Para el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal hay menos pobres pero a los trabajadores el salario no les alcanza y aumentan las jornadas de paro y movilización. El Frente de Unidad Docente (FUD) rechazó el miércoles la nueva propuesta salarial del gobierno de María Eugenia Vidal, que sigue sin moverse de la mejora del 15% pero que ahora agregó un adicional anual de 2.520 pesos por material didáctico. Los sindicatos docentes advirtieron que la nueva propuesta incluye «sumas en negro» y apenas representa una mejora de 80 pesos por días, razón por la cual rechazaron la propuesta y ratificaron el paro y movilización previsto para este jueves. Ya se cumplieron 48 horas con las puertas del Banco Provincia cerradas y los bancarios alertan que el gremio podría extender la medida a nivel nacional durante la semana entrante. En la Capital Federal estatales, metrodelegados, judiciales y docentes junto a los trabajadores de la Economía Popular (CTEP) realizarán el viernes una jornada de paro y movilización contra las irrisorias ofertas salariales del 12 y 15% de aumento que prevé destinar la ciudad del macrista Horacio Rodríguez Larreta. Las políticas de Mauricio Macri en el país y de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires lejos de mejorar los índices de pobreza como anuncia el gobierno en tono de celebración, generan que cada semana miles de trabajadores se muevan por las calles en rechazo al ajuste. Los reclamos que ya son moneda corriente en la gestión de Cambiemos se centran en los tarifazos, el ajuste de los salarios y la inflación -hoy se hace efectivo un nuevo aumento del 4,5% de la nafta-, a lo que también ahora se suma una notoria preocupación de la sociedad por el aumento de la deuda externa a partir de las cercanas relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), punto central de la crisis que la Argentina enfrentó a fines de los ‘90.
Por Carlos López / Mauricio Macri anunciaba el pasado 28 de marzo la reducción de los índices de pobreza durante el año pasado, según las estadísticas que se dieron a conocer por el Ministerio de Hacienda, en base a los informes del INDEC. El gobierno aseguró con bombos y platillos que la cifra de pobreza se redujo del 30,3% al 25,7% en el segundo semestre de 2017, pero aún así dirigentes de diversos espacios opositores se oponen a estas estadísticas no sólo por irreales sino porque además los gremios mantienen uno de los momentos con mayor cantidad de movilizaciones y medidas de fuerza contra los fuertes aumentos de las tarifas, la inflación y el estancamiento de los salarios. Esto fue precisamente lo expuesto el sábado pasado por el diario Página/12, donde se publicó un informe que detalla que “los índices de inseguridad alimentaria, laboral y social volvieron a sufrir un gravísimo deterioro en los últimos tres meses (por los primeros meses de 2018), tras el leve repunte a fines de 2017. Hoy en día, casi cuatro de cada diez personas redujeron las porciones de comida porque no hay dinero suficiente para comprar alimentos”. Macri tiene a un cuarto de la población en la pobreza y los ricos cada vez estiran más la brecha de la desigualdad.
¿De dónde se desprenden los datos que contrarrestaron automáticamente los índices del INDEC? Fueron emitidos por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), que dirige Matías Barroetaveña y que forma parte de un acuerdo interuniversitario entre la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Hurlingham. Si, esas que Macri más de una vez invitó a cerrar porque se preguntaba “¿Para qué queremos tantas universidades públicas?”. En total se entrevistaron 2.145 personas de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense, respetándose las proporciones por edad, sexo y nivel económico social. Los encuestados fueron consultados por teléfono fijo, lo que además es una ventaja para quienes intentan ocultar la situación de pobreza de una gran parte de la sociedad, ya que las clases más bajas no suelen contar con este servicio de telefonía fija. Las cifras arrojan datos alarmantes entre los que se destaca que el 43% de los encuestados cree que puede perder su trabajo a la brevedad, índice que en octubre de 2017 llegaba al 30%. A su vez, un 37% asegura que se produjo una reducción del plato de comida en el hogar por falta de dinero en diferentes momentos de cada mes, y el 62% de los consultados afirman que en el último año tuvieron que limitar los productos que compran, obviamente por razones económicas. Casi siete de cada diez personas -68%- cambiaron las marcas que compran, es decir que se pasaron a segundas y terceras marcas. Finalmente, a modo general el informe arroja que el 45% de las personas consultadas cree que su economía es de carácter mala o muy mala a enero de este año, cuando la misma consulta realizada en octubre pasado daba un 37%.
