Bajo la consigna #NoALaViolenciaObstétrica, el bloque de diputados y diputadas bonaerenses Unidad Ciudada-FPV-PJ solicitó al gobierno provincial que implemente la norma aprobada en 2004 en favor de los derechos de madres, padres y recién nacidos, y advirtieron el aumento en el número de cesáreas, prácticas invasivas y problemas en el suministro de medicación de manera injustificada.
Por Vicky Castiglia / La Ley de Parto Humanizado fue sancionada en agosto de 2004 y promulgada en septiembre de ese mismo año y refiere a los derechos de los padres y del recién nacido, como así también a la obligatoriedad de determinadas prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto por parte de las obras sociales y las prepagas.
Por definición, y como sostiene el ministerio de Salud de la Nación en su página web, cuando se habla de parto humanizado, “se habla de generar un espacio familiar donde la mamá y su bebé sean los protagonistas y donde el nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible”.
Desde el bloque de diputados bonaerense Unidad Ciudada-FPV-PJ, vienen denunciando el incumplimiento a la norma 25.929 no sólo en las cuestiones vinculadas al derecho de la mujer a acceder a un parto respetuoso de tiempos biológicos y psicológicos, sino también en lo que respecta a prácticas invasivas y suministro de medicación de manera injustificada.
Desde el espacio que preside la ex concejal y ex decana de Periodismo de la UNLP Florencia Saintout, han advertido sobre falta de información en torno a las diferentes alternativas de intervenciones médicas durante estos procesos, como así también a la desigualdad de género que se evidencia en el desarrollo de anticonceptivos para varones y mujeres. Respecto a este último caso, apuntaron incluso contra “la alta cifra de ligaduras de trompas en relación con la baja de las vasectomías realizadas en Argentina en 2016 es un ejemplo de esto”.
Asimismo, se expresaron contra la cifra de cesáreas que se practican en nuestro país y que supera ampliamente la recomendada por la Organización Mundial de la Salud: en el caso del sector público señalaron que se realizaron un 30 por ciento más de procedimientos de este tipo de manera innecesaria, mientras que en el sector privado la cifra se eleva al 75 por ciento.
En el marco de su campaña para poner fin a la violencia obstétrica, los legisladores apuntaron además que 7 de cada 10 mujeres no tuvieron libertad de movimiento durante el parto y que, también en 7 de cada 10 mujeres se usó medicación para inducir el procedimiento sin su consentimiento.
Pedido de informes
Con el objetivo de lograr la implementación de la ley en la provincia de Buenos Aires, la diputada Lucía Portos, del espacio kirchnerista, realizó un pedido de informes al gobierno de María Eugenia Vidal “en relación con las políticas públicas llevadas adelante con la finalidad de erradicar la violencia obstétrica en los establecimientos de Salud de la Provincia de Buenos Aires”.
Se busca de esta forma conocer sobre la existencia de canales de recepción de denuncias de violencia obstétrica como así también sobre los mecanismos de seguimiento, investigación y sanción de casos.
“Es motivo de enorme preocupación que se den con habitualidad casos de violencia obstétrica en la Provincia de Buenos Aires. Frente a la habitualidad de violaciones a los derechos de las mujeres y sus hijos en un momento de especial vulnerabilidad como lo es el pre parto, el parto y el puerperio, esta Cámara desea conocer qué medidas está llevando adelante el Poder Ejecutivo de la Provincia para revertir esta realidad”, señala la Legisladora en la solicitud.
Además, sostiene que en la Provincia “existe una gran deuda social en esta temática”, ya que, en el marco del paradigma médico vigente, “los adelantos técnicos – tecnológicos no están puestos en función de mejorar esa capacidad de las mujeres en su beneficio y el del bebé, sino, por el contrario, favorecen una situación que nos ubica entre los países con índices más elevados de partos inducidos y cesáreas”.
Incluso, hay también en el pedido de informe un hincapié en la importancia de la existencia de módulos de sensibilización y capacitación destinados a los profesionales del sistema de salud. Portos solicita que se dé cuenta respecto a su existencia, modalidad, duración y cantidad de instituciones en los que se han impartido.
En diálogo con AgePeBA, la licenciada en Obstetricia María Inés Huarte también se manifestó en este sentido. Señaló que “si bien desde la sanción de la ley se ha avanzado con el parto humanizado, es necesario seguir trabajando en campañas de preparación de profesionales para que cuenten con una mirada más amplia, enfocada en el parto humanizado”.
Es imprescindible también “la profundización y la puesta en marcha de la Ley de Educación Sexual Integral, para que todas y todos podamos elegir”, agregaron desde el bloque de Saintout.
Ahora bien, a pesar de la falta de incumplimiento por parte del Estado de la normativa, la Ley de Parto Respetado ha permitido un mayor nivel del acceso por parte de las mujeres al reconocimiento de sus derechos. “actualmente vienen mujeres muy empoderadas a atenderse, conocedoras de sus derechos, y eso es un gran avance en la materia, porque ellas son partícipes y protagonistas”, expresó Huarte.
