En esta columna, Julio César Urien sostiene que el gobierno aprovechó la tragedia del ARA San Juan para “contrabandear su proyecto de reforma del Sistema de Defensa”, que será presentada como una “modernización”. Lo cierto es –asegura-, que “quieren encajar a las Fuerzas Armadas al servicio de intereses inconfesables”. Propone que el campo popular discuta “la naturaleza de la reforma anunciada, así como los actores e intereses que se mueven detrás de escena”.
Por Julio César Urien (*) / La comisión puesta a elaborar la propuesta oficial es una ficción para la opinión pública. El proyecto ya existe. Es la decantación de iniciativas impulsadas por políticos radicales ypor algunos sectores de la Armada Argentina, fundamentalmente.
Las modificaciones del sistema (rengo) actual responden a dos grandes presiones: una externa y la otra interna.
La primera representa los anhelos de agencias gubernamentales norteamericanas. El Comando Sur y la DEA, particularmente, que gozan de gran receptividad en alguna elite política y militar local. De acuerdo con esta visión el rol que nos cabe es subsidiario de la potencia militar global.La mejor manera de servir al interés propio sería, pues, asistir al mecanismo militar del Pentágono.
La defensa del territorio y la Constitución Nacional, te las debo.
Esta tremenda corriente de influencia llevaría al instrumento militar argentino a Siria, Afganistán, Irak, Cuerno de África, Yemen y, porqué no, Corea, Irán y Venezuela, si las circunstancias lo reclaman. Por eso ya se preparan bases estadounidenses en el país, la vicepresidenta Gabriela Michetti anunció una “alianza estratégica” con Israel y la gobernadora María Eugenia Vidal envió al grupo Halcón de la policía bonaerense a entrenarse a aquel país en guerra.
Sin embargo incluso para ellos existe un obstáculo. Esa piedra en el zapato es Malvinas. Tener parte del territorio ocupado por una potencia que aumenta su poderío militar en el Atlántico sur cada día es un problema. El gobierno apuesta a saltarse este escollo de la manera que mejores resultados le da: invisibilizándolo.
Los expertos en desinformación, siembra de rumores y aturdimiento, buscarán desalentar todo pensamiento estratégico-militar centrado en la defensa del Atlántico Sur y la Antártida. Sus voceros ya insinuaron la inconveniencia del reclamo de soberanía en Malvinas. Cuentan para ello con hasta con una cronista pro británica en el principal periódico del país. Es decir, ya conquistaron la cabecera de playa.
La segunda corriente de presiones que juega desde las sombras en la reforma gubernamental está conducida por políticos domésticos. Radicales del ala de Horacio Jaunarena a través del imperecedero Ángel Tello y del actual ministro “milico” Oscar Aguad. Este núcleo sueña con integrar las llamadas “nuevas amenazas”, terrorismo y narcotráfico en las misiones de nuestros militares, aunque se trate de fenómenos que,por ahora, deben ser atendidos por las fuerzas de seguridad.
Con la trasformación informada, los uniformados recuperarían sustentabilidad económica, autonomía e influencia social. Pasarían a ser el componente central de la coerción física del Estado. Recibirían graciosas ayudas de cooperación militar. Y así se desplazaría el eje del sistema punitivo y de disciplinamiento social del nivel táctico-policial al estratégico-militar, completando la ingeniería del law-fare (guerra jurídica) doméstico con el war-fare liso y llano.
El gobierno espera ganar el apoyo de la corporación militarofreciéndoles las instituciones policiales militarizadas. La Prefectura Naval (PNA) se reintegraría a la Armada y la Gendarmería al Ejército.
La PNA viene con una importante “caja” bajo el brazo: la recaudación de tasas, habilitación de personal embarcado y de buques, control de la hidrovía, seguridad de objetivos estratégicos (incluido Puerto Madero y toda la actividad legal y gris que ocurre dentro ahí dentro).
Así esperan comprar el silencio de los marinos de guerra ante desmontaje de dos siglos de presencia argentina en la Antártida y también acerca de la desaparición del ARA San Juan con sus 44 tripulantes.
El Ejército, que conoció un repunte de capacidad de influir durante el gobierno anterior, se deberá conformar con los contratos que obtenga para garantizar el orden interno.
La Fuerza Aérea recibirá algunas aeronaves de entrenamiento. Un puñado de aviadores gozará del privilegio de operar aviones norteamericanos para bombardear poblaciones del oriente medio. El resto se integrará a las low-cost privadas merced a su formación profesional pagada del presupuesto nacional.
Y todos contentos (aunque sectores minoritarios de las Fuerzas de Armadas sigan añorando un pensamiento estratégico centrado en la defensa de la soberanía territorial con eje en la cuestión Malvinas).
El otro actor que se deleita con esta potencial reforma son los proveedores de tecnología militar y de seguridad. Empresarios locales que tejieron relaciones promiscuas con militares, policías, periodistas y políticos-títeres de las embajadas de Estados Unidos e Israel.
Un lobby arcano que con el cash de la evasión fiscal financia las carreras de quienes deben tomar decisiones y también a los que forman la agenda de la opinión pública. Promueven vivamente el imaginario de un terrorismo delirantemente mapuche, islamista y kurdo.
La gramática de esta reestructuración lleva la marca de la cada vez más frecuente reivindicación de la dictadura genocida y, fundamentalmente, de la indiferencia, que es la principal aliada del gobierno de las corporaciones.
La oposición debería poder advertir el riesgo de lo que se viene si el Poder Ejecutivo ejecutara lo que tiene planeado. Por eso las fuerzas populares debemos auspiciar debates realistas en torno a la Defensa. Esto significa también desligarnos de dogmas anacrónicos sobre la naturaleza “siniestra” de los Estados Unidos.La potencia mundial está atravesada por la misma contradicción que enfrenta a la democracia representativa con las corporaciones.
Finalmente, es probable que este intento de volcar a las Fuerzas Armadas nuevamente sobre el “enemigo interno” quede sólo en proclamas. Cambiemos invierte en Defensa cada año un poco menos. Pero la iniciativa oficial no se trata solamente de un capricho de CEOs urgidos por hacer economía.
Habrá que hacer valer nuestra voz disidente en condiciones desfavorables y con un sentido común mayoritario adverso a los postulados nacional-populares. Ese es el reto de encarar una política de Defensa al servicio de un programa de desarrollo humano, justicia social y soberanía política en plena reconfiguración del Estado y desintegración de los partidos políticos.
El desafío es grande, pero elegimos no rendirnos.
(*) Texto tomado del sitio InfoGEI. Su autor es presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. En 1972, como joven oficial de la Armada, se sublevó en la ESMA contra la dictadura militar y por el retorno del general Juan Domingo Perón al país.
