Los municipios del Conurbano ven cada vez con mayor preocupación el creciente nivel de endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, mientras se profundiza el ajuste y se deteriora la situación económico-social. Lo grafican como “un cóctel implosivo difícil de sortear”.
Por Fernando M. López (*) / Argentina ya bate un record mundial. En tan sólo veintidós meses, Mauricio Macri nos llevó al primer puesto de países “emergentes” con mayor endeudamiento. En segundo lugar está China, pero mientras el gigante asiático ostenta un PBI de 11,2 billones de dólares, el nuestro apenas llega a los 540.000 millones. La deuda argentina creció a lo largo de ese corto período en 100.000 millones de dólares. La provincia de Buenos Aires también figura en la tabla, ocupando el puesto 22, detrás de Qatar y el sultanato de Omán.
“La sultana bonaerense” –según la ocurrencia de Cristina Fernández de Kirchner al referirse días atrás a María Eugenia Vidal-, elevó la deuda local de 9.362 millones de dólares en 2015 a casi 18.000 millones a septiembre de 2017, de acuerdo a datos de la agencia Bloomberg, por lo que prácticamente se duplicó en menos de dos años.
Las tasas de interés de esas nuevas deudas son exorbitantes (van del 6 al 9%), cuando el propio Macri prometía una baja significativa como consecuencia del pago a los fondos buitre, allá por marzo de 2016.
“La tasa no desciende porque quienes deciden prestarle a la Argentina ven riesgos importantes. El Gobierno ha agudizado los desequilibrios fiscales y deteriorado la solvencia macroeconómica del país. En el Presupuesto 2018 reconoce que, hasta el 2020, va a tener un déficit creciente de su balanza comercial. Ya hoy se registra el mayor déficit de los últimos 20 años. Y lo mismo pasa con el desequilibrio fiscal: cuando nosotros nos fuimos, rondaba el 4,1% del PBI; hoy está en el 6,1. Si sumamos a las provincias, el déficit está en 7%, y si vemos la aglomeración de Lebacs, se acerca al 9%”, explicó a Contexto, Roberto Feletti, ex viceministro de Economía y actual secretario de Hacienda de La Matanza.
Esos mismos desequilibrios, sumados a una política económica nacional recesiva, son los que explican en buena medida el crecimiento de la deuda bonaerense, ya que cuando “la economía cae o se estanca, la recaudación se frena”.
“Si no hay reactivación económica, una política mucho más definida de inversión en sectores industriales y la Provincia no asume el sostenimiento de la demanda interna, sobre todo con políticas sociales, nos vamos a encontrar con un presupuesto similar al de la Nación, donde los intereses de deuda cada vez empieza a ocupar una parte más grande del gasto total”, advirtió Feletti.
Pero hay otra cuestión alarmante para el funcionario matancero: “En la medida en que Buenos Aires se endeuda en dólares y recauda en pesos, cualquier salto en el tipo de cambio impacta automáticamente en un aumento de los servicios de deuda, con lo cual va creciendo el peso de la deuda dentro de todo el gasto, inclusive en contra del proceso de inversión”.
Basta con recordar la devaluación que llevó adelante el Gobierno de Macri en diciembre de 2015. La medida supuso un incremento del 20% sobre el stock total de la deuda en dólares bonaerense.
La situación también inquieta a otros municipios. El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de Florencio Varela, Martín Pollera, afirmó que ven con “mucha preocupación” el incremento de la deuda. “No sólo por cómo se contrae, con qué tasas, qué plazos y bajo qué condiciones financieras, sino por cómo se utilizan esos recursos en la provincia de Buenos Aires”, dijo y confirmó que “no se están volcando en obras públicas”, como sostiene el discurso oficial.
Para colmo, lo poco que va a obras se distribuye de manera extremadamente selectiva. Pollera aportó un dato concreto: “De cada diez pesos que gira el Gobierno nacional a través del fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), ocho queda en manos de municipios de Cambiemos; mientras que un peso va a los opositores y el resto a municipios con buena relación con el oficialismo”.
Por su parte, Feletti precisó que “la plata de la deuda se usa para financiar una paulatina retirada del Estado y eso agudiza el desequilibrio, de modo tal que en algún momento nos vamos a encontrar de cara a un ajuste forzado”.
“Cuando se dice que está en ciernes un ajuste sobre la economía, y en particular sobre el sector público argentino, no es un eslogan de campaña electoral. Sólo hay que ver el Presupuesto que ha presentado el Gobierno nacional para darse cuenta que en la rebaja de subsidios, en la pérdida de peso real de la transferencia a las provincias y en la caída real del gasto de un punto del PBI, está contenido el ajuste del que estamos hablando”, completó.
Mientras crece la deuda y se profundiza el ajuste, el deterioro económico y social es cada vez más patente en toda la Provincia, particularmente en los distritos del Gran Buenos Aires.
“En Florencio Varela se sancionó la emergencia pyme porque ocho de cada diez empresas industriales no van a contratar trabajadores en los próximos seis meses, siete de cada diez están trabajando a la mitad de su volumen de producción y hay dos despidos por cada empresa industrial. Es una situación que se replica en el resto de los municipios del Conurbano”, indicó Pollera.
En el país hay alrededor de 600.000 establecimientos productivos. El 30% de esas unidades están radicadas en la provincia de Buenos Aires, de la cuales la mitad corresponde al Conurbano.
El funcionario varelense detalló que “el 96% de esas empresas son pymes que venden en su totalidad al mercado interno”.
“Cuando el mercado interno se deprime, hay mayor gasto en materia de tarifas de gas y electricidad y, al mismo tiempo, se abren las importaciones, se hace un cóctel implosivo difícil de sortear”, subrayó.
El desempleo en el Conurbano llegó al 10,9%, un valor similar al de 2006, mientras que Macri y su ministro de Trabajo, Jorge Triaca, insisten en que todos los días se crean nuevos puestos laborales.
Según Pollera, lo que el Gobierno señala como un crecimiento del empleo y de la economía, “en realidad es una verdadera trampa”.
“Cada dos nuevos puestos de trabajo monotributista, se pierde un trabajo registrado en el sector privado. Es decir, se destruyen puestos de trabajo cuyos salarios estaban por encima de la media y empiezan a crearse trabajos con salarios por debajo de la media, una clara precarización laboral. Lo mismo ocurre cuando uno mira los datos de la industria: lo que crece es la construcción, pero los sectores afectados por las importaciones mantiene una tendencia hacia la baja”, concluyó.
(*) Periodista y docente de Periodismo de la UNLP. Editor de AgePeBA. Nota publicada por Contexto.
