Los desaparecidos en democracia. Los nombres de algunos de los que no están pero hablan con voz desgarradora acerca de lo que es el Crimen de Estado, modalidad represiva y siniestra heredada del Terrorismo de Estado que se inscribía en el modelo teórico de poder denominado Doctrina de la Seguridad Nacional, y que, en nuestros país y región, contiene las siguientes características o atributos propios: la trama de complicidades está integrada en estos tiempos por las fuerzas de Seguridad e Inteligencia, con exclusión al menos temporal de los Fuerzas Armadas, los actores políticos Estado con sus tres poderes – Ejecutivo, Legislativo y Judicial (y el Fiscal), el bloque económico corporativo, el aparato mediático concentrado y el denominado crimen organizado; y el dispositivo institucional ya no son dictaduras o gobiernos de facto, parcial o total, sino regímenes constitucionales de democracias liberal burguesas formales y vigiladas o controladas justamente por esa trama que, sintéticamente, acaba de ser descripta. Todo ello amparado, entrenado y en escenarios estratégicos dirigidos por la red de económica, política, diplomática, militar – seguridad y de inteligencia de Estados Unidos y aliados. Los gobiernos neoliberales siembran apelan al Crimen de Estado para consolidar su programa económico pero también de diseño político y cultural; así se nos presenta la figura de la desaparición forzada de personas (en democracia).
Por Carlos López / Ezequiel Demonty, Miguel Bru, Luciano Arruga, Kiki Villegas, Candela Sol Rodríguez y Jorge Julio López en un pasado cercano. Franco Casco y Santiago Maldonado hoy. Todos ellos son nombres de los desaparecidos que el Estado argentino se llevó para nunca más devolver, o en todo caso, para convertirlos en cadáveres. El silencio del gobierno nacional y la complicidad que comienza en el Ministerio de Seguridad y atraviesa a jueces y fiscales, y altos cargos de las fuerzas de seguridad, son los ingredientes ideales para perpetuar la más siniestra de las modalidades del plexo represivo que despliegan las democracias vigiladas o controladas, haciendo uso de aparato estatal.
Queda al desnudo la cruda avanzada del poder económico neoliberal sobre los países de América Latina y destacó que las desapariciones forzadas de personas son una constante criminal que lejos de convertirse en hechos aislados, son orquestados y diagramados por los especialistas de la represión popular, los que estuvieron en las dictaduras y hoy vuelven para gobernar a fuerza de las balas pero con la Constitución debajo del brazo.
La aparición sin vida del cuerpo de Santiago Maldonado confirmó una metodología propia de los gobiernos democráticos de América Latina que han llegado para imponer un control autoritario, al servicio de los intereses políticos y aún con más fuerza de los intereses globales económicos que rigen el mundo. Las desapariciones forzadas de personas en las que se ven implicadas las fuerzas de seguridad no son meros actos de los efectivos policiales, sino que además son avaladas por los organismos del Estado que dicen defender la democracia y perpetuadas por los funcionarios judiciales que responden a los mismos intereses oscuros.
Durante la búsqueda de Santiago Maldonado -de quién este viernes se confirmó la identidad sobre el cuerpo hallado en el río Chubut-, representantes de organizaciones como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales denunciaron la complicidad institucional del Estado para generar y ocultar la desaparición del joven tras la represión a la comunidad mapuche sobre el rió Chubut.
El gobierno de Mauricio Macri buscó aislarse del episodio durante los casi tres meses de búsqueda, a pesar de que se demostró la intervención violenta de la Gendarmería y la presencia en la zona del ataque de Pablo Nocetti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad.
AgePeBA dialogó con la especialista en Comunicación y Criminología de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP), Azucena Racosta, secretaria académica de una Maestría que sobre esa especialización dirige el ex juez de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni. Racosta dijo: «de la forma en que está llevando adelante el macrismo su gestión, queda claro que obviamente se trata de un gobierno que se va a sostener en el aparato represivo. Intuyo que el caso de Santiago no va a ser el último porque este plan económico se sostiene con represión y las primeras muestras de esto son la desaparición, el ocultamiento y también las detenciones arbitrarias ilegales como la de Milagro Sala».
Asimismo, planteó que «estamos viviendo la presencia del aparato represivo que estaba latente y que se usaba para unos fines no tan santos y que ahora están desbocados al servicio del Estado, acompañados de la impunidad de la que gozan los gobiernos autoritarios. De democracia nos queda muy poco, porque más allá de que vayamos a votar estamos viviendo un golpe de nuevo tipo al pueblo, a la democracia y a las instituciones».
