Los docentes expusieron sus reclamos con una serie de marchas, la principal de ellas en la Ciudad de Buenos Aires, hasta la sede del Ministerio de Educación nacional. “Le decimos al Gobierno que no vamos a aceptar que nos pongan de rodillas. No nos callamos, no consentimos, no vamos a firmar ninguna cosa en contra de los trabajadores y el pueblo”, subrayó la titular de Ctera, Alesso, desde el escenario montado frente al ministerio.
En 17 de los 24 distritos no empezaron las clases, el paró arrojó un 85 por ciento de adhesión, según Ctera.
Los docentes responsabilizan a Macri y a Finocchiaro por el conflicto. Básicamente, por la decisión de desconocer la paritaria nacional, prevista por la Ley de Financiamiento Educativo. Ese ámbito de negociación funcionó desde 2008 hasta 2016 como el espacio donde los gremios y las autoridades acordaban un piso salarial para los maestros de todo el país, y establecían los montos de dos fondos nacionales, uno Compensador –para garantizar que las provincias más pobres puedan pagar el piso salarial– y otro de Incentivo Docente –que se reparte de manera igualitaria entre todos los maestros del país, para mejorar sus sueldos–. En 2016, durante el primer año de la gestión de Cambiemos, la paritaria nacional se realizó, fijó un piso salarial, destinó recursos a esos dos fondos y facilitó que los gobernadores estuvieran desahogados para acordar los salarios docentes, provincia por provincia. Pero a partir de 2017, el gobierno nacional desarmó la paritaria nacional. Este año la eliminó por decreto.
El resultado fue que los docentes vieron caer el poder adquisitivo de sus salarios. Dos análisis de consultoras no oficialistas –CEPA y Cippec– coinciden en que los sueldos de los maestros tuvieron una pérdida de entre 1600 y 1300 pesos en los últimos dos años. El techo del 15 por ciento fijado por Cambiemos en las paritarias de este año –pese a que el propio BCRA estima una inflación del 19,8 por ciento– amenaza con agravar esa caída.
En tanto, el diario Página 12 consigna este martes: Al menos seis Centros Educativos Complementarios (CEC) de la Provincia de Buenos Aires deberán cerrar sus puertas si la gobernación de María Eugenia Vidal concreta una quita del subsidio a los sueldos docentes. Así lo denunciaron trabajadores de los CEC. El ajuste, que fue adelantado informalmente, como parte del paquete que incluyó el cierre de escuelas rurales y del Delta, amenaza con dejar sin trabajo a más de 200 docentes y sin servicio alimentario a más de 2 mil chicos, en un contexto de pico de demanda.
La decisión del Ejecutivo provincial afectaría a seis instituciones de gestión privada que brindan servicios gratuitos y, hasta ahora, cuentan con 100 por ciento de subvención del Estado para trabajar en barrios de extrema vulnerabilidad social. Los CEC brindan servicio alimentario y jornada extendida gratuita a más de 2 mil chicos de entre 4 y 16 años, que concurren 4 horas en contraturno de la escuela, de lunes a viernes. Estos espacios permanecen abiertos todo el año, sin receso.
Luego de la oposición que madres, padres, docentes y dirigentes sociales y políticos mostraron frente al intento de cerrar escuelas, el gobierno de Vidal convocó a los CEC afectados a una mesa de negociación, con fecha a confirmar, en la que los trabajadores deberán explicar a los funcionarios los servicios que prestan a la comunidad desde hace 30 años. “Es impresionante, toman la medida sin saber el servicio que se brinda. El ministro de Educación de la Provincia y el subsecretario desconocen totalmente nuestro trabajo”, afirmó Fernando Neo, docente coordinador del CEC Malaver-Villate. “Nunca nos pasó algo así con todas las gestiones que hemos tenido”, agregó, en diálogo con PáginaI12.
Ese espacio depende de una asociación civil conformada por los propios maestros, mientras que los otros cinco CEC afectados dependen de congregaciones religiosas. También existen en la provincia CEC de gestión estatal, que por ahora no estarían afectados por el recorte.
El Obispado de San Isidro, al que pertenecen algunos de los CEC damnificados, emitió un comunicado afirmando que “en el marco del diálogo que los funcionarios han aceptado, se suspenden por ahora las medidas anunciadas”, aunque manifestaron su preocupación por “los conflictos por los que atraviesa en este momento el sistema educativo”. Además agregaron: “Estamos cercanos y atentos a las obras que podrían verse afectadas, tanto en nuestra Diócesis, como en otras de la provincia de Buenos Aires”.
El contexto no puede ser menos oportuno para la decisión. “La cantidad de asistentes está actualmente en un pico de demanda, sobre todo por el servicio alimentario”, explicó Fernando Neo, y agregó que “el planteo es que quieren desprenderse de todo lo que no es obligatorio”, con el argumento de que “hay poca plata”. En el CEC de Malaver funcionan actualmente nueve grupos de nivel primario y uno de inicial, con un total de 25 maestros. “Son dos millones de pesos por año que estarían recortando. No son fondos que podamos conseguir de otra manera”, aseguró el coordinador.
Los CEC cuentan con 30 años de trayectoria en la provincia de Buenos Aires. “Casi todas las experiencias nacieron con la recuperación de la democracia en los 80, cuando varios grupos y organizaciones volvieron a trabajar en apoyo escolar en las villas. Esas prácticas –explicó Neo—, muchas veces llevadas de la mano de la Iglesia, y en otras por parte de estudiantes, se consolidaron luego dentro del sistema educativo como CEC.”
