Tras la declaración de independencia de Cataluña, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, respaldado por la Unión Europea y Estados Unidos en forma expresa anunció la intervención del gobierno regional y llamó a elecciones para el 21 de diceimbre. El gabinete de Puidgemont estaba reunido y su partido anunció que desconocía la intervención.
En rigor, quedan relevados de sus cargos el presidente catalán, Carles Puigdemont, su vice, Oriol Junqueras, y once de sus consejeros (ministros). Así se dispone luego que el Senado diera luz verde al artículo 155, ratificado por el Consejo de Ministros en reunión extraordinaria. Además, se crean los órganos administrativos que suplantan a las consejerías, se aparta a la conducción de los Mossos (la policía regional), y se cierran las representaciones de la Generalitat en el exterior, salvo la de Bruselas ante la Unión Europea.
«El Estado dispone de medios suficientes para, de forma pacífica y moderada, recuperar la normalidad legal y disolver las amenazas que no están volcando sobre la convivencia», agregó Rajoy sobre las implicancias de un artículo nunca antes utilizado en democracia, en la crisis institucional más grave desde la Transición.
En cuanto a las elecciones, dijo que se instruyó la medida de «convocar cuanto antes esas elecciones libres, limpias y legales que puedan restaurar la democracia en la comunidad autónoma». La idea es tener un nuevo parlamento regional de 135 miembros. La alternativa de unos comicios había sido planteada a Puigdemont en los últimos días. El líder catalán sopesó esa idea y decidió finalmente ir a fondo con la independencia.
El premier agradeció el apoyo del líder socialista Pedro Sánchez y de Albert Rivera, de Ciudadanos. «Estas medidas las han compartido, muchas se han planteado por ellos en los últimos días», afirmó.
Con todo, el gobierno catalán no afloja del otro lado. El Partido Democrático de Cataluña, la fuerza de Puigdemont, adelantó que no reconocerá la intervención de Madrid. «Seremos fieles al president, a los consellers y al Parlamento democrático y no a ustedes», dijo el portavoz de ese partido en el Senado, Joseph Lluís Cleríes. Por su parte, Mirilla Cortès, senadora de Ezquerra Republicana de Cataluña (socio de Puigdemont en el gobierno y en la declaración de independencia), afirmó que no darán “un paso atrás”, anticipó resistencia al 155 y calificó al PP, el PSOE y Ciudadanos como «los responsables de lo que pueda ocurrir en Cataluña con la aplicación del artículo 155″.
Otra voz contraria ha sido Óscar Guardingo, senador de Unidos Podemos (la alianza entre Izquierda Unida y Podemos) por Cataluña, que acusó al Senado de “dar por enterrados 40 años de progresos». Advirtió que en este momento Rajoy tiene en sus manos una “motosierra” que causará “amputaciones” en la región. «Haría mejor el PSOE en escuchar más a sus alcaldes en Cataluña y menos a Rajoy», criticó a los socialistas.
Entre los críticos de Rajoy también figura el nacionalismo vasco, que hace una década había planteado una hoja de ruta hacia el nacionalismo. El vocero del Partido Nacionalista Vasco, Jon Bildarratz, acusó a Rajoy de “liquidar la ley” al arrogarse la potestad para aplicar «medidas amplísimas sin ningún tipo de control judicial». También consideró que se llegó a “un punto de inflexión de difícil retorno”, dado que el PP pone en juego “la dignidad de todo un pueblo”, y que la política de Rajoy “no va a solucionar el problema”.
El Parlamento Catalán había aprobado esta mañana la Declaración de Independencia de Cataluña, la cual implica el inicio de un proceso constituyente y la votación por una República Catalana. Con el voto favorable de 72 diputados, 1 votos en contra y 2 abstenciones, la declaración como República independiente constituye un claro desafío al gobierno español y un grave problema para la unidad de España.
En la votación no participaron los representantes del PP, Ciudadanos y el Partido Socialista Catalán.
Lo que se aprobó fue constituir «una república catalana como estado independiente, soberano, democrático y social».
Se espera ahora la reacción del gobierno central español, que anunció la intención de «intervenir» el gobierno de la autonomía catalana, desalojar a sus autoridades y tomar el control de los principales resortes de poder.
La resolución de independencia llevó la firma de los dirigente de JxSí y la CUP Lluís Corominas, Marta Rovira, Mireia Boya y Anna Gabriel.
Ocurrió con voto secreto y en una sesión en la que el presidente del gobierno regional, Carles Puigdemont, no pronunció palabra. Pero sí hizo gestos de reprobación cada vez que hablaba un legislador de oposición.
