Es llamativo y debería provocar alerta que sea el canal TN el que divulgara esta mañana la versión de que el juez habría recibido informes anónimos sobre el lugar donde debería hacerse el rastrillaje que finalmente ordenó y, como se sabe, dio con el cuerpo que se investiga si es el de Santiago Maldonado. Verónica Heredia, abogada de los Maldonado, aseguró en el marco de la rueda de prensa ofrecida ayer en Esquél, junto a la familia, que los fundamentos de esa decisión estas expuestos en una resolución del magistrado del día, que consta en el expediente y en la cual se cita la recomendación de un gendarme declarante – algunos medios afirmaron al respecto que fue el mismo que dirigió las anteriores tres operativos similares aunque sin resultados –; y que si el juez tiene otros elementos que no mencionó estaría entonces incurriendo en una acto ilegal: ¿si esa eventual ilegalidad se demuestra, acaso el hallazgo del cuerpo podría ser atacado por nulidad? Pregunta inquietante que por ahora nadie formuló, pero que si nos atenemos al modo en que el Gobierno nacional y la propia Justicia han obstaculizado toda la investigación desde el primer día, nada debería sorprendernos.
El diario Página 12 publica este jueves un resumen al respecto que pasamos a reproducir.
De la cerrada defensa a la Gendarmería a la teoría del “exceso” de un gendarme. La hipótesis de Carrió sobre Chile, la supuesta influencia de la RAM y las acciones de distracción de los medios oficialistas. El giro de Cambiemos y los ataques a la familia.
Desde la negativa a admitir cualquier responsabilidad de Gendarmería hasta la hipótesis de Elisa Carrió de que Santiago Maldonado estaría en Chile, pasando por las explicaciones de la ministra Patricia Bullrich y las diversas operaciones de acción psicológica para ubicar al joven en diversas rutas y escenarios, el gobierno y su aparato de prensa lleva 80 días tratando de desviar las miradas que lo ubican como responsable ineludible de la primera desaparición forzada del gobierno de Mauricio Macri.
El 31 de julio, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, se reunió en Bariloche con funcionarios provinciales y jefes de fuerzas de seguridad. Luego afirmó a la prensa que estaba dirigiendo los operativos de individualización y captura de miembros de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y se jactó de que lo haría sin intervención del juez. El 1 de agosto Noceti fue la máxima autoridad presente en el violento ingreso de Gendarmería a la comunidad. Pasó por la ruta al mediodía, cuando los gendarmes ya la habían despejado, y se identificó ante tres miembros de la comunidad retenidos por intentar dar aviso del ataque. El juez Otranto rechazaría peritar los celulares de Noceti, que guarda prudente silencio.
El 3 de agosto a la noche Noceti llamó a la Central de Reunión de Inteligencia de Gendarmería para anticipar que el juez ordenaría periciar los vehículos usados en el operativo. Al día siguiente, mientras el juez pedía la nómina, el chofer de una de las camionetas recibió un audio explicativo del mensaje del funcionario: “Dice que saquen los vehículos de ahí, que escondan”. El peritaje se hizo el sábado 5. Según certificó el defensor Fernando Machado, no los escondieron pero sí los lavaron y violaron la faja de comunidad de una camioneta.
Los primeros pasos oficiales desestimaron la denuncia de los testigos y la APDH: consideraron el caso una “búsqueda de persona extraviada”. El domingo 6 el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, rompió el silencio oficial: “Estamos al tanto y seguimos el tema con preocupación”, dijo. El lunes 7 el tema se instaló a nivel nacional cuando PáginaI12 lo publicó en tapa. Dos días después, en TN, un hombre aseguró que ese domingo había llevado a Maldonado en su camioneta, que le dijo que venía “del sur, de Chubut” y que iba a Concepción del Uruguay. Por esos días, en diálogo con cuatro gendarmes que llegaron al río, el encargado de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad, Daniel Barberis, les advirtió: “si nosotros no podemos salir juntos de este barco, encalla y en el barco están ustedes y nosotros”. También les confesó que habían inducido al juez a desviar la pesquisa de Gendarmería. La estrategia se completó en la TV. “Hay guerrilla indígena en el sur”, anunció Jorge Lanata. “Los tipos reivindican la lucha armada y buscan imponer, un delirio, la nación mapuche entre Argentina y Chile. Eramos pocos y faltaban los mapuches con fierros”.
