Se trata de datos aportados por la Correpi, organización para la cual en los últimos 12 meses el número de asesinados por uniformados se ha incrementado. La violencia estatal provoca un muerto por día. Desde 1996 esa organización elabora cada año su informe especializado. «Garrote, garrote y garrote» a la protesta social para destruir los derechos de la ciudadanía. Para Mauricio Macri la aplicación de las leyes es apenas la disposición arbitraria de sus propios deseos represivos y del sentido común adocenado y maleable por el aparato cultural, especialmente mediático. Piensa en castigos – ni siquiera tiene en cuenta que, en términos de punibilidad del Estado y sus sistema de sanciones, el concepto de castigo fue desterrado desde los tiempos modernos de la democracia burguesa –, y en sanciones para quien él y otros consideren como delincuentes (un otros cualquiera, ese que cumple los dictados de la TV), nunca en conformidad con a lo que establezcan la Constitución, la leyes y las formas procesales, por más que apele al cacareo histórico de los sectores más reaccionarios de esta sociedad que asesinaron y torturaron en nombre de la instituciones, y como lo puso en evidencia cuando dijo que Milagro Sala debe estar presa porque «la mayoría cree» que cometió delitos. Es decir, estamos ante el fascista perfecto de los tiempos que corren, encubiertos por los pliegues semánticos de un discurso público capturado, expropiado ilegales e ilegítimamente por los dispositivos comunicacionales avasallantes que posibilitan las nuevas tecnologías y el control que sobre ellas tiene las grandes corporaciones. Las muertes de los jóvenes Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en la Patagonia, fueron dos puntos de inflexión.
Por Carlos López / La Correpi plantea que “estamos atravesando el pico represivo más violento desde el ’83”. Y María del Carmen Verdú, una de sus dirigentes, da las cifras: “Hubo 725 muertos en 721 días de gobierno de Cambiemos”. La colega Renata Padín de Página 12 reporta así este sábado acerca del Informe 2017 de la Correpi: Antes de la presentación, en Plaza de Mayo, del Informe contra la Represión Policial e Institucional, María del Carmen Verdú, dirigente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), hace un panorama: “Estamos atravesando el pico represivo más violento desde el ’83. Hubo otros momentos especialmente duros, el ’89, el 2000-1, el 2008… Pero esta escalada represiva es inédita. Por primera vez superamos la marca del muerto diario por gatillo fácil o torturas. Hubo 725 muertos en 721 días de gobierno de Cambiemos, un muerto por día de gobierno. Y sabemos que son más, porque se tarda bastante en enterarse de los casos y confirmarlos. En el informe del 2016, hay consignados doscientos casos menos de los que hoy sabemos que se cometieron. Por eso digo que va a haber más este año, con la represión sobre los sectores populares organizados y el raid de los últimos diez días”. La Correpi plantea que represión estatal hubo siempre, con matices y diferencias más o menos importantes. Verdú, entonces, explica: “Cuando empezó el gobierno de Cambiemos, nosotros planteamos que el panorama era poco alentador, porque por primera vez todos los aparatos represivos (el de Nación, el de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, el de la Capital) estaban en manos de la misma fuerza política”. Lo peligroso está en que no hay frenos desde las instituciones, más bien lo contrario. “A esta concentración de los aparatos represivos estatales hay que agregarle el aparato judicial”, agrega. Y cuando se le pregunta por las declaraciones del fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal Germán Moldes, expresa: “Todavía no nos llegó el dictamen de Moldes, pero a juzgar por lo que apareció en la prensa, es una colección de adjetivos incalificable. Por supuesto que apenas nos llegue, vamos a actuar. Moldes habla de ‘sedición’, de ‘bandas organizadas’, echa mano de figuras legales que hacía muchísimo que se habían abandonado… Y en un dictamen pretende darle órdenes al Poder Legislativo, por ejemplo. Acá lo peligroso no es sólo Moldes, que ya sabemos cómo es y cómo actúa. El problema es que no está solo en el ámbito judicial”. Desde el palco, de espaldas a la Casa Rosada, se suceden las adhesiones y oradores. En consonancia con lo que está planteando Verdú, uno de los integrantes de la Correpi expresa: “La represión no es sólo de Cambiemos. La violencia no es sólo de Cambiemos. Porque en el Congreso votaron más de 20 diputados justicialistas junto con Cambiemos, y contaron también con la ausencia de Daniel Scioli”.
