Sistema de verificaciones contrario a todo intento de verificación empírica elaborado por un gobierno que renuncia así al control de sus fuerzas represivas y que, peor aún, funciona como un dispositivo que fue éxito en las ficciones de espionaje, con el agente 007, con licencia para matar, hoy restablecido en el país, con el comando de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, alumna aplicada en los manuales de acción encubierta provenientes de Estados Unidos e Israel.
Es por eso que el gobierno salió con todo, con las caras de Bullrich y su homólogo de Justicia, Germán Garavano, a bancar a la Prefectura y su comando Albatros, en la picota tras lo que hasta ahora parce claro: ser los responsables directos del asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel.
El primer informe de la autopsia realizada el domingo a la noche sobre el cuerpo de que Rafael Nahuel revela que éste fue asesinado por la espalda: el proyectil ingresó por el glúteo izquierdo y se alojó bajo la piel en el sexto espacio intercostal, del lado derecho. En su paso, atravesó el músculo ilíaco, los intestinos, el hígado, el diafragma y el pulmón, causando la muerte del joven por hemorragia interna, de acuerdo al detalle al que consignó este martes el diario PáginaI12.
El proyectil extraído aparenta ser 9 milímetros y está sano, por lo que permitirá avanzar con la pericia para determinar el origen del arma que asesinó a Nahuel durante la represión en la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. Los proyectiles 9 mm son compatibles con los utilizados por los prefectos del comando Albatros. Durante la autopsia, el juez Gustavo Villanueva secuestró todos los celulares de los presentes para evitar la filtración de imágenes, como ocurrió con el cuerpo de Santiago Maldonado.
Acompañado por integrantes de la APDH, el juez Villanueva –el mismo que ordenó el desalojo que comenzó el jueves pasado con la detención de cuatro mujeres y cinco niños– negoció con los mapuches la apertura de un espacio de diálogo y acercamiento entre las partes. Pretendía recoger todos los elementos probatorios posibles en el lugar de los hechos, entre ellos las vainas de los proyectiles utilizados.
Todas las fuentes indican que el ingreso al área fue impedido por integrantes de la comunidad mapuche, pues la consideran su territorio. “Pero la tensión, la desconfianza mutua y el antecedente reciente de violencia por parte de las fuerzas de seguridad complotan contra la posibilidad de un acuerdo (…). El momento de mayor tensión, según reconstruyó este medio, se dio cuando los miembros de la comunidad pretendieron palpar de armas a los efectivos de la Policía Federal, lo cual fue rechazado por los representantes de la cartera que conduce Bullrich”, sostiene Página 12.
“Tras 48 horas de silencio y después de emitir un comunicado con tintes cinematográficos, Bullrich brindó una conferencia de prensa junto a su par de Justicia, Germán Garavano (…). Visiblemente nerviosa, lo que le llevó a trastabillar varias veces mientras leía un apunte, la ministra de Seguridad comenzó dando las condolencias a la familia del joven de 22 años asesinado el sábado en Río Negro, pero enseguida redobló la apuesta y defendió sin fisuras el accionar de la Prefectura. Bullrich aseguró que el accionar de la Prefectura fue ‘una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley’ frente a lo que definió como ‘una acción violenta e inaceptable para la democracia’ por parte del grupo mapuche que ocupó tierras en Villa Mascardi. ‘Estamos ante grupos violentos, que no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina’, argumentó. ‘Las fuerzas de seguridad no van a aceptar ninguna orden ilegal, no actuarán en contra de la ley’, continuó la ministra en referencia a las presuntas condiciones que exigieron los mapuches para la actuación de los efectivos. ‘Nosotros entramos a todas partes del territorio argentino. No tenemos ningún límite, más que los límites de nuestra Constitución’, indicó. ‘El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no’, desafió. ‘El Ministerio de Seguridad ya definió. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad, le damos el carácter de verdad’, insistió. Se trata de una posición del Gobierno sumamente polémica, pero sobre todo peligrosa porque le abre la puerta a las fuerzas de seguridad a actuar libremente y sabiendo que al menos para el Ministerio de Seguridad su versión es ‘la verdad’. Tratándose de fuerzas con algunos antecedentes graves, la posición es todavía más peligrosa”. Así informa el sitio La Política On Line (LPO).
En esa misma conferencia de prensa, la ministra y Garavano reiteraron la versión de los prefectos, que sostienen que fueron atacados por los mapuches con “armas de grueso calibre” y con tácticas militares. Cuando le pidieron pruebas, Bullrich primero dijo que no las necesitaba y luego afirmó: “Las armas aún están ahí, o ya las sacaron, porque no se pudo entrar y la patrulla de Prefectura, cuando quiso entrar al lugar, fue desarmada”. También sostuvo que apedrearon a un grupo policial.
