Pese a que el crimen fue filmado, la Justica y el poder político, desde aquél entonces que viene mirando para otro lado, verdaderos responsables de la persecución y criminalización de los pueblos indígenas. Así se cumple este 12 de octubre, por cierto y más allá de las volteretas políticamente correctas, fecha celebrada desde que los europeos comenzaron, desde fines del siglo XV, el genocidio en América.
“En Tucumán, una movilización exigirá castigo por el crimen de Javier Chocobar; en Formosa, organismos de derechos humanos denuncian la detención de Agustín Santillán, mientras que distintas provincias alertan por el extractivismo creciente. Criminalización, cárcel, represión y despojos territoriales. Los pueblos indígenas de Argentina reciben el 12 de octubre con un clima de tensión y preocupación, pero también con la decisión de exigir el cumplimiento de sus derechos y en lucha contra las actividades extractivas que amenazan sus territorios (minería, petróleo, forestales, agronegocio). Por ello, fueron convocados marchas y actos en Jujuy, Tucumán y Buenos Aires, recuerda este jueves el diario Página 12, y añade: “El 12 de octubre de 2009, en Tucumán, un empresario y dos policías retirados (Darío Amín, Humberto Gómez y José Valdivieso) llegaron hasta la comunidad diaguita Chuschagasta. Querían hacerse del territorio indígena. Asesinaron de un disparo al comunero y autoridad ancestral Javier Chocobar. El momento del homicidio está filmado. A ocho años del crimen, aún no hubo juicio y los acusados están en libertad”.
En Formosa, donde el 23 de noviembre de 2010 la policía provincial reprimió a la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera),y asesinó a Roberto López. Ningún funcionario del gobernador Gildo Insfrán fue investigado y el Poder Judicial sólo procesó a las víctimas de la represión (los qom). Ninguno de los policías que participaron de la represión está acusado. El asesinato sigue impune.
En la misma provincia, el wichí Agustín Santillán está preso desde hace seis meses. Organismos de derechos humanos denuncian que le armaron 28 veinte causas por organizar a las comunidades indígenas y exigir el cumplimiento de derechos. “Me meten preso por reclamar. Me meten preso porque quieren ocultar la pobreza”, señaló Santillán en un carta de abril pasado. Amnistía Internacional y el CELS viajaron a Formosa en septiembre, pero el juez Marcelo López Picabea impidió que lo vean. “Esta arbitraria denegación constituye un indicador más del proceso de hostigamiento y persecución que las autoridades de la provincia de Formosa vienen llevando adelante contra Agustín Santillán”, denunció Amnistía Internacional.
“En los últimos meses hubo hechos de violencia contra indígenas en Misiones (comunidad Chapa’í, de San Ignacio), Salta (comunidad Sin Fronteras), Jujuy (comunidad Tilquiza), Corrientes (comunidad guaraní Jahaveré), y Neuquén (Lof Campo Maripe y Fvta Xayen). En paralelo, la Cámara de Diputados demora la prórroga de la Ley 26160 (el oficialismo intentó frenarla en Senadores, pero finalmente tuvo media sanción)”, resume la nota citada del diario porteño, que continúa: “Hay una continuidad y agravamiento de la situación en nuestros territorios. Se ha fortalecido la injerencia de las empresas mineras, de turismo y otras extractivas. Los derrames de cianuro provocados por la Barrick Gold sigue sin resolverse. Se producen lingotes de oro para otros países y no comida para los sanjuaninos”, cuestionó Paz Argentina Quiroga, autoridad espiritual de comunidad warpe de San Juan. Afirmó que hace falta una “autocrítica” de los pueblos indígenas para evitar la cooptación de los gobiernos de turno. A pesar de las dificultades, afirmó: “Los pueblos indígenas seguiremos defendiendo la vida”.
Marcos Pastrana, diaguita de Tafí del Valle, pionero luchador contra Minera Alumbrera, resumió el sentir indígena para con la clase dirigente: “No son políticos, no son gobernantes, no son funcionarios. Son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes. La política del estado argentino es desalojar y hacer desaparecer a los pueblos indígenas”.
En Buenos Aires se congregaron organizaciones sociales y dirigentes indígenas frente al Congreso Nacional. “Unidad de los pueblos en defensa de la tierra”, fue la consigna. Además de explicitar la situación de los pueblos indígenas, exigieron la aparición con vida de Santiago Maldonado y reclamaron la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En tanto, InfoGEI consignaba: “bajo la consigna ‘Por el agua y la vida en nuestros territorios’, comunidades originarias marchaban hacia la gobernación de Jujuy y reciben intimidaciones. Partieron el sábado de Coranzulí, una localidad del departamento Susques, y llegan este jueves jueves a San Salvador. Policías y otros referentes locales intentaron impedir la movilización. ‘Es un apriete del gobierno local, pero sabemos que viene desde arriba, desde el gobierno de Morales’, advierten. La movilización se motiva en un antiguo reclamo: el cese de las explotaciones mineras a cielo abierto en la Puna y Quebrada que produce contaminación en las aguas, los animales, la tierra y las poblaciones indígenas. Pero además, se requiere de la prórroga de la ley nacional 26.160, que ya tiene media sanción del Senado; la derogación de la provincial 5915, que dispone el uso de tierras para la instalación de plantas de energía, y el fin del hostigamiento y la violencia contra comuneros. También, demandan la entrega de títulos comunitarios y que se implemente de manera efectiva la educación intercultural bilingüe en las escuelas públicas de la provincia. En este contexto, los referentes denunciaron que fueron intimidados con el fin de impedir el arranque de la caminata. En diálogo con El Submarino Radio, Gustavo Ontiveros, de la comunidad Valiazo, del pueblo Omaguaca, relató: ‘el comisionado (de Coranzulí) Rodolfo Puca, dos policías, un miembro de la iglesia y un comunero, el día viernes apretaron a la hermana Aurora Choque y a la hermana Luisa Quispe, que eran quienes realizarían la reunión de las comunidades libres. Ellas fueron obligadas a firmar un acta porque el comisionado no quería que se haga la reunión. Y tampoco quería que se inicie la caminata en Coranzulí’”.
