Ese podría ser el título de lo que hasta ahora parece imponerse en la Legislatura bonaerense, pese a que en Cambiemos dicen que cuentan con los votos para su aprobación. Por ahora, y más allá del optimismo de la derecha macrividalista (¡que parecido suena a macrividelista!) la sesión parlamentario quedó aplazada para el martes de la semana próxima.
El colega Alejandro Palladino, del diario digital Contexto, de La Plata, consignó este jueves que “legisladores del peronismo kirchnerista y gremialistas de la CTA de los Trabajadores Buenos Aires realizaron ayer una reunión en el Anexo de la Cámara de Diputados provincial en la que acordaron hacer una “denuncia pública” por los recortes presupuestarios para educación previstos para 2018, mientras crece la deuda pública y el pago de sus intereses.
El encuentro tuvo lugar luego de la confirmación de que el martes se tratará en Diputados y Senadores el paquete de leyes que la gobernadora María Eugenia Vidal quiere aprobar antes de los cambios en las bancas: la ley fiscal-impositiva, el pacto de responsabilidad fiscal de los municipios y el Presupuesto 2018, que proyecta 630 millones de pesos en gastos y un endeudamiento de 85 mil millones de pesos. Para aprobarlas, la gobernadora busca apoyos en el massismo y el peronismo no kirchnerista.
En la reunión estuvieron los diputados Juan Debandi, Miguel Funes, Walter Abarca, Lauro Grande y Lucía Portos, y los senadores Juan Manuel Pignocco, Daniel Barrera y Darío Díaz Pérez. Por el lado de la CTA estuvieron los dirigentes Raúl Calamante y Daniel Pérez Guillén, el consejero general de Cultura y Educación, Jorge Carasa, y Paula Belloni, integrante del Instituto para el Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires (IDESBA).
Los legisladores cuestionaron que el titular de la Dirección General de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, no haya presentado en la comisión bicameral los ejes del presupuesto concernientes a educación, como sí hicieron la semana pasada los ministros de Economía (Hernán Lacunza), Infraestructura (Roberto Gigante), Desarrollo Social (Santiago López Medrano) y Salud (Andrés Scarsi). Incluso enviaron dos notas requiriendo mayores precisiones sobre los principales puntos del presupuesto en educación, pero no hubo respuestas del economista Sánchez Zinny.
En la reunión, las partes plantearon la necesidad de “crear una mesa de trabajo” para generar cambios en el presupuesto. Ese puente entre legisladores y sindicalistas posibilitó el freno la semana anterior de la adhesión provincial en la Legislatura a la Ley nacional de Riesgos de Trabajo que vulnera derechos laborales de acceso a la justicia y favorece las ganancias de las empresas aseguradoras
La principal objeción presentada en la mesa a la ley de presupuesto de la gobernadora fue la nueva emisión de deuda, a la que definieron como “la herramienta central del funcionamiento de la economía”, utilizada para gastos corrientes y pagos de intereses de deuda contraída desde diciembre de 2015.
También objetaron que “en el presupuesto haya una estimación de inflación que no tiene un correlato ni con el salario ni con los recursos que se van a destinar a educación”, dijo a Contexto Raúl Calamante.
“Desde que asumió Cambiemos, si tomamos valores de 2015, vemos que la educación perdió participación en el presupuesto. Si comparamos con ese año, se destinarán para 2018 30 mil millones de pesos menos, y vemos por otro lado que una cifra similar se va a destinar al pago de los intereses de una deuda que adquirió este gobierno en dos años”, refirió Calamante.
Por su parte Néstor Carasa consideró que “el porcentaje del presupuesto” para educación “va disminuyendo”. “El Ejecutivo va a decir que se aumenta en una cantidad de millones nominales respecto del año anterior, pero en términos de porcentaje de la masa del presupuesto en general, lo que está destinado a educación disminuye, cuando ya había disminuido el año pasado, entre 13 y 15 mil millones de pesos menos. Y eso implicaría la construcción de mil jardines”, graficó el gremialista.
La creciente deuda que se plasma en el presupuesto 2018, según la economista Paula Belloni, implica que sus intereses “hayan crecido desde 2015 del 2,9% del gasto a casi el 5% en 2018”. Y añadió que “esos recursos que se usan para pagos de intereses, son recursos que no se usan para la educación”, cuya “participación en el gasto total descendió del 27,8% al 26%”.
Otro tema abordado por los gremialistas fue que en 2018, de aprobarse la ley de Vidal, los salarios crecerán por debajo de la inflación estimada para el año próximo, que es del 15,7%, por encima del 10% de aumentos para las próximas paritarias que anunciaron medios oficialistas.
Los gremialistas también argumentaron el ajuste por el “congelamiento” en el nombramiento de trabajo docente, por la disminución de las plantas permanentes y el crecimiento del trabajo tercerizado.
En tanto, el diario Página 12 informaba: Llega fin de año en la provincia de Buenos Aires y comienza la batalla de negociaciones para aprobar el próximo presupuesto. Mientras en el oficialismo anticiparon que ya tienen los votos, la sesión que estaba convocada para hoy fue corrida para el martes próximo. El massismo se acerca al macrismo y, según el gobierno de María Eugenia Vidal, ya convencieron a un sector del justicialismo que tiene representación en la legislatura. “Es mentira. No tienen los votos, si no la sesión de ayer no se hubiera levantado”, aseguraron desde el peronismo y adelantaron que “no se va a votar el endeudamiento así como está, tampoco el Fondo Educativo y las obligaciones que impulsa el oficialismo porque recortan la autonomía de los municipios”.
“El peronismo no va a votar la ley de presupuesto en las condiciones que propone el gobierno de Vidal”, señaló en tono seco un dirigente bonaerense enojado por las “nubes de humo que inventa el macrismo”. Al igual que el año pasado, la ley de presupuesto tiene en la oposición justicialista una barrera contra el sobreendeudamiento del distrito. “Es el camino equivocado. “Queremos que se hagan obras pero no a costa de que los bonaerenses hipotequen el futuro de sus hijos y nietos”, agregó el dirigente territorial del PJ.
El proyecto de presupuesto para el 2018 que envió la gobernación a la legislatura prevé un gasto de 630 mil millones de pesos y solicita a los diputados y senadores que aprueben un endeudamiento de 85 mil millones de pesos. Uno de los puntos resistidos por los intendentes es el Pacto Fiscal, que consiste en cumplir metas para obtener beneficios, algo que para los jefes territoriales atenta contra las autonomías municipales. Uno de los objetivos que plantea es que el 85 por ciento del Fondo Educativo se destine a obras. Los jefes distritales se oponen por el escaso margen que les quedaría para financiar subsidios para que los estudiantes puedan terminar la escuela primaria o secundaria. Desde el oficialismo dejaron trascender que estarían dispuestos a bajar la cifra obligatoria hasta el 50 por ciento en el caso del conurbano y hasta el 40 en el interior provincial. Pero en el peronismo lo consideraron insuficiente, además de una restricción a las autonomías. La sesión se pasó para el martes próximo.