También subrayaron la presencia de “el grupo RAM”, al que la ministra consideró no una organización concreta, sino “un nombre genérico de grupos que actúan violentamente”. “Hubo más de 70 acciones violentas o atentados”, sostuvo Bullrich, en plan de construir esta amenaza armada de mapuches que “no respetan la ley y no reconocen a la Argentina, ni a su constitución ni a su bandera”. Remarcó que no habrá ninguna instancia de diálogo con ellos. “No tenemos ningún límite más que los límites de la Constitución”, destacó; e insistió en la posibilidad de las fuerzas de seguridad de actuar sin orden judicial con la doctrina de la flagrancia. “Hay un Gobierno que los va a defender y no va a permitir ningún tipo de ilegalidad. Se acabó el mundo del revés”, enfatizó.
Y lanzó una frase que puede entenderse como fuerte presión del Ejecutivo sobre la Justicia: “El juez podrá buscar las pruebas que quiera pero está perdiendo bastantes días porque desde ese momento no se permitió entrar más y se va a hacer una investigación sobre este tema cuando en realidad hubo una decisión clara de ir hacia ese lugar. Cada vez van a quedar menos pruebas porque en el lugar están todavía los grupos violentos”.
En tanto, un virulento discurso oficial que es acompañado por el constante bombardeo mediático de Clarín y cía., que hablan de comunidades mapuches “infiltradas por miembros de grupos extremistas trasandinos con mayor conocimiento de conflictos guerrilleros” y hasta de vínculos con “kurdos de origen turco”. El colmo del absurdo lo consignó ayer la periodista Natasha Niebieskikwiat al asegurar que Abdullah Öcalan había sido visto en Neuquén, Río Negro y Chubut, cuando en realidad el líder del Movimiento Kurdo de Liberación (PKK) se encuentra preso en la isla turca de Imrali desde 1999.
“Se trata del mismo escenario que se montaba a finales de los noventa en Chile, cuando los mapuches pasaron de ser grupos que se movilizaban socialmente para recuperar sus tierras a ‘terroristas fuertemente armados’ e ‘infiltrados internacionalmente’, aunque eso nunca resultó comprobado”, dijo Carlos del Valle Rojas, director del Doctorado en Comunicación de la Universidad de La Frontera (UFRO), en entrevista que el colega Fernando López, editor de AgePeBa, publica este martes en el diario Contexto.
El académico chileno se encuentra en Argentina para dictar una serie de conferencias sobre sus investigaciones en torno al proyecto civilizatorio latinoamericano y el rol de la prensa hegemónica y la literatura de élite en la construcción del “enemigo íntimo-interno”.
“¿Concuerda con quienes denuncian la existencia de una coordinación entre Argentina y Chile para arremeter contra los mapuches?, fue una de las preguntas. Y dijo: Absolutamente. Esto tiene sus raíces más profundas en la segunda mitad del siglo XIX, con dos episodios protagonizados por ambos Estados a través de sus ejércitos, que son la Campaña del Desierto y la Pacificación de la Araucanía, muy coincidentes. Desde ese momento se vio un trabajo coordinado, cuyo propósito era directamente eliminar a la población indígena. Lo que uno puede observar hoy es un rebrote sobre el grupo que históricamente ha tenido como territorio ancestral lo que llaman el Wallmapu, que comprende el sur de Argentina y Chile. No cabe duda de que los Estados nacionales actúan de manera coordinada para criminalizar al pueblo mapuche, llevando el tema hacia un problema de seguridad del Estado (…). En 1997, cuando se produce una primera movilización fuerte por parte de las comunidades indígenas, el Estado nacional chileno decide aplicar leyes de excepción, como la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad del Estado. Este ciclo tiene otro momento muy fuerte en el año 2002, cuando muere el primero de los mapuches que estaban movilizados. Desde ese momento hasta ahora, se registraron dieciséis o diecisiete mapuches muertos. Con los distintos gobiernos fue variando quizás el énfasis, pero invariablemente la postura es que no se trata de un problema de tipo político sino judicial, de manera tal que, ante cualquier movilización o protesta, los tribunales invocan esas leyes de excepción (…). La Ley Antiterrorista data de la dictadura de Pinochet. Es una ley que no se ha replanteado aun cuando el Estado chileno recibió un fallo adverso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que debe ser revisada y dejar de aplicarse contra las comunidades indígenas. De acuerdo con el análisis que hace la Corte, de las diecisiete ocasiones que se aplicó la Ley Antiterrorista desde el año 2000, doce eran en forma específica contra grupos mapuches. El principal dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), por ejemplo, estuvo preso ocho años por la aplicación de esa ley.
