Las decisiones del gobierno de Mauricio Macri en materia energética, de recursos naturales comunes en general, aguas, seguridad interior asociada a despliegues militares propios y extranjeros en el frente interno, inteligencia y medios de comunicación se dan todas como afianzamiento de un diseño que ya preveía la OTAN, a principios de los ’90, que viene elaborando los expertos de Estados Unidos y otros países centrales y que contemplan, incluso, la dispersión territorial de los Estados como los conocemos en la actualidad, y en un proceso en el cual las víctimas más dolientes son siempre las poblaciones históricos de las áreas en disputa, en particular pueblos indígenas, campesinos, pobladores no urbanos y capas más empobrecidas de la ciudad y el campo.
En los pocos intersticios que quedan entre el dolor propio por la desaparición forzada de Santiago Maldonado y las operaciones mediáticas y de inteligencia para todos los gustos, quienes reflexionan sobre los alcances profundos de la tragedia – y más allá de cómo vaya a derivar el caso desde el punto de vista fiscal, judicial y político: no sobran los motivos, apenas si existen hasta ahora, para celebrar el cambio de magistrado; la máxima autoridad del ministerio fiscal, más allá de su proclamada pertenecía opositora al gobierno, sigue todavía avalando a la fiscal original; y hay datos que estremecen, que deberían poner a la sociedad argentina en estado de alerta, pues “el caso” Maldonado se traduce en apoyos electorales al oficialismo -, más allá de todo eso, y como se escribió aquí, quienes reflexionan sobre los alcances profundos de la tragedia ven con creciente claridad que se está ante un hecho que no pasa por la conducta más o menos represiva de la Gendarmería – que es así desde tiempos lejanos, desde su propio nacimiento y nunca fue modificada- sino por ser consecuencia de una política de Estado, que podría impactar en forma profunda sobre cuestiones de soberanía nacional y hasta de remates territoriales a favor de corporaciones transnacionales con operatorias garantizas por dispositivos militares.
En “Guerras por los recursos: el escenario del conflicto global”, libro editado ya en 2003 por Urbano, de Barcelona, su autor, el especialista en asuntos de “seguridad internacional” estadounidense, Michel T. Klare, sostenía que “los enfrentamientos de la Guerra Fría fueron reemplazados por la inmensa y caótica lucha por las materiales esenciales”. Klare trabaja sobre escenarios localizados en Asia, Medio Oriente y Africa, y en línea con los estudios que la OTAN viene realizando desde 1992, en los que sostiene la demanda de recursos energéticos, alimentarios y de agua potable por parte de los Estados centrales y sus corporaciones definirán el perfil de la denominadas “guerras del Siglo XXI”.
Por su parte, la Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, de Bogotá, publicaba en el primer semestre de 2011 un artículo de las por entonces estudiantes de Economía de Facultad de Economía de la Universidad Santo Tomás, María Fernanda Ramírez y María José Yépes – “Geopolítica de los recursos estratégicos: conflictos por el agua en América Latina” -, que sostenía algunos puntos que pasamos a citar.
“En la actualidad el agua se ha convertido en algo más que una fuente de vida; hoy en día el agua significa una fuente de conflictos, una guerra de poderes, una lucha por la supervivencia y una fuente de riqueza; la falta de acceso al vital líquido es un motivo de desigualdad, pobreza e injusticia social, como también una brecha más que diferencia a los países del Tercer Mundo respecto a los países desarrollados. La ineficiencia en el uso de este recurso por estos últimos se ha convertido en un límite a su crecimiento y a su bienestar, este límite es una consecuencia que no están dispuestos a asumir. De acuerdo con el Segundo Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo (2006), donde el estado del recurso, establecido por la UNESCO, se evidencia como un tema crítico porque el 2,5% del agua potable que existe a nivel mundial se usa de manera ineficiente y se subdivide de la siguiente forma: el 70% es utilizado para riego agrícola, el 10% sirve a la industria y con el resto se produce electricidad (20%). Además, tres millones de personas al año mueren de sed, una de cada tres en el mundo no tiene acceso al agua potable, lo que genera un aumento en la tasa de mortalidad por el consumo de aguas contaminadas. Los organismos internacionales se han interesado por el estudio de las fuentes de recursos estratégicos como el agua, donando capital que les garantiza el acceso a la información estratégica y, al tener el conocimiento, cuentan con la posibilidad de orientar las inversiones hacia las fuentes de recursos que, para muchos Estados, hoy ya son escasos (…).Para direccionar el tema de los recursos naturales es necesario enfocarlo desde la teoría económica, en especial si es un recurso en el cual los derechos de propiedad no están bien definidos, lo cual implica externalidades generadas por el consumo. El resultado se genera por ineficiencias. Una de estas ineficiencias es «la tragedia de los bienes comunales. El tema de los bienes comunales es un efecto de la mala regulación del uso de recursos comunes, esto genera que el recurso se use excesivamente hasta que los rendimientos de este sean nulos. Cada agente económico busca maximizar su beneficio, pero no tiene en cuenta que todos los demás también van detrás del mismo cometido. Por