Desde La Plata, la madre de Johana -que lleva casi tres meses desaparecida- responsabilizada al gobierno, los jueces y los fiscales “porque si no hay complicidad del Estado no hay una red de trata”. En tanto, Raúl «Peque» García, imputado por la muerte de Emilia y amigo del intendente Julio Garro, se negó a declarar en la causa.
A casi tres meses de la desaparición de Johana Ramallo, ayer en la sede de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) en Capital Federal, su madre Marta encabezó una conferencia de prensa con fuertes críticas al accionar de la fiscal platense Betina Lacki, quien estuvo a cargo de la investigación y responsabilizó al Estado ante la falta de apoyo.
“Hago responsable al Estado, a los jueces y fiscales porque si no hay complicidad del Estado no hay una red de trata; una red de trata no se conforma con dos o tres perejiles sino que hay un Estado. Son los jueces y fiscales por encubrimiento a esta gente que se dedica a quitarnos a nuestras hijas, nietas, hermanas o vecinas”, dijo Marta Ramallo.
Según una nota de la periodista Daiana Giménez publicada en Diario Contexto, el intendente Julio Garro se refirió al caso de Johana en una conferencia de prensa y aseguró que el ejecutivo municipal está “a disposición de la justicia”, al tiempo que aseguró que no se pudo comunicar con Marta.
“Nunca recibí el llamado de ningún funcionario. Al mes fui a ver al Santiago Cantón (Secretario de Derechos Humanos de la Provincia) y yo le pedí que se haga una carta para que me reciba Vidal. Nunca recibí ningún llamado ni ninguna solidaridad de nadie del Estado: ni de Garro ni de Vidal”, dijo Marta y remarcó el acompañamiento de las organizaciones. “El Estado nos sigue abandonando como abandonó a Johana”, agregó.
Los abogados relataron que en la primera reunión que tuvieron con la fiscal Betina Lacki, se le planteó que Johana no estaba ausente por su propia voluntad. Los letrados comenzaron junto con Marta a barajar la hipótesis de una red de trata, teniendo en cuenta que la joven fue vista por última vez en 1 y 63, conocida como la zona roja de La Plata y porque era “víctima del sistema prostituyente”. Sin embargo, el pedido formal del cambio de carátula y que la policía bonaerense sea apartada de la investigación fue descartado por la fiscal.
“Lacki denegó el cambio de carátula y ni siquiera hizo mención al pedido que hicimos del cambio de la fuerza. Eso es bastante llamativo porque los abogados y las abogadas somos el vehículo para que las víctimas ejerzan sus derechos. No responder o responder en forma parcializada el pedido de la víctima es un problema de acceso a la justicia: no se está respetando un derecho constitucional, un derecho humano, que es el acceso a la justicia”, explicó Silvina Perugino, abogada de la familia de Johana, quien aseguró que de esta fiscalía recibieron un trato “desagradable”.
Frente a la negativa de Lacki, se denunció ante los Tribunales Federales la desaparición como delito de trata. Un día después la fiscal presentó la declinatoria de competencia para que investigue la justicia federal. Según señalan los abogados, hoy la justicia se encuentra estudiando la caso “de forma responsable”. La causa quedó en manos del Fuero Federal N°1 a cargo del juez Ernesto Kreplak y la investigación es llevada a cabo por el fiscal Hernán Schapiro con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
La madre de Johana remarcó que su hija era parte del Ellas Hacen, un programa que nació en el 2013 para acompañar a mujeres en situación de vulnerabilidad, generando oportunidades de trabajo y de formación. Sin embargo, esta iniciativa fue desmantelada a solo unos meses de asumir este gobierno, dejando a quienes participaban sin este acompañamiento.
“Cuando asumió este gobierno a nosotros nos quitaron el derecho a seguir trabajando y construyendo nuestras casas, a seguir teniendo una psicóloga para que escuche los problemas que enfrentamos nosotras y nos quitaron la guardería de nuestros hijos”, relató Marta. “Es el Estado el que nos abandona desde un primer momento. Es el Estado que a nosotros nos quita los derechos y nos sigue quitando por el solo hecho de ser mujer”, agregó.