Instalado el tema, el gobierno negó que Gendarmería hubiera ingresado al territorio, luego el ingreso de camionetas o que llevaran armas, falsedades que cayeron una tras otra. En paralelo se impulsó la criminalización de los mapuche y comenzaron a aparecer historias de Maldonado haciendo dedo, o tomado por las cámaras de seguridad de un negocio, o cortándose el pelo en San Luis, o de videntes que lo ubicaban en Chile. También se desacreditó al testigo clave, Matías Santana, porque dijo no tener los binoculares con los que vio por última vez a Maldonado. Con los audios de los celulares quedó claro que se lo habían robado los gendarmes. “Este indio es tan trucho que en vez de flecha tiene Adidas”, dijo Lanata.
El 16 de agosto, en el Senado, Bullrich dijo no tener “indicios de que la Gendarmería haya actuado con violencia”, culpó por obstaculizar la búsqueda a los mapuches y a la familia por no colaborar. “Todos los días buscamos personas, tenemos 5.000 personas desaparecidas en este momento”, minimizó el caso. También dio a conocer el nombre de un testigo reservado.
La masiva concentración del 1 de septiembre en Plaza de Mayo cambió el escenario. El 6 de septiembre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, expuso en el Senado el cambio de actitud oficial: el gobierno intentó mostrarse hiperactivo. Peña se preocupó más por defender al gobierno que a la Gendarmería y negó “la idea de que puede haber una orden política de este gobierno de promover una desaparición forzosa”, acusación que nadie había formulado. El 7 una pareja de fueguinos denunció que 22 de agosto había levantado a Maldonado mientras hacía dedo en la ruta 40. Dijeron que tenía la ropa rota, que les dijo que le habían robado y golpeado en una pelea.
Recién el 10 de septiembre el gobierno aportó a la causa las pericias a los 70 teléfonos secuestrados a los gendarmes, que tenía en su poder desde hacía tres semanas. Se instaló entonces la teoría del “exceso” de algún gendarme aislado. El gobierno entregó al juez una lista de gendarmes que habían estado en la zona del río, dejó trascender su hipótesis aunque no aportó ninguna prueba.
Hasta el 12 de septiembre sostuvo la hipótesis de que Evaristo Jones, puestero de la estancia Benettón, había acuchillado a Maldonado el 21 de julio, cuando dijo haber sido atacado por mapuches de la RAM, que desde entonces lo habría ocultado. La hipótesis la había introducido en el expediente el 15 de agosto otro funcionario de Bullrich, Gonzalo Cané. Pese a los testimonios y videos que demostraban que Maldonado estaba vivo y sano después de ese episodio, el gobierno insistió hasta que el cruce de ADN descartó esa hipótesis. También hasta ese día el gobierno insistió con la importancia de los exámenes de ADN sobre muestras extraídas de camionetas y materiales extraídos en allanamientos a escuadrones de Gendarmería. Cuando se conoció el resultado negativo, Bullrich interpretó que eso descartaba la participación de la fuerza, pese a que se sabía desde hacía más de un mes que las camionetas habían sido lavadas tras el operativo. Hasta aquí el informe publicado por Página 12.