Frente a un escenario triste para quienes luchan por los sectores de la sociedad más desprotegidos, Racosta analizó que «el desmadre de las fuerzas policiales ha sido una constante en democracia, siempre lo hemos denunciado porque no ha respetado gobierno alguno. Las mafias policiales y penitenciarias han hecho uso y abuso de su poder e incluso se han escapado a gobiernos más democráticos que los que tenemos en la actualidad, con lo cual es más fácil pensar que con gobiernos autoritarios como los que estamos teniendo a lo largo de Latinoamérica, van a ser más permisivos para sostener un aparato mafioso y represivo, con la complicidad del Estado. Esto produce que se pase de una práctica mafiosa de las fuerzas policiales a un claro terrorismo de Estado. Las mafias policiales operaron siempre, y las fuerzas represivas saben cómo desaparecer un cuerpo porque en la Argentina tenemos casos sobrados: 30 mil compañeros desaparecidos. Esos haberes no los han olvidado y lamentablemente el aparato represivo de las dictaduras han persistido hasta estos tiempos, nunca se han erradicado, por eso decimos que hoy hablamos de terrorismo de Estado».
Los relatos de los familiares y la falta de respuestas concretas del Estado se repiten en diferentes casos con el paso de los años “democráticos”. Miguel Bru, un estudiante de Periodismo que fue visto por última vez el 17 de agosto de 1993 en Bavio, a 50 kilómetros de La Plata, fue uno de los casos más significativos que demostraron el accionar perverso y descontrolado de las fuerzas de seguridad. Aunque la Policía Bonaerense quiso instalar que se había escapado por su propia voluntad, luego se supo que fue torturado hasta la muerte en la Comisaría 5ta de la capital bonaerense como represalia por una denuncia ante un allanamiento sin orden. Su pecado: haber sido un militante social comprometido por la igualdad.
Ya después de la crisis del 2001, el 21 de septiembre del año siguiente fue encontrado sin vida en el Riachuelo el joven de 19 años Ezequiel Demonty. Se encontraba desaparecido pero la Justicia determinó que en realidad había sido asesinado y torturado anteriormente por efectivos policiales. En este caso por intermedio de la jueza de instrucción María Cristina Bértola se logró decretar la prisión preventiva de nueve efectivos de la Policía Federal por el delito de tortura agravada seguida de muerte, además de los embargos por un millón de pesos a cada uno. Demonty había sido detenido ilegalmente en la Comisaría 34a de Bajo Flores, en Capital Federal, junto a sus amigos Claudio, de 14 años, y Julio Ismael Paz.
El pasado 12 de octubre también se cumplieron 20 años del asesinato de Sebastián Bordón a manos de la policía de Mendoza. El adolescente estaba terminando el secundario y vivía en Moreno junto a su familia, pero en su viaje de egresados junto a sus amigos fue brutalmente golpeado y asesinado en la calle por policías que recibieron condenas de entre dos y 15 años, lo que indica que salvo un oficial, el resto se encuentra ya en libertad para este año.
A los anteriores también se suman otros casos que a lo largo de más de 30 años de democracia marcan una lógica represiva que se mantiene latente, inserto en las fuerzas policiales y la justicia, y con ciertas reproducciones en el poder político de turno. Los medios de comunicación se han centrado en estos años en casos como las desapariciones de Luciano Arruga, Rodrigo Simonetti, Fabián Gorosito, Kiki Villegas, Candela Sol Rodríguez y Jorge Julio López, y tantos otros casos que ni siquiera permanecieron al menos alguna vez en los titulares de los medios pero que dejaron familias sin consuelo por el abuso del aparato estatal al servicio de las mafias criminales.
Las investigaciones de cada uno de estos casos permitieron revelar la cadena de complicidades estatales, policiales y judiciales que se dan en la Argentina para perpetuar el terror practicado y más difundido durante la dictadura. Desde 1983 el país buscó recuperar la estabilidad y la lucha popular permitió significativos avances en materia de derechos humanos, que hoy se apañan con la continuidad de prácticas cobardes contra jóvenes o en su mayoría personas perseguidas y apuntadas por los círculos de poder.
Estamos ante una tragedia que atraviesa a la región. A mediados de 2014 se dio a conocer en Paraguay el “Informe Chokokue”, en el que se confirmó que 115 dirigentes y militantes campesinos fueron ejecutados o desaparecidos desde febrero de 1989 hasta el año de publicación del revelador informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy). En el caso de Paraguay, las grandes luchas populares que los gobiernos posteriores a la caída del dictador Alfredo Stroessner han enfrentado forman parte de un contexto de la lucha por la tierra, en un país con una de las estructuras latifundistas más injustas del mundo, ya que el 80% de la tierra se encuentra en manos del 2% de propietarios. Al igual que ocurre en la Argentina, los resabios de la última dictadura paraguaya han permitido la consolidación de un plan sistemático de ejecuciones para impedir que las organizaciones campesinas tengan una voz con presencia en la demanda social de la reforma agraria.
