En el marco de la campaña de ajuste que lleva a cabo el macrismo a nivel nacional con recortes en las jubilaciones, reforma laboral y despidos de trabajadores estatales a la cabeza, en la provincia de Buenos Aires la gobernadora María Eugenia Vidal ingresó a la Legislatura un paquete de leyes que van en sintonía con la línea que marca Mauricio Macri.
Por Alejandro Palladino (*) / Con la mira puesta en ajustar el gasto político, una de las normativas es la Ley de Ministerios que contempla la eliminación de 221 cargos con el fin de ahorrar 600 millones de pesos. Este proyecto, que la gobernadora María Eugenia Vidal pretende que sea aprobado en ambas cámaras -sesionan el jueves- antes de fin de año en sesiones extraordinarias, modifica, elimina o reubica varias áreas del Estado.
Los cambios para el año que viene significan una reducción de cargos públicos del 22% que se suma al 11% que hizo Vidal ni bien asumió, cifras que en total llegan a un 30% en cuanto a las reorganizaciones administrativas hechas desde que Cambiemos gobierna la provincia.
De aprobarse la ley, el gabinete de Vidal quedará conformado por catorce ministerios y cuatro secretarías. Los cambios prevén la eliminación de 14 subsecretarías de las 80 existentes; 82 direcciones provinciales de las actuales 277 y 125 direcciones de las 633 que funcionan. Esto implica que todos los ministerios harán reducciones en sus estructuras y que habrá, como se dijo, un 22% de ajustes en la estructura general.
Entre los gremios bonaerenses reina la incertidumbre frente a este cuadro de situación. Por eso, hoy habrá una concentración de gremios que responden a las dos CTA en las puertas de la Legislatura para expresar su rechazo ante la posibilidad de despidos y vaciamientos de áreas claves.
Oscar de Isasi, secretario general de la CTA Autónoma de Buenos Aires y del gremio ATE, señaló a Contexto que “los trabajadores no saben en qué parte del Estado van a ir a parar y tampoco saben si se mantiene su fuente laboral”, por eso “exigiremos un debate profundo sobre la Ley de Ministerios”, agregó, en referencia al tratamiento exprés que tuvieron recientemente en las cámaras leyes importantes como la Ley de Presupuesto 2018 y el tercer megaendeudamiento del gobierno de Vidal por 86 mil millones de pesos.
El referente gremial también cuestionó que “la Ley de Ministerios haya sido la más reformada de los últimos tiempos” -tres veces en dos años- y apuntó que este contexto “solo provoca inquietud” entre los estatales.
Por su parte desde la CTA de los Trabajadores que conduce el docente Roberto Baradel también estarán presentes en la Legislatura para exigir que la Ley de Ministerios no afecte las condiciones laborales de los trabajadores. Así lo confirmaron fuentes de esa central a este diario.
Antes de dirigirse a la Legislatura, las CTA serán parte del abrazo simbólico que realizarán por la mañana los trabajadores bonaerenses en las puertas del Instituto de Previsión Social (47 entre 5 y 6) contra la ley de reforma previsional del gobierno nacional y su impacto en los bonaerenses.
Los cambios en la movilidad jubilatoria y la modificación de la edad para jubilarse son los puntos que más alarmas generan entre los gremios. El frente Gremial Docente, los médicos de CICOP y los estatales de ATE son parte de la convocatoria.
En tanto desde el ámbito legislativo, la senadora de Unidad Ciudadana Teresa García -presidenta del bloque- cuestionó en diálogo con Contexto los mecanismos institucionales que lleva a cabo Vidal para imponer sus leyes sin el debido tratamiento.
“Estamos frente a un Estado provincial de similar comportamiento al Estado nacional, en la búsqueda de usar metodologías de accionar institucional que son aberrantes”, dijo la senadora apuntando a la caza de opositores que hace Mauricio Macri en sintonía con sectores de la Justicia.
“Si la gobernadora quiere cerrar la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, tiene que afrontarlo y decirlo. Porque parece que la Legislatura sea un mero trámite administrativo con la simple firma de los presidentes de ambas cámaras; no puede negar la existencia de otras fuerzas políticas”, objetó.
García agregó: “Resulta incomprensible que a pesar de que Unidad Ciudadana sea minoría y con el bloque de Cambiemos como mayoría, nunca se había eliminado el procedimiento del tratamiento en comisión, me resulta inaceptable que no se traten proyectos importantes que hacen a las condiciones de los trabajadores de los ministerios y al funcionamiento del estado en esas áreas de gobierno”.