En ese mismo diario, la colega Adriana Meyer, sostiene hoy respecto de “las razones del juez para hacer el rastrillaje” que “el juez Gustavo Lleral difundió ayer un breve comunicado en el que dio cuenta que del hallazgo del cuerpo. ‘Ante esta novedad, el señor juez federal convocó al personal de Criminalística de la Policía Federal Argentina. Asimismo tomó intervención el perito de parte de los familiares de Santiago Maldonado, doctor Alejandro Incháurregui’, señaló el comunicado. Y sin más detalles apuntó que “se llevarán a cabo todas aquellas medidas procesales pertinentes y conducentes a la satisfacción del objeto procesal del trámite judicial mencionado”, es decir del habeas corpus por Maldonado. En ese sentido, la fiscalía federal pidió que la autopsia se realice en la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense la Capital Federal. El operativo dispuesto por Lleral, que en su resolución fechada el 13 de octubre explicó que también tuvo en cuenta los testimonios de los mapuches que señalan el lugar donde Maldonado fue visto por última vez, se realizó sólo con personal de Prefectura sin armas. ‘Ello es así puesto que tengo en consideración los sucesos derivados de anteriores diligencias cumplidas con la intervención de otras fuerzas de seguridad, y la interacción con los ocupantes del lugar que pusieron a la luz un alto grado de tensión y violencia’, explicó el nuevo magistrado del caso, en obvia alusión a los allanamientos ordenados por su antecesor, Guido Otranto. También aseguró tomar una serie de recaudos, tales como no permitir la participación de ningún funcionario del Poder Ejecutivo, a partir de los intereses en juego que, según consideró, han afectado el caso. Sin embargo, en la parte dispositiva requirió ‘al secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Gonzalo Cané, que de manera coordinada con la Dirección Nacional de Cinotecnia, arbitre los medios necesarios para contar con canes especializados en la búsqueda de restos humanos en agua’. La resolución de Lleral a partir de la cual se realizó el procedimiento aporta más datos que su comunicado sobre el mismo. En esa resolución el juez señaló que los rastros y evidencias que se obtuvieran debían ser resguardados ‘de toda injerencia de intereses ajenos a los objetivos del presente caso’ porque ‘no escapa al simple observador que, lamentablemente, desde que se lo habría visto, por última vez, a Santiago Maldonado, y desde el primer día desde que se inició su búsqueda, emergieron, sin demora alguna, diferentes posturas, opiniones, acciones y aparentes reclamos que no hicieron más que enturbiar y afectar la obtención de resultados positivos en este proceso de hábeas corpus’. Al respecto, agregó: ‘No puedo soslayar, en el razonamiento que se viene haciendo, que confluyeron, en ese mar de intereses, los primeros y legítimos de la familia afectada; los de la comunidad que ocupa el predio en el lugar donde ocurrieron los hechos; los de las diferentes agrupaciones de derechos humanos con diversos objetos y fines que nuclean a sus integrantes; los del Estado Nacional Argentino, que ha resultado denunciado a nivel internacional, así como también las fuerzas de seguridad y funcionarios que eventualmente pudieren estar involucrados en los hechos, y que intervienen como autoridad requerida; los del Estado de la Provincia del Chubut, lugar donde ocurrieron los sucesos; los intereses de los habitantes de esta última provincia; y por supuesto, organismos internacionales de derechos humanos, que se hicieron eco, no sólo de los reclamos de cada uno de aquellos intereses en juego, sino también, detentan un protagonismo activo en el caso’. A criterio del magistrado, todos esos actores ‘han generado lógicas confusiones en la opinión pública, al declarar sus pretensiones a los medios de prensa, legítimos portadores del derecho a la información que tienen todos los ciudadanos’. A fojas 3632/3634 consta la declaración testimonial del Ruata. Se trata del jefe de la delegación de San Carlos de Bariloche de la Prefectura Naval y oficial a cargo de los rastrillajes realizados con anterioridad en el Río Chubut. Ruata declaró que si bien dichas búsquedas fueron realizadas con buenas condiciones de visibilidad, ‘sería conveniente efectuar al menos un rastrillaje más, ello debido a las características que presenta el curso de agua’. ‘Creo que debería repasarse el río algunas veces más porque tiene muchas zonas irregulares y ramas. Yo haría un repaso completo de todas las zonas’, opinó. Tras remarcar que ‘el objeto de este proceso de hábeas corpus es dar con la persona de Santiago Maldonado y, de esta manera, dar respuesta al derecho a la verdad que poseen sus familiares’, Lleral expresó: ‘Conforme a lo que se deriva razonadamente de los datos acopiados en el expediente, un nuevo rastrillaje en el cauce del Río Chubut y sus márgenes, comenzando el mismo dentro del predio ocupado por la comunidad mapuche ‘Pu Lof en Resistencia, Cushamen’, lugar donde se lo habría visto, por última vez, a Santiago Andrés Maldonado’. El propio Ruata fue el prefecto designado por Lleral al mando del rastrillaje del martes bajo su dirección. El juez dispuso también que ‘exclusivamente’ participaran los actuarios intervinientes en el trámite, personal judicial afectado al mismo, buzos de la Prefectura Naval, personal de logística necesario para concretar el procedimiento y canes especializados en la búsqueda de restos humanos en agua y sus guías. ‘Dada la importancia del caso, y de la medida a llevar a cabo, considero pertinente, en este momento, darle intervención en el acto judicial al Equipo Argentino de Antropología Forense’, definió también Lleral”.
