cooperación antártica. Queremos que la ciudad de Ushuaia se convierta en una base logística para apoyar las tareas científicas en la Antártida».
«Se está haciendo un cerco de seguridad sobre Argentina que es altamente peligroso». Alcira Argumedo, exdiputada nacional, socióloga y docente universitaria
Ya en junio de 2016, en una entrevista a Página/12, Luiz Monis Bandeira, considerado uno de los mayores expertos en relaciones con el país norteamericano, dijo que Argentina y EE.UU. estaban negociando la construcción de bases norteamericanas en territorio argentino: una en la Triple Frontera (Argentina, Paraguay y Brasil) y otra en la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego.
«Yo no lo llamaría cooperación sino subordinación», afirmó Alcira Argumedo, exdiputada nacional de Proyecto Sur, socióloga y docente universitaria, respecto al vínculo que mantiene el Gobierno argentino con EE.UU.
Según Argumedo, conocida por sus intervenciones en el Congreso en todo lo que respecta a la soberanía nacional y por sus análisis en materia de geopolítica, se está haciendo «un cerco de seguridad sobre Argentina que es altamente peligroso» en nombre del narcotráfico y la amenaza del terrorismo.
«Esto va articulado con la instalación de una base en la Triple Frontera, siempre en la lucha contra el terrorismo, que nunca se sabe dónde está. Pero la instalación de una base en la Triple Frontera es por el control del Acuífero Guaraní. Porque el problema es que EE.UU. calcula que dentro de 20 años va a tener un déficit de agua de 40%. El tema es controlar las áreas de agua dulce», manifestó.
De acuerdo a la Fundación Aquae, el Acuífero Guaraní es el tercer reservorio de agua dulce más grande del planeta. Es compartido por Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, extendiéndose a largo de una superficie de más de un millón de kilómetros cuadrados.
En este sentido, la exdiputada considera que tras el fracaso de EE.UU. en la guerra de Siria con los intentos fallidos de derrocar a Bashar al Assad, la potencia hizo un repliegue sobre América Latina de control de recursos estratégicos.
«Están militarizando nuevamente América Latina porque significativamente EE.UU. es una potencia que se está replegando por la derrota militar ante Rusia e Irán en el Medio Oriente y frente al crecimiento de China, que lo está desplazando de la hegemonía internacional», explicó.
Además, Argumedo destacó la manera en que las bases argentinas se complementan con otras de la región con el fin de cercar zonas geográficas clave. Según aseguró, «también quieren instalar otra base en Tierra del Fuego para el control de la Antártida. A su vez esa base se complementa con cinco bases establecidas en Brasil, en la frontera con Colombia y así sucesivamente. De manera tal que están rodeando el Amazonas y el Acuífero Guaraní, que son grandes reservas de recursos estratégicos».
Respecto a las bases militares en sí, la socióloga y docente desmitifica la idea de que se traten de grandes construcciones llenas de soldados a la espera de un conflicto armado, sino que las bases nuevas muchas veces consisten en una simple pista de aterrizaje, como es el caso de la base de Estigarribia, en Paraguay.
«Al tener la Cuarta Flota de los EE.UU. en ida y vuelta por el Océano Atlántico, se calcula que en no más de seis a diez horas pueden hacer un desembarco de tanques, de material pesado, de tropas y demás, para lo cual no necesitan mantener constantemente una base en los términos tradicionales que conocemos. De pronto no va a aparecer una base sino una pista de aterrizaje», sostuvo.
Un ejercicio conjunto entre las fuerzas armadas estadounidenses y argentinas denominado ‘Cormorán’, que iba a realizarse entre septiembre y octubre del año pasado en la ciudad patagónica de Trelew, no pudo llevarse a cabo porque se vencieron los plazos acordados.
El veto en el Congreso por parte del Frente para la Victoria fue la estocada final para dichos ejercicios, de acuerdo a lo informado por Clarín. A partir de ese momento, sin embargo, la aprobación del poder legislativo para ejercicios y compras vinculadas a Defensa pareciera haber dejado de ser un obstáculo para el Gobierno nacional.
El 2 de mayo de este mes, según Infobae, delegados de las áreas de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Salud de EE.UU. y Argentina se reunieron en el Ministerio de Defensa en la Ciudad de Buenos Aires para realizar «ejercicios teóricos conjuntos» contra la proliferación de armas de destrucción masiva.