Otro caso significativo en América Latina se produce en Chile, país que sufrió una dictadura entre 1973 y 1990, durante la cual se alcanzó una gran cantidad de prohibiciones de la libertad y secuestros sistemáticos por parte de diferentes agentes del Estado, principalmente con el accionar de los Carabineros. Las detenciones a militantes sociales y políticos eran realizadas por civiles, policías y militares, que formaban parte de un plan de desapariciones y asesinatos de las víctimas, ya que los cuerpos aparecían tiempo después y el Estado negaba los hechos denunciados, tratando de instalar versiones falsas. Esta metodología continúa permaneciendo en democracia con al menos tres casos que tomaron cierto grado de mediatización en el país trasandino: Hugo Arispe, un cuidador de autos de Arica, desaparecido en 2001 y que conforma un caso que actualmente se encuentra en la impunidad; Jose Huenante, un joven mapuche residente en Puerto Montt desaparecido en 2005, pero que más allá de las pruebas y denuncias periodísticas el caso sigue sin ser resuelto por la justicia, y por último José Vergara, un hombre que padecía una enfermedad psiquiátrica y fue detenido por cuatro carabineros (2 cabo, 1 raso, 1 aprendiz), quienes tiempo después confesaron que lo abandonaron en el desierto. Estos casos tuvieron poco impacto político gracias al amparo para policías y militares, que protegidos por la justicia chilena cuentan con libertades para ejercer la violencia y el abuso policial, siendo que además la desaparición forzosa de persona no tipifica como delito judicialmente.
Brasil es otro país que tampoco escapa a las lógicas del mercado neoliberal. Luego del golpe de Estado que se perpetuó contra la ex presidenta Dilma Rousseff, las fuerzas de seguridad han operado fuertemente con impunidad. Precisamente, Rute Fiúza, madre de un joven de 16 años desaparecido aseguró recientemente que “el país vive una democracia fingida”. Sólo en Salvador (noreste de Brasil) hay ocho personas desparecidas, entre los que se encuentra su hijo, Davi Fiúza, quien fue visto por última vez en octubre de 2014 a manos de un grupo de hombres que según ella y diversos testigos eran policías. Aunque los medios hegemónicos olviden, Brasil también tuvo desaparecidos y asesinados el último régimen militar que atravesó, algo similar a lo que las fuerzas especiales que sirven para series en la Fox hicieron años después en las favelas. Aquellos mismos que sembraron el terror en dictadura, ahora lo hacen en una democracia impuesta a la fuerza, con un derrocamiento de un gobierno constitucional y con un servicio judicial que protege firmemente a los efectivos policiales involucrados en cada hecho denunciado. La impunidad con la que se desplazan las fuerzas de seguridad brasileñas ha puesto en alerta en las organizaciones sociales y las madres de los jóvenes desaparecidos a tal punto de analizar a los cuerpos policiales como «enemigos públicos» del propio pueblo brasileño.
La democracia que atraviesa la Argentina no es la soñada. Las fuerzas de seguridad reprimen a trabajadores, sitian fábricas y son enviados a las escuelas y universidades para demostrar poder; los militantes sociales que no acatan órdenes son presos políticos; Santiago Maldonado y tantos otros fueron desaparecidos y asesinados, y en el plano civil se avanza con una decisión ilegítima de derogar los convenios colectivos de trabajo, y modificar las leyes laborales y el sistema previsional. La precarización laboral y la falta de oportunidades para los sectores más desprotegidos ponen en riesgo la estabilidad social y el progreso de las nuevas generaciones. Porque el nuevo poder económico que gobierna en la Argentina tiene en mente y ejecuta un plan que siempre será para unos pocos que poseen mucho, pero que jamás incluirá a jóvenes, trabajadores y adultos mayores. La imposición del poder económico permite que a través de las herramientas del Estado se comience a generar un poder estatal que restringe derechos y acorrala a la sociedad, en lugar de buscar la expansión de las libertades para las mayorías y la igualdad de condiciones socioeconómicas. Los poderes que en algún momento celebraron las violaciones de derechos humanos en la última dictadura cívico-militar hoy vuelven al centro del escenario con nuevas metodologías, cuidadosas en las formas pero despiadadas en el accionar, siempre protegidos por las voces cantantes de los grupos mediáticos hegemónicos.
Funcionarios que se reciclan en el poder, jueces y fiscales ocupados en sus rebaños y aparatos estatales con las fuerzas de seguridad al servicio del crimen producen un escenario poco aspirador para el campo nacional y popular.
Es por ello que Racosta subrayó: “así como entiendo que no puede haber delito sin la complicidad de las fuerzas policiales, -porque por ejemplo cualquier persona que se mete en un barrio en media hora puede conseguir donde venden sustancias o drogas, pero las fuerzas policiales nunca saben esto, lo que es muy llamativo-, también creo que no hay terrorismo de Estado sin la complicidad del Poder Judicial, un poder funcional al aparato represivo, lo que vimos en todas las dictaduras y que se vio con creces entre el ‘76 al ‘83. Hoy el aparato judicial está al servicio del aparato político, y el juez que no se aggiorna a esto va a jury, porque hoy los que intentan evitar esto y que respetan las leyes están absolutamente amenazados por el poder político. Los gobiernos neoliberales tienen un poder autoritario absoluto y hacen uso y abuso de ese poder, por eso en América Latina estamos en una etapa de resistencia donde no basta con las urnas, porque las urnas hoy son una herramienta para que los gobiernos autoritarios sostengan el discurso de la democracia. A los sectores populares no nos basta con esto, tenemos que hacer un gran esfuerzo, organizar la lucha por la dignidad de nuestro pueblo, por la solidaridad y la igualdad».