lo tanto, es necesario evitar que el recurso sea utilizado hasta que los beneficios sean nulos, es decir, consumir hasta que la propensión a contaminar esté por encima a la propensión de renovación y, por consiguiente, se llegue a agotar el recurso (…). Es evidente que existen diversos países que cuentan con mayores reservas de este recurso; los más favorecidos, como se puede observar en el gráfico No. 1, se encuentran en Asia y América Latina; esta última cuenta con el 26% del agua potable a nivel global, la cual abastece a los latinoamericanos (que comprenden un 6% de la población). Es decir, que es la región con mayor disponibilidad de agua respecto a su cantidad de habitantes en el mundo (…).Las aguas subterráneas o acuíferos comprenden el 98% de agua dulce que existe en el planeta. América Latina cuenta con el tercer acuífero con mayor volumen de agua a nivel mundial. Este acuífero podría abastecer de agua a 6.000 millones de personas durante 200 años. Esta fuente, que recibe el nombre de Acuífero Guaraní, está ubicada entre cuatro países latinoamericanos: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y las decisiones tomadas respecto a la regulación de este recurso hacen parte de las consideraciones de los gobiernos del MERCOSUR, los cuales han hecho especial énfasis en la defensa de la soberanía de los territorios y reservas de agua tanto superficiales como subterráneas (…).En las zonas donde se ubican los acuíferos de América Latina no solo se encuentran los organismos internacionales y las empresas privadas multinacionales privatizadoras de los servicios de agua, también podemos encontrar bases militares del Ejército de los Estados Unidos de América”.
En “Vía libre para la extranjerización de la tierra, bosques y acuíferos (en Argentina)”, un artículo que el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, de la Fundación FILA, de Montevideo, publicaba el 27 de septiembre de 2016, Claudio Della Croce formulaba apreciaciones que pasamos a reproducir: “Mediante un decreto, el gobierno argentino de Mauricio Macri modificó la ley que fijaba límites al traspaso de propiedad del suelo argentino. Hay innumerables recursos naturales en la mira de esta medida que pone en juego la soberanía de la nación: acuíferos, bosques y la zona núcleo productiva. Florencia Gómez, del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra, señala que ‘hay una apropiación de riquezas inconmensurables por parte de sectores especulativos que utilizan como garantía estas tierras dentro del mundo financiero’ y advierte la apropiación de tierras en zonas estratégicas sin ningún fin productivo, situación que genera alerta en materia geopolítica. En el país hay no menos de 850 conflictos que afectan a más de 60 mil familias campesinas, según un estudio del Ministerio de Agricultura (2013). Las empresas sin rostro siguen avanzando sobre las tierras ancestrales de los parajes rurales. Cuando en Argentina se habla de extranjerización de la tierra, aparecen los nombres estadounidense Douglas Thomkins, el italiano Luciano Benetton o el británico Joseph Lewis (más allá de la Corona Británica – que se encuentra entre los grandes propietarios de suelo argentino- ) , de estrechos vínculos con el actual presidente. Si bien la apropiación de áreas sensibles en materia ambiental –espejos de agua, acuíferos- por parte de empresarios reviste gravedad, aún peor es que el Estado no tiene cómo identificar a quien se adueña de aquellos territorios (…). Pedro Peretti, de la Federación Agraria Argentina, señala esta decreto debe leerse como complemento de la ley que promueve el blanqueo de capitales: ‘Buena parte de ese blanqueo va a ir a la tierra y va a derivar en una mayor concentración (…) concentración y extranjerización forman parte de esa matriz que Macri representa’. En 2002, el dos por ciento de las empresas agropecuarias controlaban el 50% de la tierra productiva del país. ‘Esto no es solo económico, tiene un fuerte componente ideológico”, agrega. “Uno de los principales triunfos culturales de la oligarquía es que en nuestro país no se discuta el problema de la tierra, el tamaño de las explotaciones y quién es el dueño, son temas que nunca se hablan’, señala Peretti. El pasado 30 de junio (2016) se publicó el Decreto presidencial 820/2016 por el cual se modifica la Ley de Tierras 26.737, con la excusa de actualizar la reglamentación al Código Civil y Comercial, que limitaba la compra de tierras por parte de extranjeros. Una vez más la “injustificable” justificación esgrimida por Macri es la búsqueda de inversiones, una zanahoria que se repite en cada atropello que comete el gobierno en un país donde el modelo agrario es central, señala el centro de Estudios Patagonia (…). Por otro lado, los Resultados del Relevamiento Superficie Extranjerizada de tierra rural a nivel nacional indica lo siguiente: Unos de los principales resultados del relevamiento mostró la gran concentración de la propiedad de las tierras rurales: El 79,74 % de la superficie de tierra rural extranjerizada del país se encuentra en poder del 1,35% de los propietarios extranjeros de tierras rurales que equivalen a 253 titulares. También, en cuanto a paraísos fiscales se detectaron un millón 113 mil 655 hectáreas en manos de empresas radicadas en Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo entre otros. Es decir sólo en manos de los evasores de los paraísos fiscales 55 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires”.
