La causa por la joven de 23 años desaparecida en La Plata pasó el jueves pasado al fuero federal, lo que significaría el punto inicial de una investigación sobre su paradero, como víctima de una red de trata de personas y no como venía siendo investigando la Justicia platense, a más de dos meses de su desaparición. La medida judicial llega luego de que la familia de la víctima realizara varias presentaciones rechazadas, para que se deje de buscar a la joven como una simple persona desaparecida. La fiscalía a cargo de Betina Lecki siempre cerró las puertas a las hipótesis de los abogados y puso en riesgo la posibilidad de hallar datos certeros sobre su paradero, con la designación de la Policía Bonaerense al mando de los allanamientos. Algo que nunca fue modificado a pesar de todos los fracasos investigativos en la “zona roja” de La Plata. Con la justicia federal como principal interventora, la fiscal Lacki deberá enfrentar ahora las consecuencias por su falta de comprensión y acompañamiento a la familia, como así también la responsabilidad como representante de un Estado que no quiso investigar una sólo hipótesis relacionada a una posible desaparición forzada. Una operatoria típica que ya fue verificada cuando el caso de Candela Sol Rodríguez, secuestrada y asesinada en 2011: el poder judicial, el ministerio fiscal y la policía como parte de una trama en complicidad con el crimen organizado. El caso de Johana también deber ser considerado como con una desaparición forzada de personas, pues el Estado es partícipe de crimen, por acción u omisión.
Por Carlos López / Johana Ramallo desapareció el 26 de julio último, luego de haber sido vista por última vez ese día alrededor de las 20 en la estación de servicio de 1 y 63 en La Plata, lugar donde pasaba varias horas al día por vivir sometida a condiciones de prostitución. Cada noche regresaba a su casa para encontrarse con su hija de 6 años, pero desde hace más de dos nadie sabe dónde está y las autoridades no lograron ningún resultado en su búsqueda, a pesar de que Marta, su madre, realizó inmediatamente una denuncia penal para que la Justicia investigara su paradero.
En cada día que pasaba, el abogado de la familia, Víctor Hortel, cuestionaba que “la investigación fue siempre muy desordenada, sin una línea concreta de búsqueda, sin datos certeros. La policía hizo búsquedas y allanamientos, pero nunca encontró nada”.
La familia de la joven de 23 años asegura que la fiscal platense Betina Lacki, dependiente de la Fiscalía 2, no fue efectiva en las instrucciones hacia la policía, lo que derivó en rastrillajes o allanamientos que no aportan ningún dato relacionado a la causa.
“Parece un poco ingenuo que la fiscal delegue la investigación en la policía cuando la policía podría estar en connivencia con la prostitución. Es bastante difícil que en una ciudad como La Plata, la “zona roja” exista sin ser “cuidada” por la policía o sin que ésta la permita como zona liberada. Por eso entendemos que es bastante ingenua la postura de la fiscal”, explicó esta semana el abogado.
Es que lo que remarcaba Hortel es justamente lo que organizaciones de la capital bonaerense como OTRANS La Plata vienen denunciando con pruebas de los lazos de efectivos policiales con sectores de la prostitución, en su mayoría mujeres y trans que se ven obligados a responder al hostigamiento y las obligaciones ilegales que imponen los uniformados.
La familia fue muy específica al informar a la Justicia que si bien Johana salía a la calle para ejercer la prostitución cada día, siempre entre las 21 y 22 regresaba a su casa como todas las noches, para estar con sus hermanos, su madre y su hija de seis años.
Más allá de la situación de vulnerabilidad que atravesaba, siempre fue una persona muy apegada a su familia y trataba de estar cada noche con su hija, lo que ayuda a comprender que Johana no se encuentra desaparecida con intención, sino que responde a una privación de la libertad que alguien o varias personas están provocando, más aun teniendo en cuenta el contexto conflictivo al que debía enfrentar en la “zona roja” de La Plata, lugar apuntado como el centro de la actividad de la trata y del narcotráfico, con un trayecto de varias cuadras que comprenden los barrios platenses de Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, El Paligüe y Villa Alba.
Sin embargo, la fiscal se negó a investigar la desaparición como una privación Ilegítima de la libertad y nunca quiso dar explicaciones al respecto, ni siquiera al cuerpo de letrados de la familia. Es por ello que la madre de la joven todos los días recorre el barrio y las inmediaciones en donde se vio por última vez a su hija, en una búsqueda que es responsabilidad de la Justicia, a través de una instrucción a la Bonaerense.
En ese sentido, y a pesar de los últimos avances de esta semana, los abogados y la familia de Johana recuerdan que cuando Marta realizó la denuncia por privación ilegal de la libertad en los Tribunales Federales, fue justo al otro día que la fiscal Lacki presentara una iniciativa de su declinación de competencia diciendo que había indicios de trata de personas y de esa manera dejó la causa en manos de la Justicia Federal, lo que no había querido hacer antes.
