A partir del crimen del colectivero Leandro Alcaraz, lo que se inició como una investigación para encontrar a los responsables de su muerte se fue convirtiendo en un patético circo mediático, con detenciones que evidenciaron las prácticas crueles llevadas adelante por la policía y en complicidad con los poderes político y judicial, para controlar y embarrar las causas. Dos jóvenes detenidos -uno de ellos menor de edad- presentaron testimonio alegando que fueron obligados a autoincriminarse como culpables del asesinato. El abuso y la manipulación que sufren los menores que enfrentan situaciones de conflicto con la ley componen una deuda pendiente del Estado que ahora se encrudece con la política de abandono del gobierno de Cambiemos.
Por Carlos López / La asistencia a personas en situación de vulnerabilidad y la decisión de ordenar los centros de detención no son puntos de interés para la gobernadora María Eugenia Vidal, quien prefiere prometer cámaras a doquier – anunciaron que en la provincia de Buenos Aires se instalaron en el transporte público automotor – y presentar proyectos legislativos que le aseguren votos en las próximas elecciones.
El delito en la provincia de Buenos Aires no cesa, y menos aún lo hace la acción de la policía para encubrir y alimentar la complicidad con un poder político al servicio de la mano dura. Vidal por su parte rompe todos los récords con una provincia que tiene 11.000 detenidos más en los últimos dos años y una deuda pública que sube a niveles escandalosos.
Desde el día que fue asesinado el chofer de la línea 620 en Virrey del Pino, Leandro Alcaraz, los medios de comunicación comenzaron una feroz cobertura del tema pero, como el episodio afecta directamente a la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, los análisis se limitaron al seguimiento judicial y a las supuestas complicidades del municipio de La Matanza, por no destinar los fondos públicos necesarios para afrontar una sólida prevención de seguridad.
Esto provocó que el debate mediático sea direccionado hacia la falta de seguridad entre diversas figuras de esa localidad y funcionarios de nivel provincial, pero sin recaer en la ya urgente necesidad de cuestionar las políticas del gobierno macrista, que cada día dejan a más personas en situación de vulnerabilidad, comprometiendo así la estabilidad de la sociedad en su conjunto.
Respecto de la muerte de Alcaraz se constató que dos pasajeros subieron en una parada de la localidad de San Justo y discutieron con él por no tener la tarjeta SUBE para abonar el pasaje. Las pericias balísticas concluyeron que hubo un solo disparo, efectuado de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, a no más de un metro de distancia, que alcanzó al chofer por debajo del brazo derecho y le habría atravesado los dos pulmones, quedando el proyectil alojado en la zona intercostal.
La investigación policial por este hecho derivó en una primera instancia en la detención de un adolescente conocido como «Rodolfito», de 17 años, y otro llamado Jonathan Acevedo, apodado como «El viejo», de 18 años. Ambos fueron acusados de «homicidio agravado por alevosía, por el uso de arma de fuego, y por la participación de un menor y robo calificado». Luego de que la causa fuera trasladada al fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, los dos sospechosos declararon ante el fiscal Emilio Spatafora que eran inocentes y culparon por el hecho a dos personas de nacionalidad paraguaya de Virrey del Pino. Sin embargo, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo aseguraba frente a los medios de comunicación que los dos jóvenes eran los responsables y alertaba increíblemente que los adolescentes “están en un sector de la sociedad que es difícil recuperar».
Luego de esas declaraciones, se viralizó un video a través de las redes sociales y de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, en el que en la Comisaría Noroeste 2 de Ramos Mejía se ve y escucha al imputado de 18 años, dentro de una celda de la comisaría, en la que se autoincrimina pero con claras muestras de estar siendo obligado a hacerlo. El 19 de abril pasado detienen a un tercer sospechoso identificado como Juan Alfonso Gauto, señalado por los otros dos acusados como el verdadero autor material del asesinato.
A su vez, el pasado miércoles, dos pasajeros del interno 103 de la línea 620 que conducía la víctima al momento del hecho, apuntaron en una rueda de reconocimiento contra el detenido Jonathan Acevedo, alias El Viejo, en la Fiscalía General de La Matanza.