En La Argentina de Lewis, de Carlos Villalba, tomado de la agencia ALAI este 29 de septiembre se afirma: “Es el paraíso, es el edén, es… el Lago Escondido y sus costas, secuestradas por el ciudadano británico Joseph Lewis, dueño de la sexta fortuna de su país, con 14.000 hectáreas en la provincia de Río Negro -amigo y beneficiario del presidente Mauricio Macri-, donde levantó su refugio-palacio, disimulado como ‘orfanato’, frente al espejo de agua al que, contraviniendo la legislación argentina, no se podía llegar sin autorización de su empresa. Lo eligió para descansar cada vez que sus negocios se lo permiten; es su paraíso, sustraído a la soberanía nacional. Un paraíso convulsionado, con pueblos sin tierra ni derechos, regado por sangres de luchadores y que hoy guarda el secreto sobre el paradero de Santiago Maldonado, el primer detenido forzado del gobierno de Mauricio Macri. El domingo 24 de septiembre un grupo de representantes de organizaciones sociales, políticas, religiosas, sindicales, ambientales, culturales, educativas, logró atravesar el Rio Foyel y llegar hasta el Escondido a través del “sendero de servidumbre público” al que obliga la norma. Debieron superar diferentes trabas, como el verse obligados a vadear el curso de agua, que les llegó hasta la cintura, ya que el puente que facilitaba el paso fue destruido por los dueños de las tierras circundantes hace cerca de una década. También tuvieron atravesar numerosas tranqueras que debían estar abiertas y permanecieron cerradas durante años. Después que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ordenara en 2010 despejar el ‘camino de Tacuifí’, que permite el acceso público al lago por la vía más adecuada, el multimillonario inglés demolió las construcciones que permitían el cruce del Foyel y dragó con maquinaria industrial el lecho del cauce, dejándolo en tres metros de profundidad. En aquel momento, también se ordenó la “constitución de las servidumbres administrativas y legales necesarias, dado que no se requiere expropiación alguna en relación a los campos lindantes que, de acuerdo al informe de Catastro” son “fiscales en gran parte, existiendo ocupaciones de familias y solo algunos propietarios con título de propiedad”. Uno de ellos, es Nicolás Van Ditmar, administrador de Hidden Lake S.A, quien a su vez figura como dueño de varios campos en la zona que se encuentran a su nombre. La empresa de Lewis interpretó la ley a su antojo, pretendió convertir el Tacuifí en su acceso privado e intentó que el camino de servidumbre se trazara por el lugar más alejado, obligando a dar una enorme vuelta por la alta cordillera que, además, aumentaría la presión de contaminación sobre un ecosistema frágil, y con un camino muy oneroso para el erario público (…). Como un pulpo, el Tavistock Group de Lewis está plantado en los cinco continentes, con actividades tan diversas como la propiedad de clubes de fútbol –Tottenham Hotspur entre otros- o de Planet Hollywood y el Hard Rock Café, e inversiones en más de 200 empresas en 15 países, que incluyen bienes raíces, hotelería, restaurantes, otros deportes, energía, comercio minorista, ciencias de la vida, agricultura y finanzas. En la Argentina, además de paisajes maravillosos, es dueño de Pampa Energía S.A., “la empresa integrada de electricidad más grande de Argentina”, según su propia definición; participa en la generación, transmisión y distribución de electricidad en el país y cuenta con el 7,5% de la capacidad instalada de generación de energía. Una billetera de más de u$s 5,3 mil millones, también le permitió al emporio adueñarse de Edenor, la mayor distribuidora de electricidad, con más de 2,7 millones de clientes, que abarca la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y el noroeste del Gran Buenos Aires. Y ser amigo del presidente Mauricio Macri, quien lo favoreció con los aumentos de tarifas eléctricas registrados a partir de febrero de 2016 y, al aprobarse el Presupuesto 2017, con la condonación de una deuda de $ 1.200 millones de pesos que mantenía con el Estado.