La semana pasada se realizó una movilización desde el lugar donde desapareció hacia la Gobernación que conduce María Eugenia Vidal. El jueves último, y luego de la declinación de Lacki, finalmente la Justicia Federal tomó la causa por orden del juez Hernán Schapiro, quien por intermedio del Juzgado Federal 1 presentó una inhibitoria al Juzgado de Garantías 5 de La Plata, a cargo de Marcela Garmendia, para que las actuaciones a partir de ahora puedan continuar en los tribunales federales.
La familia había avanzado con un escrito para pedir este cambio en la causa, en el cual aseguran que Johana estaba atravesando por una situación de “extrema gravedad”, tanto en lo personal como en lo económico, razón por la cual durante los “últimos tres o cuatro meses” había trabajado en la “zona roja” ubicada sobre calle 1 de La Plata.
Por ahora, el cambio de competencia para continuar la investigación podría ser un alivio para la familia de la joven, porque ahora la Justicia debería recorrer el camino que se cansó de reclamar la madre de la víctima, durante más de dos meses: que su hija es parte de una red de trata y está desaparecida contra su voluntad.
En comunicación con AgePeBA, la abogada Silvina Perugino adelantó “que la Justicia Federal haya tomado la denuncia creemos que afecta en forma positiva a la causa porque fue la primera iniciativa nuestra y se va a poder iniciar una investigación seria alrededor de lo que sucede. La fiscal (Betina Lacki) siempre rechazó el cambio de carátula, pero al pasar a otro fuero esto ya trae el cambio integrado porque se investiga el delito de trata de personas, mientras que Lacki siempre fue por la vía de la simple búsqueda de una persona desaparecida, es decir, averiguación de paradero”.
“La principal hipótesis de la madre es la misma que tiene desde el primer día: que ella no está porque alguien o algunas personas no la dejan volver a su casa, no está presente en contra de su voluntad y que es víctima de una red de una red de trata”, apuntó la abogada.
Con la Justicia Federal como principal interventora, la fiscal Lacki deberá enfrentar ahora las consecuencias por su falta de comprensión y acompañamiento a la familia, como así también la responsabilidad como representante de un Estado que no quiso investigar una sólo hipótesis relacionada a una posible desaparición forzada.
Perugino sostuvo que “la fiscal es responsable de la investigación de acuerdo al Código Procesal Penal y mientras la investigación acumuló y acumuló fojas de papel, no se obtuvo ni un dato certero de donde está Johana. Hay una responsabilidad en la Justicia en no darle relevancia a la palabra de la madre y en subestimar a todos los planteamientos del grupo de abogados”, denunció.
Al comenzar los primeros allanamientos policiales, los abogados detectaron que no se estaba avanzando por las diferentes vías que fueran a dar con información veraz sobre el paradero de Johana, por lo que solicitaron la remoción de la policía Bonaerense para que otra fuerza federal se haga cargo de la investigación.
Esto fue rotundamente rechazado por la fiscal Lacki, perjudicando a la familia y además permitiendo que el paso del tiempo aleje cada día más a los letrados de la verdad. En este sentido, Perugino analizó que “se ha avanzado poco por cuestiones de la Justicia que tienen que ver con una cuestión de género”, y en ese orden agregó que “siempre los delitos en los que son víctimas mujeres son delitos tomados como menores. Tenemos otros casos de violentos hacia las mujeres con más de 25 denuncias, pero están libres y las causas se archivan, por eso vemos como algo habitual que cuando las víctimas son mujeres o trans, los casos se toman de una forma poco importante como para avanzar en investigaciones. En el caso de Johana convive la cuestión de género y también de clase porque ella pertenece a una familia muy vulnerable y la justicia también muestra una cuestión de clase porque no existe un acceso igualitario a la justicia”, subrayó la letrada.
“Para la Justicia Johana es mujer y pobre, es como si no fuera digna del derecho al acceso a la justicia. Esto lo hemos visto en este caso porque se nos han rechazado muchos escritos judiciales y la causa fue tratada con una tensión bastante compleja por parte de la fiscalía”, detalló Perugino.
Este caso tiene una relación estrecha con una realidad que atañe a todo el Poder Judicial y al Estado en su conjunto, situación que se ve agravada desde la llegada de Mauricio Macri y Cambiemos a los gobiernos nacional y de la Provincia, esquema en el que no hay lugar para los derechos de los pobres, como si las situaciones que atravesaran o los delitos en los que son víctimas fueran productos de una decisión, más que del accionar de otras personas culpables, que cometen actos en los que, en ocasiones, hasta las propias fuerzas de seguridad aparecen involucradas.
Los medios de comunicación PRO macristas y la propia gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, premian la salida de más y más policías a la calle sin tener en cuenta cuáles son los negociados y los delitos de corrupción que muchos efectivos permiten en las calles. De esta manera, los pobres se convierten en las principales víctimas de la falta de seguridad social, oportunidades y justicia.
Hoy es Johana y mañana serán otras mujeres que pueden desaparecer sin que ningún mediático televisivo periodista ni ningún funcionario de “la alegría” parezca inmutarse, más allá de puestas en escena políticamente correctas.