En ese contexto, el gobierno de Cambiemos, que es mucho más que Macri y los por ahora integrantes de su mesa más chica (su jefe de gabinete Marcos Peña, la gobernadora María Eugenia Vidal y el alcalde Horacio Rodríguez Larreta) propone castigos prejudiciales (la espada ahí se llama Patricia Bullrich), es decir palos, balas (por ahora de goma, que también pueden matar) y gases variopintos para todos los que quieran manifestarse contra su gobierno en las calles, ejerciendo un derecho que confiere la Carta Magna. Y al respecto el propio jefe de esta ofensiva de la derecha pura y dura, por primera mediante las urnas, se sinceró. Informaba el viernes 22 el diario Página 12: “al brindar con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, el presidente respaldó el reclamo del fiscal Germán Moldes de que a los arrestados durante las protestas no se les conceda la excarcelación. «El que tira una piedra está dispuesto a matar», afirmó (una nueva clase de Derecho con supina ignorancia, porque intenta una versión propia del concepto de preterintencionalidad). Mauricio Macri siguió con su arenga para criminalizar la protesta. En alusión a los hechos del lunes frente al Congreso, consideró que “el que tira una piedra está dispuesto a matar” y, para elevar la gravedad del caso, sostuvo que “no puede ser que alguien que hace un atentado o un intento de homicidio sea liberado a las 24 horas”. El jefe de Estado respaldó de soslayo la posición del fiscal Germán Moldes, que ayer emitió una resolución en la que cuestionó la liberación de los detenidos tras la represión de la protesta contra la reforma previsional. Pidió que se termine “el festival de liberaciones” y exigió poner fin al ‘abolicionismo del derecho penal’”. Más fascismo.
Entonces, la represión que sufrieron los manifestantes la pasada semana en las inmediaciones del Congreso Nacional provocó la explosión mediática de un orquestado plan del terror que ya cumple más de dos años. El gobierno sabía que la ley estaba deslegitimada por una gran mayoría de ciudadanos (un 70 por ciento decían las encuestas amigas de la Rosada) y montó un plan militarizado para evitar las manifestaciones, aunque no pudieron callar las cacerolas por la madrugada del martes. Como esta semana, en otros reclamos sociales de menor repercusión, Cambiemos se ha desplazado siempre de la misma manera, con una metodología represiva que pone en riesgo a la democracia misma y calla las voces de los desprotegidos que ha dejado un gobierno que a los únicos que pone contentos son a sus aliados de los poderes económicos: recortan jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales y rebajan impuesto y aportes patronales a las empresas.
No podía faltar la vicepresidenta Gabriela Michetti. A partir de real aunque sospechosa falta de entendimiento anunció la solución ejemplar: «balas de goma en la pierna» para todo aquél que joda. El pueblo, tras el grito al cielo, golpeado y abandonado.
Los gobiernos neoliberales en la Argentina han aplicado en cada gestión una política determinada pero que en la esencia se repite con un manual de ejecución contra los sectores más postergados de la sociedad o incluso contra quienes muestren algún descontento con las directivas estatales. El endeudamiento, las reformas de leyes a espaldas del reclamo popular, la baja de la presión sobre las empresas para el manejo de personal y el aumento de precios de los bienes y servicios son políticas que la derecha aplica en todo el mundo pero que no serían posibles sin un esquema de represión mediado por las fuerzas de seguridad a servicios del poder estatal. La salvaje represión de la semana que pasó no fue más que un nuevo capítulo en esa saga de violencia institucional en su versión “macrista”.