Incredulidad ante todo el Estado, dudas sobre cómo llegó allí el cuerpo y indignación con las coberturas periodísticas. Ese puede ser el resumen de lo expresado en las últimas horas por la familia de Santiago Maldonado y su abogada, cuando ya se cumplió casi dos días desde el hallazgo del cuerpo en río Chubut, que no fue reconocido oficialmente pero crecen los indicios que sería el del joven desaparecido durante una operación represiva de la Gendarmería entre el 31 de julio y el 1 de agosto pasado. La familia cree que el cuerpo fue plantado y al contestar a una pregunta sobre los exabruptos provocadores que manifestó Elisa Carrió por TV, el hermano de Sergio Maldonado, indirectamente admitió que el cuerpo sí sería el de Santiago; fue cuando dijo que queda demostrado que es falso ese “20 por ciento de posibilidades” de que su hermano estuviese en Chile, según palabras de la candidata a diputada por el oficialismo en la ciudad de Buenos Aires.
Sin hacer mención de ningún medio en particular, Sergio Maldonado criticó con dureza las coberturas periodísticas que viene realizándose sobre la aparición del cuerpo en el río y sus posibles implicancias y formuló un llamado a la seriedad e idoneidad profesional de sus responsables. Por cierto, que quine siga esa coberturas, especialmente de los canales de TV podrá comprobar que, casi sin excepciones las mismas consisten en una serie lamentable de especulaciones, afirmaciones ignorantes y voces tradicionales de “expertos” en busca de trabajo y opinadores de las más diversas calañas y para todas las preferencias políticas. Y lo que es aún más grave apenas si se pueden contar con los dedos de una mano, y sobran, los colegas que se han convertido en sujetos conscientes o no de las más variopintas operaciones de inteligencia y de desinformación, en lo que ya se convirtió en una ejemplo de manual de cómo operan “los servicios” en estas oportunidades.
“Mientras se aguarda la identificación del cuerpo que apareció este martes en aguas del río Chubut, con la ropa y el documento de Santiago Maldonado, se multiplican las preguntas y las sospechas en torno a ese mismo hallazgo. En una conferencia de prensa realizada anoche en Esquel, Sergio Maldonado, hermano del joven desaparecido desde el 1° de agosto cuando la Gendarmería reprimió en la comunidad mapuche de Cushamen, dijo que creía que el cadáver fue “plantado”, ya que “no estaba ahí” anteriormente”, afirmó el editor de esta agencia Fernando López en una nota publicada por el diario Contexto.
Verónica Heredia, abogada de los Maldonado, dijo que “algo sucedió para que haya aparecido este cuerpo, en ese lugar”, donde ya se habían hecho otros tres rastrillajes, el primero el 5 de agosto y los otros dos el 8 y el 18 de septiembre.
Para esa abogada, los datos serían contundentes. Uno de ellos tiene que ver con la profundidad del río. El día en que Santiago fue visto por última vez, dijo Heredía, tenía apenas 35 centímetros, por lo que es casi imposible no haberlo visto al menos en el primer rastrillaje. Por otro lado, el cadáver fue encontrado 300 metros río arriba del punto donde reprimieron los gendarmes: “Que aparezca río arriba no es racional, sobre todo cuando en el lugar hay más agua que antes. No es que el caudal bajó para descubrirlo”, planteó la letrada.
Dudas similares habían sido planteadas horas antes por los integrantes de la comunidad mapuche y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) que participaron del rastrillaje del martes, encabezado por el juez Gustavo Lleral.
Sobre el origen de la decisión del juez de emprender el rastrillaje que dio con el cuerpo las versiones también son varias. La abogada Heredia asegura que los fundamentos estas expuestos en una resolución del magistrado del día 13 de octubre, en la cual se cita la recomendación de un gendarme declarante – se afirmó que fue el mismo que dirigió las anteriores tres operativos similares aunque sin resultados –; y que si el juez tiene otros elementos que no mencionó estaría incurriendo en una acto ilegal: ¿si esa eventual ilegalidad se demuestra acaso el hallazgo del cuerpo podría ser atacado por nulidad? Pregunta inquietante que por ahora nadie formuló.
En ese sentido es llamativo que sea el canal TN el que divulgó esta mañana la versión de que el juez habría recibido informes anónimos sobre el lugar donde debería hacerse el rastrillaje que finalmente ordenó y, como se sabe, dio con el cuerpo que, se supone, es de Santiago Maldonado.