“Era un programa que hoy está completamente desarticulado que iba a buscar a estas víctimas a estas mujeres en situación de vulneración de derechos”, dijo Perugino y agregó que Johana “estaba siendo víctima del sistema prostituyente. La prostitución no es un trabajo. Esa es la posición de Marta y nuestra posición”.
Caso Emilia: Se niega a declarar imputado amigo del Intendente
En tanto, el empresario platense Raúl “Peque” García, uno de los cuatro organizadores de la fiesta de fin de año 2015 en la que murió la estudiante de periodismo Emilia Uscamayta Curi, se negó el martes a declarar ante la fiscal Ana Medina como vienen haciendo los otros imputados y también presentó un escrito.
“Raúl García se negó a declarar y presentó un escrito al que todavía no pudimos acceder”, explicó a Diario Contexto el abogado de la familia Uscamayta Curi, Adrián Rodríguez, antes de precisar que ésa está siendo la estrategia, por ahora, de todos los imputados. “Creemos que seguirán en esa tónica”, sostuvo.
El letrado precisó que otro de los imputados, Carlos Bellone, dueño de la quinta, empresario y militante del PRO, citado por la fiscal la semana pasada, también se negó a declarar y presentó un escrito en cual intenta despegarse de la organización de la fiesta. En ese documento al que tuvo acceso este medio, Bellone afirma que “los organizadores” le informaron “que habían logrado el permiso Municipal por medio de un funcionario de nombre Juan Manuel”.
“Creemos que se trataría nada más y nada menos que de Juan Manuel Garmendia”, subsecretario de Gobierno de Garro, afirmó Rodríguez a este medio. Lo expresado por Bellone “es un aporte muy importante para la hipótesis que viene abonando la familia de Emilia, en el sentido de que hubo una participación activa de funcionarios del Municipio para que la fiesta clandestina se pudiese desarrollar”.
Según la periodista Gabriela Calotti, en el escrito, Bellone asegura que “en ningún momento se me intimó a desalojar la quinta ni tampoco se clausuró el lugar”.
Otro de los imputados, Santiago Piedrabuena, empresario y dueño de un conocido boliche local, está citado para hoy. Gastón Haramboure, también organizador del evento, pero que debería estar supuestamente privado de su libertad en cumplimiento de una condena por la muerte de un chico en el boliche Alcatraz de Berisso fue citado la semana pasada y se negó a declarar.
El quinto imputado es Martín Piqué, ex comisario bonaerense y secretario de Seguridad municipal hasta fin del año pasado, aunque sigue asesorando a Garro.
Según el abogado de la familia Uscamayta, la fiscal debería preguntarles a los imputados “cuál fue el rol que tuvieron en el evento y cuál fue la colaboración municipal”.
Hasta abril la causa, sin avances, estuvo en manos del fiscal Álvaro Garganta, conocido también por sus cercanías con el macrismo. Después de que la causa pasara a la UFI de Medina, cambió de carátula y pasó de homicidio culposo a asesinato con dolo eventual, lo que agrava las penas que podrían dictarse.
Juicio para 2018
Todo indica que García entró al edificio de Fiscalía, en 7 entre 57 y 58, por una puerta lateral y no por la entrada principal donde familiares, amigos, compañeros de Emilia instalaron una radio abierta desde la cual pidieron una vez más que se haga “Justicia por Emilia”.
En diálogo con la prensa, Juan Uscamayta, el padre de Emilia, confió que el juicio pueda tener lugar el año próximo y expresó su confianza en la fiscal. “Con ella se está avanzando”, afirmó.
“Esto no es una revancha ni nada por el estilo. Nosotros queremos justicia por Emilia. Es una chica buena. No estamos pidiendo otra cosa que justicia”, sostuvo mientras desde la radio abierta, amigos y compañeros de su hija recordaban su viaje a Bolivia y su sueño trunco de recorrer América Latina. Otros, como Cintia Mansilla, compañera de facultad de Emilia denunciaron los peligros que encierra la noche platense “en manos de empresarios mafiosos”.
“Lo único que esperan de los jóvenes es hacer negocio. No queremos que estos tipos controlen la vida nocturna platense por que son mafias . Se creen intocables pero vamos a seguir exigiendo justicia por Emilia”, sostuvo Cintia, también compañera de militancia de Emilia.
Posiblemente antes de fin de año la causa sea elevada para un juicio oral y público en 2018, indicaron fuentes judiciales.
