“Recrudece la persecución política en el interior de la provincia de Buenos Aires”, es el título del artículo publicado por el colega Rober Mur en el diario Contexto, de La Plata, este martes. Y señala: “Las autoridades del distrito bonaerense mantienen presos sin condena desde enero a cuatro funcionarios de la anterior gestión. Pericias oficiales demostraron la inocencia de al menos uno de ellos, Mario Ruiz, pero la jueza a cargo sostiene que ‘algo debe saber’. Su abogado y allegados sostienen que la causa responde a intereses estrictamente partidarios”. En aquellos tiempo de plomo, desaparición y muerte, cuando mandaban aquí los genocidas de la dictadura cívico militar eclesiástica se había impuesto una frase vergonzante, infame, en el seno de la sociedad, para justificar la represión y estigmatizar a las víctimas: “en algo debe andar”, se decía. Ahora, una jueza de esta democracia violada utiliza una expresión que resuena: “algo debe saber”. A continuación la nota de Contexto.
Tal como ha sucedido a gran escala en la provincia de Jujuy, con el ataque a la figura de Milagro Sala y la organización Tupac Amaru, o los allanamientos sufridos en 2017 en partidos de izquierda en plena temporada electoral en Córdoba, diferentes zonas del interior argentino y de la provincia de Buenos Aires se han convertido en escenario de persecuciones políticas por parte de los representantes locales del macrismo hacia los sectores disidentes. Esta vez, el distrito de Lincoln –en la zona del noroeste de Buenos Aires– es el territorio donde el actual intendente oficialista, Salvador Serenal, mantiene preso desde hace cuatro meses a un exfuncionario de manera ilegítima y arbitraria.
Se trata del contador público Mario Ruiz, secretario de Hacienda local durante la anterior gestión municipal, quien fue detenido junto a otros tres funcionarios, incluidos el propio exintendente linqueño Jorge Fernández, en el marco de una causa iniciada bajo la figura de asociación ilícita.
Implicado por la supuesta firma de órdenes de compra ilegales en complicidad con otros participantes, Ruiz fue apresado en enero y mantenido en aislamiento durante 45 días sin comunicación y sin conocimiento de la propia causa durante las primeras 48 horas, y luego fue trasladado a una penitenciaría de Junín donde se encuentra hasta la actualidad. Una pericia oficial demostró que su firma –principal elemento por el que era apuntado como implicado– fue falsificada y que debía ser excarcelado. La jueza de Garantías a cargo, Marisa Muñoz Sagesse, desconoció el pedido y sostuvo que Ruiz, por su cargo político, “algo debía saber”.
“Mario estaba vinculado en la causa por las supuestas firmas en órdenes de pago y nada más. Las pericias dieron resultado negativo en cuanto a la correspondencia de su autoría. Es un mamarracho jurídico lo que está haciendo la jueza de Garantías”, dijo a Contexto Héctor Ruiz, hermano del contador preso, abogado y colaborador de la defensa a cargo del letrado Víctor Hortel, quien también sostiene: “Ruiz es inocente. Está preso desde enero de este año por una cosa que no hizo. Nunca tendría que haber estado preso, ya que se podría haber investigado sin necesidad de que pierda la libertad”.
En un comunicado elaborado por familiares y allegados, expresan: “La jueza de Garantías considera a Mario Ruiz como parte de la asociación ilícita, sosteniendo que por su cargo ‘algo debía saber’, y lo más grave es que, según la magistrada, el tesorero municipal (cargo en ese momento ocupado por un empleado de apellido Porto) ‘dependía del secretario de Hacienda y que por lo tanto este le habría dado las órdenes’”.
El abogado Héctor Ruiz explicó que esta última versión es imposible de sostener debido a que las jerarquías de cargos no funcionan de tal manera. “La propia Ley Orgánica Municipal dice que tanto tesorero, como contador y jefe de compras son organismos de control interno y no pueden ser dependientes del secretario de Hacienda”, dijo el letrado.
Tanto desde el sector allegado al acusado, y como también lo han planteado en público los representantes de Unidad Ciudadana en el distrito bonaerense, las causas de detención están ligadas a “intereses netamente políticos”, y las asocian a una muestra más de escarmiento partidario por la actual gestión comunal en manos del macrismo.
Cabe destacar que la detención de Ruiz fue realizada por un desproporcionado operativo policial que ingresó a su despacho y lo sacó esposado a plena luz del día. La maniobra fue celebrada desde el Ejecutivo local –principal impulsor de la causa– y difundida por varios medios regionales y nacionales. Desde entonces, familiares de Ruiz denuncian que la orden de mantenerlo en prisión es “ilegítima y arbitraria”.
En otras ciudades del interior bonaerense también se han sentido los efectos del ensañamiento oficialista respecto a la oposición. Tal es el caso del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quien denunció varias operaciones mediáticas y judiciales en su contra por pertenecer a Unidad Ciudadana, o el caso de Baradero, donde la llegada de la actual intendenta macrista, Fernanda Antonijevic, desató conflictos con trabajadores que aseguraron ser acosados por sus vínculos con la anterior gestión.