También algunos fragmentos de un libro ya clásico sobre el tema: «Las Guerras del Agua», de Elsa Bruzzone, Capital Intelectual, 2009, Buenos Aires: “El agua potable se ha transformado en el recurso estratégico del siglo XXI. Ha sido, es y continuará siendo, sin lugar a dudas, fuente permanente de conflictos. La Carta Mundial de la Naturaleza, aprobada y adoptada por las Naciones Unidas en la Sesión Plenaria de la Asamblea General del 28 de octubre de 1982, advierte: ‘La competencia por acaparar recursos escasos es causa de conflictos’. Y el agua potable es un bien escaso, ya que sólo constituye el 2,5% del total del agua del mundo; el 97, 5% restante lo encontramos en los mares y océanos y la tecnología necesaria para desalinizar el agua es cara porque requiere muchísima energía y compleja porque no se ha encontrado el modo de deshacerse de los productos químicos y de la salmuera que queda del proceso. El agua potable, a diferencia del petróleo, no tiene sustituto. Si una fuente de agua se agota, se pierde; si se contamina y no la podemos descontaminar también se pierde. A diario unas 2.000.000.000 de toneladas de desechos son arrojadas en aguas receptoras incluyendo residuos industriales y químicos, vertidos humanos y desechos agrícolas (fertilizantes, pesticidas y residuos de éstos) Se estima que la producción de aguas residuales a nivel global es de 1500 kilómetros cúbicos. Se dice que cada litro de agua residual contamina ocho litros de agua dulce; si esto es así, la carga mundial de contaminación asciende a 12.000 kilómetros cúbicos. Conviene recordar que más del 80% de los desechos peligrosos del mundo se producen en EE.UU. y otros países industrializados. Lamentablemente en los países en desarrollo, el 70% de los desechos industriales se vierten al agua sin tratamiento adecuado. Los países más ricos del planeta tienen sus recursos hídricos, especialmente los subterráneos, en vías de agotamiento por la sobreexplotación; y altamente contaminados por desarrollos industriales y agrícolas llevados a cabo sin tener en cuenta el cuidado del medio ambiente. Han depredado alegremente sus recursos naturales y ahora los buscan en aquellos países que aún conservan los suyos. Hoy mueren 5.500 niños por día debido a las enfermedades que causan la falta de agua potable segura y de saneamiento básico y los países europeos no están exentos de esto, en el año 2002, la Comunidad Económica Europea (CEE) informó que más de 13.500 niños europeos morían por año por condiciones inadecuadas de agua, y que esto era particularmente grave en los países que habían formado parte de la ex Unión Soviética. Informes canadienses y norteamericanos llegaron a la misma conclusión con respecto a índices de mortalidad infantil en ambos países. Beber agua contaminada transmite cólera, tifus, diarrea, hepatitis viral, disentería, entre otras cosas. Lavarse los ojos y manos con agua en esas condiciones provoca tracoma y éste ceguera; y lavarse el cuerpo, enfermedades en la piel. A ello debemos sumarle las lesiones en columna, pelvis, cabeza y cuello que sufren las mujeres y los niños que habitan los países en vías de desarrollo y subdesarrollados porque caminan grandes distancias para buscar agua y cargan enormes recipientes para trasportarla. El proyecto del milenio de la ONU estableció que se necesitan entre 51.000.000.000 y 102.000.000.000 de dólares para lograr el abastecimiento de agua potable. Y, además, de 24.000.000.000 a 42.000.000.000 de dólares para saneamiento en el período 2001/2015 para todos los habitantes del planeta. Si sacáramos un promedio, teniendo en cuenta las tecnologías a utilizar para obtener esa meta, nos daría 76.500.000.000 para agua y 33.000.000.000 para saneamiento, lo cual implica un total de 109.500.000.000 de dólares para el período determinado. La cifra anual de inversión es de 7.300.000.000 de dólares; menos de la mitad de los 17.000.000.000 de dólares que Europa y EE.UU. gastan anualmente en comida para mascotas. Y como la solidaridad no existe, se les pide a los países pobres contraer préstamos con los organismos financieros internacionales para solucionar sus problemas. El ser humano ha dejado de ser considerado un sujeto; se ha transformado, al igual que el agua potable, la vida animal, vegetal, la naturaleza y el planeta, en mercadería, cosa, objeto que se compra y se vende de acuerdo a las leyes de oferta y demanda del mercado. Un dato más esclarecedor se refiere al consumo de agua: los europeos consumen en