Unos 30 policías de Santa Fe y dos médicos legistas fueron procesados este mes por la desaparición y asesinato del joven de 20 años, Franco Casco, hace casi tres años en Rosario, ciudad donde viajó a visitar a una tía, pero terminó detenido una noche en la Comisaría 7 y luego fue encontrado 23 días después sin vida en el río Paraná, después de haber sido golpeado brutalmente y asesinado. La desaparición forzada de persona es un crimen de macabra historia en nuestros, pero sigue cometiéndose en forma poco menos que sistemática, aunque más aislada, en diferentes contexto sociales y políticos respecto de lo que fuera su aplicación como metodología en tiempo de la Doctrina de Seguridad Nacional, especialmente durante las última dictadura cívico militar (1976/83). En la mayoría de los casos las fuerzas de seguridad actúan con el encubrimiento de jefes departamentales y funcionarios judiciales fiscales, para tapar casos que paradojicamente siempre afectan a jóvenes de los sectores para postergados y criminalizados.
Por Carlos López / El de Santiago Maldonado no es el único caso de desaparición forzada forzadas que se ha registrado en los últimos tiempos. El joven Franco Casco fue interceptado y detenido por efectivos de la comisaría Séptima de Rosario entre el 6 y el 7 de octubre de 2014 y no fue visto nunca más con vida, ya que su cuerpo fue hallado el 30 de ese mismo mes en el Río Paraná. Las similitudes de las irregularidades en las investigaciones de los diferentes casos involucran a efectivos policiales, que cuentan con libertad para actuar con impunidad y encubierto por funcionarios políticos, fiscales y jueces que los protegen.
La historia de Franco es por demás sintomática, debido a que el joven de 20 años oriundo de Florencio Varela sólo había viajado hasta Rosario para visitar a su tía por unos días. Cuando emprendió el regreso para la Capital Federal fue interceptado por efectivos policiales de la comisaría séptima de la ciudad santafesina más poblada. Franco nunca llegó a la estación de tren para subirse a la formación que ese día salía 23.30 con destino a Retiro. Su tía acudió a la Comisaría 20 para radicar la denuncia por su desaparición el martes 7 pero le pidieron que esperara 48 horas para iniciar una búsqueda formal. Hoy lo único que tiene para contar la familia del joven es una serie de incongruencias en los expedientes judiciales y el entierro de Franco, que incluso hasta puso un manto de duda sobre la familia en relación a la identidad del cuerpo sepultado.
Ramón, padre de Franco, viajó a Rosario el miércoles 8 de octubre para buscarlo por la ciudad, hasta que finalmente obtuvo la confirmación de que su hijo había estado detenido en la comisaría séptima de la localidad santafesina, bajo una insólita causa de resistencia a la autoridad, según le informó directamente el subcomisario de esa seccional. La versión policial asegura que el joven fue liberado en la mañana del 7 de octubre luego de realizarse la averiguación de antecedentes, pero sorpresivamente Franco apareció sin vida en el río.
Los policías también informaron que el joven no tenía pertenencias y estaba “como perdido” al momento de ser detenido, algo que confunde más que trae luz sobre un caso en el que los principales apuntados siempre fueron los efectivos de esa comisaría.
Precisamente este mes, unos 30 policías, incluyendo al jefe de la séptima y 5 integrantes de la división de Asuntos Internos, fueron procesados por el juez federal Carlos Vera Barros -apoyado en la misma visión del fiscal Marcelo Di Giovanni-, por considerarlos autores, coautores o encubridores de la desaparición del joven bonaerense. Unos tres años después, la Justicia decidió actuar por el camino más sospechado, después de que los funcionarios de Asuntos Internos hayan manipulado las evidencias de la causa, sin lograr ocultar por completo la acción y la complicidad de efectivos policiales en los hechos que derivaron en la muerte de Franco.
En la Argentina, las desapariciones forzadas de personas son hechos habituales en los que se ven involucrados en muchos casos efectivos policiales que abusan de la autoridad para operar sobre determinados territorios y controlar la calle, los barrios y los sectores con menos posibilidades de defensa social, ante la falta de un Estado que acompañe y brinde la asistencia social necesaria.
Esos hechos han sido registrados en los últimos años con mucha intensidad en la provincia de Buenos Aires, como ocurrió con los casos que denunció en 2013 el ex defensor penal juvenil de La Plata, Julián Axat, tras los 6 casos de “eliminación social” en los que los jóvenes Maximiliano De León, Franco Quintana, Omar Cigarán, Vladimir Matías Garay, Rodrigo Simonetti y Axel Lucero fueron asesinados en distintos episodios con vinculación policial.
Más allá de que esos casos tuvieron lugar en relación a jóvenes menores de edad en conflicto con la ley, en todos se repite el accionar de los efectivos de seguridad como el que sufrió Casco y, más recientemente, Santiago Maldonado.
