Lo hizo ante la ola de procesamientos y detenciones que ordenara el juez federal Claudio Bonadío. “Las garantías constitucionales deben cumplirse: es inadmisible que el juez Bonadío hostigue y persiga a @CFKArgentina y a sus funcionarios. Una medida discutida y votada en el Congreso no es judiciable. Respeto para los familiares de las víctimas de la AMIA”, destacó la diputada bonaerense a través de su cuenta en Twitter. El juez federal Claudio Bonadío dictó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Fernández de Kirchner. “Pide desafuero y prisión preventiva” para ella, informaban el canal de noticias C5N y otros medios. Este jueves muy temprano, la TV se hizo eco de las detenciones del ex Secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, quien fue arrestado en la madrugada en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, del dirigente social Luis D’Elía, y Jorge Alejandro «Yussuf» Khalil, integrante de la comunidad islámica. El juez federal Claudio Bonadío dictó la prisión preventiva del ex canciller Héctor Timerman; por su estado de salud fue beneficiado con prisión domiciliaria. También se ordenó la detención del ex dirigente de Quebracho, Fernando Esteche; y el procesamiento sin prisión de los dirigentes kirchneristas Andres Larroque y Oscar Parrilli. En su sitio digital, Clarín titula a toda orquesta: “Piden el desafuero y la detención de Cristina Kirchner”.
“La resolución fue dictada en la causa iniciada a raíz de la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA”, consigna Infobae.
“El fiscal fallecido Alberto Nisman denunció que la firma del Memorando con Irán tuvo por objetivo lograr que Interpol levantase las alertas rojas de captura internacional que pesan sobre cinco diplomáticos y exfuncionarios iraníes por el ataque a la AMIA que causó 85 muertos el 18 de julio de 1994. Además afirmó que para ello hubo negociaciones por vías secretas y por fuera de canales diplomáticos, basadas según él en directivas emanadas desde la Presidencia de la Nación, a cargo de Cristina de Kirchner”, recuerda por su parte este jueves el diario Ámbito Financiero.
Resulta útil recordar lo que publicaba el diario Página 12 el 6 de agosto del año pasado, con la firma del colega Raúl Kollmann, cuando el juez federal Daniel Rafecas rechazó “en un minucioso fallo de 22 páginas, la pretensión de la DAIA de que se reabra el expediente por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman”.
“El magistrado consideró que los dos argumentos esgrimidos por la DAIA no son nuevos y no cambian la situación que había cuando se archivó la causa por inexistencia de delito. Rafecas resumió así el pedido de la dirigencia judía: ‘parecería ser que la DAIA no está poniendo en cuestión la desestimación de la denuncia del doctor Nisman –señala Rafecas–, sino la decisión política de firmar el Memorandum, que incluyó después una ratificación del Congreso Nacional. Como ya dijo la Cámara Federal, el Memorandum podrá ser criticado desde un punto de vista geopolítico o desde una visión de criterio y oportunidad, pero nunca podría ser objeto de imputación penal a menos que tengamos que incluir en la acusación a expertos como Susana Ruiz Cerruti, que defendió la legitimidad del pacto en el Congreso, y de cientos de diputados y senadores que aprobaron la iniciativa, además del propio secretario general de Interpol, Ronald Noble y a Interpol misma, porque instigaron y propiciaron el diálogo de Argentina e Irán y apadrinaron el Memorandum (…). Hacia el final de su fallo, el magistrado detalla por qué el planteo de la DAIA, al que señala como respetuoso y medido, no puede ser convalidado (…)’”.
