Son tres temas que por sí mismos y cada debería ser suficientes para conmover a los argentinos y quizás en buena medida así esté sucediendo. Sin embargo se trata de tres tópicos que hablan de algo hasta más grave: en más de 30 años de vigencia, accidentada pero con vigencia al fin, la sistema democrático – recortado, vigilado y por cierto en peligro – no logró darle solución estructural, en el sentido de indiscutibles apropiaciones por parte del sentido social, a las cuestiones sobre Seguridad, Defensa Nacional, Derechos Humanos y qué decir sobre Justicia.
Los afirmado arriba no pasa de ser un intento interpretativo de ciertos hechos recogidos, en algunos casos en forma amplia y en otros más circunscripta, por los medios de comunicación de todo tinte – ya van quedando pocos que no respondan a las tinturas de la derecha que hoy se expresan en Cambiemos –, como el de los bestiales despliegues represivos de efectivos federales (Gendarmería y Policía) y de la ciudad de Buenos Aires frente al Congreso y buena parte del centro portemos en aquellos lunes y jueves de la hace apenas unos días cuando miles y miles de personas manifestaban contra la ley de recorte previsional y social logrado las Cámaras por el Ejecutivo. Por otra parte el último informe anual de la Correpi da cuenta de más de un muerto por día por gatillo fácil y distintas formas de violencia policial y en la Justicia y el Ministerio Público Fiscal, como en las unidas de Seguridad no aparece síntoma alguno que hable del desarme de la tramas de complicidades entre esos elementos estatales y el delito más pesado, las que explican el mapa de inseguridad en todo el país pero sobre todo en los grandes conglomerados suburbanos, como, por ejemplo, el metropolitano y el del Gran Rosario. Eso sí: una red de jueces y fiscales federales todos bajo sospecha pues es obsceno cómo persiguen a funcionarios de los dos gobierno de Cristina y el de Néstor Kirchner mientras miran para otros lado respecto de las investigaciones abiertas sobre la conductas eventualmente delictivas de los miembros de las administraciones Cambiemos.
Además, dos textos periodísticos difundidos y provenientes de periodísticas que decididamente se paran en veredas de enfrente, ratifican que los episodios en torno al aun no encontrado submarinos ARA San Juan exhiben cómo el desmadre y los déficits profundos del orden democrático también alcanzan al área Defesa. Se trata del artículo que el notable periodista de investigación Luis Salinas publico el día 22 en su sitio Web El Pájaro Rojo, y la nota que este martes publica en La Nación el colega Hugo Alconada Mon, que pasamos reproducir.
“Malestar ruso porque no autorizan a su buque Yantar a buscar el ARA San Juan dónde creen que está”, titula Salinas y escribe: tras hacer los cálculos pertinentes la Marina rusa llegó a la conclusión de que el ARA San Juan se hundió muy lejos de la zona de búsqueda que se le ha asignado, concretamente a unos 200 kilómetros al suroeste. En consecuencia pidió que se autorizara a su buque oceanográfico Yantar a buscarlo en esa nueva ubicación pero, muy sorprendentemente, la misma le fue denegada, según se les hizo saber, no por decisión de la -en la práctica- acéfala Armada, sino por la del Gobierno nacional. Con el Yantar surto en Puerto Nuevo, diplomáticos rusos hicieron conocer su descontento al Grupo Parlamentario de Amistad con la Federación Rusa, cuyo presidente, el diputado nacional Carlos Gastón Roma (Cambiemos, Tierra del Fuego) prometió hacer gestiones para revocar esa negativa. Resulta que el gobierno ruso está dispuesto a que el Yantar (buque que tiene equipamiento para fotografiar y filmar pecios hundidos a más de mil metros de profundidad, lo que puede establecer si las causas del siniestro fueron endógenas o exógenas) reanude la búsqueda del submarino argentino durante todo un mes, pero no en la vasta área que se le asignó y en la que consideran que es imposible que esté. El descontento ruso no es un tema menor ya que el presidente Mauricio Macri tiene programado estar el próximo martes 23 de enero en Moscú y entrevistarse con Vladimir Putin. Según los voceros oficiosos de la Embajada de Rusia, además de encontrarse muy al norte y al este del punto donde es más probable que se encuentre un ARA San Juan convertido en sarcófago de sus infortunados 44 tripulantes, el área asignada al Yantar fue artificialmente extensa, sospechan que para hacerles perder el tiempo a sus oficiales, forzándolas a dar vueltas como un burro uncido a la noria, en beneficio de sus competidores estadounidenses, cuyos equipos de búsqueda llegan a menores profundidades.
