La gobernadora macrista presiona a la Legislatura bonaerense para que se trate de manera expeditiva una reforma judicial que busca concentrar más poder en la Corte y la Procuración, para de esa manera profundizar el hostigamiento contra los jueces y fiscales que escapan a las órdenes del Poder Ejecutivo. La promesa de campaña electoral de conformar una Justicia bonaerense transparente y al servicio de la comunidad fue sólo una puesta en escena que los grandes medios hegemónicos usaron para ocultar el verdadero plan de María Eugenia Vidal, de controlar y monitorear a los juristas para beneficio de su gestión. El proyecto de ley enviado a las Cámaras no puede ser aprobado como si se tratara de un decreto de la gobernadora, debe ser estudiado y debatido con la ciudadanía en su conjunto, que será en definitiva la que sienta las repercusiones del accionar de los jueces; como así también con los trabajadores judiciales, que se encuentran sin comenzar a discutir las paritarias de este año. La persecución y los ataques al juez platense Luis Arias y al consejero Jorge Candis fueron dos muestras de que en la provincia de Buenos Aires la Justicia está muy lejos de ser imparcial con respecto al poder de turno.
Por Carlos López / La situación crítica que afronta la provincia de Buenos Aires por las políticas de María Eugenia Vidal ya dejan de sorprender a los bonaerenses. Después del ajuste, los despidos por cierre de fábricas y los castigos a los docentes que reclaman un salario digno y a la comunidad educativa en su conjunto, que inclusive alcanza a los alumnos, llegó la “reforma judicial” que la gobernadora tenía preparada para ejecutar este año.
El proyecto de ley llegó a la Legislatura pero la oposición aplicó un freno por tratarse de un proyecto para el que Cambiemos busca un tratamiento rápido, sin un debate muy de la reforma del proceso para enjuiciar a los jueces y la creación de un mapa judicial para la provincia. Lo más grave de la situación es que, ya que Vidal sabe que la reforma va a ser discutida con posibles resultados negativos para ella, intentó pasar por encima al Poder Legislativo, buscando eliminar las deliberaciones en comisiones y aplicando un intento de sanción exprés en el recinto de ambas Cámaras legislativas.
En términos generales, la iniciativa tal como fue enviada por Vidal busca la modificación de la Ley Nº 13.661 de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses y pretende ampliar el poder de la Corte para agilizar el proceso. Con un gobierno que persigue jueces por cuestiones ideológicas, como es el caso del juez Luis Arias en La Plata, los legisladores opositores se pronunciaron en contra de aceptar un tratamiento rápido de estas modificaciones porque temen que pueda ser la llave para que el gobierno profundice el control y el hostigamiento sobre los juristas, al mismo tiempo que buscan también eliminar la calidad rotativa de los jurados, aumentar las atribuciones del presidente de la Corte y crear un recurso extraordinario para las decisiones de los jurados. Según se detalla en la Constitución, actualmente se establece que el presidente de la Corte debe permanecer un año como en carácter de presidente del jurado, pero Vidal busca extender esto a todo el tiempo que el presidente de la Corte se desempeñe como tal.
Asimismo, el proyecto de ley establece la continuidad en el jurado de los legisladores en caso de reelección, punto fuertemente rechazado por los legisladores bonaerenses de la oposición ya que si existió una elección y cambia la integración del Jurado de Enjuiciamiento, “debería hacerse un nuevo sorteo y no determinarse la continuación de un mandato que por otra parte ha caducado”.
Luego del anuncio de reforma judicial del gobierno bonaerense, los diputados del bloque de Unidad ciudadana FpV-PJ, Florencia Saintout, Susana González, Lucía Portos, Miguel Funes, Juan Debandi, Juan Carlos Haljan, Santiago Débora, Avelino Zurro y Carlos Moreno, se reunieron con referentes judiciales de la provincia de Buenos Aires para analizar el impacto de del proyecto de ley que busca impulsar el macrismo.
En el encuentro del miércoles pasado y del que también participó el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, Pablo Abramovich, todos coincidieron en que es necesario encarar una reforma con un rico debate que no sólo sea detallado sino que además también incluya a todos los sectores como lo son los letrados, los trabajadores de la justicia y la sociedad civil en su conjunto, algo que por ahora no está contemplado por el gobierno, ya que se quiere aprobar una ley con el menor debate y cobertura mediática posible.
Esto no es meramente casualidad sino que responde a una estrategia de Vidal para no dar a conocer que lo que el proyecto de reforma judicial esconde de fondo es ser una herramienta para darle más poder a la Corte y a la Procuración para que se controle a sí misma. Es por ello que la presidenta del bloque kirchnerista, Florencia Saintout, apuntó que “Vidal quiere acelerar el sistema de enjuiciamiento a magistrados y funcionarios para sacarse de encima a los que no representan sus intereses o no son de su agrado, como Luis Arias” y que junto a sus compañeros de bloque no están dispuestos “a reformar el Poder Judicial de espalda a la ciudadanía”.
