Miles de mujeres exigieron frente al Congreso que el Estado garantice el derecho al acceso a la salud y al pleno ejercicio de la autodeterminación sobre el cuerpo con capacidad de gestación, la sexualidad y la reproducción. En marzo se presentará, por séptima vez, el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Con pañuelos y cintas verdes, miles de mujeres se manifestaron este lunes frente al Congreso para reclamar a los legisladores que avancen con el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que ha sido sucesivamente cajoneado desde 2007.
“Seguimos exigiendo un derecho fundamental, que es el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, y que se debata y se sancione el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo”, dijo al diario Contexto Celeste Mac Dougall, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que convocó al “Pañuelazo” y llamó al paro internacional de mujeres previsto para el próximo 8 de marzo.
Por su parte, Vanina Biase, otra de las organizadoras de la movilización, dijo al canal C5N que en un país como España, que legalizó el aborto, “hay 95.000 de estas prácticas, mientras que en la Argentina, en donde es clandestina suman más de 600.000”.
“Hoy en las Argentina el aborto es clandestino y hay medio millón de mujeres al año que lo hacen sin condiciones de seguridad. Muchas de ellas no tienen los 30.000 pesos que requieren una operación de este tipo y corre riesgo su vida”, agregó Mercedes Trimarchi, también integrante de la Campaña, y denunció que mueren 500 mujeres al año por los abortos mal hechos.
En marzo, con la apertura de las sesiones parlamentarias, la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentará, por séptima vez, el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE), que propone “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
La iniciativa se presentó en la Cámara de Diputados por última vez en 2016, sin ser debatida nunca a pesar de los números y de la gran demanda del movimiento de mujeres.
El nuevo proyecto tiene dos modificaciones. Mientras el anterior establecía el derecho a la interrupción del embarazo durante las primeras doce semanas, ahora se extiende a “las primeras catorce semanas del proceso gestacional”. Por otro lado, se incorporó el artículo 10 para sostener que “quedan incluidos en los derechos y beneficios comprendidos en la presente ley, las personas con capacidad de gestar de acuerdo en lo normado en la ley de identidad de género nº 26.743”.
Al igual que en el proyecto de 2016, el artículo que incluía a los objetores de conciencia fue anulado, y en el artículo 2 se da un plazo máximo de 5 días al sistema de salud para la atención de “toda” mujer que acceda a la práctica.
Además, el artículo 3 fija las condiciones ya establecidas en la ley actual, para los casos de interrupción del embarazo por tratarse de “producto de una violación”, para lo que basta con la “declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente”; por estar en “riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano”; y “si existieren malformaciones fetales graves”.
El artículo 4 requiere para la realización del aborto “el consentimiento informado de la mujer expresado por escrito”, mientras que el 5 obliga a que la interrupción sea incorporada por la medicina prepaga y todos los agentes de servicios médico asistenciales.
También aclara que no se requiere “ninguna autorización judicial previa”. Esto no se cumple hoy en día ni siquiera en los casos de aborto no punibles contemplados en la ley, a partir de presentaciones generalmente de médicos.
