La posible negociación entre el presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, y comandantes de las Fuerzas Armadas que controlan el país podría estar en marcha para una transferencia pacífica del poder, según versiones de prensa que circulan hoy en Pretoria. Hasta este viernes por la mañana, fuentes oficiales en Harare y Pretoria se han abstenido de confirmar esas informaciones. El país posee el 50% de las explotaciones de diamantes y en 2016 Robert Mugabe nacionalizó las reservas.
Los reportes desde la capital zimbabawana coinciden en indicar que la vida transcurre con normalidad, a no ser por la presencia de vehículos blindados en las principales intercepciones de esa ciudad. Las escuelas privadas reanudaron hoy las clases después que ayer cerraron sus puertas y otros sectores económicos y sociales realizan sus actividades rutinarias.
“No obstante, predomina gran expectativa ya que algunos medios indican que el presidente Mugabe se niega a renunciar y a renombrar en su cargo al vicepresidente Emmerson Mnangagwa, a quien destituyó el 6 de noviembre. Mnangagwa, quien regresó ayer a Harare y cuenta con el respaldo del Ejército, podría dirigir el país por un período de tres meses de retomar el cargo, de acuerdo con reportes recibidos en Pretoria Mugabe y su familia se encuentran desde ayer en su residencia bajo custodia militar, según él mismo confirmó en conversación telefónica con el Presidente de Sudáfrica”, consigna la agencia Prensa Latina.
Mientras tanto, en la capital de Botswana, Gabarone, los ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADAC) se preparan para celebrar hoy una reunión de emergencia convocada por su presidente en jercicio, el jefe de Estado sudafricano Jacob Zuma, con el fin de analizar la situación en esa nación y adoptar una posición al respecto.
Zuma envió a Zimbabwe a la ministra de Defensa y Veteranos Militares, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, y al titular de Seguridad del Estado, Bongani Bongo.
Entre las versiones sin confirmar que circulan en Pretoria aparecen la posibilidad de que Grace Mugabe podría recibir amparo en Namibia y que Mugabe, quien ocupa la presidencia desde 1980, en Sudáfrica.
El 12 de septiembre de este año, el diario El Mundo, de Madrid, consignaba el siguiente texto:
En febrero de 2016, coincidiendo con la celebración de su 92 cumpleaños, Robert Mugabe declaró durante una entrevista en la televisión pública de Zimbabue que el país apenas recibía ingresos de la industria de los diamantes. «No creo que hayamos superado los 2.000 millones de dólares y sin embargo creemos que se han ganado más de 15.000 millones de dólares», dijo apuntando a un responsable directo: «Las empresas que han estado minando nos han robado de nuestra riqueza (…). No se puede confiar en una empresa privada en ese área. En ninguna en absoluto». Poco después el Ministro de Minas y Desarrollo Minero nacionalizó las reservas de diamantes ordenando a las empresas internacionales a cesar sus operaciones en el país. Resultó entonces llamativo que Mugabe obviase mencionar que el estado era poseedor de al menos el 50% de cada una de las empresas que tenían licencia para explotar en Marange, la zona con más reservas de minerales en el país. Diez años atrás se había encontrado en esta región rural del este de Zimbabue uno de los mayores hallazgos de diamantes en la historia reciente. «Creíamos que un descubrimiento así sería estupendo y ayudaría a que nuestras vidas fueran mejores». «Pensábamos que se invertiría primero para desarrollar la comunidad local y después en el país», relatan varios testigos entrevistados por la organización Global Witness (GW). Pero no fue así. El hallazgo provocó el expolio de las tierras a manos del Gobierno y las compañías mineras asociadas que aportaban la maquinaria. Miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares y quienes opusieron resistencia fueron asesinados. Por supuesto, ninguno de los zimbabuenses que se vieron afectados recibió ni un dólar, sino que desde entonces gran parte de las ganancias de la minería fueron a parar directamente a la élite gobernante de Zimbabue. Esto no es algo que sorprenda a los ciudadanos, ya que nunca ha habido transparencia en el sector ni tampoco se ha sabido por cuánto dinero se venden los diamantes o a cuánto ascienden las ganancias totales. Pero lo que sí ha aportado el informe que la organización anticorrupción británica publicaba ayer es que por primera vez se tienen pruebas para demostrar lo que hasta ahora eran meras suposiciones. Diez años de enriquecimiento’An Inside Job’ ha estudiado los pasos que han llevado a cabo las cinco principales compañías mineras que trabajan en los campos de diamantes -Kusena, Anjin, Jinan, Diamond Mining Corporation (DMC) y Mbada- para ocultar tanto sus finanzas como a sus beneficiarios y propietarios finales. La conclusión que se extrae es que tanto líderes políticos como miembros de las fuerzas de seguridad llevan una década enriqueciéndose con las reservas de diamantes. «Las compañías han ocultado sus finanzas y han protegido sus operaciones del escrutinio público, escondiendo importantes participaciones en estas compañías en manos de la temida Organización Central de Inteligencia de Zimbabue (CIO) el ejército zimbabuense y el propio Gobierno», sostiene Global Witness.Zimbabue es un país con una oposición muy silenciada, donde las voces disientes son contenidas y las manifestaciones en contra de Mugabe son reprimidas de manera letal por la CIO. Según GW, este órgano que salvaguarda el orden del país y que vela por acallar a los opositores, podría tener una participación en la compañía Kusena Diamonds. Esos diamantes se habrían vendido en Amberes y Dubai y habrían circulado libremente en el mercado internacional, pese a que pueden haber financiado violaciones de derechos humanos. La organización sostiene que esta venta en dos de los principales mercados de piedra preciosa a nivel mundial, «pueden haber financiado la represión política».Por otro lado, también vinculan a la compañía Anjin con estos «militares altamente partidistas y opresivos» y sostienen que la empresa vendió diamantes en Amberes en al menos tres ocasiones, «probablemente en violación de las sanciones de la UE contra la compañía militar que tiene una participación significativa en Anjin». Algo que el Centro Mundial de Diamantes de Amberes se apresuró el lunes a desmentir en un comunicado, asegurando que los diamantes vendidos por su subasta en 2013 y 2014, y procedentes de Zimbabwe, no violaron las sanciones europeas. La tercera compañía de la que se sospechan irregularidades es Mbada Diamonds, la mayor empresa minera de diamantes de Zimbabue, y en la que un ex miembro de las fuerzas de seguridad estatales, Robert Mhlanga, poseía una participación del 25%.Durante las tres décadas de discursos políticos que Robert Mugabe ha defendido en Zimbabue, uno de sus principales mantras ha sido reiterar que lo que está en Zimbabue pertenece a los zimbabuenses. Una de sus medidas más aplaudidas y controvertidas hasta la fecha fue la expropiación de las tierras a los terratenientes blancos hace más de una década, que años después afectó -y aún afecta- a la economía del país. La mala gestión del sector del diamante, un sector que está en riesgo ya que las reservas cada vez son más reducidas y exigen mayor inversión, también ha acarreado unas consecuencias devastadoras para el desarrollo económico. Con tres décadas de Gobierno a sus espaldas y próximo a cumplir 94 años, Mugabe será de nuevo el favorito en las elecciones que se celebrarán el año que viene. Pero mientras el presidente y la élite que lo acompaña se enriquecen a costa de los recursos del país, un 72% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y unos cuatro millones de personas necesitaron ayuda alimentaria en 2017.
