Con el asalto a la comisaría de San Justo, desde el gobierno provincial se acordaron que los presos se amontonan en los calabozos custodiados por la maldita policía. Pero lejos de proponer soluciones, el propio ministro de Seguridad bonaerense festejó que los detenidos aumenten a niveles exorbitantes. El ataque de la banda a la seccional policial ubicada en La Matanza desnuda la situación de hacinamiento de los presos en la provincia de Buenos Aires y al mismo tiempo pone en el centro del delito la histórica vinculación de complicidad de la Policía Bonaerense, respaldados por sectores del Poder Judicial y el poder político. Sin una política de seguridad democrática difícilmente se puedan romper las cadenas de encubrimiento.
Por Carlos López / El pasado 30 de abril una banda de delincuentes vestidos de policías ingresó a la Comisaría de San Justo, partido de La Matanza, en lo que se estima que fue un intento de liberar a unos presos alojados en uno de los calabozos de la seccional situada en Villegas 2459. Al ingresar dispararon contra los efectivos que se encontraban en el lugar, hiriendo de gravedad a la suboficial Rocío Villarreal. Los testigos aseguran que los hombres fueron directamente a atacar a la Sargento. Luego del hecho comenzaron a circular por los medios de comunicación diversas hipótesis sobre el objetivo de rescate que intentaron los atacantes en el ingreso a la dependencia. Sin embargo, este hecho no hace más que volver a poner en evidencia la oscura trama de complicidad que existe en el delito en la Argentina, con una directa vinculación entre los autores materiales de estas avanzadas con bandas del crimen organizado, la policía, jueces y fiscales y el poder político.
Como primer tópico de análisis, el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Fabián Perroni, no tuvo alternativa que admitir que en la Comisaría asaltada al momento del ataque había uno 46 presos alojados, más del doble de la capacidad permitida para ese lugar, que es de 18. Esta agencia viene remarcando a través de la cita a diversos informes, que la superpoblación de las cárceles y de las prisiones bonaerenses es una problemática que sufre la desidia de un Estado provincial que no admite la importancia de apostar a una seguridad democrática como política pública para la prevención y contención del delito.
Según las estadísticas confirmadas luego del hecho por Mario Coriolano, defensor ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, en las comisarías del territorio que gobierna María Eugenia Vidal hay 3.700 presos cuando se cuenta con espacio para 1.000. Asimismo, Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), confirmó esta semana al ser entrevistada por Radio Continental que “a marzo de este año la cantidad de detenidos que nosotros tenemos registrados según la información oficial es de 3.671 presos en comisarías de la provincia de Buenos Aires y alrededor de 43.000 detenidos en toda la provincia entre cárceles, alcaldías y comisarías. No hay registros oficiales en los que se pueda confiar, pero estimamos que hay un 130 por ciento de sobrepoblación”.
“La permanencia de detenidos en comisarías por tiempo prolongado -como ocurría en la Comisaría de San Justo- muestra que esta sobrepoblación en la provincia es crónica pero que en los últimos años se fue agravando mucho porque se fue acelerando de forma inédita la tasa de encarcelamiento provincial”, indicó Litvachky en relación a la permanencia de presos en los calabozos. Al mismo tiempo, recordó que Vidal al asumir luego de declarar la emergencia carcelaria prometió trabajar en la cuestión estructural del Servicio Penitenciario Bonaerense y que también se iba a hacer lo mismo sobre la cuestión de la sobrepoblación. “Esto quedó básicamente en papeles, porque por la política criminal y el impulso que se está dando a las detenciones policiales, el crecimiento de la tasa del encarcelamiento creció tanto que no hubo chances de trabajar sobre la sobrepoblación. Esto requiere una política específica, un plan, porque lo que expresa esto es que hay un nivel de hacinamiento tremendo en las comisarías y cárceles”, sostuvo la abogada.
Precisamente el viernes pasado la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) emitió un informe en el que denuncian que el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, no obedece las órdenes judiciales para accionar políticas que resuelvan el estado de encarcelamiento, hacinamiento extremo y condiciones inhumanas de detención de las personas detenidas en comisarías bonaerenses. El ministro de Vidal afirmó en una reciente conferencia de prensa que prefiere “que los delincuentes estén adentro, aunque estén apretados”, naturalizando así la violencia del Estado y avalando la acción permanente de delitos en los que incurre. Es así como desde la CPM alertaron que “esta frase irresponsable pretende aprovechar un clima de descontento social por el grave hecho ocurrido en la comisaría de San Justo para justificar una práctica ilegal del Estado: aunque parezca una obviedad decirlo, ‘amontonar’ personas en comisarías que son verdaderas cuevas y en condiciones de hacinamiento extremo es un delito. Se trata de los delitos más graves, porque el Estado que debe ser garante de la protección de los derechos se coloca en lugar de victimario, y asume las torturas y la muerte como un resultado esperable”.