De la rueda participaron un total de siete testigos y que dos de ellos señalaron al acusado. Lo ocurrido con Acevedo desnuda una realidad muy conocida pero poco reconocida en las dependencias policiales de la provincia. Un joven había sido obligado a autoincriminarse como el asesino, razón por la cual dos policías quedaron desafectados. Esto es algo más habitual de lo imaginable en la provincia de Buenos Aires, donde según los datos publicados por Infobae esta semana, se registraron entre junio del 2008 y diciembre de 2016 un total de 1.526 niños torturados, siendo el municipio de La Matanza el primero del ranking con 314 casos en ese período de tiempo. Lo siguen con cifras muy altas las localidades de San Martín, Mercedes y Bahía Blanca.
La situación de los menores en conflicto con la ley es de abandono total por parte del Estado. En localidades como La Plata los centros de detención son apuntados históricamente por organismos como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por ser lugares de encierro en donde los jóvenes sufren amenazas, torturas, y que, en lugar de mejorar su situación, terminan comprometiendo aún más los problemas de relación con otros jóvenes y de adicciones.
El diario Contexto, de La Plata, en conjunto con el Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP de La Plata, esta semana presentó un análisis de la situación a nivel provincial, a partir de lo ocurrido con el chofer de la línea 620 de Virrey del Pino, en el que remarcan que el Centro Cerrado para Jóvenes Adultos de La Matanza, con una capacidad para 120 personas “funcionaba para dar respuesta a la falta de lugares para alojar jóvenes con medidas judiciales de privación de libertad. Pocos días duró inaugurado el edificio de Virrey del Pino. En noviembre de 2008, a menos de un mes de abierto, fue cerrado ‘de manera preventiva’ por el entonces ministro Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, a raíz del suicidio de dos jóvenes ocurrido el mismo día, con una diferencia de pocas horas. Fue reabierto tres años después con una propuesta de administración mixta entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de Ricardo Casal, y el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Baldomero Álvarez de Olivera, de quien dependía el área de Niñez provincial, ahora denominada Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, con Pablo Navarro a la cabeza”.
Para junio de 2014 el Centro ya no contaba ni con las aulas de los talleres de formación profesional ni el espacio original del área de sanidad. En el Informe de monitoreo de los dispositivos de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires del Comité contra la Tortura de la CPM llamado “El Sistema de la Crueldad IX” se concluye que “el avance del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) sobre la jurisdicción de la Secretaría de Niñez y Adolescencia se expresa en la avanzada construcción de un muro que dividiría el centro Virrey del Pino en dos espacios físicos, en uno de los cuales se suponía que funcionaría una alcaldía dependiente del SPB”. El muro dividió la mitad del edificio y comenzó a funcionar allí la alcaldía dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense.
En agosto de 2014, la Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia en el Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 de La Matanza por las condiciones de detención de los jóvenes alojados en el Centro Cerrado de Virrey del Pino. Según lo expuesto en el informe: “A partir de las entrevistas con los jóvenes, se constataron relatos coincidentes respecto de hechos de represión y torturas en el centro efectuados por las fuerzas de seguridad que en este instituto son los agentes del SPB. En el mes de mayo de 2014 se produjo, según manifestaciones de los jóvenes, una fuerte represión por parte de los agentes del SPB. Luego de la fuga de dos jóvenes y el intento de un tercero, agentes del SPB retuvieron a este último y lo ingresaron al módulo con golpes de puños y patadas”. La situación derivó en la irrupción violenta del SPB, “estos reaccionaron disparando balas de gomas, desde las ventanas en un primer momento, para luego comenzar a ingresar entre 7 u 8 penitenciarios, disparando a las piernas de los jóvenes a menos de 2 metros de distancia”, se describe en el informe presentado por la CPM y se confirma en las vivencias de los jóvenes narradas por los trabajadores del Centro.
