Así lo confirmaron los profesionales y especialistas de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que la semana pasada presentaron en varios municipios bonaerenses el Informe Anual sobre la situación de extrema gravedad que se vive en las cárceles de la provincia gobernada por María Eugenia Vidal, pues «la política de (Alejandro) Granados –el último ministro de Seguridad del gobierno de Daniel Scioli- se continuó con la administración actual de la Provincia y además se hizo en un contexto nacional regresivo en materia de derechos humanos, con ciertas reformas en leyes claves que implican exacerbar el punitivismo con el discurso que promete luchas contra las nuevas amenazas como son el narcotráfico y el terrorismo», diagnosticó la directora general del organismo provincial, Sandra Raggio, quien analizó en diálogo con AgePeBA la política criminal que aplica el macrismo a nivel nacional y con gran énfasis en la provincia de Buenos Aires, siendo uno de los territorios con peores cifras de hacinamiento y casos de torturas contra las personas privadas de su libertad en el país.
Por Carlos López / «Si la gente privada de su libertad no tiene ninguna expectativa de mejorar su propia vida, si el destino es la reclusión y además durante la misma no puede incorporar ningún otro recurso para generar otra vida, la reincidencia va a ser la moneda corriente, lo que impacta en el sistema interno con récords históricos», criticó la especialista en relación a las alarmantes cifras de la situación carcelaria bonaerense que se detallan en el informe titulado “El sistema de la crueldad XI”.
La política de seguridad de Cambiemos no escapa al aumento desmedido de policías en las calles, con un total de casi 100 mil agentes operativos en toda la provincia y un mayor encierro de personas detenidas, lo que para un gran porcentaje de ellas es sinónimo de muerte.
Así como en la Argentina de Cambiemos ser pobre “es un delito” que se paga con la persecución policial que sufren los sectores más vulnerables de la sociedad, estar privado de la libertad también es una condición que impide expectativas para reinsertarse en la sociedad, a partir de la política represiva que hoy se formula desde el propio Estado.
Según el Informe Anual 2017 denominado “El sistema de la crueldad XI” que es elaborado todos los años por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en julio de este año se llegó al “récord histórico” de 41.729 detenidos en cárceles y comisarías, mientras que en 2016 se registraron 385 muertes de personas bajo custodia del Estado provincial y un total de 156 casos fatales ocurrieron en cárceles, lo que significa que hubo 13 fallecimientos por mes, a razón de más de tres por semana.
Además, se detectó que “la tortura es una práctica sistemática” al punto de que se recibieron 16.403 denuncias por hechos de violencia que afectaron a 3.054 detenidos en el sistema, casos que luego motivaron a la presentación de 4.051 acciones judiciales. Estos datos comprueban la persistencia y profundización de las características más regresivas de un sistema penal orientado a perseguir los delitos de los más pobres, dejando inalteradas las redes de complicidad y gerenciamiento para lo que no se han presentado políticas orientadas a combatirlas.
En comunicación con AgePeBA la directora general de la CPM, Sandra Raggio, aseguró que la cifra de personas detenidas en la provincia de Vidal ya a este mes último aumenta a más de 42 mil personas, un número que jamás se había alcanzado en la provincia de Buenos Aires. «Hoy superamos más del 70% de sobrepoblación, lo que implica un estado total de hacinamiento en una provincia que tiene índices de detenidos muchos más altos que los de nivel nacional y también que el promedio mundial», explicó la especialista, que además detalló que a nivel global se estima que existe un promedio de 144 personas detenidas cada 100 mil habitantes en todo el mundo, pero a contraste de esto la administración carcelaria bonaerense ya cuenta con cerca de 250 personas detenidas cada 100 mil habitantes, «superando todos los estándares internacionales, lo que demuestra que por más que aumente la prisionización el delito en la calle continúa aumentando».
