“Solidaridad con @RobiBaradel, otra vez amenazado en el marco de una grave campaña antisindical. La promoción a la desafiliación encabezada por @mariuvidal, la derogación de la paritaria docente y la intimidación a referentes gremiales, son prácticas heredadas de la dictadura”. “Acompañamos la denuncia de Eduardo Barcesat contra @mauriciomacri por violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, a raíz de la emisión del #MegaDecreto que derogó 19 leyes y modificó otras 140, avasallando las potestades del Poder Legislativo”. Así se manifestó desde Twitter la diputada provincial y una de las principales referencias del kirchnerismo bonaerense.
Antes, Florencia Saintout había expresado en la misma red “Acompañamos la denuncia penal contra el Presidente de la Nación MAURICIO MACRI , por violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por el DNU 27/2018, que pretende la modificación de leyes aprobadas por el Poder Legislativo. Comparto Comunicado de Prensa”
El Secretario General de CTERA y SUTEBA, los gremios que nuclean a docentes de la Provincia que comanda María Eugenia Vidal, fue amenazado nuevamente. Nuevamente, Roberto Baradel fue amenazado de muerte durante el gobierno de Cambiemos y previo a las paritarias docentes de la Provincia de Buenos Aires. En declaraciones con Pagina/12, el gremialista confirmó: “anoche recibí un mail en el que me pedían que no hablara más, que iban por el sindicato y por mí, que manejan el poder de la Argentina, que manejan a jueces y medios. Me dijeron que iban a hacer lo que quisieran y que no saliéramos a confrontar, amenazándome a mí y a mi familia”.
En el día de ayer, un DNU firmado por Mauricio Macri modificó varios artículos de la ley de Financiamiento Educativo perjudicando a los gremios más representativos, al tiempo que el fin de semana pasado se supo que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires distribuyó entre docentes una carta virtual donde invitaba a los maestros a desafiliarse de los sindicatos. En consecuencia, Baradel agregó: “Es claro que hay un clima de ataque a quienes defendemos los derechos de los trabajadores y en ese marco recibo nuevas amenazas”.
En sintonía, CTERA emitió un comunicado bajo el título “¡Basta de amenazas y persecución a Roberto Baradel!”, donde “repudia enérgicamente” la nueva amenaza contra el dirigente sindical, y advierte también acerca de la coincidencia que “este vergonzoso hostigamiento” se haya realizado un día después de que la CTERA haya repudiado el DNU en contra de la negociación salarial docente, y de que la gobernadora, María Eugenia Vidal, impulsara una desafiliación masiva.
Por su parte, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, adelantó: “Vamos a hacer la presentación judicial. Ya enviamos el mail a delitos informáticos de la Policía Federal y vamos a presentar luego la denuncia en el juzgado correspondiente.”
Es la tercera vez que amenazan a Roberto Baradel. En febrero de 2016, la hija había sido amenazada de muerte. En aquella ocasión, denunció que su hija recibió una amenaza de muerte a una casilla de mail personal, en la que le exigían que presione a su padre para que firme la paritaria docente.
Para la misma fecha pero de 2017, la CTA de los Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires denunciaron la amenaza de muerte. “Desde ATE Verde y Blanca Nacional nos solidarizamos con el compañero Roberto Baradel, Secretario General de SUTEBA, quien fue nuevamente amenazado, a través de un correo electrónico anónimo y no identificable, en el que se dan datos precisos sobre sus hijos y lo intiman a abandonar toda medida de fuerza o reclamos por las paritarias docentes. Específicamente le dicen que “si no se deja de joder, su familia pagará el costo”, indicaba el comunicado.
Por su parte, el primero de marzo del año pasado, días después de la segunda denuncia que recibió el gremialista previo a las paritarias, Mauricio Macri dijo: “No creo que Baradel necesite que nadie lo cuide”, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.
El presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ya tienen una denuncia en la Justicia por el DNU del 10 de enero que derogó nada menos que 19 leyes y modificó el texto de otras 140. El ex presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y el abogado Eduardo Barcesat acudieron a Tribunales para acusar por “violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” a Macri y a Peña en razón del megadecreto de 192 artículos, muy cuestionado desde la oposición.
La presentación judicial se dirige, además, a todos los ministros del gabinete nacional y a los abogados del Gobierno, a los que acusó de “prevaricato”. Florencia Saintout y otros referentes políticos y sociales acompañaron con su firma la denuncia, que recayó en el juzgado criminal y correccional federal 4, a cargo del juez Ariel Lijo, con intervención del fiscal Ramiro González.
Barcesat y Domínguez emitieron un comunicado para dar cuenta de las razones de la denuncia: “este obrar del conjunto del Poder Ejecutivo Nacional comporta un severo quiebre del sistema y doctrina del Estado de Derecho, cuya piedra basal es la división de poderes”. En el texto invocaron el artículo 99 de la Constitución Nacional, según el cual “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Con la excusa de “desburocratizar el Estado”, el polémico decreto deroga 19 leyes y modifica el texto de otras 140. Además, resaltaron que su presentación judicial se enmarca en lo establecido por el artículo 36 de la Carta Magna, “cuyo último párrafo reconoce el derecho de los ciudadanos a resistir los actos que lesionen la supremacía constitucional”.
“Todos los fiscales están atemorizados. Esto obliga a que desde la sociedad civil articulemos denuncias que debieron haber sido presentadas antes, desde la función ministerial”, afirmó Barcesat en diálogo con Páginað12. El abogado constitucionalista lamentó así que ningún fiscal haya denunciado hasta ahora el megadecreto “cuando su función es custodiar las instituciones”.
Por su parte, Domínguez sostuvo que la única explicación posible para la decisión del Gobierno es que “quieren cerrar el debate en el Parlamento y callar las voces opositoras, porque estas son leyes que lastiman a la gente y estaban dadas todas las condiciones para poder tratarlo en sesiones extraordinarias”.
Además, el ex presidente de la Cámara de Diputados afirmó creer que “incluso sectores del radicalismo no comparten este procedimiento, porque saben de derecho y no suscriben a este totalitarismo corporativo”, y agregó que confía “en la pericia de Agustín Rossi y la práctica parlamentaria” para que el decreto pueda anularse en el Parlamento.
