A partir de hoy se discute en inter-Comisión en el Senado bonaerense la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo, impulsada por el macrismo y enmarcada en un avance del Gobierno para flexibilizar los derechos laborales.
Por Roberto Álvarez Mur (*) / Con un fuerte repudio del arco sindical, se abre el debate en el senado bonaerense sobre la adhesión a la reforma a la legislación de ART, anunciada por el macrismo con entusiasmo a principio de año. El conjunto de gremios nucleados en CTA y CGT anunciaron que concentrarán hoy frente a la Legislatura provincial, a partir de las 16 horas, para repudiar la adhesión bonaerense a la reforma en la Ley de Riesgos de Trabajo, que hoy comienza a discutirse en inter-Comisión.
“La adhesión a la Ley de Riesgo del Trabajo es inconstitucional, mercantiliza la salud y deja a la intemperie a los trabajadores y trabajadoras. Es un gran negocio para las ART que vulnera los derechos laborales. Pero además de todo eso, es la puerta de entrada de la flexibilización de todos los demás derechos laborales que pretende hacer el oficialismo”, indicó ayer la senadora provincial del FpV, Mónica Macha, a través de las redes sociales.
Macha fue una de las principales opositoras en el Senado a esta reforma, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, la sanción a nivel nacional y la adhesión de Capital Federal y de Córdoba.
“Estamos convencidos de que esto atenta contra los derechos y la salud de los trabajadores. No pone el eje sobre la prevención sino en ponerle precio a la salud, a beneficiar a los grandes grupos de empresas de seguros”, dijo a Contexto Raúl Calamante, referente de la CTA en la provincia de Buenos Aires.
Cabe destacar que lo estipulado en la modificación de la Ley de ART, ante una denuncia laboral, representaría un obstáculo en la instancia judicial para trabajadores que quisieran litigar; con requisitos médicos casi inviables, derivados a una cantidad limitada de centros de atención para toda la provincia y con plazos expeditivos de hasta sesenta días hábiles.
Una de las justificaciones que el macrismo esgrime para avanzar con este ataque la legislación es la de la famosa “mafia de los juicios”, bandera del discurso del propio Mauricio Macri ayer en el Centro Cultural Kirchner. “No existe relación directa entre la cantidad de juicios y nivel de trabajo. Es una mentira que esta reforme beneficie a las pequeñas y medianas empresas”, agregó Calamante.
El gremialista señaló que en la movilización de hoy confluirán distintos sectores del movimiento de trabajadores, desde industriales a docentes, así como también colegios de abogados del fuero laboral.
“Esta reforma representa un clarísimo retroceso en materia de derechos laborales. No hace otra cosa que garantizar el lucro de las empresas privadas de la Ley de ART. Por ello se articularon acciones los gremios CTA, CGT y la Intersindical para llevar el reclamo a la calle”, dijo a Contexto el referente gremial y el diputado nacional electo por Unidad Ciudadana, Hugo Yasky.
“El movimiento sindical tiene que decidir entre asumir el mandato que tiene de las bases o convertirse en un furgón de cola de la aplicación de las políticas de la derecha”, dijo Yasky y agregó: “Tenemos que resolver si somos representantes de los trabajadores o títeres del Gobierno que reduce los derechos de los trabajadores. Asumimos que hay que tomar el mandato popular y defenderlo”.
Macri aprovechó su exposición ayer en el CCK para cargar una vez más contra “la mafia de los juicios laborales” y remarcó los “excesos de la litigiosidad laborales” como “la principal causa que impide generar empleo”. En ese tono, el mandatario retó a los gobernadores por no adherir a la nueva ley de ART, que limita la posibilidad de un trabajador de abrir un reclamo por accidentes laborales y dificulta el acceso.
En ese camino, Macri se lamentó de que hayan “más de 3000 sindicatos en el país”, ante la llegada de la delegación del FMI a presentar sus recetas para “reducir el gasto público”.
En esa línea, a la vez que insistió en “dejar atrás un Estado complicado, lento, burocrático, con normas llenas de vueltas basadas en la desconfianza”, remarcó las potencialidades de generar “obras sociales fuertes y bien administradas para mejorar la calidad de vida y la atención a la salud de los trabajadores y sus familias”, acaso una advertencia de un viraje aggiornado al viejo modelo de AFJP.
“El FMI pone la partitura y el Gobierno se encarga de ejecutarla. La racionalización del empleo público, la precarización y la flexibilización de leyes, se transforman en la agenda cotidiana, que el presidente muestra como un reformismo conveniente y, en realidad, es una agenda de ajuste permanente”, agregó Yasky.
(*) Periodista del diario digital Contexto.
