El oficial subayudante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Matías Arrúa, de 25 años, y su novia – de la misma fuerza – fueron asaltados en Monte Grande por tres jóvenes; uno, el que finalmente fue acribillado a tiros, portaba una pistola que resultó ser de juguete, según informaciones de policiales, fuentes éstas, a primera hora, únicas sobre el caso. La pareja estaba de civil, es decir, no era visible que fueran policías. Caso Chocobar aparte, la tendencia a la balacera como recurso frecuente entre las fuerzas de seguridad, fue desde el vamos un signo del gobierno de Cambiemos, que en apenas tres años de gestión lleva acumulados al menos 726 casos de gatillo fácil, según el informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Las estadísticas señalan, además, que llegan a juicio sólo un diez por ciento de los casos que involucran a uniformados y las penas suelen ser irrisorias.
El colega Carlos Rodríguez consigna este martes en Página 12 que, “desde que el presidente Mauricio Macri felicitó al policía Luis Chocobar por haber matado por la espalda a un joven que escapaba luego de un robo, y que estaba desarmado, los casos de gatillo fácil se repiten a diario, en los primeros meses del año, con la aprobación explícita de la ministra Patricia Bullrich y otros empinados funcionarios”, lo que podría definirse como una nueva doctrina 007 y fuera de toda ley, por aquello de los agentes de la ficción con “licencia para matar” pero en este caso impunes, al margen de toda ley y fuera de toda investigación, conforme los humores fascistoides del Poder Ejecutivo.
“De todos modos, la tendencia a la balacera como recurso frecuente entre las fuerzas de seguridad, fue desde el vamos un signo del gobierno de Cambiemos, que en apenas tres años de gestión lleva acumulados al menos 726 casos de gatillo fácil, según el informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Las estadísticas señalan, además, que llegan a juicio sólo un diez por ciento de los casos que involucran a uniformados y las penas suelen ser irrisorias”, afirma la nota citada.
“El desenfreno es tal que, el 5 de febrero pasado, la jueza laboral María Alejandra D’Agnillo, del juzgado nacional de Trabajo 63, recibió tres balazos en medio del tiroteo que se desató en pleno microcentro porteño durante una película de policías federales y metropolitanos corriendo ladrones en medio de la multitud. En las mismas circunstancias, el secretario del Juzgado Civil 9 de la Ciudad de Buenos Aires Ezequiel Allende, también recibió un plomo en una pierna durante el show de fuegos para nada artificiales. Todo parece formar parte del llamado ‘efecto Chocobar’. Otro de los casos fue protagonizado por un miembro del grupo Halcón de la policía bonaerense que asesinó de dos disparos por la espalda a un adolescente en el partido de Quilmes. El policía de la fuerza especial disparó al menos cinco veces contra Fabián Ezequiel Enrique, de 18 años. La versión oficial señaló que el experimentado hombre de la fuerza policial estuvo a punto de ser robado por la víctima, que finalmente no se llevó nada y dejó la vida. El 10 de febrero, en Lanús, una mujer policía que está embarazada mató a tiros a un joven que, según la versión oficial, había intentado robarle el auto acompañado por otro hombre que escapó sin llevarse nada. En lo que va del año, se suman también los casos de Rafael Nahuel, asesinado en Río Negro por la Gendarmería, en otro suceso que marca la forma en que se responde desde el gobierno a los reclamos de los pueblos originarios, estigmatizados por la ministra Bullrich”, resume el colega Rodríguez.
“La doctrina de seguridad que impulsa el gobierno nacional subió un nuevo escalón de violencia ayer, al cobrar la vida de un adolescente fusilado por un oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La versión policial sostiene que el joven, de 16 años, murió cuando intentaba robar el vehículo del oficial en el momento en que este llegaba a su casa junto a su novia, también de la PSA, en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. El adolescente estaba acompañado por otros dos jóvenes que lograron huir. Junto al cuerpo del pibe hallaron un arma de plástico con la que había amenazado al oficial. El caso quedó inicialmente calificado como “homicidio cometido en exceso de legítima defensa”. Mientras que se abrió otra investigación por el asalto. La calificación está sostenida en la versión del policía, que se esfuerza por subrayar que el adolescente utilizó la pistola de plástico confundida con una pistola real. Lo que evita subrayar esa versión es el tiempo transcurrido entre que la pareja fue obligada a bajar, que los tres jóvenes se subieron al vehículo, que el policía entró al garaje, buscó el arma de su novia, la tomó, salió del garaje y hasta que gatilló al menos ocho veces. Cuatro balas impactaron en el joven. Igual que en el caso del homenajeado por el presidente Mauricio Macri. El modelo Chocobar seguirá haciendo estragos”, informa por otra parte del mismo diario a través de un artículo de otro colega, Horacio Cecchi.
“Los investigadores establecieron que Arrúa utilizó la pistola de su novia ya que él debía dejar el arma provista por la fuerza de seguridad en el momento en que abandonaba el Aeropuerto de Ezeiza donde presta servicio, mientras que ella cuenta con una portación extendida. Sobre el asiento del conductor, la policía secuestró una pistola de juguete, con la cual se presume que los delincuentes amenazaron al oficial de la PSA”, añade el artículo.
El hecho es investigado por personal de la comisaría 1ª de Esteban Echeverría, que trabaja bajo las órdenes de la Unidad Funcional de Instrucción 4 descentralizada de Esteban Echeverría, especializada en delitos de violencia institucional, a cargo del fiscal Fernando Semisa.
“Según fuentes de la investigación, Arrúa declaró: “Escuché que gritaban ‘matá al rati! matá al rati’. Me asusté y tiré”. La escena, incomprobable por el momento, es la versión clásica policial. En todo caso, difícilmente podrían haber gritado, si los mismos asaltantes conocían su poder de fuego: en principio, nulo. Fuentes judiciales explicaron que los investigadores trataban de determinar ayer por la tarde “si se cometieron irregularidades por parte de efectivos de la PSA y de la Policía Bonaerense para modificar la escena del homicidio”. Según fuentes de la investigación, dos oficiales de la PSA aparecieron poco después del hecho y revisaron el escenario sin formar parte del equipo de Policía Científica ni del grupo de investigadores de la Bonaerense y podrían haber modificado las evidencias”, destaca Página 12.