Por el lado de los diputados del kirchnerismo bonaerense, fuentes del bloque de Unidad Ciudadana afirmaron a Contexto que “en caso de que la Ley de Ministerios sea un retroceso para los derechos de los trabajadores, nos vamos a oponer”. La misma posición mantienen desde ese espacio político con respecto a la ley de reforma previsional que afecta al IPS.
Desde que se hizo pública la nueva Ley de Ministerios, una de las áreas que sufrió las reestructuraciones fue la subsecretaría de Tierras, Urbanismo y Vivienda. Desde hace dos semanas sus trabajadores vienen denunciando el “desguace” de esa subsecretaría, una de las tantas que se verían afectadas en caso de aprobarse la ley.
Los trabajadores temían que, al pasar desde el Ministerio de Infraestructura al de Desarrollo Social, perderían setenta fuentes de trabajo de contratados y las plantas temporaria y permanente perderían bonificaciones propias de Infraestructura que no tiene Desarrollo Social.
Pero la situación empeoró cuando se hizo público en los útlimos días el texto del proyecto de la Ley de Ministerios: uno de sus puntos establece la creación del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana que dependerá de la Jefatura de Gabinete, y cuya función será la urbanización de villas, que otrora era tarea del área de Hábitat de la subsecretaría de Tierras.
“A esta altura ni siquiera sabemos dónde iríamos, lo que está claro es que la subsecretaría se disuelve y que como mínimo no va a conservar ni siquiera el nombre. Está todo al borde del quiebre”, dijo a Contexto Nicolás Hrabar, delegado de ATE en la subsecretaría. “No tenemos garantías de continuidad laboral”, agregó.
Por otro lado, la fusión de la Asesoría General de Gobierno con la Secretaría de Legal y Técnica también generó preocupación entre los trabajadores de la primera, más aún luego de la renuncia del titular de la Asesoría, Marcelo López Mesa, quien fue reemplazado por Patricio Blanco Ilari. Aún no saben cómo serán redefinidas sus tareas.
Otra de las leyes del paquete de la gobernadora que despertó fuertes críticas ayer fue la reforma del régimen jubilatorio de los trabajadores del Banco de la Provincia.
Este proyecto busca pasar la edad de retiro, de manera progresiva, de 57-60 a 65 años, con la idea de “reducir el déficit” y en línea con la reforma previsional para los jubilados que se trata en el Congreso de la Nación. También se eliminan jubilaciones de privilegio.
En diálogo con Contexto, Federico Bach, secretario general de La Bancaria seccional La Plata, confirmó a este medio que el jueves habrá paro en las sucursales del Banco provincia, el mismo día en que se tratará la ley en las cámaras, con el fin de rechazar la normativa de Vidal.
“Nos modifican totalmente las condiciones de jubilación. Y lo que es peor, sin ningún tipo de diálogo con nosotros”, dijo Bach.
En concreto, y tras leer el proyecto de ley recién ingresado ayer en Diputados, el gremialista explicó: “Nos modifican el cálculo de haberes, de cinco años a diez, pero sobre todo modifican la composición de los haberes, que lo llevan a un 60% de lo que hoy se cobra en actividad, lo cual es una aberración política y económica”, evaluó. “Hoy ese porcentaje es de un 80% móvil con un aporte de los jubilados que después de jubilarse siguen aportando un 10,82%”, añadió.
En cuanto a las condiciones de resolución gremial, afirmó que “la fecha de paro tiene que ver con que coincide con el día de su tratamiento”. Y advirtió que “no podemos garantizar lo que pase en el mes de diciembre en cuanto a la atención al público en caso de que avance esta ley. No podemos permitir que esto se apruebe”, añadió.
“Hace un mes se aprobó un presupuesto que contempla el déficit de 5 mil millones anuales de nuestra caja, entonces me pregunto: en ese presupuesto de 5 mil millones de déficit, en qué se van a gastar, y cuál es la condición para que se trate esta ley en sesión extraordinaria y de urgencia, sin comisión para su tratamiento, cuando ya fue presupuestado para 2018. Es una locura desde todo punto de vista”, concluyó Bach.
(*) Nota publicada por el diario Contexto.
