Fue violada y ahora vive amenazada por los propios abusadores, protegidos por funcionarios judiciales y sus amigos de la Policía Bonaerense. La violación de Paula Martínez en Lomas de Zamora pone en evidencia que en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires hoy los abusadores y las redes de delincuencia contra los más desprotegidos actúan con total libertad para someter a sus víctimas y, como si no fuera necesario para convertir sus vidas en un infierno, luego hostigarlas y amenazarlas para callarlas y quedar impunes. Estos actos de injusticia son los que atraviesan la joven de 19 años abusada en diciembre del año pasado por al menos ocho hombres, de la misma manera que ocurre con otras menores que también sufrieron ataques en sus barrios y que no serían posibles sin la complicidad de una trama oscura que encierra acuerdos entre efectivos policiales de la Bonaerense y funcionarios de la Justicia, que sirven a un poder de turno que en lugar de proteger derechos permite que se vulneren de manera selectiva. Paula Martínez tuvo que pedir una licencia psicológica luego de lo sucedido, pero antes de poder rehacer su vida fue despedida de su trabajo, por lo que ahora se encuentra viviendo un calvario que no le permite ni siquiera caminar por la vereda de su casa con sus hijos.
Por Carlos López / De 19 años, fue abusada sexualmente por un grupo de hombres que viven en el mismo barrio que ella el pasado 10 de diciembre. Desde ese momento la joven de Lomas de Zamora intentó acceder a la justicia para dar a conocer los detalles de la violación en la que participaron entre 8 y 10 hombres pero lejos de ser escuchada ahora vive amenazada junto a su familia por los propios abusadores. Es que algunos de ellos fueron protegidos por sus amigos policías, al mismo tiempo que la Justicia no siguió los procedimientos correspondientes para detectar la veracidad de lo ocurrido y de esta manera se entorpeció una investigación que nunca comenzó como debía ser.
La causa está a cargo de Diego Agüero, juez de Garantías del Juzgado N° 6, a quien acusan de complicidad con los efectivos policiales que tomaron la denuncia y adulteraron el relato de la joven, mantiene una postura de inacción para llamar a declarar y avanzar contra los responsables de abusar de Paula durante una fiesta en la que fue anteriormente drogada. Al momento de realizar la denuncia, la joven no fue escuchada por los efectivos policiales que además redactaron una denuncia con un relato ficticio, donde se desestiman los detalles del hecho contados por Paula y las amenazas que desde ese momento recibió tanto ella como su familia en su domicilio.
El martes pasado la joven habló ante las cámaras de C5N para lograr darle visibilidad a un caso que la mantiene presa de los ataques constantes de los abusadores y aseguró que su vida en este momento “es un infierno” porque “con mi familia estamos encerrados en mi casa con cuatro hermanos y tres hijos desde hace un año. Los nenes no pueden ir al jardín y cuando iban tenían que hacerlo en remís porque los violadores se acercaban hasta donde estábamos para hostigarnos, gritarnos y amenazarnos. No podemos ni esperar el colectivo en la esquina de nuestra casa porque nos siguen, y sin embargo la justicia no hace nada”.
A su vez, la madre de la víctima, Sonia, denunció que “la negligencia con la trabaja el juez (Agüero) es terrible” y recordó que el mismo letrado cuenta en su poder con otras causas de abusos que se encuentran sin avances importantes. En el caso de su hija la complicidad policial con el ocultamiento de los hechos fue central para que a mediados de diciembre del año pasado el abuso quede en el olvido y sea cajoneado por el Juzgado. La víctima denunció que al realizar la denuncia la policía no tomó nota de los hechos de la manera que fueron expresados, como así también se le ordenó hacer un protocolo totalmente adulterado en el que no se realizaron las pruebas de sangre con las que se podría determinar que Paula fue drogada como denunció, no se avanzó con la entrega del kit de profilaxis que se debe aplicar en víctimas de violencia sexual y tampoco se previó un cuidado de la víctima para descartar la posibilidad del contagio de enfermedades de transmisión sexual.
La pregunta que no permite darle tranquilidad a la familia Martínez es la misma que se realizan los familiares de víctimas de casos de abusos sexuales, femicidios e incluso desapariciones forzadas de personas en los que de alguna u otra manera la policía se vio involucrada, ya sea como partícipes de una red mafiosa que permite a los efectivos policiales operar en conjunto con redes de delincuencia y violencia de género o con la falta de asistencia a las víctimas luego de constatarse la denuncia correspondiente.