De la misma manera, el informe permite evidenciar no sólo las diferencias sociales en la región metropolitana sino que además dependiendo de la zona en la que una persona reside, se encuentra más o menos excluida por las medidas del gobierno, ya que las áreas del Conurbano la mayoría de las familias son sustentadas por un trabajador, o dos, en el mejor de los casos. El diario que dio a conocer el informe destacó que según las zonas de residencia “los porcentajes que se consignan son el promedio de CABA y el Conurbano, pero es inocultable que existen zonas donde la situación es muchísimo más crítica. Por ejemplo, el segundo cordón de la zona Sur y el Oeste del Conurbano. En el Oeste el 45% disminuyó las porciones de comida, frente al 20% que tomó la misma medida en CABA y el 22% que redujo porciones en la zona norte del Gran Buenos Aires. El hecho muestra que no sólo existen situaciones de pobreza sino que, además, hay una marcada desigualdad social”.
Pese a que el gobierno intentó establecer en los medios hegemónicos una visión de recuperación a niveles sociales y económicos, la realidad fue desnudada esta semana con una encuesta del que detalla que casi nadie cree los números de recuperación de la pobreza de Macri. Las conclusiones surgen de una encuesta exclusiva para Página/12, realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que lidera Roberto Bacman. En total se entrevistaron telefónicamente 1.185 personas de todo el país, respetándose las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social. Luego de realizar el informe Bacman aseguró que “la evaluación de la economía sigue siendo altamente negativa. Más de la mitad de los argentinos se consideran perjudicados por el plan económico de esta gestión; lo actuado para combatir la pobreza tampoco es positivo, incluso en un momento donde el gobierno anuncia una disminución de la pobreza. La inflación se mantiene como el principal desvelo de los argentinos, pero el gobierno tampoco llega a obtener un aprobado en su accionar para reducirla y atención con este dato que aparece por primera vez: para la mayor parte de los entrevistados el crecimiento exorbitante de la deuda externa es ‘una verdadera bomba de tiempo para nuestra economía’. El acercamiento con el Fondo Monetario Internacional genera más rechazo que aceptación y la memoria colectiva se nutre de malos recuerdos de tiempos indeseados”.
Por un lado, el 66% de los consultados afirman que es un gobierno integrado por “las clases más acomodadas de la sociedad”. En el mismo sentido al consultarle a la gente sobre quién resultó más favorecido por los dos años de gestión macrista, nada menos que el 71,3% dijo que la clase alta fue la más beneficiada. Sólo el 6,2% contestaron que “todos por igual”. Después de dos años y cuatro meses, la evaluación de la gestión del gobierno claramente es negativa para la gran mayoría de los ciudadanos. Así opina el 58% de los consultados por Bacman. En esa cifra hay un 42% que califica lo hecho como muy negativo, es decir que en términos generales la administración Macri al frente del Estado nacional no logra recuperarse del descenso observado en diciembre de alrededor de 15 puntos porcentuales, a pesar del 41% de imagen positiva que las consultoras privadas siguen sosteniendo.
Es por esto que la cifra de pobres que descendió de 12,3 millones a 10,4 según el INDEC no es tan real como lo afirma el gobierno. A través del INDEC Macri también aseguró a fin del mes pasado que la indigencia se redujo de 6,1 al 4,8%, lo que representa 600.000 personas indigentes menos: de 2,5 a 1,9 millones de personas. Los datos de los que parte el gobierno para justificar una supuesta mejora en la calidad de vida de las clases más postergadas son cuestionados además porque justamente se dieron a conocer en el marco de un proyecto de ley que el gobierno impulsa para reemplazar al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos por un Consejo Nacional de Información Estadística que estaría presidido un un grupo de técnicos elegidos por concurso. Los especialistas que hoy se desempeñan en el INDEC se alarmaron ante esta iniciativa porque según dio a conocer Clarín por intermedio del Palacio de Hacienda, la propuesta elaborada por Fernando Sánchez, el alfil político de Elisa Carrió en Jefatura de Gabinete, prevé un sillón en el directorio del nuevo organismo a cargo del Secretario de Política Económica, hoy al mando de Sebastián Galiani.
El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda se sumó a las instituciones que han realizado informes sobre la situación de la pobreza en la Argentina de Macri en las últimas semanas. El mes pasado dieron a conocer una infografía sobre la canasta de pascuas, en la que determinaron que la canasta básica aumentó un 27,5% durante el último año. El informe remarcó entre sus principales conclusiones que “el consumo en Argentina no termina de recuperarse y para 2018 las perspectivas vuelven a ser las de un virtual estancamiento a nivel agregado”, de la misma manera que aseguraron que “el primer trimestre de este año no muestra señales distintas. La represión de salarios reales, a partir de la intención oficial de negociar paritarias por debajo de la expectativa de inflación, parece oficiar de limitante para la recuperación del consumo. Por caso, el consumo en supermercados creció en enero 8 puntos porcentuales por debajo de la inflación, mientras que las ventas en shoppings aumentaron 4 puntos menor que el nivel general de precios. Asimismo, en el segmento minorista, las ventas del primer bimestre se posicionan 1,3% a la baja, según el relevamiento que realiza la CAME”.