“En la actualidad, existen 457 comisarías de las que 331 se encuentran inhabilitadas por el Estado para alojar detenidos. Sin embargo 129 de estas alojan personas en condiciones de hacinamiento y precariedad extrema. Frente a este cuadro, algunos pocos jueces disponen sentencias de clausura que son desobedecidas de manera reiterada por el ministro de Seguridad”, advierte el comunicado del organismo provincial.
De igual manera, desde la CPM analizaron el rol de la justicia. “La Corte no ignora que la gran cantidad de denuncias por desobediencia que se inician en la provincia de Buenos Aires por estos hechos son archivadas sin ser investigadas por el Ministerio Público Fiscal. En otros casos, algunos jueces que han fijado multas pecuniarias a los funcionarios incumplidores fueron reprendidos por tribunales superiores. Las sentencias se convierten así en meras declaraciones que no modifican la realidad y el poder judicial deja de ser garante de derechos”, explican los especialistas que trabajan en el monitoreo de las personas detenidas.
Según los datos recolectados por el organismo provincial al mes pasado, la Provincia llegó al récord de 45.000 personas detenidas: 39.394 en cárceles y alcaidías, 3.727 en comisarías y 1.814 con monitoreo electrónico. Todas estas personas se alojan en 21.000 plazas (20.000 en el Servicio Penitenciario y 1.000 en comisarías) que “no cumplen con estándares mínimos de respeto a los derechos humanos. Dos de cada tres personas alojadas en comisarías duermen en el piso y la mayoría no cuenta con colchones”, señala el informe.
A esta situación de sobrepoblación se le suma la crisis económica y social actual, que con la subida de la inflación y la reciente escalada del dólar generará hacia los próximos meses que el consumo se siga frenando a nivel general, en un contexto de alta competencia del mercado laboral y de despidos masivos.
Para el jefe de la Policía bonaerense, Fabián Perroni, este escenario, donde los sectores sociales más desprotegidos atraviesan una constante falta de ingresos para sustentar a sus familias, puede derivar en algunos casos en una vinculación con el delito. «Hay gente que delinque, que es la primera vez que está pasando por eso, que antes no lo hacía, pero por una necesidad, por un apremio económico”, dijo el funcionario en declaraciones a radio La Red, donde también aseguró que si bien el Ministerio de Seguridad trabaja en «zonas calientes» para detener el aumento de hurtos en la calle, hay una realidad que el gobierno de Vidal no quiere reconocer: que la falta de inclusión es la causante primaria del aumento de personas que delinquen.
«La falta de inclusión es un tema que hace que los lleve a esta situación. Hay un problema social, que es obvio, que hace que la persona que tenga la necesidad de comer, por definirlo de alguna manera, lo que hace que el delito más simple aumente», cuestionó el jefe policial. Las estadísticas preliminares de los primeros meses de este año remarcan que los efectivos de la Bonaerense están deteniendo entre 800 y 900 personas sólo durante los fines de semana.
Esta no es la primera vez que un funcionario de primera línea se aleja del discurso de mano dura y represión al que invita y ejecuta el Ministerio de Seguridad nacional de Patricia Bullrich, quien rápidamente salió a castigar a Perroni por sus dichos: “Los policías hablando de política son un poquito… digamos que su declaración no fue de lo más feliz”, dijo la ministra que fomenta y ejecuta la represión desde su llegada al cargo.
En la órbita bonaerense, intendentes y legisladores bonaerenses anunciaron por estos días dos presentaciones en la Legislatura provincial para debatir dos proyectos fundamentales que reclaman para mejorar la administración de los municipios en materia de seguridad. El primero tiene que ver con el traspaso de la Policía Local a la órbita municipal, hoy a cargo de la gestión provincial, y el segundo proyecto está enfocado en solicitar la reapertura de las escuelas descentralizadas de la misma fuerza local. La necesidad de mejorar las condiciones de prevención y la respuesta ante hechos delictivos es una preocupación de intendentes tanto de partidos del Gran Buenos Aires como asimismo del interior bonaerense, debido a que en materia de seguridad se encuentran muchas veces sin la protección de una política integral a nivel provincial, lo que provoca que cada municipio genere respuestas a medida que puede administrar los recursos presupuestarios.