Vidal dio la semana pasada una conferencia de prensa para anunciar entre otras cosas que se iba a realizar una limpieza del Poder Judicial para tener “una justicia despolitizada, transparente” y afirmó que “no podemos mirar para otro lado cuando todavía tenemos jueces y fiscales que llegaron a esos lugares por influencia política”. Ante esto, difícil es entender entonces la designación como Procurador General de la provincia de Julio Conte Grand en diciembre de 2016, ante la mirada y los aplausos de la propia gobernadora en un acto que más que una asunción gubernamental se pareció más bien una devolución de favores.
El ex abogado de Vidal también estuvo ligado al Opus Dei y por su reconocida posición ultraderechista fue uno de los opositores a la Ley de Matrimonio Igualitario. La gobernadora hizo oídos sordos en esa oportunidad a los repudios que Conte Grand recibió por sus comentarios discriminatorios y por demostrar una falta de apego al derecho nacional e internacional y en particular hacia el derecho a la salud de las mujeres, que constituyen la mitad de la población bonaerense.
El ahora procurador contó hasta el año de su asunción con un alto cargo jerárquico dentro del Ejecutivo bonaerense, por lo que desde la llegada de Vidal fue un hombre muy cercano a la gestión que ya planificaba introducirlo como una pieza fundamental dentro de la justicia.
Y es que no sólo que la justicia se comenzó a plagar de jueces y fiscales que reproducen los deseos macristas, sino que además la gobernadora en los últimos meses se encargó de cargar contra todos los juristas que se oponen al gobierno de Mauricio Macri y más grave aún, que simplemente han ejercido su rol en defensa de los derechos de la ciudadanía, tal como fue el caso del juez platense Luis Arias, quien tuvo que soportar ser denunciado por un diputado macrista y afrontar un jury de enjuiciamiento por haber dictado un fallo en favor de los docentes, uno de los sectores de trabajadores más afectados por la política de mano dura y ajuste de Vidal. El pecado que cometió Arias fue haber aceptado una solicitud de los docentes para dejar sin efecto la conciliación obligatoria de ese año, que la gobernadora aplicó para acorralar a los docentes, quienes reclaman mejores condiciones laborales y salarios acordes a una economía inestable que no deja de generar una suba de la inflación y de todos los servicios básicos.
No es la primera vez que la gobernadora, que actúa ante las cámaras de televisión como propensa al diálogo y para nada conflictiva, ataca a los juristas. En junio del pasado año lo hizo más directamente cuando se encontraba en el programa televisivo de Mirtha Legrand, al invitar a escrachar públicamente al consejero y representante de los académicos en el Consejo de la Magistratura, Jorge Candis.
Vidal, en directo por Canal 13 aseguró que «hay un señor que se llama Candis, que no votó por el juicio a un juez que no pudo justificar su patrimonio en 17 millones de pesos. Y la gente lo tiene que saber. Sus amigos, sus familiares, que le pregunten el domingo que viene por qué votó de esa manera, por qué no acompañó».
Lo más paradójico de esta acusación al aire de la gobernadora es que ella misma junto a su equipo días antes se mostraron molestos con los gremios docentes por los escraches y las marchas que los trabajadores realizaron en ese entonces contra la quita de salarios por paros y los insuficientes aumentos salariales. Pero, para atacar a funcionarios que no se encuentran alineados al gobierno y que encima provienen del kirchnerismo, el gobierno sí utiliza los escraches, nada menos que con la máxima representante de la provincia de Buenos Aires.
Todas las reformas que se establecen en el proyecto de ley que busca incorporar Vidal van en un mismo camino que no es más que desde el Poder Ejecutivo tener un mayor alcance dentro de la Justicia, aportando mayores facultades a los cargos más altos y por ende más ligados al poder, y quitando lugar a los demás. Es imprescindible que los proyectos para una reforma judicial sean debatidos en las comisiones legislativas correspondientes con la presencia de las y los bonaerenses que serán afectados directamente por estas medidas, de la misma manera que ocurre con otras iniciativas que pasan por todos los procedimientos legislativos de ambas Cámaras. Como agregado de esto, los trabajadores judiciales se encuentran en una situación de olvido por parte del Estado provincial, ya que todavía no han comenzado a discutir las paritarias para este año. Vidal promete “darle centralidad a la víctima” con su nuevo plan de reforma pero los únicos que tendrán centralidad serán los hombres y mujeres designados a dedo por su gestión para controlar el Poder Judicial.