Desde que Mauricio Macri asumió al poder, la Gendarmería ha sido una de las fuerzas con mayores intervenciones en distintas provincias, acompañada en ocasiones por el accionar de policías federales o locales. En febrero de 2016, el gobierno emitió un polémico protocolo para amparar la represión en lugares públicao contra personas que realicen protestas sociales. Precisamente en el informe anual del 2016 que dio a conocer la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) se denunció que, con órdenes desde el Poder Ejecutivo Nacional, los operativos de seguridad se cobraron la vida de 259 personas por violencia institucional, sólo en el primer año de gobierno, entre los que se destacan casos de gatillo fácil, muertes de personas detenidas y desapariciones forzadas. De esos datos ya surgía el saldo promedio de un muerto cada 25 horas. Pero la postura de Macri es clara ante las fuerzas reresivas, ya que precisamente el presidente el martes pasado en conferencia de prensa le agradeció a los efectivos por la “labor que llevó el día de ayer -por el lunes pasado- y el jueves defendiendo la institucionalidad del país y la democracia”.
La detención de Milagro Sala y otros militantes de su organización y los reiterados ataques policiales a los trabajadores azucareros del Ingenio Ledesma, fueron casos testigos en Jujuy de los que es una política nacional de Cambiemos.
La primera gran protesta que tuvo que afrontar el gobierno de Macri fue de los trabajadores de Cresta Roja el 22 de diciembre de 2015, que marcó un puntapié de lo que se vendría en los meses posteriores en cuanto a respuestas estatales represivas. Fueron ferozmente reprimidos por efectivos de la Gendarmería, la que atacó a punta de balas de goma, palos y camiones hidrantes para desplazarlos. Algo similar fue lo que vivieron los trabajadores de Mascardi, reprimidos también en el acceso al aeropuerto internacional sobre la Autopista Riccheri. La Gendarmería fue una de las fuerzas de seguridad selectas que Macri utilizó desde ese entonces para desalojar protestas sociales a los palazos. Esa misma fuerza fue la que en Rosario reprimió la marcha de la Multisectorial contra el Tarifazo, de la que también participó una agrupación de industriales y comerciantes que protestaban contra los aumentos. Los manifestantes pretendieron acercarse al acto por el Día de la Bandera encabezado por el presidente Macri para expresar su rechazo a las políticas que el presidente ya demostraba aplicar en sus primeros meses de gestión, pero el fuerte operativo de seguridad montado por la seguridad nacional impidió que la protesta avanzara a no más de 300 metros del Monumento. Luego, se avanzó con el ataque a los manifestantes, entre los que se encontraba el concejal por el Frente para la Victoria en esa ciudad, Eduardo Toniolli.
Nadie estuvo ni está a salvo del poder de la represión que aplica Macri. En febrero de 2016, con tan sólo poco más de 2 meses al frente de la Casa Rosada, el presidente orquestó una de las represiones que más repudio generaron por ser contra menores de edad y de bajos recursos. Gustavo «Marola» González, el director de la Murga «Los Auténticos Reyes del Ritmo» de la villa 1-11-14 en el Bajo Flores, fue el encargado de denunciar que Gendarmería había reprimido a los jóvenes integrantes de la murga con balas de goma y hasta de plomo, según pudieron contar testigos del ataque. El hecho fue expuesto mediáticamente por La Garganta Poderosa en una publicación en la que el director de la Murga comentó que, mientras ensayaban, vieron «que venía hacia nosotros un patrullero de Gendarmería, por la calle Charrúa. Al llegar hasta donde estábamos, les pedimos por favor que esperara un ratito y, luego, si podía salir hacia atrás, porque no se podía pasar por ahí, ya que había muchos chicos y chicas bailando. Pero no alcanzó con decirles por favor… Avanzaron, sin importarles que hubiera menores. Y así fue como lastimaron a los dos primeros nenes, rozándolos con el coche, mientras pasaban de ‘prepo’ por el medio». La impunidad con la que se manejan las fuerzas federales muchas veces es aún más violenta que la que aplica la propia Policía Bonaerense o las locales, ya que al pertenecer a un cuerpo policial federal los efectivos tienen la libertad de actuar bajo diferentes jurisdicciones, con órdenes del Ministerio de Seguridad que dirige Bullrich pero sin ningún tipo de sensibilidad social por la comunidad.