Paula lleva registradas más de 20 denuncias en la justicia pero sin embargo los hombres que abusaron de ella cerca de un año después la siguen persiguiendo en la calle para molestarla, a pesar de que cuentan con una orden de restricción perimetral. El pasado sábado 28 de octubre la familia de la joven denunció que fueron amenazados y tiroteados en su casa, demostrando la falta de seguridad con la que conviven al mismo tiempo que poseen una custodia policial que no está presente en el lugar entre las 6 de la tarde y las 7 de la mañana.
A mediados del mes pasado un grupo de mujeres víctimas de violaciones y abusos sexuales, junto a organizaciones feministas de distintos distritos marcharon hacia la Comisaría de la Mujer de Florencio Varela para realizar un escrache por los reiterados casos de violencia de género que están sucediendo en la zona sur de la provincia que conduce María Eugenia Vidal, lo que no sólo remarca el vaciamiento total de las políticas públicas de prevención y educación en la temática, sino que además pone en evidencia que las fuerzas de seguridad bonaerenses como son la Policía Bonaerense y las Policías Locales desestiman los casos con una mirada machista y encubridora de los abusadores que mantienen vínculos con los propios efectivos policiales. Asimismo, la justicia muestra un accionar meramente administrativo con restricciones que jamás se cumplen y denuncias demoradas apiladas en los despachos de los juzgados, tomando siempre como hipótesis la versión policial, sin escuchar los relatos de las mujeres que realmente sufrieron los abusos.
Las mujeres que encabezaron la movilización realizaron el escrache con bombos, pancartas y altoparlantes ante las puertas de la Comisaría ubicada en Sargento Cabral y Alfonsina porque viven constantemente siendo amenazadas, lo que las obliga a dar público conocimiento del accionar de los policías para el tratamiento de los casos de violencia física, psicológica, abusos y violaciones que se dan en la zona sur de la Provincia. Luego de la marcha decidieron también comenzar un plan de lucha apoyadas por integrantes de la agrupación Furia Feminista y además asesoradas por Carolina Abregú, una de las máximas referentes a nivel nacional contra la violencia de género y hermana de Karina Abregú, la mujer que sobrevivió a un femicidio y quedó con graves secuelas tras ser incendiada por su pareja. Una de las mayores preocupaciones que estos sectores de lucha del campo popular han remarcado en las últimas semanas es el accionar de abusadores contra menores de edad, como por ejemplo el reconocido caso en Florencia Varela de Malena Gómez, la niña de 13 años que fue violada por un hombre que vive a metros de su casa y que todas las mañanas se pasea por la misma cuadra para amenazar y burlarse de su familia. La madre de la menor, Damiana Valenzuela, nunca fue escuchada en la Comisaría de la Mujer de esa localidad, donde ni siquiera elevaron la denuncia realizada a la fiscalía.
Es por ello que ante la falta de asistencia a víctimas y la libertad policial y judicial para no accionar en favor de ellas es una muestra de la falta de compromiso con el pueblo que hoy convierte al Estado argentino en un mero actor cómplice de los perjuicios de las clases sociales más empobrecidas y humildes del país. Silenciar a las víctimas es una manera de alimentar el mismo negocio que hoy permite a abusadores y violadores actuar con impunidad pero que asimismo también genera un escenario político donde las injusticias y las desigualdades que genera un gobierno neoliberal no puedan salir a luz, acentuado esto también por medios de comunicación que en su gran mayoría prefieren contar en qué shopping estuvo de paseo el presidente Mauricio Macri con su familia un fin de semana, antes que exponer una realidad que lleva a la Argentina a una nueva desigualdad social y económica profunda, donde los más ricos siguen aumentando sus capitales y las clases más bajas se empobrecen cada vez más. El mito del aumento de policías en las calles no plantea ninguna discusión sobre los vínculos de los efectivos con la delincuencia. En un país que sólo mira para donde les conviene a los intereses económicos internacionales, si hay menos oportunidades laborales y de desarrollo habrá entonces más pobreza, y si hay más pobreza entonces también surgieran escenarios ideales para aflorar más oportunidades de que los poderosos abusen de los más desprotegidos.