El miércoles a la madrugada la Cámara de Diputados aprobó la creación de una “Comisión Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA San Juan” cuyo objetivo será “el análisis, la evaluación y el esclarecimiento de las causas y circunstancias del siniestro de la embarcación, el desarrollo de las acciones desplegadas por el Estado argentino para su hallazgo y el desempeño de la cooperación internacional recibida para su localización y rescate”.
El proyecto, presentado por el diputado Guillermo Carmona (FpV, Mendoza) con el apoyo de todos los bloques, prevé que sea una comisión bicameral formada por seis diputados y seis senadores, para lo que aún debe ser aprobado por la Cámara alta, pero se baraja la alternativa de que comience a funcionar en pleno receso veraniego como una comisión ad hoc de la Cámara de Diputados, siendo claros candidatos a integrarla, además de Carmona, la diputada correntina Araceli Ferreyra (Movimiento Evita) y el ex ministro de Seguridad porteño y ex embajador en la República Oriental del Uruguay, Guillermo Montenegro (PRO, Cambiemos).
Como teme que las sospechas y denuncias acerca de que habría ocultado información le haga mella, el Gobierno intentará por todos los medios que la comisión esté presidida por Montenegro, que además de haber cursado en el Liceo Naval es hijo del oficial de la Armada homónimo que habría sido submarinista.
El título del diario La Nación dice “Submarino: el temor a las condenas desató en la Armada un grave cruce de acusaciones internas”. Y Alconado Mon afirma:
La desaparición del submarino ARA San Juan provocó un cisma entre los oficiales de más alta graduación de la Armada, algunos de los cuales temen terminar en el banquillo de los acusados en un juicio oral como ocurrió tras las tragedias de Once y de Cromagnon.
Esas acusaciones cruzadas fueron volcadas en documentos calificados de «secretos» o «confidenciales», cuyas copias obtuvo LA NACION. Aparecen en ellos versiones encontradas y denuncias mutuas por supuesta negligencia en la gestión de la crisis por la pérdida del submarino, hace 40 días. Además, incluyen desde cuestionamientos por la aparente adulteración de actas y filtraciones de comunicaciones hasta la supuesta intervención de teléfonos para eliminar mensajes enviados o recibidos por WhatsApp.
En esos documentos aparece, además, la inquietud acerca de quién filtró el mensaje «secreto» del San Juan, del 15 de noviembre, que alertó sobre el ingreso de agua en el tanque de baterías y un «principio de incendio».
Para algunos, fueron suboficiales de Mar del Plata; para otros, laderos del entonces jefe de la Armada en Buenos Aires, el almirante Marcelo Srur.
Pero todos creen que por la misma razón: porque se temía un encubrimiento de lo que pasó con el submarino y quiénes son los responsables de las 44 muertes.
Dos oficiales quedaron en particular bajo la lupa. Son el comandante de Adiestramiento y Alistamiento -el virtual número tres de la Armada, con asiento en la base naval de Puerto Belgrano-, el contraalmirante Luis López Mazzeo, y el comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Villamide, máximo jefe de la base naval de Mar del Plata y superior directo del jefe del ARA San Juan.
Ambos, López Mazzeo y Villamide, continúan dentro de la Armada, pero suspendidos y acusados de dos faltas disciplinarias gravísimas -arriesgar a la tropa y negligencia en el servicio- que pueden causar hasta su destitución, según surge de la resolución «confidencial» 168/17, del 7 de este mes, a la que accedió LA NACION.
