Tal como ocurrió hace unos seis años con el Caso Candela, el homicidio del chofer de la línea 620, Leandro Miguel Alcaraz, empieza a demostrar que muchas veces los delitos en la Argentina no consisten en hechos individuales, a cargo sólo de sujetos malo o dementes, sino que, en general, responden a un plexo de criminalidad y violencia sólo explicable desde las redes delictivas avaladas por el Estado y alimentadas por las fuerzas de seguridad y con la complicidad de fiscales y jueces.
Por Carlos López / La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal había prometido cortar con la autonomía policial pero luego de más de dos años de gestión las fuerzas de seguridad se encuentran en un momento donde la violencia es su principal herramienta para castigar a quienes luchen por sus derechos y aprovecharse de los que menos tienen. El ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, promete cámaras y botones antipánico, al mismo tiempo que se desliga de responsabilidad, apuntando al municipio de La Matanza. Engaños y soluciones sin profundidad política que ponen a los argentinos ante una de las mayores crisis sociales de las últimas décadas. Se mata porque sí y se culpa a “perejiles” porque sí. Sin responsabilidad estatal, nunca habrá culpables que afecten al gobierno provincial, mientras que la única solución de Vidal sigue siendo reprimir y encerrar.
El asesinato del colectivero de la línea 620, Leandro Miguel Alcaraz, ocupó durante casi toda la semana los espacios noticieros, mientras que vecinos de distintos puntos de la República se manifestaba contra los tarifazos y los medios hegemónicos de la derecha pedían a gritos más policías en las calles.
Ni una o apenas si muy pocas palabras sobre el accionar de las redes de las redes delictiva como trama de complicidades entre el crimen – a veces organizado otra no – las policías, funcionarios del Poder Judicial y fiscales, y medios de comunicación, que aportan lo suyo en términos de silencio y manipulación. No se trata de un fenómeno surgido con el gobierno de Cambiemos pero sí es la gestión de Mauricio Macri la responsable de profundizar esa suerte de infección que viene afectando a la democracia de los argentinos.
Tras la muerte del chofer de 26 años, el gobierno provincial anunció el plan de créditos para que las empresas instalen cámaras de seguridad dentro de las unidades y les otorguen botones antipánico a los choferes. Esta no es la primera vez que tal medida es prometida por el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, ya que el 15 de junio del año pasado acordó lo mismo con la Unión de Transporte Automotor (UTA) luego de que colectiveros platenses pararan por el homicidio del Carlos Ernesto Sánchez, en el partido de Almirante Brown. Es decir que la promesa del gobierno de María Eugenia Vidal se basa simplemente en poner en funcionamiento la ley provincial 14.897 que ya fue sancionada en enero de 2017 pero que nunca fue reglamentada por la gobernadora, quien contaba con 60 días para hacerlo y de esa manera enviar a la Legislatura una norma que los colectiveros esperaban y que ella misma había impulsado. De esta manera, el gobierno demuestra que no existen políticas públicas profundas, sino que se piensan soluciones superficiales de “vigilancia y control”. El tiempo pasa, los medios de comunicación mueven la agenda hacia otras problemáticas y ahora, con el caso Alcaraz, se vuelve a las mismas promesas incumplidas que tuvieron la familia y los compañeros de Sánchez, hace más de un año.
Como primera medida, el lunes pasado Ritondo brindó una conferencia de prensa en la que explicó que la instalación de cámaras se aplicará “en los próximos 90 días” para los recorridos nocturnos, y se extenderá a 180 días para el resto de los tramos que se realicen durante el día. El sistema de monitoreo será sobre 9.000 colectivos, conformados por 5.000 provinciales y 4.000 de líneas municipales. Esta decisión del gobierno de Vidal es tomada como una salvación cuando en realidad no es más que un parche a una situación de marginalidad que atraviesa a los municipios bonaerenses, principalmente los ubicados en el Conurbano. El ajuste feroz del gobierno, los miles de despedidos de los sectores privado y público, los aumentos de las tarifas que nunca terminan, el aumento del transporte y la constante escalada inflacionaria pone a cientos de miles de familias al margen de toda posibilidad económica y social, empuja a los jóvenes a las calles y al delito y provee entonces de mano de obra descartable a la rede de complicidades entre Estado y delito.
La gobernadora Vidal y su ministro Ritondo no asumen esa realidad porque ello implicaría admitir el deterioro social y económico de la provincia de Buenos Aires. Significaría poner en la mira a la gestión de Cambiemos, que genera cada día más pobres.
Es por ello que el ministro prefiere discutir con la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, sobre el manejos que ese municipio realizada de los fondos destinados a seguridad. Magario, días atrás, había apuntado contra la gestión de Vidal por el aumento nominal de 113% de la deuda provincial y que en vinculación con la inflación arroja un crecimiento del 32% real desde el 2016, poniendo en riesgo el futuro de todos los bonaerenses. Ritondo sabe que analizar la Provincia no es un camino cómodo para su gestión, por lo que seguidamente a esto envió al diputado provincial de Cambiemos, Matías Ranzini, a presentar esta semana un pedido de informes para analizar la situación económica del distrito de Magario.
