Un día jueves en que jóvenes y organizaciones sociales marcharon en la Capital federal contra la violencia policial – la llamada primera Marcha de la Gorra – y cinco niños y una adolescente de la Lof Lafken Winkul Mapu fueron encerrados durante varias horas por la Policía Federal, luego de un brutal desalojo con Gendarmería a orillas del Lago Mascardi, cerca de Bariloche. Sus madres también resultaron detenidas y hubo varios heridos de balas de goma.
“’Cuando la gorra crece nuestros derechos desaparecen’. La consigna no deja dudas del reclamo, los datos tampoco: cada 25 horas un pibe muere baleado por fuerzas de seguridad. Como diferenció Taty Almeida desde el escenario montado de frente a la plaza Congreso, una gorra es la de la policía y las fuerzas de seguridad, y como contraste, está ‘la gorra de los pibes’. Esa gorra, la de los pibes, la que se utiliza por sí misma como prueba delictiva –igual que el rostro, igual el barrio–, ayer marchó en una columna nutrida, por primera vez en territorio porteño, reclamando el cese de los fusilamientos, el cese del gatillo fácil, el cese de la persecución a los jóvenes como políticas de control social encubiertas bajo consignas de falsa seguridad ciudadana. El lema con que abre esta nota, es el lema con que abrió la marcha, en una larga sábana que cubría el ancho de la avenida de Mayo con letras rojas: ‘Cuando la gorra crece nuestros derechos desaparecen. Marcha de la Gorra en CABA’”, escribe el colega Horacio Cecchi este viernes en el diario Página 12.
Se hicieron presentes, entre otros Nora Cortiñas, Taty Almeida y Laura Conte (Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora); Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga; Eugenia Vázquez, hermana de Andrea Viera; Claudia Cesaroni, integrante de la red #ArgentinaNoalaBaja y el Cepoc; y Juan Carlos Giordano, diputado nacional del Frente de Izquierda. “Fuera Bullrich”, decía un cartel.
Otro recordaba a Jon Camafreitas. “’Hace poco se entregó (Martín) Naredo”, dijo una familiar del pibe baleado refiriéndose al ex cabo de la Federal condenado a perpetua y que caracterizó su fuga de la audiencia en que lo condenaban con el pedido de “puedo ir al baño”. Volvió del baño tres años después para entregarse a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, una manera de gestionar imagen pública ante tanto pedido de renuncia. En el cartel por Jon Camafreitas decía ‘La sangre de los pibes clama justicia. Por eso vamos a patear oscuridad hasta que salga la luz del día. Basta de gatillo fácil. Jon Camafreitas. Presente. Balvanera’”, añade la nota de Página 12.
Se hicieron presente la CTEP; Hijos; FUBA; Patria Grande; Movimiento Evita; Correpi; La Poderosa; Jóvenes de Pie; PO; JP Evita Mercedes. Una tela negra en la que se reclamaba Justicia por Agus y Naza, dos adolescentes baleados en Merlo el 30 de julio pasado.
La marcha empezó a caminar desde Avenida de Mayo y Lima hacia Congreso. Es la primera vez que se organiza en la ciudad de Buenos Aires. Tiene como origen la primera movilización, organizada en Córdoba en 2007, contra la violencia policial hacia la juventud, las disidencias sexuales, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y todo aquel que saliera a las calles para manifestarse y luchar por sus derechos. Este año, la marcha tuvo su 11ª edición en Córdoba. También replicó en Mar del Plata, Tandil, Río Cuarto, Villa María, Mina Clavero, Catamarca; hoy se realiza en La Plata, y mañana en Sierras Chicas, Córdoba.
Este mismo viernes, el diario Contexto, de La Plata, publica una nota del editor de esta agencia, Fernando López, que consigna: “cinco niños y una adolescente de la Lof Lafken Winkul Mapu fueron encerrados durante varias horas por la Policía Federal, luego de un brutal desalojo con Gendarmería a orillas del Lago Mascardi, cerca de Bariloche. Sus madres también resultaron detenidas y hubo varios heridos de balas de goma”.
Gustavo Villanueva, el mismo juez federal que mantiene tras las rejas al lonko mapuche Facundo Jones Huala, dictó una orden de desalojo contra comunidad Lafken Winkul Mapu y las fuerzas a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, actuaron con su habitual salvajismo.
Policías federales y gendarmes irrumpieron durante la madrugada de este jueves en un territorio recuperado hace más de dos meses a orillas del Lago Mascardi, cercano a la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde se estableció la Lof en Resistencia del Remu Lafken.
“Entraron para hacer una caza de mapuches”, contó Peñi Pinito, uno de los integrantes de la comunidad, que a primeras horas de la mañana denunciaba que los efectivos dejaron a su paso varios heridos por balas de goma, detuvieron a mujeres y se llevaron a cinco niños de entre 1 y 10 años, así como a una adolescente de 16.
Eduardo Soares y Laura Taffetani, de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, tomaron inmediata intervención al enterarse que los chicos y sus madres se encontraban retenidos en la Delegación de la Policía Federal de Bariloche.
Sin embargo, ni el juez Villanueva, ni la defensora federal que participó del operativo, Roxana Villafañe, ni la procuradora general de Río Negro, Silvia Baquero Lascano, dieron respuesta alguna a los reclamos de los letrados, que exigían explicaciones ante la “abierta violación de la normativa nacional e internacional vigente” y pedían la inmediata liberación de todos los detenidos.
Los niños y las mujeres recuperaron su libertad por la noche, tras unas quince horas de encierro, protestas de los familiares frente a la dependencia policial y la llegada de una delegación de la Defensoría Pública Nacional, que se preocupó por la grave situación de los menores.
“Hemos visto de todo en estos años, pero nunca que se llevaran a nenes tan chiquitos. Nos llama mucho la atención que la defensora federal (por Villafañe), que aparentemente estuvo en el allanamiento, no se haya opuesto a esta violación de los derechos del niño”, señaló Soares.
El abogado dijo estar “muy preocupado” por la escalada represiva contra los pueblos originarios, sobre todo en provincias como Río Negro, Chubut y Neuquén, donde los desalojos son cada vez más violentos.
“La violencia engendra más violencia. Si el Gobierno de Mauricio Macri cree que un problema de territorio se resuelve a los garrotazos, está muy equivocado. La historia en los últimos dos mil años nos dice que no es así. Un conflicto territorial se resuelve por las buenas, sentándose a negociar y viendo cómo se legisla a favor de todas las partes. Lo otro es un gravísimo error que puede llegar a costarnos muy caro en sangre, en vidas y en libertades”, advirtió.
Soares consideró que se tendría seguir el ejemplo del presidente boliviano Evo Morales, que “reformó la Constitución y transformó a Bolivia en un Estado Plurinacional, reconociendo derechos ancestrales de los pueblos originarios”.
“Evo Morales discutió con todas las partes, incluso con las altas oligarquías bolivianas, y llegó a un acuerdo. Creo que es el ejemplo más claro de cómo se debe resolver una situación como esta. Llamamos al Gobierno a reflexionar. La Gremial de Abogados y Abogadas está dispuesta a mediar y buscar una solución”, concluyó el letrado.