Uno de los “cambios” más importantes que logró la derecha que gobierna en la Argentina con Cambiemos en su avanzada contra los derechos humanos fue la modificación de la ley de flagrancia que el año pasado sancionó el Congreso Nacional y que para medios de comunicación como Infobae implica “mejoras para acelerar las condenas a delincuentes”, cuando en realidad se ha ocultado que las modificaciones también brindan mayores facultad a las fuerzas de seguridad para actuar en vinculación con la justicia, ya que permite que los policías puedan tomar contacto con personas sin órdenes judiciales y se incluyan nuevas figuras policiales como el agente encubierto y otras que alteran el debido proceso judicial, habilitando prácticas en un país donde las fuerzas de seguridad han sido históricamente poco democráticas y transparentes en el accionar hacia la ciudadanía con la complicidad del Estado y el Poder Judicial como simple autorizante de la falta de control.
Esto mismo fue confirmado en el Informe Anual de la CPM, ya que como explicó Raggio «la política de (Alejandro) Granados –el último ministro de Seguridad del gobierno de Daniel Scioli- se continuó con la administración actual de la Provincia y además se hizo en un contexto nacional regresivo en materia de derechos humanos, con ciertas reformas en leyes claves que implican exacerbar el punitivismo con el discurso que promete luchas contra las nuevas amenazas como son el narcotráfico y el terrorismo».
La representante de la CPM recordó que al principio de la gestión de Vidal, tanto la gobernadora como el ministro de Justicia bonaerense, Carlos Mahiques, -hoy cargo ocupado por Gustavo Ferrari- reconocieron el colapso carcelario y prometieron reformas estructurales «que todavía no han llegado» y como contracara de esto «están planteando que hay que hacer más cárceles, cuando nosotros sabemos que si hay más cárceles hay más presos.
Así no se resuelve el tema del hacinamiento, sino que aumenta el piso de la cantidad de detenidos». Desde principio de la década del ’90 la política carcelaria de la provincia de Buenos Aires ha estado marcada, a pesar de los cambios de gobiernos, por una constante ampliación en la que se construyeron nuevas unidades carcelarias para ser utilizadas como una aparente solución política a la delincuencia, pero siempre sin considerar el aumento desmedido de la población y las condiciones inhumanas con las que estas personas conviven durante días, meses o incluso años de sus vidas.
En el Informe Anual sobre encierro y políticas de seguridad que esta semana fue presentado en Mar del Plata y Tandil, también se remarca que otro de los problemas graves denunciados es la situación que se vive en los lugares de detención correspondientes al régimen penal juvenil, que en los hechos “se fue asimilando al de adultos”.
El total de detenidos es de 624 jóvenes que se encuentran en centros que dependen del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, producto de que “se han incrementado las medidas de encierro a menores de 16 años”, mientras que los mayores de 18 son trasladados “directamente a las cárceles de adultos”, sin generar antes “dispositivos propios y adecuados”.
En este sentido la CPM inició una denuncia penal “por torturas, apremios, malos tratos y amenazas a dos jóvenes que fueron aprendidos luego de una fuga” del centro cerrado COPA de La Plata. A su vez, el informe da cuenta de que en 2016 “la violencia policial en el territorio arrojó un saldo mínimo de 109 muertes producidas por el uso letal de la fuerza con arma de fuego y con el escalofriante dato de que “el 20% de esos muertos eran niños o adolescentes”.
En el escrito se subraya que esas muertes “son el correlato de una política de seguridad que, bajo la excusa del combate de las nuevas amenazas (narcotráfico y terrorismo) profundizó la militarización de los territorios para ir consolidando un esquema que restringe derechos y garantías, a la vez que reproduce la violencia, y desconoce todos los acuerdos alcanzados durante la transición democrática que se expresan en la ley de seguridad interior”.
La directora general de la CPM analizó en este sentido que «el sistema capta según su capacidad, la cual está siempre por encima en nuestro país. Por eso nosotros más que de sobrepoblación hablamos de sobre encarcelamiento, que no se va a modificar hasta que se reoriente la política criminal como solución estructural. La seguridad no tiene que ver con más represión, sino con mayor prevención, políticas inclusivas e integrales, con investigaciones reales de las cadenas delictivas, con desarmar los negocios en donde en gran parte la Policía no previene el delito, sino que lo administra».
