Se trata del juez Luis Arias, del fuero Contencioso y Administrativo de La Plata, llamado a proceso por orden del procurador general de la Suprema Corte, Julio Conte Grand. Este jueves el Senado bonaerense definirá si se acepta o no la acusación. El eje de campaña promulgado por Macri y su tripulación, basado en la “Justicia independiente”, vuelve a derrumbarse tras un año de presiones políticas que desembocaron en la renuncia de la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, y que ahora arremeten contra el juez platense en lo Contencioso y Administrativo, Luis Federico Arias.
“Estoy con la conciencia tranquila de haber cumplido con mis funciones, tal como lo tuve previsto hace quince años. Ya venía anunciándose este desenlace”, dijo al colega Roberto Álvarez Mur, del diario Contexto, el magistrado que enfrentará el jury este jueves en el Senado bonaerense, donde un jurado definirá si se aprueba o no la acusación de Conte Grand. “A mí me armaron una causa penal por pedirle al fiscal Jorge Paolini que no divulgue datos que oficializaran víctimas de la inundación”, expresó.
El magistrado se había destacado en el último año y medio por defender las garantías de los consumidores ante los tarifazos de luz y gas, así como también por la intervención en el conflicto docente o en violentos desalojos ordenados por el municipio en zonas vulnerables de la periferia platense. En una maniobra cargada de irregularidades, el procurador general de la Suprema Corte, Julio Conte Grand, ordenó que se le inicie un jury a Arias por dos causas, una referente a la inundación de La Plata en 2013 –cuya investigación estuvo a cargo de Arias– y otra por una solicitada firmada por Arias para impedir la persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner, hecho que las autoridades interpretaron como una “actuación partidaria política”.
“Yo ya había sido juzgado por esa causa y un jurado determinó que no había ninguna irregularidad por mi actuación en esa investigación. Y ahora pretenden juzgarme por la misma causa, violando el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa”, expresó el magistrado al ya citado diario digital de La Plata.
Cabe recordar que el 28 de julio de 2016, el diario Clarín publicó una nota titulada “Uno por uno, los jueces y fiscales que atormentan al macrismo”. El artículo, firmado por Eduardo Paladini, iba encabezado por una foto del juez Arias, a quien sumaba a una suerte de “lista negra” que incluía nombres como el de la referente de Justicia Legítima, María Laura Garrigós, el fiscal Federico Delgado o la propia Gils Carbó.
Asimismo, mientras Clarín apunta contra funcionarios públicos encapsulándolos en la órbita de “la militancia K”, poco se dice del jurado encargado de sesionar sobre el jury, presidido por la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, de histórica vinculación con el radicalismo.
“¿A mí me imputan por una solicitada y me dicen que ‘hago política’, pero la jueza que preside la Corte es una militante radical? Claro, como pertenece a Cambiemos entonces no es una ‘jueza militante’”, dijo Arias, y agregó: “Su esposo fue consultor de Raúl Alfonsín, ella misma fue promovida por el propio Federico Storani dentro de la Corte”.
En tanto, el juez en lo Contencioso Administrativo advirtió que el gobierno “no obtendrá su renuncia” y que, de ser necesario, podría llevar el caso a una instancia de apelación a organismos internacionales.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se pronunciaron en apoyo a Arias, así como también diferentes gremios de variadas vertientes ideológicas y asociaciones civiles de la ciudad de La Plata.
Por su parte, esta agencia había publicado el 9 de octubre último el siguiente texto sobre el caso del hostigamiento al juez Arias: “Todo aquel que se enfrente a los acuerdos y actores corporativos se está enfrentando al poder real en la Provincia y sufre consecuencias”, dijo el magistrado que se encuentra a la espera de un juicio político por tres actuaciones que se remontan a su rol en la investigación por el número de víctimas que dejó la inundación que azotó a la ciudad de La Plata en abril de 2013.
Sucede que días después de iniciada la investigación, el jue de Garantías Guillermo Atencio solicitó la inhibitoria respecto del conteo de víctimas para el juzgado de Arias alegando que no era de su competencia. Para Arias, se trató de una jugada de “actores del poder judicial penal para defender al entonces ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal”. Es que el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta había delegado en la policía el conteo de las víctimas.