Lo central es la coincidencia de que luego de los actos policiales que exceden las funciones de las fuerzas, en primera instancia siempre la Justicia convalida la versión de sus agentes. Este es uno de los grandes quiebres que la Justicia argentina permite y que provoca que el Estado se brinde a la corrupción y el delito como cómplice de quienes abusan de la autoridad: la propia policía en estos casos es la fuerza encargada de comenzar las investigaciones, que de hecho casualmente suelen ser a oficiales que forman parte de la misma fuerza. El sistema jurídico-policial castiga, se protege y luego inventa hipótesis para entorpecer las investigaciones que no avanzan durante meses y meses, y que recién se reactivan cuando ya es demasiado tarde para recabar las pericias suficientes en busca de la verdad.
El caso de Franco Casco esconde esto mismo, ya que la Justicia santafesina avaló la versión policial hasta que la familia -como ocurre casi siempre- actuó como el principal motor para dar a torcer las falsas hipótesis, con la ayuda también del defensor provincial Gabriel Ganón y de la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario. Hasta que la causa no fue caratulada como desaparición forzada de persona no comenzó a ser investigada por la justicia federal, lo que finalmente posibilitó que nuevas pericias indicaran que Franco fue asesinado antes de ser arrojado al río y que además fue golpeado en la comisaría donde estuvo detenido.
Es por ello que los organismos de derechos humanos que hoy marchan por la aparición con vida de Santiago Maldonado y que también reclaman justicia en causas como la de Franco Casco apuntan no sólo a las fuerzas de seguridad que intervinieron en cada caso, sino más aún van contra la corporación judicial que se perpetúa en el poder y contra el poder político que permite la reproducción de crímenes orquestados y planificados para solventar la autonomía de las fuerzas que actúan con impunidad, en muchos casos por orden política y en tantos otros por la simple expansión descontrolada que las propias fuerzas . En términos generales, la política – y el gobierno de Cambiemos es un nefasto ejemplo en ese sentido – no hace más que fomentar y encubrir crímenes que son de Estado y de lesa humanidad.
Testimonios falsos, encubrimientos y adulteraciones de pruebas son algunos de los elementos que la justicia federal ya analiza en la causa de Franco Casco. El titular de la comisaría donde estuvo detenido el joven esa noche trágica es Aníbal Candia, nada menos hoy que el jefe de la Dirección de Asuntos Internos de Santa Fe, y que se encuentra en la lista de los efectivos procesados.
La búsqueda del abogado y fiscal Ganón siempre hizo hincapié en la responsabilidad policial y en la necesidad de que la causa pase a manos de la justicia federal, ya que «estaba todo preparado para correr el eje de la investigación. Desde el gobierno se machacaba con que Franco estaba vivo y después, cuando apareció el cuerpo se presentaron muchísimas irregularidades».
A su vez, el secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad al momento de la desaparición, Ignacio Del Vecchio, y quien ahora actúa como secretario de la Producción de Rosario, unas horas antes de que aparezca el cuerpo de Casco había realizado una conferencia de prensa afirmando que el joven estaba con vida y que las autoridades estaban haciendo todos los esfuerzos para encontrarlo.
El paso del tiempo fue la principal arma con la que contaron los responsables para ocultar lo que realmente ocurrió, ya que las únicas autopsias que se realizaron inmediatamente después que apareció el cuerpo no ofrecían rastros de haber existido golpes. Asimismo, se comprobó que las pruebas de ADN habían sido adulteradas y ahora la familia pide que se vuelvan a realizar porque sospechan que el cuerpo que enterraron no sea el de Franco.
Por ello el médico forense que realizó aquella autopsia, Raúl Rodríguez, fue detenido, al igual que otros dos peritos odontológicos y la médica policial, todos éstos sospechados de ser encubridores. Sumado a esto, en la comisaría, el libro de guardia no registraba el ingreso del joven a la dependencia y los detenidos en las celdas, los últimos en ver a Franco con vida, fueron amenazados para que no presten declaración, según denunció el defensor Ganón.
El mismo letrado había denunciado en marzo pasado que el cuerpo estuvo atado con elementos pesados para que no saliera del fondo de las aguas, reforzando la hipótesis de la desaparición forzada: «El cuerpo de Franco Casco tenía cuerdas en su brazo izquierdo y en su pierna izquierda. Esas cuerdas las descubrimos por fotos, y revelan una situación que abona la hipótesis de la querella, que a Franco lo fondearon en el río luego de ser asesinado en la seccional séptima», subrayó en diálogo con Página/12 en aquel momento.
La desaparición forzada de personas, aquí, en el pasado y en presente. El horror no quiere alejarse de Argentina, ni siquiera en democracia.