Fue así también como a mitad de 2016, la Policía Federal reprimió una protesta llevada a cabo por un grupo de jubilados y piqueteros sobre el puente Pueyrredón, en un reclamo por un aumento de emergencia para el haber mínimo, luego de que se anunciara el incremento del 14,16% para septiembre de ese año, lo que consagró una caída de 10 puntos en el poder de compra de la clase pasiva. Las fuerzas de seguridad aplicaron el polémico y cuestionado protocolo antipiquete para empujar y pegarle a los jubilados. En septiembre, La Garganta Poderosa denunciaba a fin de ese mes que los jóvenes Ezequiel Villanueva Moya, de 15 años, e Iván Navarro, de 18, ambos habitantes de la Villa 21-24 del barrio porteño de Barracas, habían sido días atrás secuestrados y torturados por más de 10 uniformados. Según relataron las víctimas de este caso que escapa a los otros por ser con una estrategia puntual de hostigar a los menores en particular, los efectivos se movilizaban por la villa a bordo de tres móviles de la Prefectura Naval Argentina. Los jóvenes, integrantes del colectivo La Garganta Poderosa, fueron golpeados y amenazados con cuchillos y armas de fuego, y disparos al aire incluidos en una situación de extrema gravedad en la que los efectivos jugaron con la vida y la muerte de los jóvenes permanentemente, y finalmente les robaron la ropa en forma de burla. Este caso, y tantos otros similares que no llegan a los medios de comunicación, no sólo no son denunciados por los periodistas que protegen al gobierno de Macri sino que además raramente llegan a la justicia con una denuncia formal, ya que la policía sabe y aplica la represión y el hostigamiento contra aquellos sectores sociales que menos herramientas tienen para defenderse: menores, pobres, mujeres y jubilados.
En octubre del mismo año, en línea con este accionar del brazo represivo de la derecha la policía santafesina hizo lo propio en el Encuentro Nacional de Mujeres, donde atacaron con balas de goma a mujeres y periodistas que se encontraban cubriendo la jornada de protesta y reflexión por la mujer. Ese día se viralizó por las redes sociales una denuncia contra la policía por efectuar disparos a quemarropa, tal fue el caso de la Johana, fotógrafa de La Garganta Poderosa que recibió un balazo de goma en la frente. El 24 de octubre de ese mismo año en La Plata, los trabajadores del transporte mantuvieron una medida de fuerza durante una semana, con retención de tareas en la cabecera de la línea ESTE y 520 (Nuevo Expreso), y si bien lo hicieron esperando conseguir una audiencia programada para ir al Ministerio de Trabajo bonaerense, el juez de Garantías Juan Pablo Masi ordenó la liberación de la terminal en la que se realizaba la protesta con una represión policial violenta. En aquel momento la concejala platense por el FpV Nacional y Popular y ahora diputada provincial, Florencia Saintout, repudió este ataque en el recinto Municipal y solicitó que “es importantísimo que todas las fuerzas políticas de esta ciudad la repudien. No puede haber un sólo conflicto que se resuelva con violencia; tiene que ser inadmisible y el intendente de la ciudad, Julio Garro, tendría que salir a decir públicamente que los conflictos no se resuelven con represión. Me parece que este tiene que ser un piso básico de todos los que creemos en la resolución pacífica, política y a través del diálogo como salida de los conflictos”.