Para dicho ejercicio, al no contar con tropas norteamericanas en suelo argentino sino con miembros de la inteligencia de ese país, no se solicitó la autorización del Congreso. «Teóricamente todos los acuerdos militares tendrían que tener el aval del Congreso. De todas maneras siempre puede haber alguna trampa de interpretación que le permita al Ejecutivo definirlo directamente sin pasar por el el legislativo», dijo Argumedo.
Según expresó, hay una clarísima vocación de subordinación que a veces se implementa a través de acciones demasiado evidentes y otras veces «en acciones aparentemente inocentes, pero que en profundidad son muy graves».
Esta voluntad de mantener cierta información oculta o fuera del alcance de la discusión parlamentaria no solo se aplica a los ejercicios militares conjuntos, sino también a la compra de armamento bélico.
En febrero de este año, un decreto firmado por el presidente que busca «garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación», autorizó la compra de nuevo equipamiento bélico y declaró secreta la operación por razones de seguridad y defensa nacional.
«Se ha planteado este alineamiento a las políticas de seguridad hemisféricas estadounidenses y no hay ningún interés en debatir al respecto». Silvina Romano, doctora en ciencias políticas e historiadora del CELAG.
«Hemos visto que tanto la compra de armamentos como los últimos ejercicios conjuntos requirieron de cierta secrecía y de la no autorización por parte del Congreso en el caso de los ejercicios conjuntos», afirmó María Silvina Romano, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
De acuerdo a la doctora en ciencias políticas e historiadora, esto responde a seguir un camino marcado, a seguir un alineamiento «a las políticas de seguridad hemisféricas estadounidenses sin ningún interés de debatir al respecto».
«La intención es naturalizar este tipo de posicionamientos. Es decir, al tomarse esta decisión de alineamiento, todos los acercamientos en términos de seguridad, sean cursos de entrenamiento, ejercicios conjuntos, compra de armas o desarrollo científico-tecnológico conjunto, se toman como natural cuando en realidad, en términos de soberanía y atributos de estatidad, no hay nada de obvio ni natural en esto sino que debería tomarse con mucha más seriedad y delicadeza», consideró Romano.
Argumedo, por su parte, considera que las razones de «seguridad y defensa nacional» consisten en mantener oculto a quien se le compran armas: «Aquel país al cual le compras el armamento te hace dependiente de la provisión de repuestos. Tienes que tener una alianza muy importante ya que entras en una relación de subordinación con el país que te vende esas armas».
Por otro lado, la ex diputada considera que el equipamiento en materia armamentística podría estar, en parte, vinculado al creciente descontento y movilización social de los sectores populares y las clases medias debido a las distintas reformas económicas planteadas desde el macrismo, lo que genera una seria preocupación desde el Gobierno.
«Esto es altamente riesgoso. La lucha contra el terrorismo te permite manejar ciertas formas de represión social suponiendo que hay infiltración terrorista en esos sectores. Es muy fácil meter provocadores que te distorsionen el carácter pacífico de las protestas. La verdad que hay que estar muy atentos a eso», advirtió la diputada y agregó: «Yo espero que la resistencia sea pacífica porque sabemos quien paga los costos cuando se producen estos desbordes».
Como ya ha quedado demostrado en otras ocasiones de la historia reciente del continente, el alineamiento a la agenda de seguridad norteamericana trae consigo la importación de sus doctrinas y conflictos.
«Esta importación de hipótesis de conflicto y sobre todo de doctrinas para luchar, por ejemplo contra las drogas o el terrorismo, retomando los lineamientos estadounidenses, es preocupante porque reproduce experimentos fallidos, advertidos como tales no solamente desde América Latina sino por ‘think tanks’ estadounidenses y por discusiones en el mismo Congreso de EE.UU.», advirtió Romano.
La especialista del CELAG recuerda el caso del Plan Colombia, un acuerdo bilateral firmado entre los Gobiernos de EE.UU. y Colombia en 1998 que buscaba, principalmente, terminar el conflicto armado en el país y crear una estrategia antinarcóticos. Según afirmó, del total de 8.000.000 de muertos debido al conflicto interno, el pico de víctimas se registró en 2002, durante la ejecución del Plan Colombia, con casi 750.000 muertos.
«Un quiebre del tejido social, una sociedad devastada, ciertamente. En México la guerra contra las drogas que se viene librando desde el sexenio de Calderón ya se cobró 200.000 víctimas, y entre el 2007 y el 2016 se encontraron 1.075 fosas comunes con 2024 muertos. Esto es un escenario de guerra. ¿Esto es lo que necesita el resto de América Latina? La importación de estas doctrinas no augura nada bueno para Argentina», sentenció la especialista.