Con respecto a los valores de la canasta básica para Pascuas, desde el Observatorio explicaron que “a partir de un relevamiento de quince establecimientos comerciales del área metropolitana, y otros tantos del interior del país por canales digitales, se llegó a un valor de $893 para la canasta total (conformada por ocho productos). Esto es, un 27,5% más que en 2017. La misma, es representativa de consumos característicos de la clase media. Cuando la canasta se integra con segundas y terceras marcas, se tiene un valor menor a los $390. No obstante, la variación porcentual se acerca al 29% respecto al año anterior. En contraste, el segmento “premium” consolida una canasta de $1.214, con una suba cercana al 11% en el último año. Del seguimiento a lo largo del tiempo de estos productos, se verifican aumentos sustantivos. De la comparación bianual se desprende un alza del 81%, mientras que en relación a la Pascua de 2015 se acumulan aumentos del 140%”. En la misma línea el análisis estima que “un índice de precios sin discontinuidad como el IPC CABA mide una suba media 5% menor que la canasta de Pascuas. En el desagregado por producto, también se cae en cuenta de subas sustantivas. Por caso, el segmento de productos dulces presenta subas del 25,3% a partir de “chocolate en barra” (+29,4%), huevo de pascua (+25%), conejo de pascua (+23,75) y rosca de pascua (23%). Del grupo de productos ictícola, se desprende un encarecimiento promedio del 25,1%. El mismo, está mayormente explicado por la suba de salmón (27,2%) y merluza (26%). En menor proporción, aumentaron los camarones (+24%) y langostinos (23%)”.
Estas mediciones hacen aún más difícil confiar en las estadísticas que dio a conocer el gobierno, ya que si los alimentos han sufrido una suba importante durante el último año y los salarios de los trabajadores no han subido al mismo ritmo, entonces es prácticamente imposible afirmar que la pobreza se ha reducido considerablemente. Una recuperación del consumo sobre el final del 2017 no puede ser causal de afirmar que los que menos tienen ahora se encuentran en mejores condiciones. Además, no es posible hacer un recorte de la realidad sin tener en cuenta los tres primeros meses de este año que fueron quizá de los más duros para los trabajadores argentinos con nuevos tarifazos en los servicios básicos y el transporte, además del aumento sostenido de los precios que pone a la inflación muy por encima de los 15 puntos que promete obtener Cambiemos durante este año. La cuestión que no analiza el gobierno es la pérdida constante del poder adquisitivo, porque lo real no es determinado por cuánto dinero ingresa a una familia, sino en todo caso por lo que se puede comprar con el dinero que ingresa. Sobre esto el Observatorio de la Universidad de Avellaneda advirtió que “sólo en el último año, el salario mínimo perdió un 8,6% de poder de compra, las jubilaciones redujeron su poder adquisitivo 7,1% y la AUH (Asignación Universal por Hijo) cayó en términos reales 6,9%”.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) coincidió en esta mirada en el último informe de marzo publicado también en base a la canasta básica de Pascuas. El detalle del mismo aseguró que una mesa de esta tradicional celebración para unas 4 o 5 personas tuvo un costo de $890,70 en marzo de este año, mientras que para el mismo período del año anterior indicaba un gasto en promedio de $683,50. De esta manera el aumento de la canasta básica en un año ha sido para esta institución de 30,31%. Los productos más afectados por el aumento de precios son el atún en lata, las verduras en general, tapas para empanadas de hojaldre, y los tradicionales productos de Pascuas como la rosca y los huevos de chocolate. Además, productos con mayores ventas durante esta etapa del año como el pescado fresco -merluza, filet de abadejo y calamar fresco- tuvieron un incremento promedio de un 31,81% entre el 2017 y el 2018. En todos los casos, el aumento al último año del gobierno kirchnerista ya supera en prácticamente todos los rubros el 120% en promedio. El costo de vida en la Argentina se hace cada mes más alto, lo que en primera instancia obliga a las familias con menos recursos -e incluso a la clase media- a combinar la compra de algunos productos de mayor calidad con otros que sean de segundas o terceras marcas para que las compras no sean tan costosas. Por todo esto, y por el agresivo ajuste del gobierno que afecta principalmente a los servicios básicos, es que los trabajadores se organizan en las calles para hacer frente a una gestión que endeuda y empobrece al país.