Un claro antecedente que demostró la complicidad entre la Policía Bonaerense, los sectores judiciales y fiscales, y las redes de delincuencia, fue el reconocido Caso Candela. Candela Sol Rodríguez, de 11 años, fue asesinada en agosto de 2011. Un informe de aquella época elaborado por el Senado bonaerense dejó en evidencia la complicidad policial con el narcotráfico, y en septiembre del año pasado la Justicia determinó prisión perpetua para Hugo Bermúdez y Leonardo Jara, y cuatro años de prisión domiciliaria para Fabián Gómez. Sin embargo, lo que confirmó las condenas fue algo que viene siendo ocultado entre los cuerpos policiales de la provincia de Buenos Aires y que pone a los uniformados como principales sospechosos de formar grupos de acción en vinculación con el narcotráfico y las redes de trata. Tal como lo estudió esta agencia, la sentencia del caso Candela confirmó lo que hace casi seis años denunciaba aquella Comisión Investigadora del Senado provincial: “El asesinato de Candela estuvo vinculado al narcotráfico, más precisamente al de San Martín, en cuyo marco pudo haber sido asesinada la menor, en medio de un enfrentamiento de grupos de criminales organizados que operaban y operan en la zona, y sectores la Policía Bonaerense”.
El mismo tipo de redes delictivas son la aparecen en el asesinato del chofer de la línea 620. El gobierno de Vidal no puede ni quiere dar lucha a una problemática que tocaría a cabecillas de la policía y que incluso llegaría a poner en duda a varios funcionarios actuales de su gobierno.
Más que revelador en ese sentido fue el artículo publicado el sábado por Página 12, que pasamos a citar: El joven imputado por el crimen de Alcaraz denunció maltrato policial. Luego de estar cuatro días detenido, fue liberado el adolescente de 17 años imputado por el crimen del colectivero Leandro Alcaraz. Ante las críticas de algunos medios de comunicación por esa medida, Walter Fidalgo, abogado de la familia de la víctima, expresó su conformidad por la decisión del juez de aceptar el pedido del fiscal. “Hemos escuchado por los medios críticas hacia la liberación del menor, pero nosotros no tenemos nada que criticarle al fiscal Emilio Spatafaro y consideramos que fue una buena actitud”, declaró el abogado de la querella. Fidalgo recalcó que lo que ellos quieren es que estén presos los “autores materiales del hecho” y en ese sentido están “tranquilos” porque “se está investigando y se está haciendo lo posible” para encontrar a los culpables. Una vez en libertad, el adolescente que estuvo preso denunció que fue “golpeado a cachetazos” por un comisario que lo interrogó frente a otras seis personas y que intentó forzarlo para que se hiciera cargo del homicidio. El episodio ocurrió, según la denuncia, en la seccional de Virrey del Pino a la que lo llevaron y ante personas vestidas de civil. El joven aseguró que el jefe policial lo amenazó con “meterle una lapicera en el ano” si no se hacía responsable del homicidio. El chico fue liberado ayer por la mañana por “falta de pruebas” por decisión del juez Sergio Daniel Polti, quien hizo lugar a un pedido del fiscal Emilio Spatafora, del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil de La Matanza (…). Cuando lo detuvieron (…) los llevaron a una oficina donde fue golpeado y amenazada por un comisario al que describió como “petisito y medio pelado”. En la comisaría le sacaron varias fotos que, según se enteró después, comenzaron a circular en las redes sociales.
Situaciones similares se vivieron en el Caso Candela: detenidos que denuncian a efectivos policiales que no quieren que se descubra la verdad y accionan para entorpecer las investigaciones judiciales.
Más grave aún fue la postura del ministro de seguridad bonaerense en este contexto, dado que el martes pasado apuntó contra el joven de 17 años liberado y contra otro de 18 que también fue detenido al mismo tiempo, Jonathan Acevedo, al afirmar que “todo indica que los jóvenes detenidos son los autores del crimen”. A la habitual falta de acción de los ministros de Vidal en Ritondo también se suma la irresponsabilidad de intervenir públicamente en una causa en plena investigación, aportando más dudas que certezas. ¿O habrá algo más?
A fines de octubre de 2016 la gobernadora Vidal, en una conferencia de prensa, aseguraba que su gobierno iba a «trabajar por la seguridad de los vecinos, pelear contra mafias, el narcotráfico y el juego clandestino porque hacerlo es pelear también contra corrupción y mal funcionamiento de estas fuerzas de seguridad», de la misma manera que anunciaba que con las políticas de Cambiemos “se terminó el autogobierno de las fuerzas de seguridad”.
En ese entonces y con mayor razón ahora, la gobernadora se ríe en la cara de los bonaerenses, porque su gobierno no sólo no pudo evitar que la Policía Bonaerense sea un cuerpo autónomo, que sigue utilizando a los jóvenes para cometer delitos. A la luz de lo que viene sucediendo crece la impresión de que el verdadero mensaje de Vidal consistió en comunicarle a las grandes redes delictivas que su gobierno no iba a quedarse afuera del juego.
En ese marco, todo se encamina a demostrar que la policía de Vidal ejerce el control del descontrol. El propio Ministerio de Seguridad bonaerense realizó recientemente un informe sobre la situación de las comisarías bonaerenses, en las que hay alojamiento permitido para 1.003 presos pero actualmente los mismos ascienden a 3.714, un 276% más de lo que debería ser el máximo. Además, según los datos explayados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el año pasado la sobrepoblación superaba en un 256% al límite máximo, lo que demuestra que en tan solo un año se incrementó un 20% la sobrepoblación de detenidos en las comisarías. Esas estadísticas también dan cuenta de que la única política clara del gobierno en materia de seguridad es perseguir, reprimir y encarcelar, sin ninguna solución de fondo.