Pasamos a reproducir lo que añade la nota de Página 12 citada: “Rafecas menciona, además, que el Memorandum tuvo fallo de primera instancia y luego de la Cámara Federal, intervinieron fiscales y jueces, la DAIA y otros querellantes. También fue tratado en el Congreso, donde participaron instituciones judías, familiares y juristas de todas las tendencias. En todas esas circunstancias no hubo una sola presentación que señalara que la firma del Memorandum era la base de un delito. El magistrado aprovechó el fallo de ayer para hacer un didáctico resumen de la desestimación de la denuncia del fiscal Nisman: “La razón por la que se descartó toda connotación delicitiva es que el acuerdo con Irán nunca llegó a concretarse y por lo tanto menos aún se constituyó la Comisión de la Verdad”, señala Rafecas. Irán desistió de firmarlo y la Cámara Federal, al declarar la inconstitucionalidad, ordenó que no se diera ningún paso de los marcados por el texto. El juez remarcó que Nisman tenía un punto central en su denuncia y era que “la República Argentina habría ofrecido como prenda, para atraerlos a la mesa, favorecer a los acusados de nacionalidad iraní con pedidos de captura vigentes, comprometiéndose el canciller argentino a realizar gestiones a tal efecto ante Interpol para dar de baja las ordenes de captura con alertas rojas”. Pero las alertas rojas nunca fueron levantadas. Y Rafecas menciona varias pruebas en contra de la hipótesos de Nisman: Hay una carta en la que Ronald Noble, entonces secretario general de Interpol, enterado de la denuncia, señaló en forma categórica que Timerman siempre dejó en claro que la firma del Memorandum no alteraba en absoluto las alertas rojas. Noble mencionó tres ocasiones en que Timerman le insistió en este último punto, lo puso por escrito en una carta a Interpol el 15 de febrero de 2013, unos días después de la firma del Memorandum y le pidió a Interpol que lo ponga por escrito, cosa que la organización hizo el 13 de marzo de ese mismo año. También menciona Noble que Timerman le remarcó que las alertas rojas solo podían ser levantadas por el juez Rodolfo Canicoba Corral, de acuerdo al artículo 81 del reglamento de Interpol. Por último, el norteamericano Noble menciona una llamada telefónica y dos visitas a Interpol en las que Timerman insistió en que las capturas no podían tocarse. Rafecas vuelve a transcribir la entrevista que Noble le dio a Página/12 y en la que sostuvo que la denuncia de Nisman era falsa. Exactamente lo mismo afirmó en The Wall Street Journal: “puedo afirmar con un ciento por ciento de certeza, ni un atisbo de duda, que el Ministro de Relaciones Exteriores [Héctor] Timerman y el gobierno argentino ha sido constante, persistente e inquebrantable para lograr que Interpol emita, mantenga vigentes y no suspenda o remueva sus notificaciones rojas. Descartada la existencia de hechos nuevos y en base a un detallado análisis del texto de Nisman, el juez Rafecas reitera que la presentación de la DAIA no sólo no cuestiona el archivo del expediente sino que le reafirma su postura. En paralelo, le dice a los dirigentes de la comunidad judía que no puede admitirlos como querellantes en una causa archivada por inexistencia de delito. Los dirigentes de la DAIA ya anunciaron que estudiarán el fallo y luego resolverán su estrategia. La ofensiva contra CFK y Timerman es llamativa porque no hay ningún acuerdo con Irán vigente ni en el horizonte, de manera que el único objetivo parece ser un castigo por su apartamiento de los moldes trazados por la diplomacia republicana norteamericana o de la derecha israelí. En términos políticos internacionales es darle un escarmiento a cualquiera que negocie con Irán.Todo indica que la dirigencia de la comunidad juega sus cartas en una especie de puerta de atrás judicial. Dos familiares de víctimas del atentado, Luis Czyzewski y Mario Averbuch, allegados a la AMIA y a la DAIA, se presentaron ante Bonadio para sumarse a un grotesco expediente iniciado por dos abogados de derecha, uno de ellos vinculado al PRO, en el que se pide la reapertura de la denuncia de Nisman y la condena a CFK y Timerman por traición a la patria. Los familliares representados por el abogado Juan José Avila pidieron ser tenidos como parte en ese expediente. Ayer al mediodía, Bonadio le pidió la causa a Rafecas, otro hecho insólito: en lugar de que cualquier novedad sea instruida por el juez original, otro magistrado, con dos años de atraso, le solicita que le mande la causa para estudiar si la ex Presidenta y el ex canciller traicionaron a la patria. “Es el mayor escándalo en toda la historia judicial argentina desde 1853”, señaló ayer, refiriéndose a este expediente, el ex ministro de la Corte Raúl Zaffaron (…)”.