De igual manera, invitó a pensar que «el sistema penal en nuestro país capta siempre a los sectores más vulnerables de la sociedad. No vamos a encontrar que los grandes perpetuadores del crimen pueblen a las prisiones, porque están habitadas en su mayoría por jóvenes de los sectores más vulnerables de los populares. Son ciudadanos que han vivido múltiples violaciones de derechos y terminan encerrados para cumplir una condena en gran mayoría por delitos menores. Así se proponen detenciones pero no se persigue al delito organizado, sino a las cadenas más débiles de los mercados ilegales, lo que no resuelve estructuralmente el problema de seguridad».
La lógica macrista para pensar la seguridad no es nueva, sino que proviene de ejemplo como el de Estados Unidos. Precisamente la política derechista del país del Norte ha provocado que tenga uno de los índices más altos de personas detenidas y a pesar de ello la violencia en las calles no ha cesado, sino que ha aumentado. Un ejemplo de esto ha sido la aplicación de la política de tolerancia cero en Nueva York, que lejos de funcionar como una política de reducción del crimen sólo actuó como un dispositivo de exclusión que permitió encerrar al delito en ciertos lugares de la ciudad, siempre con el riesgo latente de que aumente día a día la división entre los pobres y los que más tienen. Además, las libertades de los efectivos policiales para reprimir y atacar a ciudadanos ha llegado al extremo de cobrarse varias vidas de jóvenes principalmente afroamericanos, algo muy similar a lo que ocurre en la Argentina con las desapariciones y las muertes por gatillo fácil de pibes jóvenes de sectores socioeconómicos bajos que son hostigados por las fuerzas de seguridad y que siempre se corresponden a áreas olvidadas por el Estado en su mayoría del Conurbano bonaerense o incluso de barrios porteños específicos o provincias con gobiernos fuertemente autoritarios como el de Gerardo Morales en Jujuy.
Esta lógica que utilizan los gobiernos de derecha como el de Mauricio Macri no sólo busca encarcelar a más pobres, sino que además se corresponde con una política general donde algunos sectores serán perseguidos de diversas maneras. Esa lógica es la que permitió la muerte de Santiago Maldonado, quien desapareció en el marco de un operativo represivo vinculado a un aparato político-estatal que apunta a profundizar la criminalización de la protesta y las judicializaciones masivas con intervención de la policía como juez y parte ante el abuso de poder, a partir de que el Estado tiene más atribuciones que delega a las fuerzas de seguridad y los mecanismos de control se flexibilizan justificando una mayor capacidad represiva del Estado, disfrazado con un discurso político de mayor orden, aunque nunca se pregunte hacia qué sectores y bajo qué costo en las futuras generaciones. El propio informe de la CPM remarca que “esta desaparición forzada no es la primera de nuestra democracia, amplia en ejemplos: Andrés Núñez, Miguel Bru, Iván Torres o Jorge Julio López entre otros. Pero, a diferencia de estos casos, resulta insoslayable la relación directa entre la represión ilegal de la Gendarmería Nacional a la protesta de la comunidad mapuche y la detención de Santiago Maldonado en el marco de ese operativo. Desde el retorno de la democracia, nunca fue tan clara la participación de una fuerza de seguridad en el secuestro y posterior desaparición de una persona. Su desaparición se produjo a plena luz del día, con testigos presenciales de la comunidad y, por supuesto, de la propia Gendarmería. Mientras los primeros prestaron testimonio de lo que vieron, los agentes de seguridad lo negaron sistemáticamente e incluso retacearon y adulteraron prueba e información en el marco de la causa”.
El gobierno nacional enmarca la política del ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich en un ataque a los más pobres para seguir profundizando la brecha entre ricos y sectores bajos, lo que define un escenario de desesperación que en la mayoría de los casos le da lugar a la derecha para accionar con represión y mano dura. «El punitivismo al que nos enfrentamos hoy no resuelve los problemas de la sociedad, los empeora. Para mejorar necesitamos una sociedad que proteja los derechos humanos y la vida. No se puede proteger la vida vulnerando derechos, y si este Estado no puede siquiera garantizar condiciones dignas a las personas que capturan y tiene bajo su cuidado, imaginemos cómo va a poder garantizar la seguridad del conjunto de los ciudadanos. La situación en las cárceles son un indicador de las políticas de seguridad que se están pensando y ejecutando», finalizó Raggio.
