«Es un secreto a voces que en la policía no es el primer caso”. El abogado de la familia del joven que falleció tras un entrenamiento policial en La Rioja denunció que hubo numerosos casos de torturas similares, pero que no terminaron con muertos. “Esperamos que la muerte de Emanuel sirva como bisagra para que se modifiquen este tipo de cosas», expresó.
La defensa de la familia de Emanuel Garay, el cadete de policía riojano que falleció tras un severo entrenamiento físico en la Escuela de Policía local, aseguró que “hubo otros casos” similares al del joven “pero sin muertos” y advirtió que hay sectores de la Justicia que no ayudan a que se esclarezcan este tipo de hechos “porque son ultradependientes del poder político”. En tanto, el secretario de Derechos Humanos provincial, Delfor Brizuela, alertó que hay sectores vinculados a Cambiemos “que están aprovechando esta circunstancia” para azuzar “la teoría Chocobar” y denunció que las fuerzas de seguridad “están descontroladas del poder político».
“Resulta que era un secreto a voces que en la policía no es el primer caso. Hubo otras quejas con entrenamientos sometidos a mucho rigor, pero no hubo muertos”, reveló el abogado Nicolás Azcurra, representante legal de los Garay en la causa que investiga las responsabilidades del caso por el que están detenidos ocho directivos de la escuela de cadetes”, consigna Página 12.
A estos imputados se les suman otro seis que el letrado denunció el sábado por “haber participado de forma directa ejecutando las órdenes de los directivos para la tortura”, según precisó. “Esperamos que la muerte de Emanuel sirva como bisagra para que se modifiquen este tipo de cosas y erradicar estos bolsones de corrupción y violencia que subsisten”, aseveró en declaraciones a FM La Patriada.
La causa está caratulada como “homicidio simple, lesiones graves, abandono de personas, incumplimiento de los deberes de funcionario público” y denuncia que, además del caso de Garay, otras 17 personas fueron atendidas en el hospital. Las novedades en materia judicial se sabrán mañana, luego del receso por el feriado del fin de semana largo.
Además, Azcurra sostuvo que “sin lugar a dudas” hay responsabilidad política del Estado provincial y apuntó contra la Secretaría de Derechos Humanos provincial, que “conoce esta situación”. “Han dicho que ellos vienen denunciando este tipo de prácticas y que las causas quedan ‘cajoneadas’ in investigarse, mientras el tiempo pasa”.
Por su parte, el titular de esa área, Delfor Brizuela, reiteró que el gobierno riojano expresó su “repudio total” a “esa práctica reñida con toda ley y criterio de humanidad”. Además destacó que la reacción de su secretaría fue “acompañar las denuncias” hechas ante la fiscalía y, la del Ejecutivo local, “el cierre provisorio” de la escuela y desplazamiento de la cadena de mando.
En este sentido, adelantó a Radio Cooperativa que «mañana va a asumir el nuevo secretario de Seguridad”, ratificó que “por el momento” la Escuela de Cadetes está cerrada y remarcó que “la idea es hacer una modificación profunda» en esa institución.
Brizuela también admitió que “hubo casos” similares pero que “no tuvieron la envergadura de consecuencia como esta vez” e indicó que mientras “el caso de Emanuel fue un asesinato, el de los otros postulantes fue maltrato y tortura”. En este sentido cuestionó que hay en las fuerzas de seguridad una “creencia” de que “se puede matar en nombre de la ley» y vinculó en esto a la defensa que el gobierno nacional hizo del policía Luis Chocobar, quien asesinó por la espalda a una persona que huía luego de haber cometido un delito.
Según dijo, tanto los representantes riojanos de Cambiemos como sus socios políticos, “están aprovechando” lo ocurrido con Garay para “poner el ojo el planteo de la ‘bendita teoría’ Chocobar” que se expresa en “fuerzas de seguridad que están descontroladas del poder político”.
Además, sostuvo que cuando su área hizo una denuncia contra la fuerza de seguridad “apareció el prejuicio de que somos antipolicías” y estimó que “hay una conexión real” entre el endurecimiento de las fuerzas de seguridad con al apoyo que el Gobierno le dio a Chocobar.
«No quiero manosear la posición de muchas familias ni mezclarlo con posiciones políticas, pero es innegable que hay una conexión inconsciente en la fuerza que de pueden hacer lo que quieran porque el beneficio de la duda está a favor de ellos”, dijo y aseguró que su posición es la de “desterrar este modo de formación de los cadetes”.