promedio más de 200 litros de agua diarios, los norteamericanos más de 400, y 1.100.000.000 de seres humanos en el resto del planeta apenas llegan a 5 litros diarios de consumo. A finales de febrero del año 2004, el Pentágono elevó un informe al Congreso y gobierno norteamericano, allí se mencionan los devastadores efectos que está produciendo en el planeta el calentamiento global y especialmente sobre los recursos hídricos del planeta. Cabe recordar que EE.UU. es responsable del 30% de las emanaciones de gases tóxicos a la atmósfera. El informe advierte, también, sobre el agravamiento de la situación para los años 2020/2030, en los que la humanidad hará frente a más intensas y seguidas sequías, hambrunas y, sobre todo, a la escasez de agua potable. Ante esto, se sugiere el despliegue de las fuerzas armadas norteamericanas por el mundo para tomar el control de esos recursos donde quiera que se encuentren. Esta idea no desagrada a la OTAN, aliada y cómplice de EE.UU., y también está presente -entre líneas- en la Constitución Europea, y explícitamente en la Iniciativa en Materias Primas que proponen una nueva colonización de América Latina y el Caribe, África y Asia.
Y para finalizar, un extracto de la nota “El ingreso de tropas extranjeras a la Argentina y el peligroso regreso de la Doctrina de la Seguridad Nacional”, 24 septiembre de 2017 publicada por el diputado nacional Guillermo Carmona, en el sitio ya citado de la Fundación FILA: “La propuesta de ejercicios militares enviada por el presidente Mauricio Macri al Congreso Nacional está generando una fuerte polémica y crecientes repudios. Puede parecer novedoso que surja en este momento la cuestión de la autorización de la entrada de tropas extranjeras pero no lo es ya que todos los años las cámaras legislativas deben dar tratamiento al programa de ejercicios propuesto por los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores y Culto (…). Lo realmente novedoso es que se levanten voces contra los ejercicios propuestos, como está ocurriendo este año. Sin lugar a dudas, hay motivos para reaccionar frente a lo que el gobierno está proponiendo. Veamos de qué se trata (…). El pedido de autorización para el ingreso de tropas extranjeras y la salida de tropas nacionales que ha enviado Macri al Congreso está poniendo en evidencia la decisión del gobierno de modificar los roles que corresponden a las fuerzas armadas de acuerdo a la Ley de Defensa Nacional. El gobierno está avanzando en la implementación de una política que implica involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior. Por ahora Macri no propone una modificación de las leyes en materia de defensa nacional y de seguridad interior sino que simplemente opta por violarlas. De tal manera elude un duro debate en el Congreso y juega a los hechos consumados cuyas nefastas consecuencias serán muy difíciles de modificar y revertir en el corto plazo. El enfoque del macrismo responde a la política que Estados Unidos ha propiciado ininterrumpidamente en la región, que fue resistida durante los años de predominancia de gobiernos progresistas y que hoy tiene especial eco en los gobiernos neoliberales latinoamericanos. Para este enfoque el énfasis y centro de la preocupación de la defensa nacional está puesto en las denominadas ‘nuevas amenazas’ (…). Desde el comienzo de su gobierno, Macri dio pasos para plasmar la nueva política. La responsable de su instrumentación ha sido y es la ministra Bullrich, y el instrumento utilizado para avanzar en la reconfiguración de las políticas de defensa nacional y seguridad interior ha sido la declaración de la emergencia de seguridad mediante el decreto 228/2016 y su prórroga mediante el decreto 50/2017. La emergencia de seguridad representa el primer paso concreto en favor de la intervención de las fuerzas armadas en acciones vinculadas con la seguridad interior a través de la autorización del derribo de aviones (…). Varios de los ejercicios militares propuestos por el gobierno están alineados con la nueva política de seguridad nacional. Tienen por objeto capacitar a las fuerzas armadas argentinas en funciones de seguridad interior que como antes señalé están expresamente prohibidas. El terrorismo y el narcotráfico aparecen como las nuevas amenazas a conjurar y para ello se prepara a las fuerzas armadas no para la defensa sino para la guerra. Estados Unidos y el Reino Unido de Gran Bretaña actúan como los promotores y protagonistas principalísimos de tales iniciativas”.
