Se trata de Damaris Becerra Jurado, de 40 años, quien falleció en la Unidad Penitenciaria 32 de Florencio Varela. Padecía de una enfermedad crónica y en reiteradas ocasiones había denunciado que no se le garantizaba el acceso a la salud. Estaba detenida hacía más de dos años en el marco de una causa iniciada a partir de una requisa ilegal. “A pesar de todas las denuncias que hicimos el poder judicial sigue avalando las detenciones arbitrarias y la persecución policial con el sostén político de turno. Es decir, quien termina matando a nuestras compañeras es el Estado, a través de la desidia y las condiciones de detención”, afirmó la presidenta de Otrans Argentina, Claudia Vásquez Haro.
Damaris Becerra Jurado murió en la madrugada del 26 de noviembre en la Unidad Penitenciaria Nro. 32 de Florencio Varela. Se desvaneció, tardaron en atenderla y llegó al hospital sin vida, según informó la Agencia Presentes. Damaris tenía 40 años y padecía una enfermedad crónica. Estaba detenida sin condena hacía dos años y medio, junto a otras seis compañeras que siguen privadas de su libertad en una investigación que vienen denunciando como una causa armada.
La mujer trans ya había denunciado en varias oportunidades junto a Otrans que no se le garantizaba su derecho de acceso a la salud. “Tenemos muchas dudas acerca de la causa de muerte: no se muere de una enfermedad crónica, sino de la falta de tratamiento”, dijo a Presentes Luciana Sánchez, abogada de Colectivo para la Diversidad (COPADI) del área de Litigio Imposible que brinda patrocinio legal a OTRANS.
Sánchez estima que son alrededor de 50 las personas trans detenidas en similares condiciones en el pabellón 11 de Florencio Varela. “Ya habíamos presentado dos Habeas Corpus colectivos cuando visitamos el penal con un juez y confirmamos que la enfermería es atendida por las propias internas. Además, están encerradas más de 12 horas por día de a dos o tres personas en celdas que son sólo para una persona. Las órdenes que dieron los jueces para que se garanticen las condiciones de salud no se cumplieron”, agregó Sánchez. Otrans Argentina denuncia que nunca las llamaron a ratificar las denuncias que hicieron.
De hecho, La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tiene un Comité contra la Tortura, que visitó a Damaris en marzo de este año. Ella les contó que sufría hipertensión, dolores en la pierna izquierda, que se le dormían las extremidades, le supuraba un oído y tenía manchas en el cuerpo. El organismo presentó a fines de marzo un Habeas Corpus por el agravamiento de las condiciones de detención de Damaris y falta atención médica, pero la CPM dice que el Tribunal Oral Criminal N 2 lo rechazó con el argumento de que “no percibían que a Damaris le falte atención médica”. En marzo la llamaron a comparecer y el Tribunal pidió un informe al área de sanidad de la UP 32 que respondió que Damaris tenía turno con el otorrinolaringólogo: el Tribunal concluyó que estaba tratada.
Detenciones arbitrarias y causas armadas
La causa por la que estaba detenida Damaris se inició con un acta por la detención de E.T., una compañera a la que se le practicó una requisa anal en plena vía pública. “Se trata de un tipo de requisa prohibida, pero la justicia la convalidó y siguió avanzando”, dijo la abogada Sánchez a Presentes. Esa requisa no sólo fue ilegal desde el punto de vista de los procedimientos: tampoco se plasmó en el escrito respetando la identidad de género que sostiene que “toda norma, reglamentación o procedimiento deberá respetar el derecho humano a la identidad de género de las personas”.
Se trata de “razias en la vía pública que se practican exclusivamente sobre ellas y que no forman parte de operativos identificados ni de investigaciones penales en curso. Las detenciones individuales tienen como antecedente una supuesta denuncia anónima de vecinos, o la actuación policial directa por haber observado “maniobras compatibles con la venta de estupefacientes” –lo que a menudo equivale a ver una travesti parada en la calle ejerciendo la prostitución, subiendo o bajando de un automóvil o hablando con otras personas–”, como Otrans y Sánchez denunciaron en un informe enviado este año al Comité Contra la Tortura de la ONU y al Examen Periódico Universal (EPU) para la 28ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Un patrón que se repite
La muerte de Damaris es la cuarta de una trans en contexto de encierro en este año. Su nombre se suma a la lista que incluye a otras dos detenidas en la unidad de Varela, Pamela Macero Panduro (29 años) y Angie Velázquez Ramírez (36 años), y a Brandy Bardales Sangama (43), que falleció tras agonizar después de una detención policial. Todas ellas son migrantes peruanas y militantes de Otrans. La organización viene denunciando que se trata de detenciones arbitrarias y causas armadas, a las que le siguen tratos degradantes, falta de acceso a la salud y, finalmente, la muerte.
“La muerte de Damaris se suma al de Pamela, Angie, y Brandy, y es el resultado de la persecución sistemática que vive el colectivo trans y travesti en La Plata”, dijo a Presentes la presidenta de Otrans Argentina, Claudia Vázquez Haro y agregó: “A pesar de todas las denuncias que hicimos en los juzgados platenses y en el ámbito internacional, el poder judicial sigue avalando las detenciones arbitrarias y la persecución policial. Esto no es posible sin el sostén político de turno. Es decir, quien termina matando a nuestras compañeras es el Estado, a través de la desidia y las condiciones de detención en las que encuentran privadas de su libertad”, agregó.
Falta de acceso a la salud
Por otra parte, La CPM elevó un pedido a la Fiscalía el lunes para que la pericia se haga teniendo en cuenta la historia clínica de Damaris y la falta de tratamiento médico. Piden además que remitan una copia de la autopsia para chequear con médicos de la CPM el registro del personal médico que se encontraba en función al momento de la muerte, el registro de la medicación que tomaba, en el caso de que la tuviese y un registro fotográfico de la autopsia.
“La falta de atención médica en las unidades penitenciarias refleja el trato inhumano y degradante al que son sometidas las personas privadas de libertad. Además, es una población con mayor vulnerabilidad porque son mayormente extranjeras que no tienen familia que les pueda proporcionar medicación. Dependen de las compañeras dentro y fuera del pabellón”, contó a Presentes el subdirector de inspección de lugares de detención de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Fabián Bernal.
Para Bernal, estas muertes son el reflejo de un problema estructural. “Es el Ministerio de Justicia el que se encarga de resguardar la salud de estas personas. Y sabemos que el área salud penitenciaria es incapaz de velar por asegurar el derecho humano de acceso a la salud. Debería ser el Ministerio de Salud de la Provincia quien se ocupe de garantizar este derecho”, dijo a Presentes Bernal.
Agregó además que “las personas que entran al sistema penal con una patología, luego se agrava dentro del encierro. Priorizar el derecho a la salud es una decisión política, que refleja el trato inhumano y degradante al que son sometidas las personas privadas de libertad”.
En un comunicado, Otrans demanda “a los organismos estatales que dicen que van una vez por semana a las cárceles y ocurren estas muertes. Exigimos explicaciones y respuestas del Instituto Nacional Contra La Discriminación, La Xenofobia y el Racismo. (INADI) que en teoría va al penal a realizar visitas regulares y a Santiago Canton, Secretario de DDHH de La Provincia de Buenos Aires, responsable en la provincia de que no se violen ni vulneren los derechos humanos del colectivo trans y travesti”.