“Hemos vivido una jornada terrible y dolorosa. Fue plantado, una escenografía absoluta”, sostuvo en tanto Mabel Sánchez, de la APDH, y detalló que “el cuerpo estaba ahí flotando a la altura de la casilla de vigilancia de la comunidad, en línea recta, un lugar que siempre es visitado y recorrido, no había corriente y estaba sobre unas ramas, no enmarañado sino muy a la vista”.
Algo similar indicó el dirigente mapuche Fernando Jones Huala: “Plantaron un cuerpo y lo hicieron mal, estaba a varios metros más arriba del lugar donde los testimonios marcaron que lo golpearon y lo subieron (a un móvil de Gendarmería), sino también del punto donde el 5 de agosto la unidad canina determinó que fue detenido Santiago; es decir, que apareció mucho más arriba, en dirección norte, cuando el río desciende hacia el sur”.
Tanto la familia, como los veedores del rastrillaje, estuvieron unas siete u ocho horas junto al cuerpo para resguardar que nada fuera modificado hasta la llegada al lugar del perito de parte de los Maldonado, Alejandro Incháurregui.
El profesional confirmó que entre las ropas del cadáver se encontró el DNI de Santiago, pero aclaró que eso “no implica de ninguna manera una identificación positiva”.
“Quiero ser muy enfático al respecto: esa identificación se hará oportunamente en la morgue judicial con los distintos métodos de los cuales disponemos”, explicó Incháurregui.
Según se informó, el traslado desde Esquel hacia la morgue de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, sería este jueves a primera hora de la mañana. Allí se realizará no sólo la identificación, con la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), sino también la autopsia a cargo de los doctores Roberto Cohen, Cristina Bustos y Jorge Herbstein.
“Tenemos que ser cuidadosos. Yo no voy a decir si es o no Santiago porque no lo pude identificar. Hasta no estar 100 por ciento seguro, no lo voy a confirmar, más allá de que el cuerpo tenga algunos elementos personales”, dijo Sergio Maldonado, hermano de la víctima, y pidió a los medios de comunicación que tengan “cautela, prudencia y respeto”.
La familia también le pidió “respeto” a la diputada y actual candidata de Cambiemos, Elisa Carrió, quien primero afirmó que había “un 20% de posibilidades” de que Santiago estuviera “en Chile con el RIM (sic)” y luego comparó el cadáver hallado en el río Chubut con el de Walt Disney.
“Las declaraciones que tuvo desde que empezó a hablar de Santiago Maldonado fueron muy hirientes. Una dirigente política no puede decir las barbaridades que dijo”, repudió Andrea Antico, cuñada de Santiago.
Sergio, por su parte, comentó ante una pregunta durante la conferencia de prensa que desde el Gobierno intentaron comunicarse con la familia, pero que a esta altura, después de más de dos meses y medio, “ya no tiene sentido”.
“Eso era al principio, ahora no queremos tener ningún tipo de diálogo. Que se comuniquen a través de Verónica, nuestra abogada”, añadió.
Tras el hallazgo del cuerpo en el río Chubut y mientras toda la Argentina se encuentra expectante por saber si se trata de Santiago, el presidente Mauricio Macri viajó ayer a Uruguay para participar de una Conferencia Mundial sobre Enfermedades No Transmisibles (ENT).
Se fue sin decir una palabra sobre el caso Maldonado, pero ya en Montevideo hizo una escueta referencia a las últimas novedades: “Valoro mucho este encuentro, por eso estoy acá, a pesar de que me toca una semana medio compleja, con situaciones especialmente y particularmente complejas que estamos viviendo en la Argentina”.
Mientras tanto, los organismos de derechos humanos reiteraron ayer que “el Estado es responsable” de la desaparición forzada de Santiago y exigieron, una vez más, la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien desde el primer momento encubrió a la Gendarmería y a Pablo Noceti, el funcionario nacional que comandó la represión del 1 de agosto.
“Ya tendrían que haber renunciado”, dijo Nora Cortiñas, integrantes de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, al señalar a Bullrich, Nocetti y también al juez desplazado de la causa Maldonado, Guido Otranto.
“Hay total impunidad en la actuación de este Gobierno. No se puede tolerar que después de haber vivido la dictadura pasemos por esto. A uno le da vergüenza y dolor. Tenemos que tener una democracia que sea ejemplo”, reclamó Cortiñas, para luego condenar las declaraciones de Carrió: “Es una desalmada. No sé cómo se propone para un cargo de gobierno”.
El análisis del cuerpo estará a cargo del Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte. Esa autopsia debería dar, muchas respuestas.