En noviembre de ese mismo año, el Comité Contra la Tortura de la CPM realizó una nueva denuncia en el Juzgado de Garantías del Joven N 1 de La Matanza a raíz de la reducción temporal de permanencia en espacios recreativos y la falta de acceso al centro educativo y a los talleres como consecuencia de la prestación de tres pabellones al SPB. Esta situación, que se trató de una vulneración de derechos que están establecidos en las leyes de promoción y protección de niños, niñas y adolescentes, derivó en una huelga de hambre llevada adelante por los jóvenes alojados en la institución. A principios de marzo de 2017 se registró un intento de motín que tuvo como resultado una gran cantidad de jóvenes lesionados por el accionar desmedido de la custodia del lugar. En el mes de septiembre de ese mismo año, la Agencia ANDAR publicó una nota en la que relata un episodio de violencia “en donde un joven recibió 28 puñaladas por las cuales tuvo que ser intervenido en el hospital más cercano”.
Las fuentes consultadas advierten que ese pisodio sorprendió por lo sangriento de la agresión y la modalidad que mostraba, “si bien uno ve que los chicos resuelven sus disputas en peleas y estas se pueden poner feas, en este caso como en el que le da muerte a Federico, se trata de un grupo que ataca a otro de manera inesperada y con una virulencia que no deja de sorprender. A ese otro chico le perforaron un pulmón, quedó al borde de la muerte pero logró recuperarse”.
En agosto de ese año, los trabajadores del Centro Cerrado de Virrey del Pino, pertenecientes al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) y nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), realizaron una jornada de protesta, junto diversos organismos de derechos humanos, sindicatos y familiares, en la que denunciaban las situaciones de violencia y precarización. Entre otras cuestiones, exigían la mejora de las condiciones de vida de los jóvenes, el aumento de personal, un acuerdo de trabajo entre el OPNyA y el SPB y la recuperación de espacios perdidos. Miguel Federico, secretario general de ATE La Matanza, decía por aquel entonces que “hubo casos de violencia. Necesitamos que se discuta con los trabajadores y con la organización, pensando lo que pasa con los chicos y con los trabajadores. Tenemos que resolver el problema, que funcionen talleres para que esos chicos se inserten en la sociedad. No son casualidad los hechos de violencia que están ocurriendo acá adentro”.
Lo que debe analizarse para combatir realmente a la falta de seguridad en la provincia de Vidal son las redes de complicidad que existen entre la policía, el Poder Judicial y el gobierno macrista, como así también la utilización de jóvenes que son obligados a delinquir en nombre de los oficiales policiales.
La gobernadora María Eugenia Vidal afirma por estas horas que se hace cargo de la seguridad de su provincia y en una entrevista del pasado fin de semana aseguró que “el delito está bajando, los homicidios bajaron, los robos de autos bajaron. Lo dice la provincia. Lo que no hemos logrado bajar es el robo y el arrebato en la calle. Eso es una sensación terrible para la gente».
Más que una sensación, la situación de violencia y delitos que se vive en las calles es una realidad, principalmente en puntos centrales del Conurbano Bonaerense, donde la propia policía está involucrada en las redes de delincuencia, permitiendo robos, secuestros y otros episodios violentos. La policía de la provincia de Buenos Aires actúa con mano dura contra los trabajadores, como fue el caso de los docentes que fueron reprimidos en varias oportunidades durante las negociaciones por las reuniones paritarias, y al mismo tiempo los cuerpos policiales se encuentran contaminados por oficiales al servicio del crimen organizado.
A pesar de las estadísticas que maneja y hace públicas Vidal, según los datos registrados hasta finales de 2017, en la provincia de Buenos Aires los índices de inseguridad aumentaron en dos años, con un aumento general de los delitos del 4%. Según los datos publicados en ese entonces por el periodista Gustavo Carabajal, los robos aumentaron de 68.204 a 70.347, es decir que hay seis víctimas de robos por hora. Los robos con armas crecieron de 47.897 a 50.288. Esto representa un promedio de 6 robos a mano armada por hora.
En otros informes más recientes, también se puede evidenciar que para los pasajeros bonaerenses, trasladarse en colectivo o en tren es una aventura poco feliz. Precisamente esta semana pasada se dio a conocer una encuesta de la Organización VIAS, en la que fueron consultados pasajeros de los trenes que recorren el Conurbano, dando resultados alarmantes. La mayoría de los pasajeros consultados exigen que “la Provincia se ocupe de prevenir y detener el problema de la inseguridad en el transporte público”.