La metodología de represión permanente continuó este año hasta llegar a los eventos que se dieron esta semana en el Congreso y que fueron los de mayor gravedad por cantidad de personas afectadas y de acontecimientos violentos. Ya en mayo 2017 el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) alertaba que Macri permitía una represión por semana, teniendo en cuenta los datos recabados hasta marzo de este año. Del total, la mayoría ocurrió en la provincia de Buenos Aires, distrito de la macrista María Eugenia Vidal, con un 26.5% de los casos. Lo sigue la Ciudad de Buenos Aires, con Horacio Rodríguez Larreta al mando y el porcentaje de 16.9%. A esto le siguen Mendoza, Jujuy, Santa Fe y Salta, con un 6% que se traduce en 5 episodios cada una en ese lapso de tiempo. Pero la principal estadística que entregó este informe de comienzo de año es que “el aumento de la cantidad de conflictos por mes seguidos de represión es significativo. A nivel nacional, haciendo la comparación tomando los primeros trimestres de 2016 y 2017, se produce un incremento superior al 100%: los conflictos de represión eran 3 por mes y se elevan a 7 por mes. En CABA, la incidencia se duplica: de 1 a 2 por mes”. Panorama poco alentador es el que se desprende para el 2018 con estos indicadores y sumado a que el gobierno aprobó dos leyes centrales como la previsional y la tributaria sin el apoyo en general de la ciudadanía, a lo que resta agregarle la votación de la reforma laboral, lo que podría desencadenar otra masiva protesta social por la cantidad de trabajadores que se verán afectados en los cambios legislativos que contemplan, entre otras cosas, mayores beneficios para el empresariado argentino para despedir y administrar el personal. Luego de los eventos ocurridos esta semana en el Congreso y en esta misma dirección, el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) comunicó esta semana un estudio en el que evaluaron que las fuerzas de seguridad reprimieron al menos a 144 protestas sociales entre 2016 y 2017, se realizaron unas 836 detenciones a manifestantes por causas de reclamos sociales -lo que equivale a una persona cada 21 horas- y se iniciaron causas penales por protestas sociales contra 254 personas. Estas alarmantes cifras no hacen más que confirmar que la protesta no será respetada por el gobierno en los dos próximos años de gestión que restan y pone una alerta en las agrupaciones políticas y los organismos de derechos humanos que le reclaman la libertad de expresión al presidente. Es por ello que para entender la política represiva hace falta comprender que el gobierno no dará el brazo a torcer en busca de diálogo. En una entrevista con La Izquierda Diario del docente de la UBA e integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Manuel Tufró, “no es que con el Gobierno anterior no existía la represión. Pero sí había una política de diálogo y de búsqueda de soluciones pacíficas. Lo que cambió es que este Gobierno tiene una ideología distinta: ven a la represión como la mejor forma de acabar con las protestas, que a su vez son cada vez producto de la profundización de la crisis económica”.
Este año no fue la excepción a la represión, comenzando con un episodio confuso que generó gran conmoción en Lanús, cuando Laura Zaracho, la embarazada golpeada por la policía en el merendero «Cartoneritos», perdió su bebé luego de una represión feroz y sin ningún tipo de explicación hasta el día de hoy por parte de las fuerzas de seguridad. El viernes 31 de marzo agentes policiales estaban haciendo un operativo de control vehicular en la zona y reaccionaron violentamente cuando trabajadores del comedor le pidieron que movieran el operativo por la presencia de chicos jugando en ese lugar. La respuesta policial fue irrumpir en el comedor, causar destrozos y reprimir a niños y adolescentes con gas pimienta y balas de goma. Esto produjo una grave lesión a la cocinera del merendero, que más tarde perdería a su hijo producto de la violencia policial. Una semana después, precisamente el 8 de marzo de este año, los docentes fueron reprimidos junto a gremialistas por la policía al intentar colocar una carpa blanca frente al Congreso en una protesta que apuntaba a reclamar al gobierno que convoque a una paritaria nacional del sector, con un reclamo similar al que los docentes mantuvieron durante la década del ‘90 contra el gobierno de Carlos Menem.
