“Tras la injusta suspensión del juez Arias, su reemplazante será un ex funcionario de la Policía de Buenos Aires del genocida Ramón Camps durante la última dictadura cívico militar. Repudiamos esta decisión orquestada por el Gobierno”, afirmó por Twitter la diputada bonaerense electa de Unidad Ciudadana y principal dirigente del kirchnerismo en La Plata. Se trata de una denuncia de alcances que deberían ser atendidos en forma especial, pues el acceso de la derecha de tradición golpista al gobierno por vías constitucionales ofrece un despliegue de obscenidades políticas y culturales que al menos laceran en dos direcciones: por un lado los propios hechos retrógrados que el gobierno de Mauricio Macri impone, por ejecución o impulso; y por el otro y en rigor de verdad lo que se ofrece con mayor gravedad, a menos que sirva como experiencia colectiva para recuperar memorias y dignidades en el plano político, consiste en el hecho de que esas decisiones, esos impulsos, ese clima de época, desnuda día a día a los componentes fascistas y represivos que se esconden entre los pliegues del tejido social en su conjunto, fundamentalmente en sus corporaciones económicas, judiciales, represivas, políticas y mediáticas.
Se refirió Francisco José Terrier, quien se como subrogante del juez en lo contencioso administrativo Nº 1 de La Plata, Luis Federico Arias, quien fue suspendido la semana pasada por noventa días en el inicio del juicio en el que se lo acusó en 21 expedientes, mayormente por frenar desalojos en favor de personas carenciadas.
El reemplazante es jueza hace más de una década y se desempeña como titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 3, comisario inspector retirado de la Policía bonaerense que revistó en la División de Asuntos Jurídicos de la fuerza durante la dictadura, cuando estuvo al mando el genocida Ramón Camps, que implementó la red de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en la provincia de Buenos Aires.
Así consignaba el diario Hoy el 16 de julio de 2014 en al artículo “Un funcionario de Camps que sigue dictando sentencia”, texto del cual pasamos a publicar un síntesis: “El 13 de diciembre de 2010, hace casi cuatro años, el diario Hoy reveló que el juez platense Francisco José Terrier fue funcionario jerárquico de la Policía bonaerense durante la última dictadura militar, cuando la fuerza era conducida por el siniestro Ramón Camps. En aquellos años, Camps tenía a su cargo distintos centros clandestinos de detención, como el Destacamento de Arana y la Comisaría V de La Plata, y hasta se jactaba de hacer desaparecer a miles de personas. Actualmente, Terrier es comisario retirado y desde hace más de una década es titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 3. Lejos de haber ocupado una función menor durante los años de plomo, el actual magistrado, cuando irrumpió el golpe militar tenía 33 años y ya era abogado recibido. Durante la gestión de Camps, habría ocupado un cargo clave en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Policía. Desde esa dirección, según manifestaron distintas fuentes que conocieron el pasado policial de Terrier, el ahora juez tenía acceso a todos los legajos con el desempeño de cada uno de los agentes de la fuerza policial (…). Desde que ocupó el sillón de magistrado, Terrier se dedicó a inclinar la balanza siempre del lado del poder político. Así fue como, en marzo de este año, hizo lugar a un recurso de amparo presentado, que limitaba el derecho a huelga de los docentes y los obligaba a volver a clases, sin que todavía hubiese finalizado la negociación paritaria (…). Terrier emitió un falló en marzo de este año ordenando al Ministerio de Seguridad que reincorpore a un policía, que había sido pasado a disponibilidad, acusado de haber torturado y hecho desaparecer al adolescente Luciano Arruga durante 2009. Los policías volvieron a cargo, y Terrier nunca se movió de su sillón de juez (…). Más que un legajo, el juez Francisco Terrier tiene un prontuario donde se destacan su paso como funcionario durante la dictadura militar, la absolución de policías acusados de la desaparición de Luciano Arruga en 2009, su polémica intervención durante la inundación en la ciudad, y el fallo contra los trabajadores de la educación en marzo último. Al respecto, fueron muchas las voces que salieron a cuestionar su accionar. Para María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, ‘la resolución contra los docentes, sin tener en cuenta ni el más mínimo derecho laboral, lo pinta de cuerpo entero’. Además, la abogada señaló a que “más allá de su participación en la dictadura, lo que preocupa es la continuidad de muchas decisiones judiciales, por ejemplo en casos de gatillo fácil, donde no hay gran diferencia aunque estemos en gobierno democráticos. Muchos jueces hoy en democracia tienen una actitud encubridora sobre el rol de la policía en casos de gatillo fácil’. En esto coincidió Bárbara Centurión, responsable de Correpi Zona Sur, quien afirmó que el caso de Terrier demuestra que “el accionar de la Justicia siempre da el aval a la policía. Ellos son los que dan el aval a los policías corruptos. Por eso el rol de Terrier ‘no nos sorprende, es una actitud bastante común’ (…). Myriam Bergman recordó que denunció a Terrier en el marco del conflicto docente, porque sus antecedentes daban cuenta de que “había trabajado en el área jurídica de la policía bonaerense durante la dictadura, bajo el mando de Ramón Camps”.
El acceso de la derecha de tradición golpista al gobierno por vías constitucionales ofrece un despliegue de obscenidades políticas y culturales que al menos laceran en dos direcciones: por un lado los propios hechos retrógrados que el gobierno de Mauricio Macri impone, por ejecución o impulso; y por el otro y en rigor de verdad lo que se ofrece con mayor gravedad, a menos que sirva como experiencia colectiva para recuperar memorias y dignidades en el plano político, consiste en el hecho de que esas decisiones, esos impulso, ese clima de época desnuda día a día a los componentes fascistas y represivos que se esconden entre los pliegues del tejido social en su conjunto, fundamentalmente en sus corporaciones económicas, judiciales, represivas, políticas y mediáticas.