Firmada por el almirante Srur, esa resolución consideró prima facie responsables a López Mazzeo y Villamide de «arriesgar la integridad física de sus subordinados sin necesidad evidente y por actuar con negligencia/imprudencia notoria y grave al no impedir que el submarino ARA San Juan navegase con posterior a las severas anomalías detectadas» en inspecciones previas al viaje.
¿Qué anomalías? Según reconstruyó la Auditoría de la Armada, tanto el inspector general de la propia fuerza como el comandante del submarino, Pedro Fernández, habían informado sobre problemas y materiales faltantes en el submarino que no se subsanaron antes de su último y trágico viaje.
«Esa falta de control y supervisión de ambas autoridades navales», estimó Srur al suspender a sus subordinados, habría causado «presumiblemente, la pérdida de contacto definitivo» con el submarino. Es decir, la tragedia.
Lejos de encaminar la situación, sin embargo, esa resolución provocó una fuerte tensión dentro de la Armada.
López Mazzeo y Villamide recusaron a Srur, lo denunciaron por el delito de prevaricato -es decir, el presunto dictado de una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta o contraria a la ley- y apelaron sus suspensiones.
«La emisión de la resolución dictada por la autoridad [por Srur] constituye por sus omisiones, su apresuramiento, su parcialidad, su falta de fundamentos técnicos y de opiniones especializadas, un auténtico prevaricato», replicó López Mazzeo en un escrito que presentó ante la Armada y cuya copia también obtuvo LA NACION.
No sólo eso. Mientras Srur les comunicaba su suspensión a López Mazzeo y Villamide, al menos cuatro oficiales superiores de la Armada decidieron pedir su retiro para no convalidar con su silencio esa resolución: los comandantes de la Flota, de la Aviación Naval, de la Infantería de Marina y el jefe de Mantenimiento y Arsenales.
Ante esa reacción, Srur habría vuelto sobre sus pasos y le comunicó a López Mazzeo que quedaba «sin efecto» su suspensión y la de Villamide, pero planteó que también esos cuatro oficiales debían retirar sus pedidos de retiro.
«Estamos todos nerviosos», se habría excusado el entonces jefe de la Armada en la madrugada del viernes 8 de este mes, según consta en el escrito que presentó López Mazzeo.
Transcurrido el fin de semana, sin embargo, Srur reafirmó su primera decisión el lunes 11 y la Armada suspendió a López Mazzeo y Villamide, mientras que los otros cuatro oficiales se marcharon a sus casas. Pero el jefe de la Armada también comenzaba a tener sus días contados.
Para Srur, Pedro Fernández tenía autonomía como comandante del submarino para tomar múltiples decisiones, pero también había alertado sobre los «riesgos» para el San Juan de participar en patrulla de control de la pesca ilegal -misión que no se habría reportado a Buenos Aires-, como también reportó que los salvavidas y canisters para regeneración de aire del sumergible se encontraban vencidos y que no había candelas suficientes si se producía una emergencia a bordo.
Para López Mazzeo y Villamide, por el contrario, Fernández tomó la decisión de continuar hacia Mar del Plata tras reportar la «avería» aun cuando se le ofreció ir a un puerto más cercano, desviarse a aguas menos profundas y ser escoltado, además de descalificar la resolución de Srur por, entre otros motivos, utilizar observaciones hechas sobre el submarino Salta como si fueran sobre el San Juan para imputarles responsabilidades.
«Navegar con equipos antiguos o soportar carencias o restricciones presupuestarias no significa que nuestros hombres zarpen sin las condiciones de seguridad náutica correspondientes ni que algún tripulante o técnico sostenga que se encuentra en buen estado un material o elemento que no lo está», replicó López Mazzeo en su impugnación.
También defendió a toda la dotación del submarino, incluido su comandante Fernández. «No puede hoy defenderse», sostuvo, cuando parece que buscan responsabilizarlo «de un acontecimiento que todavía no sabemos cómo ni por qué ocurrió».
Así, mientras Fernández corre el riesgo de seguir los pasos del motorman en la investigación penal que siguió a la tragedia de Once, el resto del escalafón de la Armada pugna por defender su propio rol. Porque todos ellos temen terminar tras las rejas.