Un 60% de los usuarios de los ramales Sarmiento, Roca, San Martín, Mitre, Belgrano Sur y Belgrano Norte, pusieron a la inseguridad en los vagones encabezando el ranking de los problemas que viven y detectan a diario. Además, en los resultados de la encuesta se destaca que más del 90% de los consultados reclama mayor frecuencia de servicios nocturnos, o su regreso. Los principales motivos del requerimiento son trabajo, estudio y rapidez para viajar.
El considerable aumento de presos adultos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y la superpoblación en las comisarías que ya supera el 200% de capacidad no es simplemente una problemática de espacio, sino que también se suma a los temas olvidados por el Estado que hoy formula Cambiemos desde el poder. El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, además de confirmar que hay 11 mil presos nuevos desde que asumió Vidal, se refirió esta última semana a los altos índices de delitos como una consecuencia de que no se invierte dinero estatal en la construcción de nuevas dependencias ni cárceles.
Es decir, lo que propone el ministro es construir más cárceles para mejorar las condiciones y también para poder encerrar a más gente, cuando en realidad el Estado provincial se debería estar preguntando cómo hacer o más bien qué políticas públicas aplicar para que cada día haya menos chicos en las calles y menos jóvenes que terminen en el camino del consumo de drogas y la organización de delitos, que para colmo muchas veces involucra a efectivos policiales.
Sin embargo, el ministro adelantó que mejorar la prevención del delito no sería una tarea a corto ni mediano plazo porque «el déficit que enfrenta la Provincia en este aspecto no se puede revertir en dos años de gobierno. Estamos corriendo por detrás».
Ese déficit es provocado en gran parte por el gobierno macrista, ya que la deuda provincial en dos años de mandato de la gobernadora creció más del 20%. El territorio gobernado por Vidal no aplica otra fórmula económica distinta a la del gobierno nacional de Mauricio Macri: tomar deuda pública se ha vuelta tan habitual como la suba de precios en los bienes y servicios finales.
El jueves pasado el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires emitió un duro informe sobre la situación económica del país, en el que se destaca que en 2017 el PBI per cápita fue 4,5% menor que en 2011 y que no llegó a igualar al del año 2015. Desde el PJ aseguran que en ninguna provincia argentina hay futuro para la industria con la gestión de Cambiemos, ya que en la investigación se reveló que durante 2017 de los 12 bloques industriales que mide el INDEC, seis mostraron caídas acumuladas: papel y cartón (-0,2%), sustancias y productos químicos (-1%), refinación de petróleo (-1,4%), industria alimenticia (-1,4%), industria del tabaco (-4,7%) e industria textil (-6,7%). A modo de extensión de estos datos nacionales, la política de Vidal no escapa a estos números negativos. Según el PJ, la gobernadora se encuentra en un momento en el cual la deuda provincial se mantiene en alza porque Vidal realiza un «incremento alarmante» de los compromisos. «La gobernadora hizo crecer la deuda pública de la Provincia de Buenos Aires en aproximadamente U$S 5.700 millones», detallaron. «En términos netos, en los dos primeros años de su mandato, batió récords dudosamente elogiables, como haber sido Buenos Aires la provincia que más deuda emitió», finaliza el informe.
Ritondo y Vidal siguen armando shows mediáticos con proyectos legislativos como el que entró el miércoles pasado a la Legislatura bonaerense, para “controlar” a los motociclistas y detener a los “motochorros”. El proyecto lleva la firma de Matías Ranzini, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados provincial y hombre de confianza de Ritondo, y de la diputada Carolina Píparo, conocida por ser la mujer que fue asaltada en 2010 en una salidera bancaria y quien en diciembre pasado fue escrachada por los bancarios luego de la aprobación del nuevo régimen jubilatorio para el Banco Provincia, que determinó una serie de medidas de fuerza a finales del año pasado.
El asesinato de Alcaraz en Virrey del Pino es un caso más que esconde la falta de control que el Estado tiene de la situación en la provincia de Buenos Aires y que demuestra nuevamente como ante la mediatización de casos en particular, el poder político actúa para que se realicen detenciones poco reveladoras pero que sirven para ocultar a los verdaderos responsables del delito y la pobreza en la Argentina.