Para Arias, “el hecho de darle competencia al campo penal para llevar adelante esa causa reducía considerablemente el número de víctimas, porque se dejaban afuera a las muertes en hospitales públicos y sólo se realizaba un conteo de aquellas víctimas que fueron a la morgue policial”. En este sentido, Arias contó a esta agencia el caso de un cadáver encontrado en la calle que al que un médico de la policía le firmó u certificado de defunción alegando problemas de salud para facilitar la devolución del cuerpo a los familiares, puesto que, por esos días, la morgue no daba abasto. Aunque esta última situación no exime al hecho de una irregularidad por parte del médico policial.
A pesar de que la Justicia provincial determinó que el conteo de las víctimas efectivamente estaba a cargo de Arias, el conflicto, por esos días, se suscitó a raíz de que Arias le manifestó al fiscal interviniente -el entonces titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones nº 8, Jorge Paolini- que se abstuviera de producir difusión pública de las víctimas y/o posibles víctimas del temporal, como así también que comunicara lo que fuera surgiendo de dicha investigación y que tuviera que ver con la competencia Contencioso Administrativa. Por esta resolución Arias fue acusado por abuso de autoridad por parte del fiscal Marcelo Romero.
A su vez, Arias decidió autodenunciarse con el objetivo que se despejara de modo definitivo cualquier duda acerca de su actuación en las causas vinculadas a las víctimas fatales de la inundación para despejar cualquier tipo de dudas aunque finalmente desistió en esta denuncia. Otra de las denuncias fue impulsada por la ex procuradora María del Carmen Falbo y están referidas, según el juez, “a criterios judiciales que de ningún modo pueden constituir irregularidad alguna, como ´desobediencia a la Policía´, que representan formas de interpretar el Derecho”.
La última actuación fue impulsada por el diputado de Cambiemos, Guillermo Castello quien apuntó contra Arias por tener una “manifiesta parcialidad” política luego de que el magistrado acompañara con su firma una solicitada con fuertes críticas al Gobierno, tanto provincial como nacional.
Según narro el Juez, el jury implica todas las denuncias por decisión del actual procurador bonaerense, Julio Conte Grand y por impulso de la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan, quien según denunció “actúa en favor de Cambiemos”. En su descargo, Arias advierte que “las causales utilizadas para dar lugar a este Enjuiciamiento (“negligencia”, “deberes inherentes al cargo”, “graves irregularidades” y “la buena conducta”) constituyen conceptos jurídicos indeterminados que adolecen de una amplitud o vaguedad tal que otorgan a la autoridad disciplinaria una potestad juzgadora de proyecciones a priori inimaginables, quedando la garantía de inamovilidad, de juez natural y de independencia judicial, a merced del ocasional criterio moral, ético y –por ende- subjetivo de quienes ocasionalmente asumen el rol de Jurado de Enjuiciamiento; todo lo cual resulta extremadamente problemático para el cumplimiento del principio de legalidad ya referido”.
Al respecto del jury, Arias señaló: “En la Provincia, en el peor de los sentidos, todo está en orden. Hay acuerdos corporativos muy fuertes que son de la corporación judicial, de la corporación política, de la corporación económica-inmobiliaria- sojera que representan un intercambio de favores recíprocos” En ese sentid agregó que “todo aquel que se enfrente a los acuerdos y actores corporativos se está enfrentando al poder real en la Provincia y sufre consecuencias”.
“Yo siempre dije que había una impunidad total en la Provincia. Los actores políticos o judiciales muestran sus cartas en el momento oportuno, pero van cambiando de roles. No es una cuestión de partidos, los actores siguen siendo los mismos, es más, se cambian de partidos y dentro de ese acuerdo corporativo también están las fuerzas de seguridad, como el Servicio Penitenciario y la Policía bonaerense. Es muy difícil ir contra eso”, aseguró.
Arias dijo estar “sometido a un mercado de compraventa de voluntades donde lo jurídico no interesa” y agregó: “si es la propia Presidenta de la Corte quien está impulsando el juicio político, los abogados (que componen el jurado del jury) no se van a poner en contra”.
Ahora bien, para el Magistrado, estas no son los únicos motivos para querer desplazarlo, también ponen sobre la mesa su participación durante los conflictos docentes y las medidas de amparo ante los tarifazos de luz y gas, en donde regularmente le dio la razón a los gremios de la educación y frenó los aumentos impulsados por los gobierno de Macri y Vidal.
