Como tiene pensado hacer Mauricio Macri con las provincias, la Gobernadora buscará firmar con los municipios una especie de “pacto fiscal”, por el cual las comunas deberán cumplir metas de austeridad si quieren un permiso para endeudarse o, por ejemplo, para recibir partidas. El casi congelamiento de la planta municipal y la reducción de tasas aparecen como las exigencias más cuestionables.
“Quieren controlar las cuentas municipales pero la verdad es que no pueden hacer eso porque la autonomía de los municipios está reconocida en la Constitución Nacional”, advirtió a Contexto el intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona.
“Es evidente que quieren pasar por encima de las autonomías municipales pero no por este proyecto sino por el desprecio absoluto con que tratan a los municipios”, agregó el dirigente de Unidad Ciudadana en nota que consigna este domingo el diario Contexto, de La Plata.
“Esto de querer poner de rodillas a gobernadores e intendentes a partir del cuánto te doy no es de un país moderno sino que nos lleva al peor de los pasados, de un poder unitario y centralista con el látigo y la billetera”, completó.
Este acuerdo será de adhesión voluntaria pero con carácter de ley y se descuenta que los intendentes de Cambiemos se sumarán sin mayor problema. Más allá de Durañona, los intendentes del resto de las fuerzas todavía no se han expresado al respecto aunque se sabe que ya comenzaron sus reuniones para analizar el Presupuesto 2018 y la Ley Impositiva que ingresaron a le Legislatura el jueves por la noche.
La información disponible en cada una de las ciudades era todavía escasa. La noticia les había llegado por los medios después de la ronda de prensa que dio el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, para hablar de estos temas.
Según enumero el portal Infocielo.com, las pautas reclamadas son: que el gasto aumente al ritmo de la inflación, que el crecimiento de la planta municipal vaya en sintonía con el incremento poblacional (1.5% anual), y que el que el endeudamiento no supere el 8 por ciento de los recursos.
En concreto, esta ley propone una modificación de la “Ley 13.29, el actual Régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal”. En el Artículo 1, se propone “la modificación del Art.2 del RRFM y en el Artículo 2 invita a los Municipios a adherir a las modificaciones” a través de ordenanzas de los Concejos Deliberantes.
Si bien se habla de “una invitación”, también se aclara que “la adhesión a la presente ley es condición necesaria para la obtención de nuevos endeudamientos, de avales y de garantías para fideicomisos y para obtener ayudas financieras”.
Otro de los puntos que ya genera cierto malestar es el que propone una prohibición para aumentar los gastos corrientes durante los últimos seis meses de gestión de cada intendente. La recomendación cae mal porque viene después de que Vidal haya utilizado la obra pública para hacer campaña para su candidato a senador nacional Esteban Bullrich.
Es en el Artículo 7 donde se hace referencia a los empleados municipales: “Los municipios se comprometen a no aumentar la relación los cargos ocupados en el Sector Público (planta permanente, temporaria y personal contratado existente al momento de la sanción de esta ley”.
Los economistas consultados por este medio, coincidieron en marcar que la idea está cerca de ser un despropósito porque le estaría quitando a los municipios la autonomía que hoy tienen para definir sus políticas económicas. “Es lo mismo que pongan un robot en la secretaría de hacienda”, bromeó uno de los especialistas.
El Artículo 10 también es sensible para los municipios ya que se mete en las herramientas de recaudación que tienen los ejecutivos distritales. En este punto, la propuesta es generar una homogenización de las presiones tributarias y de las tasas de Seguridad e Higiene, Alumbrado, Barrido y Limpieza, y conservación de caminos.
Un intendente del interior provincial que dialogó con Contexto no se mostró negado a discutir un pacto fiscal aunque aclaró “las tasas no se pueden bajar más en mi distrito” y que sería “necesario discutir otra vez el CUT”. El Coeficiente Único de Coparticipación es el que utiliza la Provincia para distribuir los recursos.
Ese cálculo estaría desactualizado porque toma como dato determinante la capacidad de internación –medida en camas- de cada partido. “Es como un castigo por tener un sistema de salud primario que funciona”, se quejó el dirigente que en las últimas elecciones compitió por Unidad Ciudadana.
La situación de la Federación de Municipal Bonaerenses es similar a la de los intendentes: se enteraron del proyecto al escuchar a Lacunza a través de los medios. No obstante, adelantaron a Contexto que la voluntad es discutir este caso y otros a través de la convocatoria del concejo consultivo previsto en la ley que rige la actividad del sector. “Con la contratación de personal y con las tasas tampoco se pueden meter”, aclaró Durañona.
