Organizaciones de derechos humanos, vecinos de Mar del Plata y querellantes en juicios de lesa humanidad presentaron un pedido ante el TOF 1 de La Plata para que se le revoque la prisión domiciliaria al genocida. Por su parte, la fiscal Ángeles Ramos interpuso un recurso de casación al considerar que el beneficio es “arbitrario” y “carente de fundamentación”.
Tras un multitudinario acto en la esquina de 11 y 47, frente a la sede del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, se presentó un escrito con más de 1.500 firmas ante los jueces German Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris para que revoquen la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz, condenado varias veces a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.
En la presentación realizada por querellantes, junto a organismos de derechos humanos, se adjuntan testimonios de los vecinos de bosque Peralta Ramos de Mar del Plata, donde reside el genocida y donde ya hubo varias manifestaciones de repudio.
“El miedo, la angustia, la intranquilidad y la locura se apoderaron de las calles y del barrio”, dice una vecina, mientras que otra agrega: “No pido que se vaya a otro barrio, pido justicia, que vuelva a la cárcel, nadie merece tenerlo cerca”.
“Empezamos a juntar firmas el 29 de enero, entre los vecinos recolectamos más de 400 firmas, sobre todo los del barrio Peralta Ramos, que han visto cómo la presencia de este genocida les cambió la vida, y en pocos días, con los adherentes, juntamos más de 1.500”, explicó la abogada Yamila Zavala Rodríguez.
Del acto también participaron Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, el sobreviviente de la Noche de los Lápices, Gustavo Calotti, integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria y la abogada Guadalupe Godoy, quien representó a sobrevivientes y familiares de víctimas en los juicios contra Etchecolatz, entre ellos Jorge Julio López, desaparecido desde 18 de septiembre de 2006.
El TOF 1 de La Plata le otorgó la domiciliaria al ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha de Ramón Camps en agosto de 2016. Como tenía prisión preventiva en otras causas, el beneficio no se hizo efectivo hasta el 27 de diciembre último por una resolución del Tribunal Oral Federal N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero.
El 20 de enero pasado, Etchecolatz salió de su casa rumbo a una clínica sin acreditar ninguna urgencia y sin autorización del tribunal platense, al punto que su defensora se enteró cuatro días después y debió llamarlo para poder explicar los motivos.
Recurso de casación
Mientras los vecinos marplatenses y los organismos de derechos humanos se manifestaban en La Plata, el sitio Fiscales.gob.ar informó que la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, a cargo de Ángeles Ramos, interpuso un recurso de casación contra la resolución del TOF 6 porteño.
Según Ramos, el beneficio otorgado a Etchecolatz resultó “arbitrario”, “carente de fundamentación” y “afectó la garantía de defensa en juicio y el debido proceso legal”.
La fiscal precisó que los magistrados basaron su fallo en informes médicos “parciales” agregados a la causa, pese a que contaban con otros informes médicos forenses de mayor peso que no habilitaban la concesión del arresto domiciliario por motivos de salud.
El recurso de casación cuestionó, además, que la medida dispuesta por el TOF 6 no tuvo en cuenta la existencia de riesgos procesales oportunamente advertidos por el Ministerio Público Fiscal.
En relación a este punto, Ramos subrayó que el imputado formó parte de uno de los aparatos de inteligencia más importante de los que operaron durante la última dictadura militar, al tratarse de uno de los máximos jefes en su carácter de Comisario General a cargo de la Dirección General de Investigaciones de la provincia de Buenos Aires, lo cual implica la posibilidad de que conserve cierto ascendente o poder para eliminar pruebas o rastros que lo incriminen y, de tal forma, “evadir o entorpecer el accionar de la justicia”.