Si se tratan los episodios de este año, el caso que tomó mayor relevancia antes de la represión en el Congreso fue en agosto el operativo ilegal que Gendarmería desplegó contra los mapuches de la comunidad Pu Lof y que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado, hallado sin vida 80 días después. Para el CELS -que se constituyó como querellante en la causa que investiga la desaparición forzada llevada adelante por la fiscal federal Silvina Ávila- la flagrancia implica recortar el delito al hecho particular que justifica la irrupción. La directora del Área de Justicia y Seguridad del CELS, Paula Litvachky, explicó en una entrevista con la agencia de noticias La Vaca que “todo lo que hicieron en la comunidad está por afuera de la justificación que alegan para irrumpir: requisaron todo, quemaron cosas, maltrataron y secuestraron herramientas de trabajo, que luego presentaron a la prensa como arsenal terrorista. Todas estas acciones poco tienen que ver con la justificación de flagrancia. Lo concreto es que irrumpieron sin orden judicial y ese operativo ilegal fue el origen de la desaparición de Santiago”. La Gendarmería actuó en el caso de Maldonado como el brazo represivo para que gobierno comience sin rodeos un ataque contra los mapuches en nombre de la defensa nacional contra el “terrorismo”, en una acción política de exterminio de la que también formó parte Chile y que en el plano nacional tuvo a sus portavoces a dirigentes como Patricia Bullrich y Elisa Carrió, ambas defensoras de la represión contra los pueblos mapuches.
Como en cada gobierno neoliberal lo peor recién está comenzando. Macri no tiene en mente detener el hostigamiento de la policía. Este viernes pasado, el presidente brindó una conferencia breve junto a periodistas amigos en la Casa Rosada en un brindis previo a la Navidad, y lejos de reflexionar sobre los episodios del lunes pasado, criticó que la Justicia haya liberado a los detenidos que fueron apresados ese día en el Congreso. Esto lo hizo volviendo a relatar una trillada frase que levanta el grito de los más doctrinales abogados de la derecha: “No puede ser que alguien que hace un atentado sea liberado a las 24 horas”, dijo el presidente. Si bien llamó a continuar con la represión en casos de protestas sociales, Macri también aplicó su doble discurso característico para llamar a la ciudadanía a “la paz, la convivencia respetuosa y la libertad” en este fin de año sangriento para la política argentina. La represión se esparce por el país como un mal que el gobierno aplica contra las clases sociales más perjudicadas por las propias políticas que aplica con autoridad, sin escuchar al clamor popular. Así fue como volvió a ocurrir este viernes último en Berisso, localidad bonaerense en la que el intendente Jorge Nedela ordenó reprimir a los trabajadores municipales que se acercaron por la tarde al Concejo Deliberante, ante una sesión que buscaba declarar la emergencia administrativa económica y social, adhiriendo a la comuna al Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal y la Emergencia Económica, medidas todas que afectan directamente a los trabajadores del sector. La sesión finalmente fue levantada y los trabajadores fueron golpeados brutalmente por efectivos de la Policía y Gendarmería. Macri y todos aquellos hombres y mujeres del poder que están utilizando al Estado para generar un endeudamiento a futuro, una mayor precarización laboral y destruir los salarios de los trabajadores van a seguir respondiendo con violencia, con represión. Porque no existen argumentos que la ciudadanía soporte para defender un saqueo de tal magnitud como el que aplica el macrismo. Por eso ayer, hoy y seguramente mañana hablar de represión en la era Macri será sinónimo de Cambiemos.
