El acceso al programa deja de ser universal y pasa a depender del presupuesto previsto. En términos de equidad, el programa cambia drásticamente. Pasa de ser un derecho, cuya finalidad era equiparar el acceso a la educación de los jóvenes de menores ingresos, a ser un sistema de becas meritocrático, atado al rendimiento académico.
El Centro de Economía Política (CEPA), redactó un documento sobre el ajuste que sufrirá el programa de becas para jóvenes de bajos recursos. Según se informó, el CEPA accedió a un dossier del Ministerio de Educación con los números que el gobierno nacional manejó internamente para redefinir y relanzar el programa. A partir de ello se realizó un punteo de las principales pérdidas. Así consignó el sitio bonaerense InfoGEI.
El acceso al programa deja de ser universal y pasa a depender del presupuesto previsto.
En términos de equidad, el programa cambia drásticamente. Pasa de ser un derecho, cuya finalidad era equiparar el acceso a la educación de los jóvenes de menores ingresos, a ser un sistema de becas meritocrático, atado al rendimiento académico.
En el nuevo esquema planteado por el gobierno nacional, las becas Progresar son profundamente regresivas, ya que es un hecho ampliamente reconocido por los especialistas en educación la dificultad de los jóvenes de hogares con bajos ingresos que son primera generación universitaria para incorporarse a la vida académica (ver aparte las opiniones de Eduardo López, de UTE, y de Graciela Morgade, decana de Filosofía y Letras de la UBA).
En el caso de los universitarios, el plan de becas exige ahora aprobar el 75 por ciento de las materias previstas para el año que esté cursando el alumno. Antes, el único requisito era ser estudiante regular, que en general implica aprobar al menos dos materias anuales. El nuevo requisito, como así también el establecimiento de montos de beca diferenciales muy significativos en función de las materias aprobadas y el promedio académico, discrimina fuertemente a los jóvenes de menores ingresos y bagaje cultural.
Las alumnas de menores ingresos son doblemente discriminadas. La mayor carga del cuidado de personas y familiares que recae sobre ellas las pone en desventaja para cumplir con los requisitos de cantidad de materias aprobadas, algo que no se contempla en el nuevo programa.
El CEPA advierte que, en el documento del Ministerio de Educación al que accedió, está previsto “un recorte de 362 mil becas”.
