Y según acusaciones que emanan de organismos públicos de Brasil, los coimeros también. La agenda político mediática de los argentinos siempre fue más vertiginosas que dinámica, pero con Mauricio Macri se están batiendo marcas mundiales: no es frecuente encontrar que cono escasos días de diferencia y ministro de Finanzas, un subsecretario general de la Presidencia, un jefe de los servicios de inteligencia y un flamante jefe de la oficina encargada de recaudar impuestos sean señalados como titulares de cuentas y empresas en paraísos fiscales y, como el caso del espía uno, de recibir coimas en Brasil. Aun se busca el significado último de la frase pronunciada el 1 de marzo por presidente en el Congreso repecto de ciertas invisibilidades. En tanto, el punto que nos ocupa encandila.
Hace poco menos de un mes, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue denunciado, con papeles a la mano de estar “a la cabeza de un conglomerado de sociedades offshore” que además “suscribieron bonos de deuda” en cuya emisión habría participado el funcionario. Caputo “era dueño de un conglomerado de offshores que manejó más de 300 millones de dólares en negro, y además nunca lo incluyó en sus declaraciones juradas (…) compró 5 millones de dólares del bono de deuda que él mismo emitió a cien años y con una tasa abusiva”, señalaba la denuncia a cargo de diputados de Unidad Ciudadana y con repercusión inmediata, incluso entre los medios de comunicación que defienden al gobierno de Mauricio Macri.
Pocos días después, el diario Clarín, sí, el alabardero mayor de Macri, debía publicar lo siguiente: “El andar cabizbajo de Valentín Díaz Gilligan a primera hora de la tarde por los pasillos de Casa Rosada tenía una explicación. Aunque todavía no había sido oficializado, ya no era más el subsecretario general de Presidencia. Es que su renuncia había sido aceptada al mediodía por el Presidente, al cabo de la reunión de coordinación en la que junto a sus principales colaboradores concluyó que era lo más conveniente por la dificultad que tendría el Gobierno -y el propio funcionario- para afrontar y explicar el caso. La escalada mediática del tema tras la publicación del diario El País de España modificó los planes de Mauricio Macri que en principio tenía previsto abordar la previa de la marcha de Camioneros con el ministro de Trabajo Jorge Triaca y repasar aspectos de gestión con Francisco Cabrera (Producción). Pero la situación de Díaz Gilligan acaparó buena parte de la reunión. El vicejefe de Gabinete Mario Quintana fue el encargado de darle detalles del caso al Presidente, ya que hasta ese momento en el Gobierno no contaban con más información que la que el propio Gilligan había brindado, con cierta dificultad, en los medios. En ese sentido, hay coincidencia respecto a que el subsecretario subestimó el impacto que podía llegar a tener su caso, cuando fue consultado por haber omitido declarar la participación en una sociedad que tiene una cuenta en un banco de Andorra por US$1.200.000. Y también hay unanimidad de que sus declaraciones, luego de la primera nota del periódico español, tampoco ayudaron”.
Sobre el fin de la semana pasada, el diario La Nación no podía hacer mucho por Gustavo Arribas: “El director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) argentina, Gustavo Arribas , volvió a quedar ayer en la mira de las autoridades brasileñas, sospechoso de lavado de dinero internacional al haber recibido US$ 850.000 de manera ilegal. Ya acusado el año pasado por un delator de la Operación Lava Jato de haberse beneficiado con sobornos de la compañía Odebrecht , ahora el funcionario y amigo de confianza del presidente Mauricio Macri quedó expuesto en medio de una investigación de la Policía Federal, el Ministerio Público y la Administración Federal de Ingresos Públicos de Brasil para desarticular una esquema de lavado de dinero transnacional por medio de una red de empresas falsas que estafaron a varios municipios en los estados de San Pablo y Minas Gerais, donde debían proveer productos a concesionarias de limpieza urbana. Bajo el nombre de «Operación Descarte», ayer se efectuaron 15 allanamientos en San Pablo, Santos, Paulínia, Belo Horizonte y Lamim que tuvieron como eje al empresario de la construcción Atila Reys Silva, considerado el operador financiero de esta amplia trama de corrupción. Fue así que los agentes federales descubrieron que una de las células del esquema de lavado de dinero había realizado cuantiosas transferencias ilícitas a Arribas en la Argentina vía un banco asiático.
“El futuro titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, quien tiene casi todos sus ahorros en el exterior, posee acciones en dos fondos de inversión en Islas Caimán e integró el directorio de la compañía agropecuaria El Tejar, inscripta en Bermudas, otro paraíso fiscal, según surge de los documentos que integran los Paradise Papers. Su vínculo con El Tejar, pone a Cuccioli como integrante de una ingeniería financiera pensada para disminuir los impuestos a pagar en América latina y reducir los riesgos de potenciales demandas en los países en donde la compañía compra tierras y opera. El funcionario declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) que parte de sus inversiones (1.353.629 pesos) están en dos fondos de Estados Unidos denominados Cipefv y Cipef VI. Sin embargo, ambos fondos, administrados por la compañía financiera The Capital Group, creados en 2007 y 2011, están radicados en Islas Caimán, no en los Estados Unidos, según informaron ayer los diarios La Nación y Perfil en base a los Paradise Papers, obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con ambos diarios. Los Paradise Papers revelaron además que como miembro de The Capital Group, Cuccioli integró el directorio de El Tejar y que fijó su sede en las islas Bermudas, otro paraíso fiscal. El Tejar, a su vez, lo conecta con Ignacio Rosner, el financista que tomó el control del ex Grupo Indalo y mantiene desde entonces una disputa con la AFIP en los tribunales por el futuro del holding, que adeuda más de 10.000 millones de pesos al fisco. Luego de la filtración de esta información, desde el gobierno informaron que el futuro titular de la AFIP ya tenía previsto excusarse en todos los asuntos vinculados, ‘directa o indirectamente’ a Rosner o el ex Grupo Indalo por la ‘sensibilidad extra’ de la situación. ‘Su postura, que ya tenía decidida, será excusarse si se determina que puede haber un conflicto de interés’”, consignó en las últimas horas el diario Página 12.
El pasado 20 de septiembre de 2017 se informaba que “la Justicia resolvió que el presidente Mauricio Macri no fue socio ni accionista» y que «no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancias» de las firmas offshore Fleg Trading (de Bahamas) y Kagemusha (de Panamá). Así, lo despegó definitivamente de la causa de los Panamá Papers , uno de los casos que marcó el inicio de su gestión de Gobierno” (versión diario La Nación). Sin embargo deben ser muy pocos los que crean que el presidente está fuera de sospecha, incluso entre los más entusiastas “macristas; ¿acaso atónitos ante sus ídolos offshore seriales?
¿Hasta cuando la sociedad argentina tolerará todo esto? El gran interrogante a futuro.