Mismo camino es el que tomó Silvia Pérez Vilor, madre de Anahí Benítez, la joven de 16 años que fue secuestrada, violada y asesinada en Lomas de Zamora en julio del pasado año. Un perro llamado Bruno fue el encargado de marcar el lugar donde había permanecido retenida su hija durante la búsqueda que finalizó con el hallazgo del cuerpo en la reserva ecológica de Santa Catalina. A partir de esto, la madre de la menor impulsa un proyecto legislativo para que se determine la inclusión de dos canes de rastro por fiscalía o municipio, para contribuir a la búsqueda de mujeres y niños que se encuentran desaparecidos en la provincia de Buenos Aires y de posibles futuros casos, dado el nivel de violencia y desidia que sufren los vecinos todos los días en distintos barrios bonaerenses. Bruno es de raza Weimaraner y aunque parezca insólito es el único animal con el que cuenta la Policía Bonaerense que se encuentre entrenado para realizar la compleja búsqueda de una persona a través del olfato. Es que la madre de Anahí siempre remarcó el tiempo que se demoró en encontrar a su hija, lo que, en caso de haber sido una búsqueda más efectiva, le podría haber salvado la vida.
El camino de Silvia Pérez hasta impulsar este proyecto no fue fácil. Durante la búsqueda y luego de encontrar a su hija sin vida, debió luchar contra burocracias y posibles encubrimientos que demuestran la oscura trama que se esconde detrás de cada delito, con avances significativos sólo un mes después de haber encontrado a Anahí muerta.
En la causa fueron detenidos los hombres Marcos Bazán y Marcelo Villalba. Durante los días que estuvo cautiva, Anahí -que no tenía marcas de haber estado atada- fue abusada sexualmente al menos una vez por Villalba, ya que un cotejo de ADN demostró que el semen hallado en el cadáver de la adolescente tenía su perfil genético. Tras conocerse esa pericia, el detenido declaró: “Yo estuve con otra persona”. Su arresto se había logrado luego de que se activara el IMEI (en español, Identidad Internacional de Equipo Móvil) del Samsung Core II blanco de Anahí. El aparato lo tenía el hijo mayor del sospechoso, a quien se lo había regalado su papá después de descartar una funda rosa en un baldío y de cambiarle el chip. Ante los investigadores, el adolescente explicó que el aparato se lo había dado su padre, un desocupado de 40 años que reside en un departamento situado a unas 18 cuadras, en la localidad de Llavallol.
Sin embargo, los fiscales aún no pudieron dilucidar dos cuestiones nodales que traen a la causa más oscuridad que certeza. En primer lugar, no se ha podido probar ninguna relación probatoria entre Bazán y Villalba, a pesar de que desde la fiscalía sostienen que tal vínculo existe. El abogado de Bazán, Lucio De la Rosa, lo niega en forma categórica y la hipótesis de los fiscales parece poco sostenible. En segundo lugar, los fiscales también tienen que llegar a la verdad que demuestre cómo es posible que Anahí tuviera semen en la vía anal pero al mismo tiempo no se verificaron lesiones propias de un abuso sexual de esa naturaleza. A su vez, en septiembre la mamá de la víctima formalizó una denuncia contra el abogado De la Rosa, quien dijo que la menor fue enterrada viva, cuando en realidad la autopsia dejó constancia que el asesino la había asfixiado antes de descartar su cuerpo en la reserva de Santa Catalina. Hoy la causa sigue su curso a paso parsimonioso y los dos detenidos tienen prisión preventiva bajo la carátula de “homicidio calificado criminis causa por alevosía y por violencia de género y privación ilegal de la libertad”.
Sin embargo, la violencia no se detuvo para la familia de Anahí. Este sábado se conoció que durante la madrugada del pasado viernes el hermano de la joven asesinada fue atacado por asaltantes cuando llegaba a su domicilio. David Rocco regresaba a su casa en moto cuando en la puerta de la vivienda fue interceptado por tres ladrones que en principio se estima que querían entrar para robarle el auto familiar. Pero, la madre Silvia Pérez Vilor aclaró en comunicación con C5N que está convencida de que el intento de robo “no fue un hecho aislado” sino que está directamente relacionado con la investigación por el asesinato de su hija.
La causa de Anahí es una de tantas que en la Argentina no tienen avances significativos, con un expediente que demuestra al menos la culpabilidad de la violación de uno de los sospechosos pero que cerca de cumplirse un año del hecho no tiene ninguna probabilidad de llegar a la verdad en un corto plazo, razón por la que la familia marchó en febrero de este año para pedir el esclarecimiento del femicidio desde el colegio ENAM de Banfield hasta la Plaza Grigera de Lomas de Zamora. Un mes antes de esto, la madre de Anahí ya había emitido una carta abierta en la que rogaba: “A la gente que habita este lugar, les digo. No importa si callaron hasta ahora. No importa su identidad ya que pueden declarar como testigos protegidos. No importa si me dejan un papel anónimo en mi buzón. Pero les ruego que hablen”. Hoy el juicio sigue sin fecha de inicio.
Un ejemplo de cómo, la justicia, el sistema carcelario, las fuerzas de seguridad y, principalmente el poder político, contribuyen actualmente a una profundización y perpetuación del crimen organizado con múltiples fracciones a desmembrar para avanzar en una real seguridad ciudadana y democrática.
