“La Policía copó violentamente (el sábado último) las residencias de la Universidad Nacional del Comahue. Esposaron a los estudiantes y no dejaron entrar a los abogados, negando el derecho de defensa. No pidieron autorización, rompiendo la autonomía universitaria. Basta de reprimir y violar derechos”. Así se manifestó la diputada bonaerense kirchnerista desde su cuenta en Twitter, para condenar una nueva intervención del gobierno de Mauricio Macri contra el derechos conquistado por las Universidades hace un siglo, pues el año próximo de cumplirá el centenario de la Reforma Universitaria de 1918, un movimiento de influencia internacional.
«LOS DOLORES QUE NOS QUEDAN SON LAS LIBERTADES QUE NOS FALTAN». A #100años de la #ReformaUniversitaria, sabemos que los reformistas nunca hubiesen permitido un gobierno que ataca todos sus principios, ni una Universidad muda frente a la represión y la violación de la autonomía. Dijo Florencia Saintout desde Twitter.
Quien durante dos mandatos ejerció el decanato de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP participó en el Primer Foro por el Centenario de la Reforma Universitaria en Resistencia (Chaco), organizado por la Federación Universitaria del Nordeste (FUNE) y El Manifiesto Argentino, el fin de semana pasado.
“Convocado bajo la consigna “Los Dolores que quedan, los Derechos que faltan”, compartimos la mesa junto a Aldo Lineras, decano de la Facultad de Humanidades UNNE; Carlos De Feo, Secretario General de Conadu; y Ludmila Pellegrini de la FUNE”, comentaba Saontout al finalizarse el encuentro.
Y en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, la también ex concejala, principal voz del peronismo kirchnerista de La Plata y ya asumida en tanto líder de la oposición a Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, decía: “exigimos al gobierno que deje de vulnerarlos. Los derechos humanos deben ser universales, progresivos e irreversibles, y para ello es imprescindible que se garanticen las conquistas para las que fueron necesarios tantos años de lucha y compromiso político. Queremos vivir en un país donde no haya más asesinatos; donde no haya más presos políticos; donde el derecho a la comunicación no se viole de forma permanente; donde no se reprima a los trabajadores; donde no haya más desocupación ni pobreza; donde todos y todas puedan vivir bajo un techo digno y donde, entre otros puntos, deje de recortarse el presupuesto para políticas públicas en derechos humanos”.
“La Policía Federal realizó un violento allanamiento en la Universidad Nacional del Comahue ingresaron en la residencia estudiantil universitaria ubicada en Río Negro. No permitieron el ingreso de abogados y mantuvieron a los estudiantes incomunicados. El hecho se suma a otros similares ocurridos este año”, informa este lunes el diario Página 12.
Policías federales allanaron la noche del sábado el sector de las residencias de los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue, en la localidad rionegrina de General Roca. Es la cuarta vez en el año que policías ingresan en universidades públicas: ocurrió lo mismo en Jujuy en abril, en Rosario en octubre –cuando se realizaba un acto por Santiago Maldonado– y en Mar del Plata en junio.
El operativo se realizó con una orden de allanamiento firmada por el secretario del juez federal Hugo Greca y no por el juez a cargo, como lo exige la ley. Los efectivos, que dijeron realizar el operativo en busca de marihuana entre los estudiantes, ingresaron violentamente rompiendo puertas y cerraduras, según se informó desde la comunidad educativa. Una vez dentro de las habitaciones, esposaron y tiraron al piso a los estudiantes. Una joven que se estaba duchando fue obligada de manera agresiva a salir del baño y no se le permitió vestirse mientras la policía revisaba el lugar.
Fuentes de la universidad informaron también que los estudiantes fueron mantenidos durante todo el operativo incomunicados, no dejaron entrar a los abogados y nunca se pidió autorización a la universidad, violando la autonomía universitaria.
El decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Andrés Ponce de León, expresó su “preocupación y repudio por el irregular allanamiento llevado adelante por la Policía Federal Argentina en las residencias universitarias” de la Universidad Nacional del Comahue. Agregó que “la orden de allanamiento exhibida por la Policía Federal no llevaba la firma de juez federal alguno, lo que coloca al ingreso de la fuerza federal en una palmaria ilegalidad, puesto que viola el artículo 31 de la Ley de Educación Superior. Asimismo, de manera contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben regir todo acto estatal, el allanamiento se desarrolló con una violencia y despliegue policial inusitado, que trajo como consecuencia innecesarios daños al patrimonio de la facultad. Y lo que es mucho más grave, la comisión de diversas vejaciones a los derechos y garantías constitucionales de los estudiantes”.
“Exigimos el inmediato cese de tal accionar irregular por parte de la Policía Federal Argentina y del Juzgado Federal de General Roca, y solicitamos a los responsables del caso que den las explicaciones pertinentes ante la comunidad universitaria y la sociedad”, concluyó el decano Ponce de León.
La violación de la autonomía universitaria por parte de las fuerzas de seguridad se reiteró en todo el país durante el último año. En abril irrumpieron policías locales en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy y detuvieron a dos estudiantes. En junio, la Prefectura Naval hizo lo propio en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y en octubre una patrulla de la Gendarmería Nacional ingresó en la Universidad Nacional de Rosario, cuando un grupo de estudiantes realizaba un acto por Santiago Maldonado, en un predio que comparten cuatro facultades de la casa de estudios marplatense.
Haciéndose eco del accionar de las fuerzas de seguridad, el secretario general de ATE Río Negro y líder de la CTA Autónoma local, Rodolfo Aguiar, señaló: “Enfrentamos una sistemática pérdida de garantías constitucionales y el Estado de Derecho se reduce a una mínima expresión”.
